Julio César Martínez Díaz

Expediente 537/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
537/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
09/05/2017

Partes del expediente

  • Julio César Martínez Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la comparecencia mediante la cual el perito oficial en materia de topografía, ratificó en todas y cada una de sus partes su dictamen respectivo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75, segundo párrafo, 119 y 120 de la Ley de Amparo, se tiene desahogado el medio de convicción aludido. Por lo anterior, tómese en consideración el dictamen rendido en la audiencia constitucional. Por tanto, con la referida opinión técnica en materia de topografía, en términos del artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dése vista a las partes, a efecto que dentro del plazo de tres días legalmente computados manifiesten lo que a su derecho corresponda. Notifíquese como legalmente corresponda.

  2. Principal

    ....DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese el escrito del quejoso Julio César Martínez Díaz, por el cual desahoga la prevención realizada en proveído de seis de abril del año en curso. DESECHAMIENTO. Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De las constancias que integran el presente juicio y de lo manifestado por el solicitante del amparo, se advierte que reclama la diligencia de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, ordenada en autos del expediente 491/2016 del índice del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Metepec, Estado de México, en la cual se le requirió de pago. Al respecto, el suscrito estima que respecto de los actos reclamados se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Al respecto, la fracción XVIII, del artículo 61, de la ley de la materia, establece: ...Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;... Empero, de las manifestaciones efectuadas por el pomovente bajo protesta de decir verdad, así como de las documentales que remitió el juzgado responsable, se advierte que tuvo conocimiento de la existencia del juicio ejecutivo mercantil incoado en su contra desde el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, que compareció a rendir su entrevista ante la agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Dos de Trámite de Metepec; por tanto, es inconcuso que está en aptitud de hacer valer los medios de defensa previstos en la ley ordinaria en contra de los actos impugnados en esta vía constitucional. En ese tenor, es inconcuso que el peticionario de garantías perdió la calidad de tercero extraño por equiparación al juicio ejecutivo mercantil 491/2016, derivado de que compareció a rendir su entrevista ante la agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Dos de Trámite de Metepec; por tanto, es inconcuso que estuvo en aptitud de hacer valer los medios de defensa previstos en la ley ordinaria en contra de los actos impugnados en esta vía constitucional. En efecto, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio, para crear certeza sobre la existencia de éste, como el número de expediente, quién lo demanda, y el tipo de asunto, para que pierda la calidad de persona extraña al juicio; independientemente de que acuda a él, lo cual, aconteció en la especie, pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 1a/J.9/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VII, tomo 1, página 681, abril de dos mil doce, de rubro y texto siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3A./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: ...PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY., la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA., en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. En ese sentido, en relación con los medios ordinarios de defensa que puedan interponer las partes en el juicio ejecutivo mercantil en contra de las actuaciones y determinaciones, verbigracia, los emplazamientos que no se consideren practicados en términos de ley, el legislador implementó el incidente de nulidad previsto en el artículo 1390 Bis 6 del Código de Comercio, que señala: Artículo 1390 Bis 6.- La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, bajo pena de quedar validada de pleno derecho. La producida en la audiencia de juicio deberá reclamarse durante ésta hasta antes de que el juez pronuncie la sentencia definitiva. La del emplazamiento, por su parte, podrá reclamarse en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. Entonces, de acuerdo a lo regulado por el citado precepto legal, es claro que el quejoso, al ser parte en el sumario de origen, estuvo en aptitud jurídica de promover el incidente de nulidad para combatir los actos que hoy reclama, ya que a través de dicho medio de defensa, se pueden modificar, revocar o nulificar las violaciones cometidas; máxime que, como se dijo, de sus manifestaciones bajo protesta de decir verdad, se advierte que tuvo conocimiento del juicio natural cuando se encontraba trámite; lo que evidencia la improcedencia de esta vía biinstancial, ya que ello contravendría el principio de definitividad que rige el juicio de garantías. Ello, aunado a que el inconforme