Julio Cesar Herrera Espinoza
Expediente 383/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 383/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Julio Cesar Herrera Espinoza
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en este juzgado no se encuentra registrada promoción alguna que indique que el promovente del amparo, recurriera el auto dictado por este juzgado el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dentro del término previsto por el artículo 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, en el que se desechó la demanda de amparo. Esto, considerando que el promovente del amparo, fue notificado el uno de julio del año en curso, quedando comprendido dicho plazo del cinco al nueve de los que cursan. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito en su artículo vigésimo primero fracción II, en el que se establecen los lineamientos para la destrucción de los juicios de amparo en los que únicamente se haya sobreseído, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente no tiene valor jurídico y, por lo tanto, es destruible, toda vez que se desechó la demanda de amparo.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por lista para conocimiento de la parte quejosa, la determinación de fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual en síntesis se acordó: RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibido el escrito inicial de demanda presentado por Julio Cesar Herrera Espinoza, contra actos del Magistrado de la Sala de Circuito Zona Sur del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 383/2021-III-1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Ahora bien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito la examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 de la ley de la materia, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas cuya tramitación a la postre resulte ociosa. En la inteligencia de que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías y, por indudable, se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La resolución emitida el ocho de junio de dos mil veintiuno, en el toca civil número 77/2021, que confirma la diversa de nueve de abril del año en curso, dictada en el juicio 429/2019, del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, de esta ciudad, en la que se aprobó el remate del bien inmueble materia de la litis. Asimismo, en la demanda que se examina, el solicitante del amparo narra bajo protesta de decir verdad los antecedentes de los actos reclamados, entre los cuales, destaca que: Bbva Bancomer, Sociedad Anónima, Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Bbva Bancomer, instauró demanda en la vía sumaria civil hipotecaria, en su contra, misma que se radicó en el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad, a la que se la asignó expediente número 429/2019, dictándose sentencia definitiva en contra de la parte quejosa, la cual fue recurrida y confirmada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán. Seguido el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva, se llega a la etapa de remate mismo que se lleva a cabo el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, el cual fue aprobado el nueve de abril del año en curso. En contra de tal determinación la parte quejosa interpuso recurso de apelación ante la Sala de Circuito Zona Sur del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el cual quedó radicado con el toca 77/2021, y se resolvió el ocho de junio del año en curso, en el sentido de confirmar la resolución apelada. Dicha resolución constituye el acto reclamado por la quejosa. Ahora, una vez examinada la relatoría sumaria realizada por el promovente en su escrito inicial, así como la resolución concreta que combate, es posible advertir en forma indudable y manifiesta, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales referidos son del tenor literal siguiente: Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse el amparo contra la misma resolución dictada contra la misma resolución dictada en el procedimiento respectivo, atendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Como se aprecia, de la lectura de los preceptos legales transcritos, la intención del legislador fue evitar el abuso de la tramitación de la acción constitucional, con el propósito de facilitar y hacer más rápido el desahogo de las controversias jurisdiccionales, por eso, en el caso de las sentencias definitivas, privilegió su ejecución en observancia a la existencia de la cosa juzgada, cuyo cumplimiento es de orden público, ya que estableció que el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en esa fase. En efecto, el citado artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, regula la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, para lo cual distingue los siguientes supuestos: 1. Un supuesto general, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. 2. Actos específicos. 