Julio César Gutierrez Tello

Expediente 191/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
191/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • Julio César Gutierrez Tello
  • Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Bravo. Ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Agréguese a los autos del presente sumario, para que obre únicamente como constancia legal el oficio signado por el Juez Primero y Secretaria Actuaria, ambos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, mediante el cual devuelve el oficio 13646/2022, de veintidós de junio de dos mil veintidós, por no corresponder a ningún registro de amparo del juzgado de su adscripción. Por tanto reexpídase el citado oficio a la autoridad correcta Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado el dieciséis siguiente a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, Julio César Gutiérrez Tello, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, que a continuación se especifica: "AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadora: Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Bravo. Ejecutora. Actuaria adscrita al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Bravo. Ambas, residentes en Chilpancingo, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS: "La sentencia interlocutoria del incidente de nulidad de emplazamiento dentro de los autos del expediente número 47/2020-II, de fecha 07 de mayo de 2021, misma que me fue notificada con fecha de 24 de mayo de 2021. b).- El ilegal emplazamiento del fui (sic) objeto por parte de las autoridades señaladas como responsables de fecha 27 de agosto 2020. c).- El auto de fecha de 20 de febrero del año 2020 en que se ordena practicar un emplazamiento a personas físicas en domicilio arrendado por una persona moral. d).- Los efectos jurídicos y consecuencias derivadas de ilegal emplazamiento del que fui objeto." Acto que la parte quejosa estimó violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los preceptos 1º, 14, 16, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del Juicio de Amparo. En auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 191/2021, y se previno al impetrante a fin de que bajo protesta decir verdad expresara pormenorizadamente los antecedentes del acto reclamado. Es así, que previo desahogo de la parte quejosa, por auto de seis de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda aludida, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia de la demanda; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 en relación con el diverso 51/2015, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque el acto reclamado le es atribuido a autoridades que se encuentran dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la Litis. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es este, en términos de lo dispuesto por el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, Página 32, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Es preciso destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada en esa etapa inicial. En ese sentido, de la lectura íntegra a la demanda de amparo, desahogo y constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que de manera categórica la quejosa se duele de lo siguiente: De la interlocutoria de siete de mayo de dos mil veintiuno, en el que la autoridad señalada como responsable resolvió el incidente de nulidad de emplazamiento, ordenada en auto de veinte de febrero de dos mil veinte, dentro del juicio civil 47/2020-II, y efectuado el veintisiete de agosto del mismo año, así como sus efectos jurídicos. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así lo aceptaron al rendir el correspondiente informe justificado. Es aplicable al caso, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 749, consultable en la página 830, Tomo II, Primera Parte, SCJN, Sexta Sección, Quinta Época, del Apéndice 1917-Septiembre 2011 de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Certeza que se corrobora con las documentales certificadas allegadas por el propio quejoso y por las autoridades responsables, constancias derivadas del juicio civil 47/2020-II; por ende, se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Ahora, es preciso reiterar que los actos que en esta vía se combaten, lo es, la interlocutoria de siete de mayo de dos mil veintiuno, en el que la autoridad señalada como responsable resolvió el incidente de nulidad de emplazamiento, ordenada en auto de veinte de febrero de dos mil veinte, dentro del juicio civil 47/2020-II, y efectuado el veintisiete de agosto del mismo año; este órgano de control constitucional, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 107, fracción V, aplicado a contario sensu, 170 y 172 fracción V, todos de la Ley de Amparo. Numerales que invocados que en lo que interesa de transcriben a continuación: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad." En ese orden de ideas, tenemos que la parte quejosa promovió ante el juez de origen, un incidente de nulidad de actuaciones específicamente por defecto en el emplazamiento a juicio, mismo que fue resuelto mediante interlocutoria de siete de mayo de dos mil veintiuno, resolución que constituye el acto reclamado en este asunto. De tal suerte, que la interlocutoria tildada de inconstitucional, constituye, en esencia, una cuestión que no implica derechos sustantivos, lo que conlleva a la improcedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, el acto reclamado (que tiene un carácter procesal), puede ser cuestionado vía amparo directo, una vez que se emita la resolución que dé por terminado el juicio, como lo