Julio Cesar Medina Gutierrez
Expediente 707/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 707/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Julio Cesar Medina Gutierrez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que se desechó la demanda de amparo, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto, además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del mismo de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General 1/2009. Notifíquese
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por el Director de Asuntos Contenciosos de la Tesorería de la Federación; mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se remitió el billete de depósito N 792354 y comunica que efectuó los trámites correspondientes para la aplicación del importe de dicho billete a la cuenta respectiva de esa Tesorería de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar Finalmente, visto el estado que guardan los presentes autos, como de los mismos se advierte que no existen promociones pendientes de acordar, ni diligencias por desahogar, devuélvase el presente expediente al archivo de donde fue extraído. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por Julio Cesar Medina Gutiérrez, contra actos del Juzgado Civil del Tercer Distrito Judicial con sede en Rioverde, San Luis Potosí, con cuatro copias y anexo certificado que se acompaña; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 707/2020-I. Ahora bien analizado el escrito inicial de demanda, se desprende que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones: El acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en: La resolución interlocutoria de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, emitida al resolver el recurso de revocación dentro del expediente 102/2019. Pues bien, la suscrita considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, del referido ordenamiento. Ahora bien cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquéllos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Luego, el acto reclamado no es de ejecución irreparable para los efectos del juicio de amparo que se intenta, pues sólo surte efectos intraprocesales, pero no afecta derechos sustantivos del impetrante; de ahí, la improcedencia del juicio que se promueve en su contra, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 antes transcrito, el juicio constitucional que se promueva ante el Juez de Distrito será improcedente cuando no exista el elemento perjuicio y, de existir éste, tenga el carácter de reparable, lo que ocurre en la especie, pues el hecho de que se haya dictado resolución interlocutoria del recurso de revocación dentro del expediente 102/2019, relativo a dejar firme un acuerdo donde se requiere a un notario para gestionar la exhibición de un documento ofrecido como prueba en juicio, no es un acto de imposible reparación y a lo más, consiste en una violación procesal, que sólo tendría trascendencia en el supuesto de que la sentencia definitiva resulte contraria a los intereses del aquí quejoso, sin embargo tal violación debe impugnarse conjuntamente al promover juicio de amparo directo contra tal fallo y, siendo ello así, es innegable que no constituye un acto de imposible reparación, ya que dicha determinación, se reitera, no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa. Esto es así, pues la interlocutoria reclamada únicamente trasciende a aspectos intraprocesales. En consecuencia, como el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de quejoso y, por tanto, no es de imposible reparación, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve ante este Juzgado de Distrito, al actualizarse la causal de improcedencia anteriormente referida, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Por lo expuesto y fundado, se acuerda: ÚNICO. Se DESECHA DE PLANO por notoria improcedencia la demanda de amparo promovida por Julio Cesar Medina Gutiérrez, contra actos del Juzgado Civil del Tercer Distrito Judicial con sede en Rioverde, San Luis Potosí, por las consideraciones expuestas. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Miguel Ángel Barrera Briseño y Luis Antonio Sánchez Morales, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en términos restringidos del aludido numeral, a Jesús Anatolio Andrade García, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el citado sistema computarizado. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial.
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