Julio Cesar Marzan Rosa

Expediente 234/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
234/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
21/06/2022

Partes del expediente

  • Julio Cesar Marzan Rosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiuno de junio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en este expediente. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se 1 Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 2 declara que dicha sentencia causó ejecutoria para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DEPURABLE Acorde con lo dispuesto en el capítulo 7, sub punto 7.42, del manual de referencia el presente asunto es susceptible de depuración, pues se decretó la suspensión 2 7.4 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano Por lo que hace a la suspensión de oficio cuando se decreta de plano, se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Consecuentemente, los expedientes en los que obre suspensión de plano se deberán valorar como "depurables". JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 3 ??????????????? de plano a favor de la parte quejosa, por lo que se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Por lo que una vez que transcurran tres años, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminando el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 253, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico 3 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 4 coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a ocho de junio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vista la certificación de cuenta, se hizo constar que a la fecha ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído en el que se tuvo por no presentada la demanda promovida por Carlos Eduardo Rodríguez Espinoza a favor de los directos quejosos Karel Martínez Ayala, Hernesto Diéguez Pérez y Rachell Beatriz Casadevalls Méndez. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales. Notifíquese. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 2 Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. treinta de mayo de dos mil veintidósJudith Ventura Ávila 234/2022.234/2022 V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 234/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito recibido el tres de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, Carlos Eduardo Rodríguez Espinoza, a favor de Julio César Marzán Rosa, Rolando Coca López, Suleyvi Páez Pérez, Yasmín Aguilar Castillo, Leydis Naylin Rey Govea, Lázaro Santana Bueno, Yolisdayne Santana Bueno, Yanier Rodríguez Paneque, Karel Martínez Ayala, Julio César Carralero Pavón, Yordanis Sánchez Morales, Hernesto Diéguez Pérez, Jorge Yariel Diaz Negret, Aisniel Delgado Romero, Yunior Sánchez Rivero, Lásaro Ramírez Najarro, Gretter Gabriela Dueñas Cruz, Ernesto Fidel Alonso Betancourt, Yandy Peraza Rodríguez, Osmany Molina Martínez, Dayron Michel Suárez Pelegrino, Ramón Magdaleno Mesa, Ricardo Rosales Valdivia, Isandra Núñez González, Rachell Beatriz Casadevalls Méndez Y Dairon Yasmany Palacios Negret, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, Delegación Federal del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. Por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, asignándosele el número 234/2022, del libro de gobierno respectivo; asimismo, en auto de quince de marzo de dos mil veintidós, previo cumplimiento de la prevención efectuada a los quejosos, se admitió a trámite la demanda de amparo, únicamente por cuanto hace a los quejosos Julio César Marzan Rosa, Rolando Coca López, Suleyvi Paez Pérez, Leydis Naylin Rey Govea, Lázaro Santana Bueno, Yolisdayne Santana Bueno, Yanier Rodríguez Paneque, Julio César Carralero Pavón, Yordanis Sánchez Morales, Aisniel Delgado Romero, Yunior Sánchez Rivero, Lásaro Ramírez Najarro, Gretter Gabriela Dueñas Cruz, Ernesto Fidel Alonso Betancourt, Yandy Peraza Rodríguez, Osmany Molina Martínez, Dayron Michel Suárez Pelegrino, Ricardo Rosales Valdivia e Isandra Núñez González. TERCERO. Se tiene por no presentada la demanda. En proveídos de siete y diecinueve de abril de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, respecto de los quejosos Jorge Yariel Díaz Negret, Dairon Yasmany Palacios Negret, Ramón Magdaleno Mesa, Karel Martínez Ayala, Hernesto Diéguez Pérez y Rachell Beatriz Casadevalls Méndez, al no haber dado cumplimiento a la prevención efectuada en auto de inicio. En consecuencia, se procede a emitir la resolución correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; ya que la demanda fue presentada ante este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. La parte quejosa reclama de las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación, Subdirector de Área Responsable de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI, adscrito a la Oficina de Representación y Director de la Estación Migratoria, todos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad: - Incomunicación - La privación ilegal de la libertad. - La orden de confinamiento, aseguramiento, alojamiento y/o detención, por más de 36 horas en la Estación Migratoria Siglo XXI, del Instituto Nacional de Migración. - La orden de retorno asistido y/o deportación. -La desinformación en relación a su Procedimiento Administrativo Migratorio, los beneficios de lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Migración y demás procedimientos para regularizar su situación migratoria. - La omisión de la autoridad migratoria de otorgar la calidad de víctimas a los quejosos, dentro de la carpeta de investigación FED/CHIS/TAP/ARR/0000096/2022. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados, respecto la incomunicación, privación ilegal de la libertad, orden de retorno asistido y/o deportación. