Julio Cesar León Meneses

Expediente 1103/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1103/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • Julio Cesar León Meneses

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron el auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que el quejoso y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, fueron notificados el trece y catorce de marzo de dos mil veintitrés, quedando comprendido dicho plazo del quince al treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés; en el entendido de que el término para las demás partes queda contenido en el antes indicado. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que la determinación dictada en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es DESTRUIBLE, a partir de los tres años del presente acuerdo de archivo.

  2. Principal

    Téngase recibido el escrito firmado electrónicamente por la licenciada Ylbielvart Valencia García, autorizada del quejoso Julio César León Meneses, mediante el cual nuevamente solicita se autorice el acceso al expediente electrónico, así como la promoción y notificación electrónica a los usuarios Ylbiel09, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, lo anterior, según refiere a fin de imponerse de autos y no dejar en estado de indefensión a su representado. En atención a lo anterior, hágase del conocimiento de la autorizada del promovente que el usuario que señala en primer orden, cuenta con la autorización electrónica respectiva a fin de que puedan recibir notificaciones y realizar la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, tal y como se advierte de la captura de pantalla que enseguida se inserta: Por tanto, contrario a lo manifestado por la autorizada legal del promovente, los autorizados ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, tuvieron acceso a las constancias que integran el presente sumario desde la presentación de la demanda, sin que estos hayan sido revocados.

  3. Principal

    Téngase recibido el oficio COMAR/JUR/2238/2023, firmado electrónicamente por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Coordinador General de dicha comisión, con sede en Ciudad de México, a través de cual informa el resultado de la entrevista de elegibilidad llevada a cabo dentro del procedimiento administrativo migratorio instrumentado al quejoso ********************; memorial y anexo que se ordena agregar en autos para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, de las pruebas documentales que acompaña la citada autoridad responsable a su oficio de cuenta, así como de las constancias que adjuntó a su informe justificado, las cuales por ser documentos públicos revisten valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de las que se obtiene lo siguiente: El veintiséis de julio de dos mil veintidós, la Jefa de Departamento de Protección a Grupos Vulnerables 1 de la Dirección de Protección y Retorno de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la persona extranjera ********************, de nacionalidad venezolana. El ocho de diciembre de dos mil veintidós, el Jefe de Departamento de Protección 11 de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, emitió resolución en la que tuvo por acreditados los criterios de urgencia y relevancia del quejoso ********************, asimismo ordenó el desahogo de la diligencia denominada entrevista de elegibilidad y posterior notificación, con la finalidad de preservar los derechos del aludido promovente. Mediante actas circunstanciadas de quince de diciembre de dos mil veintidós, trece y veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, el Jefe de Departamento de Protección 11 de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, hizo constar que intentó llamar al quejoso para llevar a cabo la entrevista de elegibilidad, sin embargo, no fue posible ya que a pesar de múltiples intentos, al realizar la llamada, se refirió como buzón de voz. Así, el tres de marzo del año en curso, el Jefe de Departamento de Protección 11 de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, emitió resolución en el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de la persona extranjera ********************, en el sentido de tener por concluido dicho procedimiento administrativo, en virtud de la imposibilidad material de continuarlo por causa sobrevenida, dejando a salvo su derecho de volver a presentar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. En ese contexto, en el caso, a juicio de quien esto provee, atendiendo al contenido integral de las pruebas documentales allegadas por la autoridad responsable de referencia, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Del contenido de los preceptos normativos recién citados, la causa de improcedencia denominada cesación de efectos, consiste en que, una vez promovido el juicio de amparo, los efectos del acto que en él se reclama hayan dejado de existir con motivo de una actuación posterior por parte de la autoridad que lo emitió y que, por tanto, ya no ocasiona ningún agravio en la esfera jurídica del quejoso. En efecto, de los dispositivos en cita se desprende que se surte la causa de improcedencia ahí prevista, cuando el acto reclamado, aun quedando subsistente, no sea factible examinarlo en razón de que ya no puede surtir efectos. Es decir, el acto reclamado debe quedar destruido en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, que aún y cuando el mismo subsista, no hubiere invadido la esfera jurídica del impetrante. Brinda sustento a lo anteriormente expuesto, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y ocho del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto rezan: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Lo anterior, ya que, en el caso, se tiene que la materia del reclamo la constituye la omisión de resolver el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado dentro del término que señala la Ley sobre Refugiados Protección Complementaria y Asilo Político. Mientras que, de la información aportada por la autoridad responsable Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Coordinador General de dicha comisión, con sede en Ciudad de México, a través de las constancias que anexó a su oficio de cuenta, se advierte que acompañó copia de la resolución de tres de marzo del año en curso, emitida por el Jefe de Departamento de Protección 11 de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de la persona extranjera ********************, en el que declaró concluido dicho procedimiento administrativo, en virtud de la imposibilidad material de continuarlo por causa sobrevenida, dejando a salvo su derecho de volver a presentar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Por tanto, es inconcuso que en la especie han cesado los efectos de las violaciones que constituían la materia de análisis en esta vía constitucional, restableciéndose así las cosas en el estado que guardaban antes de la promoción del juicio biinstancial en que se actúa, como si se hubiere concedido el amparo solicitado. De ahí que se estime que se actualiza el motivo de inejercitabilidad de la acción constitucional en estudio, en virtud de que ya no subsiste el acto inicialmente reclamado. En ese contexto, resulta ocioso esperar hasta la fecha de la celebración de la audiencia constitucional para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que nos ocupa y, por ende, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto de los actos que en esta vía se reclaman, en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, se dejan sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la referida audiencia de ley. Da apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE."

  4. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que no obra agregada la constancia de notificación del oficio 2701/2023, a través del cual se requirió a la responsable Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, para que informara el resultado de la entrevista de elegibilidad llevada a cabo dentro del procedimiento administrativo migratorio instrumentado al quejoso Julio César León Meneses; en consecuencia, para dar margen a que las autoridades de mérito se impongan del contenido de los memoriales de referencia, la audiencia constitucional programada para el día de hoy SE DIFIERE, a fin de que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar

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