Julio César Ortíz Valdez
Expediente 1389/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1389/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Julio César Ortíz Valdez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha las autoridades responsables de la Secretaría de Administración y Finanza de la Ciudad de México, han sido contumaces en dar cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de seis de julio de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que mediante proveído de nueve de mayo del presente año, se tuvo como cantidad sujeta a devolver, la que asciende a $5,317.00 (cinco mil trescientos diecisiete pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de devolución de pago de impuesto predial. Cabe precisar, que en la sentencia de amparo de treinta de septiembre de dos mil veintidós, confirmada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante la resolución pronunciada en el recurso de revisión número R.A. 526/2022, en la cual se concedió la protección constitucional a la quejosa para los siguientes efectos: [.] . Por consiguiente, con fundamento además en el artículo 77, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, el efecto del amparo concedido es para que no se aplique a la parte quejosa la disposición del acuerdo general reclamado que fue declarada inconstitucional por inequitativa, hasta en tanto no sea reformada o derogada y, en su caso, se le devuelvan las cantidades que en cumplimiento de aquélla haya enterado. 22/01/24 10:04:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR En este sentido, para la devolución de las cantidades por concepto del impuesto predial el procedimiento será el siguiente: a) Al valor catastral del inmueble deberá restársele el límite inferior previsto en el rango que le corresponda del artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México; b) La diferencia que resulte deberá multiplicarla por el factor previsto para dicho rango y el resultado dividirlo entre cien, para obtener el impuesto marginal; c) A ese resultado se deberá sumar la cuota fija reducida del rango "D" del punto segundo, inciso a), del Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto Predial, con el cual se obtiene la tarifa o suma a enterar que debe quedar en poder de la autoridad fiscal; y, d) Al monto del pago realizado y que constituyó el acto de aplicación del acuerdo reclamado, se deberá restarle la cantidad que resultó conforme al inciso anterior, para obtener así el monto de la devolución que le corresponde. [.] Debe precisarse que si bien la tutela protectora alcanza a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien emitió el Acuerdo reclamado, no implica por parte de ésta la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, de conformidad con lo señalado en el criterio sustentado por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aprobar la tesis P CXXXVII/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, consultable en la página ciento treinta y cinco, cuyo rubro es: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de cuanta, que contienen los datos bancarios del quejoso, se REQUIERE a Francisco Javier Patiño Vargas, quien desempeña el cargo de Subdirector Divisional de 22/01/24 10:04:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR JUICIO DE AMPARO P- 331/2022- IX Administración Tributaria en Perisur, de la Secretaría de Administración y Finanza de la Ciudad de México, para que en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, pagar a la parte quejosa la cantidad de $5,317.00 (cinco mil trescientos diecisiete pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de devolución de pago de impuesto predial. En los mismos términos se REQUIERE a Juan Manuel Marcos Martínez, en su calidad de Titular de la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, acredite que autorizó el pago solicitado por la Administración Tributaria Perisur, como lo informó mediante oficio SAF/TCDMX/SAT/AT/PER/1069/2023, como se advierte de la siguiente digitalización. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: 22/01/24 10:04:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá una MULTA por cien días la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el TRÁMITE DE INEJECUCIÓN, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, así como el 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, REQUIÉRASE a José María Castañeda Lozano, quien desempeña el cargo de Director General de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, como superior jerárquico de las autoridades responsables requerida, los conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable y vinculada el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el 22/01/24 10:04:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR JUICIO DE AMPARO P- 331/2022- IX artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dio la orden a la directa responsable o, en su caso, que no llevó a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí misma, se realizará lo precisado en los incisos a), b) y c), señalados. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida de manera electrónica por Julio César Ortíz Valdez, por propio derecho, con actos del Responsable de la Agencia Investigadora del Ministerio Público Especializada en Atención a la Comunidad LGBTTTI e Indígenas y de otra autoridad; atento a su contenido, regístrese con el número de juicio 1389/2023-VII, se ordena formar tanto el expediente físico como el electrónico. En principio, se impone destacar que la demanda de mérito, se encuentra dirigida al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; no obstante al ser promovida de manera electrónica, se infiere que el promovente incurrió en un error al seleccionar la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, lo que hace patente que es voluntad del quejoso promover su demanda de amparo ante el referido Juez de Distrito en materia penal. En ese sentido, es preciso destacar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio está obligado a efectuar el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA 2 del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías, lo que se traduciría en una violación que invalida el proceso en perjuicio de los derechos sustantivos de las partes. Situación jurídicamente inadmisible, porque, se insiste, la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 21/2009, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Abril de 2009, página 5, de rubro: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. (.)" Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como los artículos relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos, constitucional y legales, antes citados, se analiza la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no infringir las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA 3 JUICIO DE AMPARO P-1389/2023- VII ??????????????? Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." Se reitera, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y, de resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA 4 b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, en el caso concreto interesa destacar, el referente a la competencia por materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.14o.C.8 K, emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1773, tomo XVIII, Agosto de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA 5 JUICIO DE AMPARO P-1389/2023- VII ??????????????? y su Gaceta, con número de registro 183,506, de rubro: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO." De esta forma, la naturaleza del acto ha sido fundamental para establecer la competencia de los juzgados o tribunales por materia, buscando con ello garantizar la prontitud en la tramitación y fallo de los juicios, atendiendo a que la resolución de los asuntos por materia, requiere del conocimiento y experiencia de los que se dedican a cada una de ellas. En el caso concreto, del análisis integral de la demanda de amparo, se obtiene que el quejoso reclama medularmente lo siguiente: Del Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Grupos de Atención Prioritaria y del Responsable de la Agencia Investigadora del Ministerio Público Especializada en Atención a la Comunidad LGBTTTI e Indígenas: La omisión de reiterar y ejecutar las medidas de protección por amenazas y discriminación en agravio del quejoso, dentro de la carpeta de investigación CI-FIDAGAP/GAP1/UI-LGBT C/D/00045/02-2023. Sin que se tengan como actos reclamados destacados los que señala como "A) PONER EN RIESGO LA VIDA DEL SUSCRITO (.), B) TORTURA EN MODALIDAD DE TORMENTO, AL MANTENERME EN UNA SITUACIÓN DE 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA 6 RIESGO."; toda vez que dichos "actos", forman parte de los argumentos con los cuales pretende demostrar la inconstitucionalidad de los mismos y los derechos que se podrían vulnerar con ellos. Pero no constituyen propiamente una actuación realizada directamente por las autoridades responsables. Así, de la demanda de amparo se observa que el acto reclamado tiene su origen en la carpeta de investigación número CI-FIDAGAP/GAP1/UI-LGBT-C/D/00045/02-2023. Al respecto, se impone destacar que las medidas de protección impuestas por los Ministerios Públicos, se encuentran establecidas en el artículo 137, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es del tenor siguiente: "Artículo 137. Medidas de protección El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre; III. Separación inmediata del domicilio; IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable; V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos; VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; VII. Protección policial de la víctima u ofendido; 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA 7 JUICIO DE AMPARO P-1389/2023- VII ??????????????? VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo; IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, y X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad. Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. En caso de incumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en este Código. En la aplicación de estas medidas tratándose de delitos por razón de género, se aplicarán de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia." De lo anterior se advierte que corresponde al Ministerio Público ordenar de manera fundada y motivada la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. El numeral transcrito también establece un procedimiento a seguir en relación con esas medidas, pues prevé que, dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección ahí indicadas, deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. Asimismo, establece que, en caso de incumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en este Código Así, se tiene que el acto reclamado tiene su origen en un procedimiento de naturaleza penal; esto es, tiene su génesis en una carpeta de investigación relacionada con la persecución de un delito en la cual el quejoso tiene la calidad de víctima u 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA 8 ofendido y por eso, las autoridades responsables de la Agencia Investigadora del Ministerio Público Especializada en Atención a la Comunidad LGBTTTI e Indígenas, impusieron medidas de protección a la quejosa, quien a su decir, no se han aplicado ni reiterado. Por lo tanto, es inconcuso que corresponde a un órgano jurisdiccional en materia penal conocer y resolver del acto reclamado por la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis número II.2o.2 P (10a.), en materia Penal, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, del Estado de México, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2607, que establece lo siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PROCEDE CONCEDERLA EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE APLICAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVISTAS EN EL NUMERAL 137 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. De conformidad con el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, atento a la naturaleza del acto