Julio César Meléndez Olguín

Expediente 444/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
444/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
09/06/2023

Partes del expediente

  • Julio César Meléndez Olguín
  • Juez de Control Oral Penal del Distrito Judicial Uno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de junio de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el dos de mayo de dos mil veintitrés, que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años, en virtud que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Acuérdese lo conducente en relación a la valoración y destino del cuaderno incidental de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de junio de dos mil veintitrés. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino del cuaderno relativo al incidente en el que se actúa: Valoración. Con fundamento en el artículo 20, fracción III), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el presente incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, en virtud de que se negó la medida cautelar definitiva en la presente incidencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del dos de mayo de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermoisllo, quien actúa en unión de Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia. En este acto se da cuenta al titular con el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de doce de abril del presente año, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniere en relación con la inexistencia de la autoridad responsable "director General de la Agencia Estatal de Investigación", sin que lo haya hecho, no obstante de habérsele apercibido que de no realizar manifestación alguna, se tendría a esa autoridad como inexistente. A lo anterior el juez acuerda: en virtud de que la parte quejosa nada manifestó en relación con la vista mencionada, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de aquélla, se hace efectivo el apercibimiento de mérito y se tiene a esa autoridad como inexistente y se suspende toda comunicación legal con la misma. Abierta la audiencia de ley, se relacionan las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, encargado del Departamento de Órdenes de Aprehensión y Comparecencias; director General de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal; y administrador del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Uno, todos con sede en esta ciudad. Asimismo, revisado el estado procesal de autos, se advierte que en auto de admisión, se reservó proveer respecto al señalamiento de la parte tercera interesada; a lo que el juez acuerda: atento al contenido de los informes justificados, se concluye que no existe tercero o tercera interesada, al no actualizarse alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes no las anunciaron; el juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para ofrecerlas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 444/2023 P; y RESULTANDO: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Julio César Meléndez Olguín solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados del juez de Control Oral Penal del Distrito Judicial Uno, con sede en esta ciudad y otras autoridades. El veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio a la representación social adscrita la intervención legal que le compete y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dio inicio la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: CONSIDERANDO: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La orden de aprehensión dictada en contra del quejoso y su ejecución. Inexistencia de los actos en reclamo Las autoridades señaladas como responsables: Administrador del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Uno; Jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, encargado del Departamento de Órdenes de Aprehensión y Comparecencias; y Director General de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal; todos con sede en esta ciudad. Al rendir su informe justificado, negaron categóricamente la existencia de los actos atribuidos, sin que la parte quejosa ofreciera al respecto prueba en contrario que desvirtuara dicha negativa, por lo que se impone sobreseer al respecto. Debiendo acotarse que durante el sumario la parte accionante de amparo tuvo oportunidad suficiente para imponerse de autos, conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, empero, no ofertó probanza alguna que contradijera el informe de la autoridad responsable; de ahí, que prevalezca la negativa de éstas y, como se decretó, proceda sobreseer al respecto en este juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Decisión En las relatadas condiciones, al ser inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el apartado III, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Julio César Meléndez Olguín, respecto de los actos precisados en el considerando II del presente fallo, por las razones expuestas en el diverso III. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe

  4. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, doce de abril de dos mil veintitrés. Razón actuarial. Agréguese en autos la razón actuarial levantada por el fedatario adscrito a este juzgado, en la que hace constar que no fue posible notificar el oficio 7617/2023 por las razones que expone. En ese sentido, glósense sin necesidad de mayor proveído al respecto, toda vez que el tres de abril de dos mil veintitrés, se dictó resolución interlocutoria por lo que a esa autoridad se refiere. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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