JULIO CESAR MARTINEZ DIAZ y Otros.

Expediente 1353/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1353/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
25/02/2022

Partes del expediente

  • JULIO CESAR MARTINEZ DIAZ y Otros.
  • Julio Cesar Martinez Diaz
  • BRUNO HERNANDEZ CASARUBIO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticinco de febrero de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86, de la Ley de Amparo, el acuerdo por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, no fue recurrido por la parte quejosa; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo en comento conforme a su artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues si bien se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, se concedió la suspensión de plano (artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo en cita aplicado por analogía y apartado 7.4 del Manual para la Organización de archivos vigente). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Ocurrido lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de enero de dos mil veintidós. DESAHOGA PREVENCIÓN. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y al físico una vez que las labores del juzgado lo permitan el escrito signado por **, a través del cual desahoga el requerimiento de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno y manifiesta bajo protesta de decir verdad que los quejosos ** y ** fueron puestos en libertad en los términos que la autoridad responsable Comisario de Seguridad Pública Municipal de Villa Victoria, Estado de México informó. En esa tesitura, se tiene por desahogado el requerimiento realizado al promovente mediante auto de veintitrés de diciembre del año próximo pasado para los efectos legales conducentes. Ahora bien precisado lo anterior y visto el oficio remitido por el Comisario de Seguridad Pública Municipal de Villa Victoria, Estado de México, por medio del cual, informó que el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, a las quince horas con treinta y ocho minutos, se dejó en libertad a los quejosos Julio Cesar Martínez Díaz y Bruno Hernández Casarubio, personas que fueron arrestadas derivado de la comisión de faltas administrativas, y remitió copia del registro de personas presentadas ante el oficial conciliador de donde se aprecia la salida de los antes mencionados de las instalaciones de la dependencia de la adscripción del oficiante. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Ello, en razón de que la parte quejosa instó el presente juicio constitucional en contra del acto que señaló como la "La privación ilegal de la libertad, Desaparición Forzada, incomunicación, segregación, malos tratos, tortura, golpes o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Sin embargo, como se evidencia de las constancias remitidas por el Comisario de Seguridad Pública Municipal de Villa Victoria, Estado de México y de las propias manifestaciones realizadas por la persona que promovió el presente asunto, si bien es cierto, los quejosos Julio Cesar Martínez Díaz y Bruno Hernández Casarubio, habían sido arrestados con motivo de las faltas administrativas que cometieron, también lo es que, el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se dejó en libertad a los impetrantes. Lo anterior constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituyó a los quejosos en el goce del derecho trasgredido en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular; por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado al haberse puesto en libertad a los quejosos. Circunstancia que se corrobora de la razón de imposibilidad signada por el Actuario de la Adscripción, de donde se aprecia que no fue posible notificar a los quejosos en virtud de que fue informado que el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, fueron puestas en libertad las personas buscadas. Máxime que respecto del acto señalado como la "tortura o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional", las autoridades al rendir sus informes a la suspensión de plano y oficio, negaron la existencia de los mismos. En tales condiciones, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio, dada la actualización de la causa de improcedencia aludida; por tanto, se dejan sin efecto las medidas cautelares dictadas por auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, como no obra la ratificación de la demanda, realícese la notificación mediante lista que se publica en los estrados de este juzgado de Distrito. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. INFORMES SUSPENSIÓN DE PLANO. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguense al expediente electrónico y al físico una vez que las labores del juzgado lo permitan los oficios remitidos por los Agentes del Ministerio Público adscritos al Primer, Segundo y Tercer Turno de Zinacantepec, Estado de México, mediante los cuales rinden informe de cumplimiento a la suspensión de plano y de oficio decretada en este expediente; de lo que éste órgano jurisdiccional toma conocimiento. RAZÓN ACTUARIAL. De conformidad con el precepto legal 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, la razón actuarial signada por el Actuario Judicial de la adscripción, mediante la cual informa la imposibilidad para notificar a los quejosos el auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en virtud de que los buscados fueron puestos en libertad el mismo día a las quince horas con treinta y ocho minutos. A tal aseveración se le da valor probatorio para los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues dicha diligencia tiene valor probatorio, al suscribirla un funcionario con fe pública, por lo que lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable la jurisprudencia 563, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 405, del Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, materia común, con número de registro 198729, que establece: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LA RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." AUTORIDAD INFORMA. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y al físico una vez que las labores del juzgado lo permitan el oficio signado por el Comisario de Seguridad Pública Municipal de Villa Victoria, Estado de México, por medio del cual, informa que el veintiuno del mes y año en curso, a las quince horas con treinta y ocho minutos, se dejó en libertad a los quejosos Julio Cesar Martínez Díaz y Bruno Hernández Casarubio, personas que fueron arrestadas derivado de la comisión de faltas administrativas, y remite copia del registro de personas presentadas ante el oficial conciliador de donde se aprecia la salida de los antes mencionados de las instalaciones de la dependencia de la adscripción del oficiante para sustentar su dicho; situación de la que toma conocimiento este órgano de control constitucional. Ahora bien, con la razón e informe antes descritos, dese vista a la parte quejosa a efecto de que manifieste lo que su derecho corresponda. De igual forma, requiérase al promovente del amparo Luis Alberto Reyes Tenorio, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, informe bajo protesta de decir verdad, si los quejosos Julio Cesar Martínez Díaz y Bruno Hernández Casarubio, fueron puestos en libertad. Atendiendo, a que el representante de los quejosos, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, las listas que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional; por única ocasión, dada la naturaleza del asunto, se comisiona al actuario adscrito, para que vía telefónica le haga del conocimiento la presente determinación. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente al promovente del amparo. Así lo acordó y firma electrónicamente Enrique Vázquez Pérez, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de Arturo de Jesús Jiménez Borja, Secretario que autoriza, firma electrónicamente y da fe, sin perjuicio de firmarlo físicamente, debiendo verificar el Secretario firmante que se glosen las firmas electrónicas del presente proveído. Doy fe.

