Julio César Lizama Azcorra
Expediente 82/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 82/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Julio César Lizama Azcorra
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos y toda vez que conforme al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19, así como sus acuerdos modificatorios todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el periodo de la vigencia, se advierte que éste concluyó el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Que mediante Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto primero que se regresaba al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus COVID-19, por lo que únicamente se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Asimismo se estableció que se suspendían los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia, y que esta medida tendría vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos, con las salvedades del referido punto. Por Circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de dos mil veintiuno, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto dos, por lo que respecta a este Circuito, que la operación de este Juzgado será el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por tanto, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. En tales condiciones, se reanuda el procedimiento en este asunto por lo que se hace del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, de autos se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia firmada el tres de diciembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la sentencia en comento se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General de Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de destrucción. Finalmente, tomando en consideración que fue el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien determinó la reanudación de los plazos y términos procesales, así como el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, bajo un esquema que permita preservar la salud e integridad de las partes y del personal de los órganos jurisdiccionales, a través del Acuerdo General 21/2020, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de julio de dos mil veinte, resulta innecesaria la notificación personal de la presente determinación a todas las partes, dado que es del conocimiento público, la reanudación de los términos procesales de los juicios tramitados ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las doce horas con cuarenta minutos del tres de diciembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 82/2020-IV, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el secretario Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo en vigor. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, el secretario da cuenta con el escrito inicial de demanda, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y con las demás constancias que obran en autos. Acto seguido el Juez acuerda: se tiene por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaría da cuenta con la instrumental ofrecida por la parte quejosa en su demanda de amparo y las diversas documentales que la Junta responsable adjuntó a su informe justificado. El Juez acuerda: con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza; con lo anterior se da por terminado el señalado período. Seguidamente, se abre la etapa de alegatos, en la que la secretaría da cuenta con el alegato ministerial 125/2020 de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. En atención a lo cual el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulado el alegato ministerial de cuenta para todos los efectos legales pertinentes; con lo anterior se cierra el período de alegatos. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 82/2020-IV promovido por Julio César Lizama Azcorra, contra actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por violación a los artículo 8, 14 y 16 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el veinte de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Julio César Lizama Azcorra, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Segundo. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, la cual se admitió en acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veinte; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su correspondiente informe con justificación, mismo que en su oportunidad fue puesto a la vista de las partes; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le compete y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el caso se reclama un acto omisivo el cual no tiene una ejecución material. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable, resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que el quejoso quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. Así, de constancias se advierte que la parte quejosa reclama la paralización del juicio de origen en virtud que la autoridad responsable no ha ordenado notificar a la ahí parte demandada desde el cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, autoridad señalada como responsable, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le reclama, por lo que se tiene por cierto el acto reclamado. Cuarto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en el presente caso se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, que enseguida se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la paralización del juicio de origen en virtud que la autoridad responsable no ha ordenado notificar a la ahí parte demandada desde el cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Sin embargo, de la copia certificada que la Presidenta de la Junta responsable remitió en apoyo a su informe justificado, a la que este órgano de control constitucional le confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como lo manifestado en el propio informe justificado, se advierte que el dieciséis de julio de dos mil veinte acordó respecto del emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen. Determinación que fue realizada con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el veinte de enero del año que transcurre, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado al ya no estar paralizado el juicio de origen y haberse ordenado el emplazamiento de la parte demandada; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, S e r e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Julio César Lizama Azcorra, en contra del acto que reclama de las autoridades responsables por las razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veinte Agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por la Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con el que remite las constancias que le fueron solicitadas en acuerdo de cinco de noviembre del año en curso; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, póngase a la vista de las partes para el ejercicio de sus derechos si así lo estimaren pertinente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, quien autoriza y da fe.
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