Julio César León Brito

Expediente 707/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
707/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
25/06/2019

Partes del expediente

  • Julio César León Brito
  • Julio César León Brito y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra del auto de diez de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de amparo, es evidente que este asunto constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, por lo que al no existir documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en consecuencia, el presente expediente es susceptible de destrucción. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el memorial suscrito por Guadalupe Brito Damas, con el que da cumplimiento a los requerimientos que se le hicieron en autos de veinticuatro de mayo y cuatro de junio del presente año. Ahora, vista la demanda de amparo y el escrito de cuenta, en el que la que suscribe manifiesta que promueve la acción constitucional como madre de Julio Cesar León Brito, se desecha de plano la demanda por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la cual debe ser examinada de oficio, en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 del citado ordenamiento legal. Cabe señalar, que a la fecha en la que se insta la acción constitucional a favor de Julio Cesar León Brito, éste cuenta con la mayoría de edad, lo que se advierte de la certificación de datos de nacimiento con número de folio A31-2663132, expedida el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, de la que se advierte que el mencionado Julio Cesar León Brito, nació el dieciséis de febrero de dos mil uno, por tanto, al veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, fecha en la que se presentó la demanda de amparo, ya contaba con dieciocho años de edad. Ahora bien, Guadalupe Brito Damas señala como actos reclamados en esta instancia constitucional el auto de vinculación a proceso decretado a su hijo Julio Cesar León Brito por la Juez de Control Especializada en Justicia para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral, en la causa penal 6/2019, y el uso de la fuerza a fin de obtener las huellas dactilares de Julio Cesar León Brito, de lo que se advierte se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. (.)" "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden público que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (...)." En los citados artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. Por su parte, el artículo 6 de la Ley de Amparo, reconoce que el afectado por el acto o ley reclamados puede promover su demanda, por sí, esto es, por su propio derecho, o bien, por conducto de un tercero en diferentes supuestos. Así, se alude a un tema de legitimación en el proceso y en la causa, precisando con detalle quién puede válidamente suscribir la demanda de amparo, subsistiendo la existencia de un derecho tutelado o de un interés legítimo (individual o colectivo) del justiciable como objeto directo de protección constitucional. Se precisa que aunque en la Ley de Amparo están estrecha y necesariamente vinculadas entre sí dichas figuras (legitimación y representación), gozan de individualidad y, por ello, son perfectamente distinguibles una de otra, concretándose en la realidad jurídica en dos únicos supuestos posibles: El primero, surge cuando la legitimación y el interés jurídico concurren en un mismo individuo, lo cual produce que el agraviado, titular de derechos fundamentales, acuda al juicio suscribiendo el escrito de demanda por su propio derecho. El segundo se materializa en los restantes casos descritos en el precepto legal en comento, esto es, uno es el sujeto que suscribe la demanda por ser quien tiene la legitimación para hacerlo (apoderado, representante, defensor) y otro, es el titular del interés jurídico afectado con el acto de autoridad (persona moral, procesado, menor de edad, entre otros). Ahora bien, al respecto cabe recordar que el juzgador se encuentra constreñido a verificar si la demanda de amparo reúne los requisitos de procedibilidad, para el efecto de estar en posibilidad de determinar si ésta fue o no promovida por el gobernado a quien perjudica el acto de autoridad que reclama. Cabe precisar que el juicio de amparo sólo puede promoverse a instancia, sin embargo, existen tres supuestos en los que es procedente su promoción a nombre del quejoso, a saber: Por su representante, quien debe acreditar que cuenta con dicho carácter; Por el defensor del quejoso cuando el acto emana de un procedimiento penal; y, Por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo. En el primer caso, el promovente deberá acreditar la representación del quejoso a través de algún documento que dé cuenta de la voluntad de ser representado, o bien, en términos de la ley aplicable dentro del procedimiento del que derive el acto reclamado. Por lo que hace al segundo supuesto, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, el quejoso podrá promover el amparo, por conducto de su defensor. En ese sentido, cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento de esa naturaleza, el defensor del quejoso, por disposición legal, cuenta con legitimación procesal activa para instar el juicio de amparo, sin embargo, dicha circunstancia no es plena, esto es, el promovente deberá manifestar que efectivamente comparece con el carácter de defensor del quejoso, y exteriorizar bajo protesta de decir verdad que le fue reconocido dicho carácter. Por tanto, se pueden advertir dos requisitos a efecto de tener por presentada la demanda en nombre del directo quejoso, a saber: a) manifestar que efectivamente comparece con el carácter de defensor y, b) manifestar bajo protesta de decir verdad que tiene reconocido ese carácter. En la tercer hipótesis, la demanda de amparo la puede promover cualquier persona, sin necesidad de acreditar algún tipo de representación a favor del quejoso, ello, siempre que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, entre otros, condicionado igualmente que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Es importante puntualizar en el caso que nos ocupa no encuadra en el supuesto del artículo 8 de la Ley de Amparo, que prevé que el menor de edad, podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre, dado que como se mencionó en párrafos que anteceden Julio Cesar León Brito, es mayor de edad. Ahora, debe señalarse que de la demanda de amparo se advierte que Julio Cesar León Brito se encuentra privado de su libertad, pues guarda prisión preventiva decretada por el juez responsable, por el delito de homicidio, lo que se puede concluir que la privación de la libertad deriva de un procedimiento judicial. Expuesto lo anterior, en el caso, la demanda de amparo es promovida por