Julio César Olivas Torres

Expediente 538/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
538/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
30/07/2021

Partes del expediente

  • Julio César Olivas Torres

Actuaciones

  1. Principal

    SE AGREGA OFICIO, SE REMITE OFICIO CORRESPONDIENTE A AUTORIDAD RESPONSABLE.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Declaración de estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de lo cual se advierte que la parte promovente fue notificada del auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, por el cual se tuvo por no presentada la demanda sin que haya interpuesto el recurso de queja dentro del plazo que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a la parte promovente para que, en caso de que hubiere exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos; con apercibimiento que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, en su caso, l documentación será destruida. Informes de suspensión de plano. Agréguense a sus autos sin mayor determinación los informes de suspensión de plano rendidos por la directora general de Procedimientos Constitucionales en representación de la Secretaría de Gobernación, por el por el titular de la unidad general de asuntos jurídicos y transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del titular del Ejecutivo Federal y por el titular de la unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, residentes en la Ciudad de México, en virtud de lo acordado con antelación.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la notificación personal efectuada el dieciocho de mayo en curso, por el actuario judicial adscrito, de la cual se advierte que Julio Cesar Olivas Torres, manifestó, que "no ratifica la demanda de amparo en contra de la incomunicación"; en consecuencia, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, para todos los efectos legales conducentes; en consecuencia, notifíquese a las autoridades señaladas como responsables que quedan sin efecto las providencias emitidas con antelación a este acuerdo en el presente sumario. Órgano Judicial remite constancias originales. Agréguense a sus autos los oficios y anexos de cuenta firmados por el secretario adscrito al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, mediante los cuales con el primero remite el cuaderno original del juicio de amparo 696/2021-7 1, y con el diverso envía un informe de suspensión de plano firmado por el titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social y del Coordinador General de Centro Federales, con sede en la Ciudad de México; por tanto, glósense al presente juicio las citadas constancias remitidas por el citado órgano jurisdiccional. Acúsese el recibo respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, trece de mayo de dos mil veintiuno. 1. Vista la boleta de turno remitida por el encargado de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, a la que adjunta el oficio remitido por el secretario adscrito al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua mediante el cual remite actuaciones relativas al juicio de amparo indirecto 696/2021-7-1, de su índice, derivado del escrito de demanda presentado por Enrique López de Anda, en representación de Julio Cesar Olivas Torres, contra actos del coordinador general de Centros Federales, dependientes del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades; en razón de que ese órgano constitucional se declaró incompetente para conocer de dicha demanda, mediante proveído de tres de mayo del año en curso, por los motivos expuestos en el mismo. 2. Registro. Fórmese expediente con el escrito de cuenta; regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo a registro de juicios de amparo. 3. Competencia. Con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, este juzgado acepta el conocimiento del asunto para conocer de la competencia declinada, en razón de que el directamente agraviado se encuentra recluido en un centro penitenciario con domicilio dentro de la jurisdicción donde este juzgador ejerce competencia. Ahora, del escrito de demanda se advierte que los actos reclamados los hace valer la parte promovente en la incomunicación de la cual refiere es objeto el directamente agraviado, y la inminente orden de traslado del lugar en el que se encuentra a diverso centro carcelario. 4. Desechamiento de la demanda. Ahora bien por lo que respecta al acto reclamado consistente en la orden de traslado que se pretende ejecutar al quejoso Julio Cesar Olivas Torres, que se le reclama al coordinador general de Centros federales, dependientes del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades se advierte que la acción constitucional es notoriamente improcedente y, por tanto, procede desecharla. En efecto, del estudio integral del escrito de demanda, se advierte que en la petitoria de amparo se reclama, en lo que interesa aquí, la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social número Once, con residencia en esta ciudad, a un diverso Centro de Readaptación Social Federal. Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Es así, pues el promovente no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del juicio constitucional. En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." De la porción normativa transcrita, se advierte que previamente al ejercicio de la acción constitucional se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado el reclamo, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, en razón de que el juicio biinstancial constituye un medio de defensa extraordinario. Al efecto, los artículos 2, 5, fracción II, y último párrafo, 9, fracciones IV y IX, 52, 107, 114, 115, 116 y 117 de la Ley de Ejecución Penal, disponen lo siguiente: "Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales." "Artículo 5. Ubicación de las personas privadas de la libertad en un Centro Penitenciario. Los Centros Penitenciarios garantizarán la separación de las personas privadas de la libertad, de conformidad con lo siguiente: (.) II. Las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas; (.) Adicionalmente la Autoridad Administrativa podrá establecer sistemas de clasificación de acuerdo en los criterios de igualdad, integridad y seguridad." "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: (.) IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; (.) IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; (.)" "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativa El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas." "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa. (.) III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente." "Artículo 122. Formulación de la controversia. La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." De la transcripción de dichos artículos, en primer término se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal es de observancia obligatoria respecto del internamiento por prisión preventiva y medidas de seguridad por delitos que sean de competencia de los tribunales de fuero federal y local. De igual forma, que los procesados o sentenciados podrán iniciar el procedimiento administrativo ante las autoridades penitenciarias y si éstas resultan contrarias a lo solicitado por el inconforme, o no fuesen atendidas dentro del término legal, el peticionario podrá formular controversia o demandar la omisión ante el juez de Ejecución. Por lo que a los traslados se refiere, en todos los supuestos de excepción de traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación por parte de la autoridad administrativa para calificar la legalidad de la determinación de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en la Ley. Si dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncia respecto de la legalidad del acto, la persona privada de su libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que de no atenderse de inmediato quedaría sin efecto la petición, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de ejecución, en este caso, dicha autoridad, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la solicitud, así como los efectos que tuviere hasta en tanto se resuelva en definitiva. Los jueces de ejecución conocerán de controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, entre ellas, los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados, la cual deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado, y de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, se ordenará la suspensión del acto si se considera pertinente. Expuesto lo anterior, si el promovente en el presente juicio de amparo reclama la orden de traslado de que pueda ser objeto el directamente agraviado, del Centro Federal de Readaptación Social número Once, con residencia en esta ciudad, a un diverso Centro Federal penitenciario, es inconcuso que, conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a acudir a esta instancia constitucional, debe impugnar la orden de traslado ante el Juez de Ejecución y, al no haber agotado el medio ordinario de defensa, el juicio de amparo es improcedente, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo biinstancial. Por lo que, al no tener el carácter de definitivo el acto que por esta vía constitucional se combate, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, es inconcuso que éste resulta improcedente, pues como se advierte la orden de traslado del quejoso es impugnable en términos de los artículos 115, 116, 117 y 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de modificar, revocar o nulificar la determinación en la que se ordenó el traslado del peticionario del amparo. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXII.P.A. J/1 (10a), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 2187, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, Materias Común y Penal, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. El juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, y está regulado bajo diversos principios, entre ellos, el de definitividad, el cual, de acuerdo con los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, obliga al quejoso, por regla general, a agotar previamente a la promoción del amparo indirecto, los medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece, a efecto de que, en su caso, pueda modificarse, revocarse o nulificarse. Por tanto, contra los actos emitidos por el personal del centro penitenciario en el cual el sentenciado compurga su pena, sin que se ubique en ningún supuesto de excepción al principio de definitividad, es improcedente el juicio de amparo, pues no constituye una resolución definitiva, dado que, acorde con el artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dicha resolución es impugnable ante el director del centro en el que se encuentre recluida la persona privada de su libertad, mediante el procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sean cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros; y, si se trata de casos urgentes (como lo son las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentren en riesgo la vida e integridad física del interno), son impugnables por cualquier medio ante las instancias correspondientes; de modo que si la petición se resuelve en contra de los intereses del peticionario, o la autoridad penitenciaria omite atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé su impugnación ante el Juez de