Julio Cesar Hernandez Parrazal

Expediente 1019/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1019/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
18/03/2022

Partes del expediente

  • Julio Cesar Hernandez Parrazal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio de cuenta remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Téngase recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 362/2021. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja de que se trata. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, del que se advierte que la superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo, el cual fue registrado con el expediente 362/2021. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por el quejoso Julio César Hernández Parrazal, al que acompaña cuatro copias, por el que interpone recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto que este juzgado emitió la determinación recurrida. Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, hágase de su conocimiento en vía de informe justificado, que se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico relativo a este asunto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; remitiéndole para tal efecto el original del escrito de expresión de agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" permita la disponibilidad y acceso al expediente electrónico dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Julio César Hernández Parrazal, contra actos de la Juzgado Cuarto Mercantil en el Estado de San Luis Potosí y otra autoridad, con seis copias que acompaña; que estima violatorios de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1019/2021-VIII. Ahora, el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en la resolución incidental de diez de septiembre del presente año, emitida dentro del juicio ejecutivo mercantil 1634/2013, en la que se revocó el auto de once de julio de dos mil diecinueve y, en su lugar, determinó: ".ante el desistimiento del embargo por parte del actor en el juicio, dígasele a éste que es necesario primero, dar pie a la notificación de la sentencia definitiva y, después requerir al sentenciado por su cumplimiento, para posteriormente, en su caso, bajo responsabilidad del demandado señalar bienes de su propiedad y en caso negativo, ese derecho deberá pasar al actor para que ejerza esta prerrogativa; además que de acuerdo a las constancias que obran en el expediente 508/2020. los derechos de copropiedad de MIGUEL ÁNGEL REYNA MORALES ya no forman parte del patrimonio de éste." En concepto de esta juzgadora, sobre la determinación reclamada dictada en la etapa de ejecución, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Del precepto legal transcrito se desprenden diversas restricciones en relación con la impugnación de actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido, tales como reservar la promoción del juicio constitucional exclusivamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Por "última resolución", debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien, la que declara la imposibilidad material o jurídica de cumplir con la sentencia o las que declaran el archivo definitivo del expediente. En el caso en concreto, de lo manifestado por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se pone en evidencia que el acto que reclama es la resolución del recurso de revocación de diez de septiembre de dos mil veintiuno, misma que no es una resolución con la cual se pueda dar por concluido, ni se ordenó el archivo del expediente. Ante tal circunstancia, es palmario que la determinación reclamada no constituye la "última resolución" en el procedimiento de ejecución de que se trata, ni tiene autonomía propia, en tanto que es una consecuencia necesaria y directa de lo actuado por la diversa parte procesal en el juicio natural y, por ende, en su contra es improcedente el juicio constitucional en términos del artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, ante la actualización notoria, manifiesta e indudable de la causa de improcedencia examinada, lo que procede desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Tomas Ricardo Coronado Zarate, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a las diversas personas que menciona, toda vez que no proporciona los datos de los que se advierta que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente.

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