Julio César Guzman Camacho

Expediente 945/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
945/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2017

Partes del expediente

  • Julio César Guzman Camacho

Actuaciones

  1. Principal

    Glósese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, por medio del cual remite copia debidamente certificada de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial 32/2017, suscitado entre este juzgado federal y el Juez Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Acapulco; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, y apareciendo que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo el siguiente punto: "PRIMERO. Se declara que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Julio Cesar Guzmán Camacho, por conducto de su defensor particular Santiago Hernández Noloya, respecto de las autoridades y actos reclamados indicados en el resultando segundo de la presente resolución, por lo cual, remítansele los autos del juicio constitucional, para que proceda a su conocimiento." SEGUNDO. Comuníquese este resolución a los Juzgados de Distrito contendientes, para los efectos legales conducentes." En virtud de lo anterior, hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, de las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio, sin que se advierta del mismo, documento alguno en original exhibido por la partes; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuestos II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, Guerrero, por medio del cual informa que insiste en declinar su competencia a este Juzgado de Distrito, por lo que remitió los autos de la demanda de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, con sede en esa misma ciudad, para que resuelva la contienda de competencia suscitada entre ese Juzgado y este Órgano Jurisdiccional, de lo anterior, queda enterada la suscrita juzgadora, agréguese a los autos del presente juicio de amparo, para que obre como corresponda y estese a la espera de que dicho conflicto sea resuelto por la superioridad.