reclamado, el Juez ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Por tanto, contra la abstención del Ministerio Público de aplicar en su beneficio las medidas de protección previstas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, según se actualice alguna de las hipótesis del propio precepto, procede conceder la medida cautelar solicitada por la víctima del delito, pues lo anterior implica ciertos efectos restitutorios en la suspensión y se atiende a un fin garantista que es acorde con la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de diez de junio de dos mil once, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas; 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA 9 JUICIO DE AMPARO P-1389/2023- VII ??????????????? además, con el otorgamiento de la suspensión provisional se procura efectuar una tutela cautelar efectiva, garantizando la seguridad de la víctima en su persona, domicilio, bienes y familia, pues la omisión de proveer al respecto, involucra un menoscabo en su esfera jurídica, al tener efectos que perduran en el tiempo y que no se agotan en un solo momento; máxime que con la medida cautelar se conserva la materia del juicio, como lo prevé el artículo 147 referido." Así como la tesis número XI.P.49 P (10a.), en materia penal, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, página 2415, con el rubro: "MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN FAVOR DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONTRA LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE LAS DECRETÓ DE APLICARLAS DE FORMA EFECTIVA, ES INNECESARIO AGOTAR EL RECURSO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 258 DEL MISMO ORDENAMIENTO, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 48 de la Ley de Amparo; 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción I, SEGUNDO, fracción I, punto 3, y CUARTO, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado el dieciséis de mayo de dos mil doce y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mil doce, así como el artículo único del Acuerdo General del Pleno del 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA 10 Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de dos mil dieciséis, se reitera, el suscrito juzgador carece de competencia legal por razón de la materia para conocer de la demanda de amparo; por lo que se ordena remitirla únicamente de manera electrónica, vía interconexión, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos; solicitándole el acuse de recibo correspondiente e informe si acepta o rechaza la competencia planteada. En consecuencia, toda vez que únicamente se enviará de manera electrónica el presente expediente, dado que lo único con lo que se cuenta es con el escrito inicial, presentado de esa manera, sin anexos; y, con la finalidad de ahorrar recursos materiales y evitar la duplicidad de actuaciones, no se forma cuaderno de antecedentes. Ahora, respecto de la solicitud del quejoso, en el sentido de que se decrete de oficio la suspensión del acto reclamado; se determina que no es procedente proveer sobre la suspensión de oficio y de plano toda vez que a consideración del suscrito el acto reclamado por sí, no compromete gravemente su integridad personal y vida, de manera inmediata , es decir, a la fecha de presentación de la demanda, no corre peligro la vida de la parte quejosa; por lo tanto el acto reclamado no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA 11 JUICIO DE AMPARO P-1389/2023- VII ??????????????? Por lo que en todo caso, lo procedente es proveer respecto de la medida cautelar solicitada de manera incidental. Incluso, de los criterios citados en los párrafos anteriores para apoyar la determinación relativa a la competencia, se advierte que, respecto de la omisión reclamada, es procedente la suspensión pero de manera provisional y, en su momento la definitiva, no así, la suspensión de oficio o de plano que solicita. Cabe destacar que no pasa desapercibido para el suscrito que la demanda de amparo fue presentada sin la evidencia criptográfica del promovente. No obstante, se reitera, el estudio de la competencia es de orden público y preferente, por lo que este Juzgado de Distrito no se encuentra en posibilidad de proveer lo relativo a la carencia de dicha firma, máxime que el quejoso la promueve considerando su demanda como asunto urgente. No obstante señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, en el proemio de su demanda, también solicitó expresamente que las actuaciones emitidas en el presente juicio de amparo se le notificaran vía electrónica; por lo que, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de la presente fecha; se le otorga el permiso al usuario "JULIORVA" para notificarse electrónicamente de las actuaciones que se emitan en el expediente en que se actúa, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que lleva implícita la autorización para la consulta de dicho expediente. Por lo tanto, no ha lugar a tener como tal el domicilio 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA 12 convencional que señaló. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Cesar Antonio Cortes Bolaños, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente; y con apoyo en la última parte del segundo párrafo del numeral en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones a Oscar Soto García, limitación que se le establece hasta en tanto el profesionista registre su cédula profesional que los acredite como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y hecho lo anterior lo haga del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción; y únicamente en términos de la última parte a la persona que indica. Se hace del conocimiento, que toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a las partes o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza su uso en el presente sumario. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA 13 JUICIO DE AMPARO P-1389/2023- VII ??????????????? proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa
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