Julio César Guzmán Camacho
Expediente 1728/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1728/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2023
Partes del expediente
- Julio César Guzmán Camacho
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. REMITE CONSTANCIAS. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico, el oficio firmado por la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual remite la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo ******************** de su índice. LEVANTA RESERVA. Se levanta la reserva decretada mediante acuerdo de ocho de los cursantes y se convalidan las actuaciones realizadas en el incidente de suspensión del juicio de amparo mismo que se resolvió en definitiva el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés; asimismo, se convalidan los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. INCOMPETENCIA. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que prevé a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En el artículo transcrito, se aprecian tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento corresponda, los cuales son: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y la ejecución continúa en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues el acto reclamado en esta instancia consistente en la negativa y omisión de investigar el delito de tortura, tratos crueles e inhumanos en contra de los servidores públicos federales, relacionados con la averiguación previa número ******************** derivado de la queja ********************, si bien es un acto omisivo, trae aparejada una ejecución material, que es precisamente, la de investigar el delito de tortura, tratos crueles e inhumanos, esto es, implica un hacer, lo cual se está verificando dentro de la Jurisdicción en la que ejerce su competencia un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, puesto que del informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa 1-A de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, con residencia en Ciudad de México, es ante ella donde se tiene conocimiento de la integración de la carpeta de investigación que dio origen al acto que por esta vía se reclama. Luego, si del artículo 37 de la Ley de Amparo deriva que para fijar la competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, por regla general, debe atenderse a la ejecución material, consistente en la cualidad que tiene un acto, omisión o norma general, para producir un cambio en el mundo factico o una afectación material en algún derecho del gobernado, y si el acto reclamado a la responsable es un acto omisivo que tiene aparejada una ejecución material, resulta que dicho acto se ejecutará en el lugar donde se integra la carpeta de investigación. En consecuencia, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en un lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, este Juzgado de Distrito resulta incompetente legalmente para conocer del acto reclamado, ya que si bien se trata de un acto omisivo, conlleva una ejecución material. Resulta aplicable por las razones que expone la Jurisprudencia 2a./J. 32/2023 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1920, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil veintitrés, Úndecima Época, con número de registro 2026910, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA JUNTA LABORAL DE DICTAR EL LAUDO EN EL JUICIO RESPECTIVO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD QUE DEBA EMITIR ESA RESOLUCIÓN. Hechos: En los asuntos de los que conocieron los órganos colegiados contendientes, se pronunciaron sobre la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de las Juntas laborales de dictar el laudo, a efecto de dilucidar si conlleva o no una ejecución material para determinar qué Juzgado de Distrito es competente por territorio (el órgano ante el que se presentó la demanda o el que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que debió emitir el laudo respectivo), para conocer de la demanda en la que se reclama ese tipo de acto, arribando a conclusiones opuestas. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión del dictado del laudo sí tiene ejecución material, por lo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo indirecto en que se reclame ese acto será aquel que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que deba emitir el laudo respectivo. Justificación: En concordancia con la línea argumentativa sostenida por la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 327/2021, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO.", es dable sostener que la emisión de la resolución que dirima las cuestiones debatidas en un juicio -de forma semejante al emplazamiento-, es un derecho que forma parte del elenco de las prerrogativas mínimas que debe garantizarse a toda persona, conocidas como formalidades esenciales del procedimiento y las cuales integran el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. A partir de tal premisa y atendiendo a que la Segunda Sala ha considerado que la omisión de pronunciar el laudo constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una afectación en la esfera jurídica del particular, pues con ello se difiere la resolución del juicio, en detrimento del derecho de justicia pronta a que se refiere el artículo 17 de la mencionada Norma Fundamental, ello permite concluir que el acto consistente en la omisión de emitir el laudo trae aparejada una ejecución material, toda vez que sus efectos inciden de manera negativa en los derechos subjetivos de las personas que no cesarán hasta en tanto no se dicte la resolución respectiva que dirima el conflicto. Por tanto, se concluye que cuando en la demanda de amparo se reclame la omisión del dictado del laudo, el órgano competente será el Juzgado de Distrito cuya residencia se encuentre en el lugar de la autoridad que deba emitir el laudo respectivo que resuelva el conflicto laboral, de conformidad con la hipótesis contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos, al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente. Con motivo de lo anterior, con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
MESA IV EJECUTORIA COLEGIADO. Visto lo de cuenta y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes, la misiva suscrita por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y anexo que envía, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 1477/2022-IV, así como testimonio de la resolución dictada en veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en el incidente de inejecución de sentencia 9/2023, cuyos resolutivos son los siguientes: "ÚNICO. Se declara INFUNDADA la incidencia planteada". ACUSE DE RECIBO. Atento a lo anterior, acúsese el recibo de estilo al tribunal revisor y glósese el cuaderno de antecedentes, en el entendido que únicamente serán agregadas las actuaciones originales y respecto a las constancias en copias simples procédase a su destrucción. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. En ese contexto, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que, dentro del plazo de tres días legalmente computados, cumplan con la ejecutoria de amparo y remitan las constancias que así lo acrediten, en términos de la ejecutoria que se provee, para lo cual se corre traslado con copia de la misma. Se les apercibe que de no demostrar el cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, se les impondrá a las omisas una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 237, fracción I, y 258, de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace del conocimiento de las responsables que, si la sentencia de amparo no queda cumplida dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito para que acuerde lo conducente, no sin antes imponerles la multa precisada en párrafos que anteceden. Es pertinente precisar que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a las autoridades responsables, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal, pues acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cumplimiento de las sentencias de amparo es ineludible. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
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