Julio Cesar Guzmán Camacho
Expediente 840/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 840/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/06/2018
Partes del expediente
- Julio Cesar Guzmán Camacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que por auto de dieciséis de junio de dos mil diecisiete este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por Julio César Guzmán Camacho, remitiendo los autos al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo en turno; sin que se tenga conocimiento si fue aceptada o no la incompetencia declinada. Ahora, de los datos aportados en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que le correspondió conocer de la aludida incompetencia al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero con residencia en Chilpancingo el cual fue radicado bajo el número 668/2017 de su estadística; por tanto, se solicita al homologo federal que, de no tener inconveniente legal alguno, informe a este órgano jurisdiccional lo que haya proveído en relación al asunto; lo anterior, a fin de proveer lo que en derecho corresponda.
- Principal
Visto el estado de autos se advierte que el quejoso ratifica el escrito de doce de los cursantes. INCOMPETENCIA. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de Distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En tales condiciones, para poder establecer cuándo una resolución jurisdiccional conlleva un principio de ejecución, es pertinente tomar en consideración que por ejecución se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; es decir, la actividad del órgano jurisdiccional tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. En efecto, respecto del asunto en estudio de la lectura integral del escrito de demanda y sus anexos, se advierte que la promovente señala como actos reclamados: ". ACTO RECLAMADO: Reclamo la ilegal e injusta Resolución emitida de fecha cuatro de abril del año 2017, dictada en los autos del Toca Penal número ... por la Primera Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, Gro, en donde resuelve dictar en mi contra auto de plazo Constitucional de Formal Prisión, por los delitos de ... el primer delito en agravio de ... y el segundo de los delitos en agravio de Toca Penal que tuviera origen en la Apelación que yo interpusiera, en contra de la Resolución de término Constitucional dictada en la Causa Penal ... por el Juez Primero de Primera Instancia en materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo en Chilpancingo, Gro. El acto reclamado vulnera totalmente mis garantías de legalidad y seguridad jurídica que prevén los Preceptos Constitucionales que se precisan en esta demanda." Entonces, se puede concluir que el promovente señala como acto reclamado la resolución que modifica el auto de formal prisión; por tanto, es inconcuso que el acto reclamado tiene ejecución en el lugar en que se dictó el auto; así, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel en cuya jurisdicción resida el proceso penal. Lo anterior es así, pues si bien es cierto en el caso concreto la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del acto, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. Sin que en la especie, importe que el quejoso haya señalado, con el carácter de autoridad responsable ejecutora, a una con domicilio en la demarcación territorial en la que este juzgado ejerce jurisdicción; lo anterior, en virtud de las razones mencionadas. Así, sin resolver sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítase el original del juicio en que se actúa y los traslados de la demanda adjuntados por el quejoso, al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada y acuse recibo. Finalmente, se precisa que éste Juzgado no se pronuncia sobre la suspensión; toda vez, que no se actualiza alguno de los supuestos que prevén los artículos 126, de la Ley de Amparo y 22, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo
- Principal
Visto el estado de autos se advierte que el quejoso ratifica el escrito de doce de los cursantes. INCOMPETENCIA. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de Distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En tales condiciones, para poder establecer cuándo una resolución jurisdiccional conlleva un principio de ejecución, es pertinente tomar en consideración que por ejecución se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; es decir, la actividad del órgano jurisdiccional tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. En efecto, respecto del asunto en estudio de la lectura integral del escrito de demanda y sus anexos, se advierte que la promovente señala como actos reclamados: ". ACTO RECLAMADO: Reclamo la ilegal e injusta Resolución emitida de fecha cuatro de abril del año 2017, dictada en los autos del Toca Penal número ... por la Primera Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, Gro, en donde resuelve dictar en mi contra auto de plazo Constitucional de Formal Prisión, por los delitos de ... el primer delito en agravio de ... y el segundo de los delitos en agravio de Toca Penal que tuviera origen en la Apelación que yo interpusiera, en contra de la Resolución de término Constitucional dictada en la Causa Penal ... por el Juez Primero de Primera Instancia en materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo en Chilpancingo, Gro. El acto reclamado vulnera totalmente mis garantías de legalidad y seguridad jurídica que prevén los Preceptos Constitucionales que se precisan en esta demanda." Entonces, se puede concluir que el promovente señala como acto reclamado la resolución que modifica el auto de formal prisión; por tanto, es inconcuso que el acto reclamado tiene ejecución en el lugar en que se dictó el auto; así, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel en cuya jurisdicción resida el proceso penal. Lo anterior es así, pues si bien es cierto en el caso concreto la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del acto, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. Sin que en la especie, importe que el quejoso haya señalado, con el carácter de autoridad responsable ejecutora, a una con domicilio en la demarcación territorial en la que este juzgado ejerce jurisdicción; lo anterior, en virtud de las razones mencionadas. Así, sin resolver sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítase el original del juicio en que se actúa y los traslados de la demanda adjuntados por el quejoso, al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada y acuse recibo. Finalmente, se precisa que éste Juzgado no se pronuncia sobre la suspensión; toda vez, que no se actualiza alguno de los supuestos que prevén los artículos 126, de la Ley de Amparo y 22, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo.
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado al parecer por la parte quejosa, por el cual desahoga lo solicitado en proveído de seis de junio del año en curso. Ahora, si bien es cierto el suscrito no es perito en materia de grafoscopía, ello no constituye impedimento para advertir que la firma que calza el ocurso que se provee, difiere notablemente de las que obran en autos; por tanto, se comisiona al actuario judicial adscrito para que se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez Estado de México, y requiera al quejoso para que al momento de la notificación del presente proveído y una vez que le sea puesto a la vista en copia fotostática el escrito de que se trata, manifieste si ratifica su contenido y si reconoce como suya la firma impresa al calce, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado el escrito de referencia. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en donde se encuentra recluido.
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