  4. Principal

    RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por Luis Alberto Reyes Tenorio en representación de Julio Cesar Martínez Díaz y Bruno Hernández Casarubio, contra actos del Director de Seguridad Pública Municipal de Villa Victoria, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el registro 1353/2021-V. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La privación ilegal de la libertad. Desaparición Forzada. La incomunicación, segregación, malos tratos, tortura, golpes o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LA INCOMUNICACIÓN, SEGREGACIÓN, MALOS TRATOS, TORTURA, GOLPES, DESAPARICIÓN FORZADA O CUALQUIERA DE LOS ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano y de oficio de los actos reclamados que se hacen consistir en la incomunicación, segregación, malos tratos, tortura, golpes, desaparición forzada, o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional para el efecto que cesen de inmediato; en el entendido que queda a cargo y bajo la responsabilidad de las autoridades ante las cuales se encuentren detenidos los quejosos su integridad física. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LA PRIVASION ILEGAL DE LA LIBERTAD. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano y de oficio respecto del acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad, con fundamento en lo previsto en el artículo 165 de la Ley de Amparo, siendo los efectos de esta medida los siguientes: I) Si la detención de los directos quejosos Julio Cesar Martínez Díaz y Bruno Hernández Casarubio, deriva de la comisión de un delito en flagrancia, la medida cautelar concedida tendrá como efectos que el Ministerio Público ante el cual se encuentre a disposición, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, deberá poner en libertad a los citados quejosos o consignarlos ante el Juez Penal correspondiente, ello, en atención a lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo. II) En caso de que la privación de libertad de los quejosos sea por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, los efectos de la presente medida son para que sin demora cese la detención, poniéndolos en inmediata libertad o a disposición del Ministerio Público, o bien, en caso de que la detención no tenga relación con la comisión de un delito, la presente medida tiene por efecto que los quejosos sean puestos en libertad, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que si la privación de la libertad es dictada por autoridades distintas de las autoridades señaladas como responsables, es decir, girada por autoridad judicial, en cumplimiento de una orden de aprehensión o reaprehensión, esta suspensión no surte efectos. La suspensión de oficio concedida, tampoco surtirá efectos si el acto reclamado no constituye alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o no produce algún efecto semejante al de aquél, independientemente como lo identifique la agraviada. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades señaladas como responsables, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Se previene a dichas autoridades responsables para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de oficio y de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. En el entendido que de no existir inconveniente legal alguno, rindan el informe solicitado, vía correo electrónico institucional 6jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de veintiuno a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de veintiuno a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra." RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que se constituya en las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público de Zinacantepec, y posteriormente de no encontrar a los directos quejosos en las instalaciones de las Galeras de y Dirección Pública Municipal de Villa Victoria, a efecto de que realice lo siguiente: 1. Requiera a los directos quejosos a fin de que manifiesten si es su deseo o no ratificar la demanda promovida en su nombre; 2. Si es su deseo autorizar a las personas que se indican en la demanda de amparo en los términos precisados en la misma, así como el domicilio señalado para tal efecto. En el entendido que para el caso de que al actuario judicial adscrito a este juzgado se le informe que los directos quejosos, se ubiquen en alguna otra instalación perteneciente a la circunscripción territorial asignada a este juzgado, por economía procesal deberá constituirse en esta, debiendo asentar dicha circunstancia en el acta respectiva. Se apercibe a los quejosos que de no ratificar la demanda promovida en su nombre, se tendrá por no presentada en términos del numeral 15 de la Ley de Amparo, y se dejarán sin efectos las providencias que se han dictado en este proveído. Al respecto resulta ilustrativa la tesis publicada en la página 943, del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 1993, Tomo XII, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro es: "RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS PRESENTADA POR PERSONA DISTINTA DEL QUEJOSO. SOLO PROCEDE ORDENARLA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE AMPARO." Asimismo, se instruye a los actuarios para que se constituyan utilizando el kit de seguridad que les fue proporcionado y sigan todas las medidas de salubridad a fin de lograr la notificación con las providencias necesarias, para salvaguardar su salud por virtud de la pandemia por la enfermedad covid-19. FE DEL ESTADO DE LOS QUEJOSOS. Asimismo, el Actuario de la adscripción, deberá dar fe del lugar y de las condiciones físicas en que se encuentren los quejosos, debiendo asentar la razón correspondiente. Dado lo cual, se instruye a la autoridad responsable ante la cual se encuentran detenidos los quejosos, a efecto de que ordene al personal de dicha institución que otorgue la colaboración y garantías necesarias para el debido cumplimento de lo encomendado en la diligencia de mérito; apercibido de que en caso de no ser así, se procederá en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Se ordena a las autoridades responsables que brinden al actuario comisionado, las medidas sanitarias necesarias para no poner en riesgo su salud o la de los quejosos y se le permita el uso del kit de protección con que cuenta o se le proporcione el adecuado o bien, realice la diligencia en el área protegida que se haya destinado para tal efecto. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto se tenga conocimiento del resultado de la diligencia ordenada en párrafos precedentes. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que las autoridades responsables se negaren a recibir los oficios derivados del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se hará acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento del Actuario de la adscripción para que en el momento de la diligencia respectiva y de ser necesario, realice las aclaraciones correspondientes con relación a la denominación actual y correcta de la autoridad o autoridades que estén ejecutando el acto reclamado, a quienes deberá apercibir que en el supuesto de no recibir las notificaciones en comento, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se hará acreedora de una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar en el que se encuentren recluidos.

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