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación, Subdirector de Área Responsable de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI, adscrito a la Oficina de Representación y Director de la Estación Migratoria, todos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, ya que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes con justificación y de plano (fojas 29, 30, 36 a 39, 55 a 67, 70 a 82); sin que al efecto la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara tales negativas. En ese tenor, aun cuando la simple negativa de dichas autoridades responsables no produce la improcedencia de la vía constitucional, lo cierto es que la sola manifestación de la inexistencia de los actos reclamados no desvirtuada por la peticionaria de amparo, sí constituye elemento suficiente para declarar la improcedencia del juicio constitucional. En efecto, las citadas autoridades responsables, manifestaron que no son ciertos los actos reclamados por los quejosos, pero que efectivamente dichos impetrantes se encontraban alojados en la estación migratoria Siglo XXI de esta ciudad, sujetos a procedimiento migratorio. Asimismo, comunicó que obtuvieron el documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas y oficio de salida de la estación migratoria con fines de regularización, al reconocer la calidad de víctimas de delito en territorio nacional, remitiendo las constancias que así lo acreditaron. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo que, de dichas probanzas se obtiene que efectivamente a los impetrantes del amparo, se les siguió un procedimiento migratorio dentro de las instalaciones de la estación migratoria y el nueve, diez, dieciséis y dieciocho de marzo de esta anualidad, les fue resuelta su situación migratoria, de ahí que es evidente que no estuvieron incomunicados ni privados ilegalmente de su libertad ni existe orden de deportación en su contra. En efecto, cabe destacar que en el caso concreto, no obra medio de convicción del que se advierta la existencia de los actos que reclama la parte quejosa. La demostración de las violaciones constitucionales corresponde a la parte quejosa, ya que quien promueve una demanda de amparo está obligado a establecer mediante el informe de la autoridad, la existencia de los actos que reclama y a justificar con pruebas su inconstitucionalidad, de modo que cuando las autoridades responsables los acepta, la carga de la prueba que corresponde a la parte quejosa se centrará en la inconstitucionalidad de los actos; por el contrario, si las autoridades niegan los mismos, la carga de la prueba que recae en la impetrante versará sobre la existencia de los actos reclamados; esto es, desacreditar las negativas vertidas por las autoridades y enseguida, la inconstitucionalidad de los mismos; por ende, si la parte quejosa es omisa en desacreditar las negativas de las autoridades, no proporciona al órgano jurisdiccional materia sobre la cual versa la instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número VI.2o. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Cobra aplicación al caso, la tesis número VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, Tomo XV, Febrero del 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que expone: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En razón de lo considerado, procede sobreseer en el presente juicio respecto a las mencionadas autoridades responsables, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al no haberse acreditado la existencia de los actos reclamados. Al efecto, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Época: Quinta Época, Registro: 394182, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia(s): Común, Tesis: 226, Página: 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Titular de las oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración y Subdirector de Área Responsable de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI, adscrito a la Oficina de Representación de dicho Instituto, ambas con sede en esta ciudad, negaron la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, toda vez que de su contenido se advierte que los quejosos Julio César Marzan Rosa, Rolando Coca López, Suleyvi Paez Pérez, Leydis Naylin Rey Govea, Lázaro Santana Bueno, Yolisdayne Santana Bueno, Yanier Rodríguez Paneque, Julio César Carralero Pavón, Yordanis Sánchez Morales, Aisniel Delgado Romero, Yunior Sánchez Rivero, Lásaro Ramírez Najarro, Gretter Gabriela Dueñas Cruz, Ernesto Fidel Alonso Betancourt, Yandy Peraza Rodríguez, Osmany Molina Martínez, Dayron Michel Suárez Pelegrino, Ricardo Rosales Valdivia e Isandra Núñez González, fueron alojados en la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, en virtud de no haber acreditado su regular internación y estancia en territorio nacional, por lo que se aperturó el procedimiento administrativo migratorio de conformidad con los artículos 77, 99 y 100 de la Ley de Migración, y 222 de su Reglamento; por consiguiente, deben tenerse por ciertos los actos reclamados atribuidos a dichas potestades. Lo anterior, también se encuentra corroborado con las documentales enviadas por las autoridades responsables como complemento de su informe justificado, consistentes en copia certificada del documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, de Julio Cesar Carralero Pavón, Lazaro Ramírez Najarro, Yandy Peraza Rodríguez, Ricardo Rosales Valdivia, Sandra Nuñez Gonzalez, y los oficios de salida de la estación migratoria con fines de regularización, al reconocer la calidad de víctimas de delito en territorio nacional, a favor de Julio Cesar Marzan Rosa, Rolando Coca López, Suleyvi Faez Perez, Leydis Naylin Rey Govea, Lazaro Santana Bueno, Yolisdayne Santana Bueno, Yanier Rodríguez Paneque, Yordanis Sánchez Morales, Aisniel Delgado Romero, Yunior Sanchez Rivero, Gretter Gabriela Dueñas Cruz, Ernesto Fidel Alfonso Betancout, Osmany Molina Martínez, Dayron Michel Suarez Pelegrino; documentales previamente valoradas. Asimismo, aun cuando el Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, Delegación Federal del Estado de Chiapas, en esta ciudad, no rindió su informe justificado, se advierte que las diversas autoridades responsables Titular delas oficinas de representación y Subdirector de Área Responsable de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI, al rendir el mismo, aceptaron su existencia. Por tanto, al pertenecer el Director de la Estación Migratoria al Instituto Nacional de Migración, incluso como superior jerárquico de aquellas y, atendiendo a lo establecido en el artículo 117, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos atribuidos a dicha autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 8/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, página 