ejecución, procedimientos que son tendentes a revocar o modificar el acto lesivo a los intereses de la persona privada de su libertad, y que atento al principio de definitividad, deben agotarse previo a la promoción del juicio de amparo." De igual manera, es aplicable por analogía la jurisprudencia PC.III.P J/18 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la página 1701, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, Materia Común, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro y texto dice: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." Cabe acotar, que en relación con la orden de traslado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recientemente abandonó los criterios jurisprudenciales que hacían procedente su impugnación a través del juicio de amparo. En efecto, del análisis efectuado por la superioridad medularmente se desprende que anteriormente se consideraba a la orden de traslado como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía, incluso, concederse la suspensión de oficio y de plano; sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se creó un procedimiento judicial que regula los traslados, con posibilidad de suspender sus efectos de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Es así, pues por regla general la autorización judicial de traslado es previa; pero, excepcionalmente en casos urgentes posterior; y es en este último caso cuando la autoridad administrativa ordena y ejecuta el traslado para posteriormente solicitar la autorización judicial ante el juez competente, quien podrá confirmar o revocar esa decisión administrativa. Sin embargo, como se determina en esta resolución también se previó en la Ley Nacional de Ejecución Penal, la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia para combatir, entre otros actos, la orden de traslado. Reviste importancia este último supuesto, pues la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, que posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial, y como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la Ley, en todo caso, es a través del medio de defensa que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, que la autoridad judicial ordinaria podrá analizar si la autoridad administrativa atendió o se apegó a esas disposiciones legales y, de existir alguna violación, la consecuencia podría ser la declaración de nulidad de dicho traslado, y la orden de volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la misma; por tanto, a través de dicho procedimiento es dable resarcir alguna violación de derechos que haya sufrido algún interno, por lo que el referido mecanismo de defensa es eficaz y tendría que agotarse previo a acudir al amparo y observando los plazos que para tal efecto establece la ley de la materia. La tesis 1a. XXI/2021 (10a.), de abandono de criterios, que sustenta esta determinación, se publicó el siete de mayo de dos mil veintiuno, en el semanario Judicial de la Federación y cuenta con el registro digital de localización 2023063, cuyo rubro y texto son: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia citada con antelación, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo en relación con la orden de traslado reclamada. 5. Ratificación. En Cuanto al diverso acto reclamado que se hace consistir en la incomunicación de la que pudiera estar siendo sujeto el agraviado Julio Cesar Olivas Torres, se provee: Se comisiona al actuario judicial adscrito, a efecto de que notifique el presente acuerdo al citado quejoso, a quien deberá requerir para que en el acto de la notificación, o bien dentro del término de tres días, manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su nombre por Enrique López de Anda, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo y quedarán sin efecto las providencia dictadas. 6. Suspensión. Ahora bien y en atención al acto reclamado por el quejoso, en términos de lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, se ratifica la suspensión de plano concedida por el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, decretada por auto de tres de mayo del año en curso, emitida para efectos de que, únicamente en relación con el acto reclamado consistente en la incomunicación del directamente quejoso de inmediato cesen sus efectos. En virtud de lo anterior y mediante oficio que al respecto se envíe, notifíquese a las autoridades responsables la presente determinación, para que dentro del término de ocho horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, y de conformidad con lo establecido por el artículo 158, en relación con el diverso 262 de la Ley de Amparo, informen sobre el cumplimiento dado a la citada medida cautelar, debiendo agregar a sus informes, copia certificada de las constancias correspondientes, apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, su conducta equivaldrá a la comisión del delito previsto en el citado artículo 262 de la ley en comento. 7. Domicilio. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones de carácter personal relativas al presente juicio de amparo, el lugar en el que se encuentra recluido (Centro Federal de Readaptación Social número 11 "Cps-Sonora", con sede en esta ciudad), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, a reserva de que señale diverso domicilio para tal efecto. 8. Autorizados. Sin que se advierta la autorización de persona para que lo represente, por lo que se le requiere para que manifieste si es su voluntad designar autorizados. 9. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 10. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 11. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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