Julio Cesar Ortega Juarez

Expediente 674/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 25 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
674/2018
Año
2018
Actuaciones
25
Última actuación
26/11/2018

Partes del expediente

  • Julio Cesar Ortega Juarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el veintidós de octubre de dos mil dieciocho (fojas 229 a 231), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del treinta de octubre al veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida cautelar. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba que remitió el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, consistente en copia certificada del proceso 22/2017 de su índice, con el cual se formó el anexo I; se ordena devolver dicha documental. Sin embargo, es importante precisar que mediante oficio CJ506 signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, comunicó el "Acuerdo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, por el que se decreta el cierre de los Juzgados Sexto, Séptimo, y Octavo de lo penal, todos del Distrito Judicial de Puebla", que entró en vigor a partir del doce de noviembre de dos mil dieciocho, y del que se aprecia que los expedientes con terminación dos del índice de la responsable, fueron remitidos al Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. En consecuencia, se ordena devolver el anexo citado al Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable mencionada se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de nueve de octubre de dos mil dieciocho (foja 222), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual no fue desahogada por la parte quejosa dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 114 a 133) se concedió el amparo a Julio César Ortega Juárez para que el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y, en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Julio Cesar Ortega Juárez para el efecto de que el 1. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo establecido, realice lo siguiente en el proceso 22/2017 de su índice: I. Deje insubsistente la resolución dictada el doce de abril de dos mil diecisiete, en la causa penal 22/2017, sólo por cuanto hace al quejoso Julio César Ortega Juárez, en la que libró en su contra orden de comparecencia como probable responsable en la comisión del delito de lesiones, previsto por el artículo 305 y sancionado por el numeral 306, fracción I, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado, cometido en agravio de Gloria Elizabeth Aguilar Torres, Israel Aguilar Torres y Cristina Vázquez Vázquez. II. En su lugar, dicte otra, en la que reitere las consideraciones relativas al acreditamiento del cuerpo del delito de lesiones que nos ocupa y determine que no existen datos suficientes que hagan probable la responsabilidad del aquí quejoso en el ilícito que se le atribuye. c) Notifique dicha determinación al quejoso y remita las constancias que así lo acrediten. Derivado de lo anterior, al haber resultado fundado el concepto de violación analizado, suplido en su deficiencia, se hace innecesario el estudio de los restantes motivos de inconformidad aducidos por los quejosos en su demanda de amparo. (.) La presente concesión se hace extensiva a los actos reclamados 2. Fiscal General del Estado de Puebla, 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 4. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla consistente en la ejecución de la orden de comparecencia reclamada, por ser una consecuencia que resultó violatoria de garantías, y por ende su ejecución también lo es por no reclamarse por vicios propios. (.) Lo anterior, porque así se subsanarán las violaciones a las garantías constitucionales estudiadas en la presente resolución, con las consecuencias jurídicas procesales y sustantivas que implica, en el caso, dejar insubsistente lo actuado con posterioridad." En acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 164 a 166) se declaró que dicha resolución causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio sin número de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, signado por Lucinadia García González agente del Ministerio Público en representación del Fiscal General del Estado de Puebla (foja 171), y por diverso sin número de la misma fecha suscrito por el Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (foja 173), las autoridades responsables ejecutoras mencionadas, informaron a este autoridad que no recibieron la orden de comparecencia de doce de abril de dos mil diecisiete, dentro del proceso 22/2017 del índice del Juzgado Octavo de lo Penal de la Ciudad de Puebla para su ejecución. Por oficio 3564 de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (foja 181), el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución emitida en esa misma fecha dentro de la causa penal 22/2017 de su índice, así como de diversas constancias que obran en ese proceso penal (fojas 184 a 202). Sin embargo, del análisis de tales constancias, esta autoridad advirtió que el juez responsable no remitió la constancia de notificación al quejoso de la resolución aludida (emitida en cumplimiento de la sentencia de amparo), por lo que en acuerdo de dos de octubre de la presente anualidad (foja 203), se requirió al juez penal de referencia para que enviara a este juzgado dicha constancia. Así, por oficio 3647 de cinco de octubre de dos mil dieciocho (foja 207), el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, así como su notificación al peticionario de amparo (fojas 209 a 221). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla realizó lo siguiente: 1. El veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la resolución dictada el doce de abril de dos mil diecisiete, en la causa penal 22/2017, de su índice, por cuanto hace al quejoso Julio César Ortega Juárez, en la que libró en su contra orden de comparecencia como probable responsable en la comisión del delito de lesiones, previsto por el artículo 305 y sancionado por el numeral 306, fracción I, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado, cometido en agravio de Gloria Elizabeth Aguilar Torres, Israel Aguilar Torres y Cristina Vázquez Vázquez (foja 210 vuelta). 2. En su lugar, dictó otra resolución, en la que reiteró lo relativo a que en los autos de la causa penal de origen se encuentra acreditado el cuerpo del delito de lesiones (fojas 211 vuelta a 216 vuelta). 3. Determinó que no obran datos suficientes que hagan probable la responsabilidad penal del aquí quejoso en la comisión del ilícito que se le atribuye, ya que señaló que no existe una imputación directa contra el indiciado, en virtud de que las víctimas se limitaron a señalar que interponían querella, además de otros, contra Jesús Gilberto Romero Lima, por lo que pueda pasarles a su persona, familia y bienes; así como los testigos Scheyla Cholula Sánchez y María Mercedes López Castañeda, pero en sus respectivas querellas y testimonios no se advierte la presencia del peticionario de amparo en el lugar de los hechos ni establecieron cuáles fueron las acciones que en concreto desplegó el quejoso, mientras que Dora Vargas Ramos y María Pérez Vicente no mencionaron al peticionario de amparo. 4. Por lo anterior, negó la orden de comparecencia solicitada por el agente del Ministerio Público, contra Julio César Ortega Juárez por el ilícito descrito (foja 219). 5. El dos de octubre de dos mil dieciocho, notificó a Julio César Ortega Juárez dicha resolución. No pasa inadvertido para esta autoridad que el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla relató en la resolución emitida en cumplimiento de la sentencia de amparo, que el peticionario de amparo compareció voluntariamente el veintiuno de agosto del año en curso, recibió su declaración preparatoria y el veinticuatro del mes y año citados, dictó auto de sujeción a proceso contra Julio César Ortega Juárez (fojas 218 vuelta y 219), el cual dejó insubsistente en la resolución que se analiza; y, como las víctimas otorgaron el perdón del ofendido, decretó la extinción de la acción penal persecutoria contra el aquí quejoso. Sin embargo, como tales aspectos no fueron objeto de análisis en la sentencia de amparo ni de los efectos del fallo protector, por ende, no forman parte del cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio de garantías, por lo que no resulta procedente vigilar ni analizar tales cuestiones. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  3. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de nueve de octubre de dos mil dieciocho (foja 222), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual no fue desahogada por la parte quejosa dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 114 a 133) se concedió el amparo a Julio César Ortega Juárez para que el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y, en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Julio Cesar Ortega Juárez para el efecto de que el 1. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo establecido, realice lo siguiente en el proceso 22/2017 de su índice: I. Deje insubsistente la resolución dictada el doce de abril de dos mil diecisiete, en la causa penal 22/2017, sólo por cuanto hace al quejoso Julio César Ortega Juárez, en la que libró en su contra orden de comparecencia como probable responsable en la comisión del delito de lesiones, previsto por el artículo 305 y sancionado por el numeral 306, fracción I, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado, cometido en agravio de Gloria Elizabeth Aguilar Torres, Israel Aguilar Torres y Cristina Vázquez Vázquez. II. En su lugar, dicte otra, en la que reitere las consideraciones relativas al acreditamiento del cuerpo del delito de lesiones que nos ocupa y determine que no existen datos suficientes que hagan probable la responsabilidad del aquí quejoso en el ilícito que se le atribuye. c) Notifique dicha determinación al quejoso y remita las constancias que así lo acrediten. Derivado de lo anterior, al haber resultado fundado el concepto de violación analizado, suplido en su deficiencia, se hace innecesario el estudio de los restantes motivos de inconformidad aducidos por los quejosos en su demanda de amparo. (.) La presente concesión se hace extensiva a los actos reclamados 2. Fiscal General del Estado de Puebla, 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 4. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla consistente en la ejecución de la orden de comparecencia reclamada, por ser una consecuencia que resultó violatoria de garantías, y por ende su ejecución también lo es por no reclamarse por vicios propios. (.) Lo anterior, porque así se subsanarán las violaciones a las garantías constitucionales estudiadas en la presente resolución, con las consecuencias jurídicas procesales y sustantivas que implica, en el caso, dejar insubsistente lo actuado con posterioridad." En acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 164 a 166) se declaró que dicha resolución causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio sin número de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, signado por Lucinadia García González agente del Ministerio Público en representación del Fiscal General del Estado de Puebla (foja 171), y por diverso sin número de la misma fecha suscrito por el Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (foja 173), las autoridades responsables ejecutoras mencionadas, informaron a este autoridad que no recibieron la orden de comparecencia de doce de abril de dos mil diecisiete, dentro del proceso 22/2017 del índice del Juzgado Octavo de lo Penal de la Ciudad de Puebla para su ejecución. Por oficio 3564 de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (foja 181), el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución emitida en esa misma fecha dentro de la causa penal 22/2017 de su índice, así como de diversas constancias que obran en ese proceso penal (fojas 184 a 202). Sin embargo, del análisis de tales constancias, esta autoridad advirtió que el juez responsable no remitió la constancia de notificación al quejoso de la resolución aludida (emitida en cumplimiento de la sentencia de amparo), por lo que en acuerdo de dos de octubre de la presente anualidad (foja 203), se requirió al juez penal de referencia para que enviara a este juzgado dicha constancia. Así, por oficio 3647 de cinco de octubre de dos mil dieciocho (foja 207), el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, así como su notificación al peticionario de amparo (fojas 209 a 221). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla realizó lo siguiente: 1. El veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la resolución dictada el doce de abril de dos mil diecisiete, en la causa penal 22/2017, de su índice, por cuanto hace al quejoso Julio César Ortega Juárez, en la que libró en su contra orden de comparecencia como probable responsable en la comisión del delito de lesiones, previsto por el artículo 305 y sancionado por el numeral 306, fracción I, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado, cometido en agravio de Gloria Elizabeth Aguilar Torres, Israel Aguilar Torres y Cristina Vázquez Vázquez (foja 210 vuelta). 2. En su lugar, dictó otra resolución, en la que reiteró lo relativo a que en los autos de la causa penal de origen se encuentra acreditado el cuerpo del delito de lesiones (fojas 211 vuelta a 216 vuelta). 3. Determinó que no obran datos suficientes que hagan probable la responsabilidad penal del aquí quejoso en la comisión del ilícito que se le atribuye, ya que señaló que no existe una imputación directa contra el indiciado, en virtud de que las víctimas se limitaron a señalar que interponían querella, además de otros, contra Jesús Gilberto Romero Lima, por lo que pueda pasarles a su persona, familia y bienes; así como los testigos Scheyla Cholula Sánchez y María Mercedes López Castañeda, pero en sus respectivas querellas y testimonios no se advierte la presencia del peticionario de amparo en el lugar de los hechos ni establecieron cuáles fueron las acciones que en concreto desplegó el quejoso, mientras que Dora Vargas Ramos y María Pérez Vicente no mencionaron al peticionario de amparo. 4. Por lo anterior, negó la orden de comparecencia solicitada por el agente del Ministerio Público, contra Julio César Ortega Juárez por el ilícito descrito (foja 219). 5. El dos de octubre de dos mil dieciocho, notificó a Julio César Ortega Juárez dicha resolución. No pasa inadvertido para esta autoridad que el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla relató en la resolución emitida en cumplimiento de la sentencia de amparo, que el peticionario de amparo compareció voluntariamente el veintiuno de agosto del año en curso, recibió su declaración preparatoria y el veinticuatro del mes y año citados, dictó auto de sujeción a proceso contra Julio César Ortega Juárez (fojas 218 vuelta y 219), el cual dejó insubsistente en la resolución que se analiza; y, como las víctimas otorgaron el perdón del ofendido, decretó la extinción de la acción penal persecutoria contra el aquí quejoso. Sin embargo, como tales aspectos no fueron objeto de análisis en la sentencia de amparo ni de los efectos del fallo protector, por ende, no forman parte del cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio de garantías, por lo que no resulta procedente vigilar ni analizar tales cuestiones. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a las presentes actuaciones el oficio signado por la secretaria encargada del Despacho del Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber cumplido con la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, así como con el diverso oficio y anexo integrado en proveído de dos de octubre de dos mil dieciocho (foja 203), dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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