2.1 Actos en ejecución de sentencia. En este caso, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, a través del cual, en los conceptos de violación, pueden reclamarse las violaciones cometidas durante esta fase. 2.2 Actos de remate. La acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. Así, el legislador precisó lo que debe entenderse por la última resolución en la etapa de ejecución y, en el caso de remates, no le surge esa calidad a la resolución que lo aprueba, pues fue conferida a la determinación que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación. Con esto, se pretende evitar el abuso del juicio de amparo en esta fase y el entorpecimiento del cumplimiento de las sentencias, trasladando el supuesto de procedencia hasta la resolución que el legislador consideró, constituye la última en la ejecución del fallo definitivo. Lo anterior, en virtud de que el remate está referido a un procedimiento específico, cuya finalidad es la obtención del numerario que de manera directa e inmediata constituye la satisfacción de la obligación prevista en la sentencia definitiva. En la misma tesitura, del segundo párrafo del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, se obtiene que la última resolución que se realiza en los actos de ejecución de sentencia, contra la cual procede el juicio de amparo, es aquella que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. c) Ordena el archivo definitivo del expediente. Como se aprecia, en los actos de ejecución se otorga la calidad de última resolución emitida en este procedimiento, a diversas determinaciones que tienen el efecto de poner de relieve el cumplimiento total de la sentencia o la imposibilidad de llevarlo a cabo, ya sea mediante el reconocimiento expreso de cualquiera de esas dos circunstancias o por el reconocimiento tácito derivado de la orden de archivar en forma definitiva el expediente. Lo mismo se aplica para el caso de remates, porque para la fijación de la regla general de procedencia del amparo se concibió como última resolución dictada en tal fase, la que ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación, por ser la determinación con la que, conforme a la ley, se cumple la condena de pago impuesta en la sentencia definitiva. Ahora bien, en el caso, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se infiere que el juicio del que deriva el acto reclamado se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, misma que a la fecha no ha culminado con resolución final, pues, precisamente el auto impugnado destacado, tiene la finalidad de cumplir dicha sentencia. En efecto, del capítulo de antecedentes del escrito inicial de demanda, se desprende que en el procedimiento natural del que derivan los actos reclamados la sala responsable confirmó el acuerdo dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, de esta ciudad, en ejecución de sentencia de juicio sumario civil 429/2019 de su índice interno, en el que procedió a rematar un bien inmueble; no obstante, hasta ese momento procesal no se advierte que la anotada autoridad judicial haya ordenado la entrega de la escritura de adjudicación al adjudicatario, siendo que para la procedencia del juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo de la Ley de Amparo, por "última resolución" se entiende aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento voluntario de la escritura de adjudicación. En otras palabras, la regla general de procedencia prevista en la referida fracción IV del numeral 107 de la ley de la materia, requiere la existencia de la determinación que ordena la escritura de adjudicación en forma voluntaria. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro digital 2020631, de rubro y texto siguiente: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo.." Así, al tenor del numeral que nos ocupa, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final, como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo y, en relación con los actos pertenecientes a esta fase sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución que ordena otorgar la escritura de adjudicación. Por tanto, se obtiene que en la especie, no es procedente el juicio de amparo que se intenta contra la resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, emitida por la Sala de Circuito Zona Sur de esta ciudad, en razón de que, al confirmar el auto dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta localidad, dentro del juicio sumario civil 429/2019 de su índice interno, en el que, dentro de la fase de ejecución de sentencia, aprobó el remate del inmueble que en esta vía se defiende. Lo que se asevera en los anotados términos, toda vez que aquélla no constituye la última resolución dentro del citado procedimiento, pues es evidente que no se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, tampoco reconoce o aprueba el cumplimiento total de la condena, ni menos aún declara la imposibilidad material o jurídica para cumplir la sentencia. Luego, resulta evidente que la determinación cuya constitucionalidad cuestiona el promovente no es la última resolución dentro de la etapa de ejecución -la que ordena otorgar la escritura de adjudicación-, por lo que no es un elemento que permita considerar que se trata de un acto autónomo y, por ello, proceda el juicio constitucional, ya que si la finalidad de éste es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la adjudicación y la inminente escrituración del inmueble que se defiende, entonces se puede afirmar que es un acto que, interpretado a contrario sensu, comparte la naturaleza de aquéllos que se han considerado dentro de la regla general, esto es, que tiene como finalidad ejecutar la sentencia definitiva. Sobre lo expuesto, es aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia número PC.I.C. J/2 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de dos mil catorce, Tomo II, página 1738, con número de registro 2007355, de rubro y texto siguientes: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla". En consecuencia, resulta incuestionable que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, por ende, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Sirve de apoyo, la tesis número XVII.2º.J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, página seiscientos cuarenta y cuatro, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista el juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Cabe destacar que los criterios citados en la presente determinación, no son contrarios al actual texto de la Ley de Amparo y pueden ser aplicables al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor.
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