Guadalupe Brito Damas, como madre de su hijo Julio Cesar León Brito, señalando como actos reclamados el auto de vinculación a proceso decretado a su hijo Julio Cesar León Brito por la Juez de Control Especializada en Justicia para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral, en la causa penal 6/2019, y el uso de la fuerza a fin de obtener las huellas dactilares del mencionado Julio Cesar León Brito, sin embargo, debe señalarse que la promovente carece de legitimación para promover la demanda de amparo, ya que no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción para promover la demanda en nombre del directo agraviado. En efecto, la promovente no demostró ser representante del quejoso, a través de algún documento en el que conste su voluntad para que sea representado por diversa persona. Ahora bien, no es posible acceder a la petición formulada por la promovente en el sentido de que se instruya al actuario a fin de que se constituya en el centro de reclusión en el que se encuentra su hijo a fin de obtener la ratificación de la demanda, dado que el caso que nos ocupa no se encuentra en los supuestos a que hace referencia el artículo 15 de la ley en cita, pues si bien es cierto se encuentra privado de su libertad, también lo es que derivó de un procedimiento, esto es, no puede considerarse como un acto privativo de la libertad fuera del procedimiento En ese orden de ideas, el acto reclamado no se encuentra previsto en los casos de excepción que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo, para que una persona promueva en representación de otra, es decir, que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otra parte, no obstante que en la demanda de amparo se señala como acto reclamado el uso de la fuerza a fin de obtener las huellas dactilares del mencionado Julio Cesar León Brito, y para tal efecto hace mención de actos de tortura intimidación y amenazas, se aprecia que dichos actos acontecieron en la audiencia de siete de mayo de dos mil diecinueve, y no son actos que continúan aconteciendo. En tales circunstancias, no existe instancia de parte por haberse presentado por persona diversa al titular del derecho que se considera afectado en su esfera jurídica, de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal. Consecuentemente, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Ahora bien, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los Órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de la solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los Órganos Jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Materia Constitucional, Décima Época, que dispone: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Los razonamientos expuestos evidencian la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable toda vez de que en opinión de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de la secretaria Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por el Vice Fiscal de Investigación y control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, con el que manifiesta su imposibilidad de proporcionar perito en materia de topografía y planimetría, por el motivo que expone. En consecuencia, y considerando que en proveído de seis de junio del año en curso se reservó acordar lo manifestado por el Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, con relación a que se requiera al Colegio de Topógrafos en el Estado de Yucatán, por lo que a efecto de que este Juzgado Federal esté en condiciones de hacer la designación del perito oficial para el desahogo de la prueba pericial en topografía y planimetría ofrecida por la parte quejosa, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con copia del cuestionario relativo a la prueba pericial de mérito, gírese atento oficio al Colegio de Topógrafos en el Estado de Yucatán, para que en auxilio de este órgano jurisdiccional y dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente, al en que reciba el oficio en el que se le comunique este acuerdo, se sirva proporcionar un perito en materia topografía y planimetría para que funja como experto de este Juzgado en este asunto; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado de este acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de junio de dos mil diecinueve. Visto la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el memorial suscrito por Guadalupe Brito Damas, con el que pretende dar cumplimiento al requerimiento que se le hizo en auto de veinticuatro de mayo del presente año, exhibiendo una copia certificada del acta de nacimiento del directo quejoso Julio Cesar León Brito a fin de acreditar el carácter de representante de dicho quejoso con que se ostenta en estos autos y especificando cuáles son los actos que reclama por esta vía constitucional a cada una de las autoridades que señala como responsables. Sin embargo, no ha lugar a tener por cumplidos los requerimientos formulados a la quejosa en proveído de veinticuatro de los corrientes, toda vez que no atendió a cabalidad dicha prevención. Ello en primer lugar, en virtud que con la documental exhibida no acredita el carácter de representante que ostenta respecto del nombrado quejoso, pues del acta de nacimiento exhibida ante este juzgado se advierte que éste es mayor de edad, ni tampoco se actualiza alguno de los supuestos para que pueda promover el juicio de amparo en su nombre sin acreditar tener su representación legal. En segundo lugar, se considera que no se ha cumplido con los requerimientos formulados a cabalidad, debido a que la ocursante fue omisa en manifestar la fecha en que se dictó el auto de vinculación a proceso que se reclama y la fecha en se notificó o tuvo conocimiento del citado acto. Por lo tanto, considerando que aún no se ha agotado en su totalidad el término concedido a la parte quejosa para subsanar la prevención formulada, hágase de su conocimiento que no ha lugar a tener por cumplimentada la prevención formulada y por lo tanto, subsiste el requerimiento y apercibimiento decretado en el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, el cual deberá cumplir nuevamente en sus términos acompañando las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes. En el entendido que el plazo de cinco días que se le concedió en el citado proveído de veinticuatro de los corrientes, para que cumpla cabalmente con el requerimiento contenido en el acuerdo de mérito, quedó suspendido al momento de haber atendido la prevención formulada y se reanudará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro VIII, mayo de 2012, tomo 1, materia común, página 400, localizable también con el número de registro 2000702 que señala: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

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