26, Tomo IX, marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada parala celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuandola autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía de amparo se reclama, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Atendiendo a dicho principio, analizada la demanda y el juicio de amparo en su integridad, se tiene que con relación a las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación, Subdirector de Área Responsable de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI, adscrito a la Oficina de Representación, ambos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas y el Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, Delegación Federal del Estado de Chiapas, todos con residencia en esta ciudad, y los actos reclamados consistentes en la orden de confinamiento, aseguramiento, alojamiento y/o detención, por más de 36 horas en la Estación Migratoria Siglo XXI, del Instituto Nacional de Migración, la desinformación en relación al Procedimiento Administrativo Migratorio, los beneficios de lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Migración y demás procedimientos para regularizar su situación migratoria, así como la omisión de otorgar la calidad de víctimas a los quejosos, dentro de la carpeta de investigación FED/CHIS/TAP/ARR/0000096/2022, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales del agraviado. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Así las cosas, de las constancias enviadas por las autoridades responsables, se advierte que los impetrantes Julio Cesar Carralero Pavón, Lazaro Ramírez Najarro, Yandy Peraza Rodríguez, Ricardo Rosales Valdivia, Sandra Nuñez Gonzalez, obtuvieron documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas y, Julio Cesar Marzan Rosa, Rolando Coca López, Suleyvi Faez Perez, Leydis Naylin Rey Govea, Lazaro Santana Bueno, Yolisdayne Santana Bueno, Yanier Rodríguez Paneque, Yordanis Sánchez Morales, Aisniel Delgado Romero, Yunior Sanchez Rivero, Gretter Gabriela Dueñas Cruz, Ernesto Fidel Alfonso Betancout, Osmany Molina Martínez, Dayron Michel Suarez Pelegrino, los oficios de salida de la estación migratoria con fines de regularización, al reconocer la calidad de víctimas de delito en territorio nacional, dentro de la carpeta de investigación FED/CHIS/TAP/ARR/0000096/2022. Documentos de los que se desprende que fueron liberados de la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad, obtuvieron documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas y oficio de salida con fines de regularización, que derivan del procedimiento migratorio que se les inicio, por lo que, se encuentran informados del estado del mismo. Asimismo, fue otorgada a los referidos quejosos la calidad de víctimas de delito en territorio nacional, dentro de la carpeta de investigación FED/CHIS/TAP/ARR/0000096/2022 y, por tanto, cesaron los efectos de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esas condiciones, es inconcuso que en el caso, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción I de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V, del numeral 63 del ordenamiento legal antes invocado, procede sobreseer en el juicio de amparo. Lo anterior, impide analizar el fondo del asunto en cuanto a dichos actos reclamados, en virtud de la aludida causa de improcedencia que se actualiza, según lo dispone la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos treinta y cinco, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Séptima Época, que señala: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta elsobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, en relación a Julio César Marzan Rosa, Rolando Coca López, Suleyvi Paez Pérez, Leydis Naylin Rey Govea, Lázaro Santana Bueno, Yolisdayne Santana Bueno, Yanier Rodríguez Paneque, Julio César Carralero Pavón, Yordanis Sánchez Morales, Aisniel Delgado Romero, Yunior Sánchez Rivero, Lásaro Ramírez Najarro, Gretter Gabriela Dueñas Cruz, Ernesto Fidel Alonso Betancourt, Yandy Peraza Rodríguez, Osmany Molina Martínez, Dayron Michel Suárez Pelegrino, Ricardo Rosales Valdivia e Isandra Núñez González, contra los actos precisados en el considerando segundo, atribuidos a las autoridades responsables ahí señaladas, por los motivos expuestos en el tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinte de abril de dos mil veintidós. ESTADO PROCESAL Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que aún no transcurre en su integridad el lapso de ocho días a que se refiere el artículo 1171 de la Ley de Amparo, en la que se le dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Representante Local del INM, Encargado del Departamento Jurídico en representación de la Titular de la Oficina de Representación del INM en Chiapas, con sede en esta ciudad, y que la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, está señalada para este día. 1 "Artículo 117. (.) Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado". JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 2 DIFERIMIENTO Por lo tanto, al no estar debidamente integrado el presente expediente, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las diez horas con treinta minutos del cuatro de mayo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo ese acto procesal. La fijación de esta fecha y hora, es decir, fuera del término a que se refiere el aludido ordinal, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal, sin violentar los derechos laborales del personal de este órgano jurisdiccional. En lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior la tesis2 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE". Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe. RPCR/JVA/KCG En esta fecha se giran los oficios Conste.- El suscrito Secretario certifico y hago constar que esta foja corresponde a la parte final del proveído emitido el veinte de abril de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 234/2022, del índice de este órgano jurisdiccional. Doy fe. 2 Registro: 328173, Quinta Época, Instancia: Primera Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXVIII, Materia(s): Común, Tesis: Página: 519. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a

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