Julio Cesar Molina Hernandez

Expediente 650/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
650/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
22/12/2017

Partes del expediente

  • Julio Cesar Molina Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, trascurrió del treinta y uno de octubre al veinticuatro de noviembre del presente año, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea el caso requerir a las partes para que recojan documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvansele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de tres de octubre de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; motivo por el cual, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete (fojas 64 a 85), se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "NOVENO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo solicitado a favor de Julio César Molina Hernández, porque el auto de formal prisión reclamado vulnera en su perjuicio el artículo 16 Constitucional, para el efecto de que la Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado de once de mayo de dos mil diecisiete, dictado dentro de la causa penal 95/2015 de su índice, y con plenitud de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Funde y motive su competencia. b) Deberá analizar de acuerdo a las pruebas que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado con qué medios de prueba se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de despojo, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito. c) Deberá especialmente precisar las pruebas que evidencien que el activo en las circunstancias de tiempo, lugar y modo, que aduce el ofendido, lo despojaron de los locales que refirió tenía en posesión, y posteriormente deberá explicar las pruebas que existen para soportar que el indiciado aquí quejoso se introdujó u ocupó un inmueble ajeno, con la intención de sustituir al legítimo poseedor o propietario de los locales; en el entendido que la sola intromisión a un inmueble no es suficiente para tipificar la conducta como despojo, pues esta intromisión, sin ánimo de apropiación, se encuentra referida únicamente al corpus y no al animus y, en ausencia de este último, no podemos estar en presencia de la posesión que tutela el mencionado tipo penal. d) Establecer las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa al sujeto activo -aquí quejoso-, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que la acción perpetrada se llevó a cabo en esas circunstancias. e) Deberá especificar en qué consistió el elemento relativo a la violencia o furtividad o empleando amenaza o engaño, es decir, cuál de esas conductas se actualizó en el caso, por lo que de acuerdo al acervo probatorio deberá precisar tal extremo. f) Deberá considerar de acuerdo a su facultad si procede alguna reclasificación del delito si fuera el caso, atendiendo a la jurisprudencia 1a./J. 3/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Penal, registro 170391, página 151, del rubro siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL."." Determinación que en auto de once de septiembre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 105 a 107). Así, mediante oficio 5347 de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 134 a 146), la autoridad responsable Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal 95/2015 de su índice, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto de formal prisión reclamado de once de mayo de dos mil diecisiete, así como la resolución de dieciocho de septiembre del mismo año con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete resolvió nuevamente la situación jurídica del aquí quejoso Julio César Molina Hernández, decretándole auto de libertad por falta de elementos para procesar con reservas de ley, por el delito de DESPOJO, previsto y sancionado por los artículos 408, fracción I y 409, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Víctor Mario Valencia Martínez. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  3. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de tres de octubre de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; motivo por el cual, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete (fojas 64 a 85), se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "NOVENO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo solicitado a favor de Julio César Molina Hernández, porque el auto de formal prisión reclamado vulnera en su perjuicio el artículo 16 Constitucional, para el efecto de que la Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado de once de mayo de dos mil diecisiete, dictado dentro de la causa penal 95/2015 de su índice, y con plenitud de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Funde y motive su competencia. b) Deberá analizar de acuerdo a las pruebas que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado con qué medios de prueba se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de despojo, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito. c) Deberá especialmente precisar las pruebas que evidencien que el activo en las circunstancias de tiempo, lugar y modo, que aduce el ofendido, lo despojaron de los locales que refirió tenía en posesión, y posteriormente deberá explicar las pruebas que existen para soportar que el indiciado aquí quejoso se introdujó u ocupó un inmueble ajeno, con la intención de sustituir al legítimo poseedor o propietario de los locales; en el entendido que la sola intromisión a un inmueble no es suficiente para tipificar la conducta como despojo, pues esta intromisión, sin ánimo de apropiación, se encuentra referida únicamente al corpus y no al animus y, en ausencia de este último, no podemos estar en presencia de la posesión que tutela el mencionado tipo penal. d) Establecer las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa al sujeto activo -aquí quejoso-, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que la acción perpetrada se llevó a cabo en esas circunstancias. e) Deberá especificar en qué consistió el elemento relativo a la violencia o furtividad o empleando amenaza o engaño, es decir, cuál de esas conductas se actualizó en el caso, por lo que de acuerdo al acervo probatorio deberá precisar tal extremo. f) Deberá considerar de acuerdo a su facultad si procede alguna reclasificación del delito si fuera el caso, atendiendo a la jurisprudencia 1a./J. 3/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Penal, registro 170391, página 151, del rubro siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL."." Determinación que en auto de once de septiembre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 105 a 107). Así, mediante oficio 5347 de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 134 a 146), la autoridad responsable Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal 95/2015 de su índice, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto de formal prisión reclamado de once de mayo de dos mil diecisiete, así como la resolución de dieciocho de septiembre del mismo año con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete resolvió nuevamente la situación jurídica del aquí quejoso Julio César Molina Hernández, decretándole auto de libertad por falta de elementos para procesar con reservas de ley, por el delito de DESPOJO, previsto y sancionado por los artículos 408, fracción I y 409, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Víctor Mario Valencia Martínez. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  4. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 03 DE OCTUBRE DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Sexto de lo Penal de la ciudad Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de dos de marzo pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

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