conoce la identidad de las autoridades que emitieron el acto de molestia, la esencia de los argumentos legales y el hecho en que éstos se apoyan, por lo que queda plenamente capacitado para defenderse ante la potestad común; y, por consiguiente, al no hacerlo infringe el principio de definitividad a que hace referencia la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese sentido, es innegable que respecto de los actos reclamados en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Además, de que, en el caso, no opera hipótesis alguna de excepción al principio de definitividad a que hace referencia el citado numeral, pues para ello es menester que: Los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Que consistan en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, lo que en la especie no ocurrió. Que el peticionario de garantías tenga el carácter de tercero extraño a juicio. Empero, en el caso concreto, como quedó asentado, el peticionario de garantías perdió el carácter de tercero extraño por equiparación al juicio ejecutivo mercantil 491/2016 del índice del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, pues, para que pueda válidamente establecerse que una persona tiene dicho carácter, debe reunir los requisitos siguientes: a) Que hubiese sido señalada como parte en el procedimiento natural; b) Que no hubiere sido emplazada a juicio o se le haya hecho incorrectamente; c) Que se haya emitido sentencia o laudo condenatorio con su total desconocimiento; y, d) Que a consecuencia de ello se hubiese violado en su perjuicio la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional; ello es así, pues como quedó establecido en párrafos precedentes, el promovente de amparo tiene pleno conocimiento de la existencia del juicio ejecutivo mercantil de origen. En ese tenor, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia previstas en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113, de la ley en cita, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Julio César Martínez Díaz.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA DE INICIALES J.C.M.D; ACUERDO CUYO CONTENIDO ES EL SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio signado por la autoridad que lo suscribe, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en cumplimiento al requerimiento de seis de abril de dos mil diecisiete, y remite constancias con las que acredita su dicho, en ese sentido, ténganse por satisfecho y déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. Ahora, visto el estado que guardan los autos se advierte que el quejoso, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el diecisiete de abril pasado, realizó diversas manifestaciones a fin de dar cumplimiento a la prevención realizada el seis del mes y año en curso; sin embargo, de un análisis hecho en lo atinente a la precisión del acto reclamado, se advierte que no se tiene por desahogada, quedando subsistente; así como el apercibimiento decretado y la vigencia del plazo concedido, en el entendido que el mismo sigue transcurriendo. Lo anterior es así, pues si bien es cierto el quejoso precisa bajo protesta de decir verdad que el acto reclamado lo constituye la diligencia de embargo de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, pero también cierto es que insiste en realizar diversas manifestaciones en el sentido de que existe una indagatoria en su contra, que para el caso de judicializarse, posiblemente se le pueda privar de su libertad, es decir, únicamente reprodujo de forma diferente lo ya vertido en su escrito inicial de demanda. Circunstancia que crea incertidumbre a este órgano de control constitucional, pues refiere actos reclamados de naturaleza distinta, civil y penal en el caso concreto, mismos que son de estudio independiente; en consecuencia, se concluye ha sido omiso en el desahogo de prevención y por tanto, no se puede precisar la litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis II.2o.C.370 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "PREVENCIÓN PARA ACLARAR DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO DE TRES DÍAS PARA QUE SE ACATE SUBSISTE Y NO SE PRORROGA CUANDO RESULTE INCOMPLETO SU CUMPLIMIENTO." (9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XVI, Octubre de 2002; Pág. 1429) Así como la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." (9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVIII, Noviembre de 2003) Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Jorge Manuel Cano Corona, que da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito de la parte quejosa, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de seis de abril de dos mil diecisiete, realiza diversas manifestaciones, en ese sentido, ténganse por satisfecho y déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. Atento a ello, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto la autoridad responsable Juez Quinto Civil de primera Instancia de Cuantía Mayor, del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, remita las constancias solicitadas. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Jorge Manuel Cano Corona, que da fe.

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