refieren los numerales 170 y 171 de la ley de la materia. Así es, los numerales invocados establecen que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, ya sea que la violación se cometa en ellas o que, cometidas durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Así también, en dicho medio de impugnación deberán analizarse las violaciones a las leyes del procedimiento que se hagan valer, una vez que hayan sido preparadas por el quejoso mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y siempre que trascienda al resultado del fallo. De esta forma, mediante el amparo directo es factible que se analicen entre otras violaciones procesales, la prevista en la fracción V, del artículo 172, de la ley de la materia, que se refiere a cuando se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, pues esa violación procesal, supone necesariamente que el quejoso tiene conocimiento del juicio instaurado en su contra y que, como en este caso acontece, se apersonó a impugnar el emplazamiento, tal y como se relata en el capítulo de antecedentes del escrito de demanda que originó el presente sumario. Por consiguiente, si el ahora quejoso combatió el emplazamiento a juicio a través del incidente de nulidad, la resolución que recayó a este último no puede constituir un acto impugnable a través del juicio de amparo indirecto, el cual podría cuestionarse como una violación procesal en la vía directa, conjuntamente con la resolución que ponga fin al juicio de origen, por lo que, se insiste, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, aplicado a contario sensu, 170 y 172, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que al caso sea aplicable la tesis que invoca la parte quejosa de rubro "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES POR DEFECTO EN EL EMPLAZAMIENTO. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA SU IMPROCEDENCIA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO", pues lo cierto es que ese criterio fue superado por la jurisprudencia 1a./J. 94/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 256, de la Novena Época, con registro digital 167896, de rubro y contenido siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES, LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." [Énfasis añadido] Es preciso tener presente, que los actos de ejecución irreparable son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Por las razones apuntadas, y con base a lo establecido en los numerales en cita, se concluye que en el presente caso se surte plena e indubitablemente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 107, fracción V, aplicado a contario sensu, 170 y 172 fracción V, todos de la Ley de Amparo, lo que amerita SOBRESEER en el juicio, ello de conformidad con la fracción V, del diverso 63, de esa legislación. En tal virtud, no resulta jurídicamente posible ocuparse de los argumentos expresados por la parte quejosa en sus conceptos de violación, para demostrar la inconstitucionalidad del acto recurrido, pues ello constituye el fondo de la litis constitucional, cuyo análisis no es permitido por el sentido (sobreseimiento) del presente estudio. Así, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado, en atención a la existencia de una causa que hace improcedente el juicio de amparo, acorde con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 88, Tomo 187-192, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro en el IUS 232302 que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." QUINTO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, en la publicación a que se refieren los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. La anterior circunstancia se hizo del conocimiento de las partes mediante auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mismo que fue notificado personalmente a través del medio electrónico propuesto el veintiuno siguiente, como se constata de actuaciones. Por tanto, se tiene a la parte quejosa implícitamente conforme con que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de la sentencia. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74 y 75 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Julio César Gutiérrez Tello, por propio derecho, en términos de lo expresado en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", asimismo, anótese en el libro de gobierno que corresponde

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que no obran en autos las notificaciones personales ordenadas en auto de seis de octubre del año en curso, a la tercera interesada Eva Medina Jiménez, respecto de los autos de seis de julio y trece de septiembre, ambos de dos mil veintiuno; por tanto, se instruye al actuario judicial llevador del presente sumario, para que de inmediato realice las notificaciones aludidas, o en su defecto levante razón de la imposibilidad que para ello tenga. A fin de dar margen a lo anterior, la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día se difiere, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. En mérito de lo acordado, se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente auto constituye una cuestión de mero trámite.

  4. Principal

    Visto el escrito y anexos de cuenta, firmado por el quejoso Julio César Gutiérrez Tello, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene anunciadas como pruebas las documentales que anexa a su escrito de cuenta, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana; ello, sin perjuicio de ser relacionadas en la etapa procesal oportuna y de tomarse en consideración en la audiencia constitucional.

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