Julio César Ortíz Valdez

Expediente 1758/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1758/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
17/01/2022

Partes del expediente

  • Julio César Ortíz Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de enero de dos mil veintidós. Por recibido el escrito con evidencia criptográfica de la firma electrónica del quejoso Héctor Hugo Ordaz Arredondo, por medio del cual ofrece pruebas de su parte. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 119 de la Ley de Amparo y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la citada Ley, agréguese el escrito de cuenta para que obre como corresponda, téngase como pruebas de su parte las documentales que exhibe, sin perjuicio de ser relacionadas al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda electrónica de cuenta, recibida en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, promovida por Julio Cesar Ortiz Valdez, por propio derecho, contra actos del Director del Hospital General Regional 1 "Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro" del Instituto Mexicano del Seguro Social y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1758/2021-VI. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito con evidencia criptográfica del hoy quejoso, mediante el cual manifiesta que cesaron los efectos del acto reclamado y se desiste de la demanda de amparo, toda vez que le fue asignada la cita médica para el día diecinueve de enero de dos mil veintidós; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de garantías en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable en la parte conducente, las jurisprudencias I.13o.A. J/6, y I.1o.A. J/4 de rubros y datos de localización siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." (Registro: 180,663, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, página: 1631). "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." (Registro No. 196196, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, página: 890) En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, de rubro y datos de identificación siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Registro: 192097, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página: 32). De lo anterior se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, del análisis al escrito inicial de demanda, se advierte que el promovente reclama del Director del Hospital General Regional 1 "Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro" del Instituto Mexicano del Seguro Social y otra autoridad, la omisión de otorgar una cita de continuidad en la especialidad de neumología; no obstante, mediante el escrito de cuenta, el quejoso manifiesta que cesaron los efectos de dicha omisión, ya que el veintidós del mes y año en curso acudió al referido nosocomio y le fue asignada una cita médica para el día diecinueve de enero de dos mil veintidós. En este sentido, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos de la omisión de otorgar una cita de continuidad en la especialidad de neumología, ya que ésta le fue asignada para el diecinueve de enero de dos mil veintidós. La causa de improcedencia prevista en el artículo citado establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Dicho precepto legal establece que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo, esto es, que la situación jurídica y de hecho que da origen al juicio queda extinguida. En este tenor, la situación jurídica y de hecho que dio origen al presente juicio, quedó extinguida, pues el veintidós del mes y año en curso, le fue otorgada al quejoso la cita para que acuda ante el médico tratante el diecinueve de enero de dos mil veintidós, lo cual manifiesta bajo protesta de decir verdad mediante el escrito de cuenta; de modo que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada, pues los beneficios prácticos que ese hecho podría reportar, ya se alcanzaron al citarse al quejoso para que asista ante su médico tratante. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que a la parte quejosa, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían los de obligar a la autoridad responsable a citar quejoso para su atención médica, de tal manera que si en la especie ya se colmó tal supuesto, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al peticionario de amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En lo conducente sirve de apoyo también, la tesis I.16o.A.1 K, sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1665, tomo XXV, marzo de 2007, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTA UN ACUERDO QUE RESUELVE SOBRE LO PEDIDO Y LO HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PARTICULAR. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, deriva que para que se actualice la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto que se le atribuye violatorio de garantías, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, tratándose del derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, la autoridad a la que se dirigió la petición debe dictar un acuerdo por escrito, el cual debe ser congruente con lo pedido y hacerse del conocimiento del peticionario, por tanto, no se actualiza la causa de improcedencia correspondiente a la cesación de los efectos del acto reclamado cuando el quejoso reclama violación al derecho de petición y la autoridad responsable emite formalmente una respuesta en la que no existe un pronunciamiento sobre lo pedido, pues en ese supuesto la autoridad responsable aún se mantiene en silencio respecto de la petición formulada por el particular." Precisado lo anterior, con apoyo en los artículos 61, fracción XXI y 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR POR IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por Julián Cesar Ortiz Valdez, por propio derecho. Atento a lo solicitado, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, toda vez que es a quién corresponde el nombre de usuario "JULIORVA", registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, 30, párrafo primero, fracción II y 31, fracción III, de la citada ley, se instruye al actuario adscrito para que las notificaciones que deriven del presente asunto, incluso las personales se practiquen a la parte quejosa vía electrónica, a quien corresponde el nombre de usuario "JULIORVA". Se autoriza en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, a las personas que señala el quejoso para tal efecto. Se hace del conocimiento de la totalidad de las partes, que toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a ellas o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3o.C.725 C de rubro y datos de identificación: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." (No. Registro: 167,640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página: 2847). Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.

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