  3. Principal

    Visto el oficio 32/2017, signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, al que anexa el juicio de amparo 762/2017, de su índice, promovido por Julio Cesar Guzmán Camacho, por medio del cual informa que se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo en mención. Regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo indirecto 945/2017, fórmese expediente impreso y electrónico. Del análisis integral al escrito que contiene la demanda, así como del auto emitido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Acapulco, el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, en los autos el juicio de amparo 762/2017, de su índice; se advierte que el juzgador en mención, determinó que carece de competencia legal para seguir conociendo del juicio de amparo por razón de competencia, expresando que en esta ciudad se ejecutara el acto reclamado. Ahora, de la lectura del oficio de mérito se observa que el homólogo oficiante declinó la competencia a este órgano de control constitucional, para conocer de los siguientes actos reclamados: "DE LA ORDENADORA la negativa de trasladar a mi defendido al desahogo de las pruebas de careos constitucionales y procesales e interrogatorio, programados mediante auto de fecha once de mayo para el día veintidós de junio y diferidos para el día veintiuno del presente mes y año que transcurre, en la causa penal número 35/2014, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, instruida en contra de mi defendido JULIO CESAR GUZMAN CAMACHO, por el delito de SECUESTRO cometido en agravio de LUIS ISAAC CASTILLO ADAME Y JOSE ALBERTO CORREA MACIAS; consistente en el oficio de fecha 25 de julio del presente año que transcurre, a pesar de que mi se han señalado fechas y solicitado su traslado para el desahogo de pruebas. DE LA EJECUTORA el cumplimiento dado, a tal negativa consistente en el oficio de fecha 25 de julio del presente año que transcurre, lo que constituye la inactividad procesal en la causa penal número 35/2014, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bravos, instruida en nuestra contra, por el delito de SECUESTRO cometido en agravio de LUIS ISACC CASTILLO ADAME Y JOSE ALBERTO CORREA MACIAS. A pesar de que mi hijo ha presentado escritos de ofrecimiento de pruebas, sin que se le acuerden favorable ya que no se le notifica en centro federal de readaptación social número 1, con residencia en Almoloya de Juárez." Y como autoridades la parte quejosa señaló a las siguientes: ".A).- COMO ORDENADORA señalo EL C. COMISIONADO DEL ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, .CIUDAD DE MEXICO. B) COMO EJECUTORA señaló al C. JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, .en Chilpancingo, Guerrero. Y al C. DIRECTOR DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL 01, .Estado de México." Para sustentar su incompetencia, el juez oficiante argumento que los actos controvertidos por el aquí quejoso Julio Cesar Guzmán Camacho, tiene ejecución material en esta ciudad, por ser el lugar en donde reside el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, con asiento oficial en esta ciudad, quien en su índice tiene la causa penal 32/2014, que se instruye al quejoso, por lo que corresponde a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, el conocimiento del asunto propuesto en la vía constitucional, por el quejoso de referencia. .....Sin embargo, esta Juzgadora no comparte ese criterio, pues parte de una premisa equivocada, como se explica a continuación: En principio, debe indicarse que el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de amparo, al indicar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dicho numeral revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional; si bien en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien conoció primero. Por último, y la que nos interesa, cuando el acto reclamado consista en una resolución o determinación que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se presente la demanda de amparo, esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, rigen las dos reglas precedentes. A este respecto, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Así del contenido integral de la demanda se advierte que el promovente del amparo, señala como actos reclamados, los siguientes: "DE LA ORDENADORA la negativa de trasladar a mi defendido al desahogo de las pruebas de careos constitucionales y procesales e interrogatorio, programados mediante auto de fecha once de mayo para el día veintidós de junio y diferidos para el día veintiuno del presente mes y año que transcurre, en la causa penal número 35/2014, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, instruida en contra de mi defendido .... consistente en el oficio de fecha 25 de julio del presente año que transcurre, a pesar de que mi se han señalado fechas y solicitado su traslado para el desahogo de pruebas. DE LA EJECUTORA el cumplimiento dado, a tal negativa consistente en el oficio de fecha 25 de julio del presente año que transcurre, lo que constituye la inactividad procesal en la causa penal número 35/2014, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bravos, instruida en nuestra contra, por el delito de ...... A pesar de que mi hijo ha presentado escritos de ofrecimiento de pruebas, sin que se le acuerden favorable ya que no se le notifica en centro federal de readaptación social número 1, con residencia en Almoloya de Juárez." De ese modo, puesto que la negativa de traslado y la inactividad procesal dentro de la causa penal 35/2014, se atribuyen al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México y al Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en Acapulco, Guerrero, la cual se trata de un no hacer por parte de las responsables, este juzgado considera que dadas las características y naturaleza del acto reclamado, se surte la hipótesis de competencia que se precisa en la tercer regla, dado que se trata una omisión o negativa de las responsables en trasladar o llevar a cabo las medidas necesarias a fin de que se desahogue la prueba de careos procesales que refiere la parte quejosa, por lo que, esta Juzgadora es incompetente para conocer del presente juicio de amparo, dado que la demanda fue presentada ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. Ello, en virtud de que el reclamo de una omisión, negativa o mera declaración, se constituyen en actos negativos carentes de ejecución material, por lo que, la competencia para conocer del juicio de amparo, recae en el Juez de Distrito ante quien fue presentada la demanda de amparo. Lo anterior, cabe destacar, con independencia del sentido que se llegara a adoptar al resolver el juicio de amparo de que se trate, pues frente a la omisión, negativa o abstención reclamada, sus consecuencias o actos posteriores constituyen un acto completamente distinto que, no puede ser materia del amparo cuyo conocimiento esté a discusión y, por ende, tampoco es determinante para fijar la competencia para conocer de un juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo; ello porque se insiste, la materia a estudio del juicio de amparo, es el actuar de las autoridades responsables en torno a la violación al artículo 17 Constitucional tal y como lo refiere la parte quejosa, en su demanda. Tales circunstancias implican que, este Juzgado Séptimo de Distrito, carezca de competencia, para resolver el presente asunto, ya que es el Juzgado declinante, el competente para conocer el mismo, debido a que el acto reclamado conlleva una abstención de no hacer dentro del procedimiento penal, y la demanda fue presentada ante este; lo anterior de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esas condiciones, no se acepta la competencia planteada, por tanto, devuélvase al juzgado declinante el original del expediente de amparo de 762/2017 de su índice, así como los seis juegos de copias simples de demanda que anexo a su oficio de cuenta.

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