Julio César Guzmán Camacho
Expediente 1560/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1560/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/11/2018
Partes del expediente
- Julio César Guzmán Camacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a través del cual transcribe el auto dictado el catorce de noviembre del año en curso, del que se advierte que desechó el recurso de queja interpuesto por el quejoso, en contra de la determinación de veintinueve de octubre del año en curso. En tal virtud, glósese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, estando en espera de la determinación por la cual adquiera firmeza dicho auto. Notifíquese.
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IV. Toluca, Estado de México; doce de noviembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes la razón actuarial a través de la cual se advierte que el quejoso Julio César Guzmán Camacho, manifestó: "por medio de la presente deseo mandar a queja la siguiente instancia y de este mismo modo deseo manifestar a su señoría que el día de ayer 07/11/19 (sic) de nuevo me mandaron a medicina general para demostrar ante señoría que me dieron la especialidad de gastroenterólogo ya que es el mal que me acusa y hasta el día de hoy no esido (sic) atendida (sic)." En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Es aplicable la jurisprudencia publicada en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Ahora bien, de conformidad con lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, dése el trámite correspondiente al medio de impugnación de referencia y ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del ordinal 101 de la legislación invocada. Con fundamento en el ordinal mencionado en último término, al Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Segundo Circuito, en turno, envíese la razón de interposición señalado y copia autorizada de todo lo actuado. Notifíquese.
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IV. Toluca, Estado de México; siete de noviembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibida la razón de cuenta practicada por el actuario judicial de la adscripción, en la cual se advierte que al momento en que notificó al quejoso Julio César Guzmán Camacho el auto de veintinueve de los cursantes, éste manifestó lo siguiente: "Por medio del presente deseo mandarlo a queja o revisión, ya que las autoridades responsables tan solo me dan la atención medica general con la cual justifica el acto reclamado pues no me dan las especialidades que requiero y desechar mi amparo me estaría dejando en estado de indefensión en cuanto a mis derechos humanos y garantías constitucionales le pido conforme al artículo 76 y 79 fracción III inciso a) la suplencia de la queja." A dicha diligencia se le otorga valor probatorio pleno en conformidad con lo establecido en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Sobre el particular, por similitud jurídica, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 563, visible en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, con registro 392690, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Atento a lo anterior, requiérase al quejoso para que en el acto de la presente notificación, aclare qué medio de impugnación es el que desea hacer valer en contra del auto de veintinueve de octubre del año, ello tomando en consideración que la suplencia de la deficiencia de la queja que existe en la materia penal sólo tiene como fin resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado. Haciendo del conocimiento al quejoso que el recurso de queja en términos del artículo 97 de la Ley de Amparo, es procedente en contra de las siguientes resoluciones: a) Las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación; b) Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional; c) Las que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes; d) Las que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado; e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional; f) Las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios; g) Las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado; y h) Las que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo. Asimismo, es preciso informarle que el recurso de revisión es procedente en términos del artículo 81 de la Ley de Amparo, en contra de las resoluciones siguientes: a) Las que concedan o nieguen la suspensión definitiva; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental; b) Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión definitiva, o las que nieguen la revocación o modificación de esos autos; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente; c) Las que decidan el incidente de reposición de constancias de autos; d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; y e) Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia. Lo anteriormente transcrito tiene por objeto hacerle del conocimiento al quejoso en qué casos procede uno u otro, y así este en aptitud de determinar qué medio de impugnación es el que desea interponer. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 60/2017 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, visible en la página 1312, con registro 2014509, cuyo rubro y texto son: "RECURSOS EN EL AMPARO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA REENCAUZAR LA VÍA. No existe base legal para sostener que cuando el recurso interpuesto no fuera el indicado deba reencauzarse la vía y admitirse el que resulte procedente, porque la Ley de Amparo establece con claridad la procedencia y el trámite que debe darse a los recursos de revisión y de queja; por ello, si el recurrente expresamente interpone el de revisión contra el auto que desechó su demanda de amparo, la actuación del Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso debe limitarse a determinar sobre su procedencia, admitiéndolo o desechándolo, según corresponda, sin que pueda reencauzar la vía y tramitar un recurso distinto. Este proceder no vulnera el derecho humano de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su ejercicio está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, presupuestos y cargas procesales que no deben soslayarse en detrimento de la correcta y eficiente administración de justicia, como lo es la carga procesal dispuesta de manera asequible al gobernado de presentar el recurso efectivo." Apercibido que en caso de no realizar manifestación alguna o insistir en hacer valer ambos recursos, no se tendrán por interpuestos los recursos a los que hace referencia. Notifíquese personalmente al quejoso.
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IV. Toluca, Estado de México; veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta, a través del cual la Directora General y el Encargado del Departamento de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, rinden informe justificado y remiten copia certificada de notas médicas y hoja de enfermería. Ahora, en el presente juicio el quejoso Julio César Guzmán Camacho, reclama la falta de atención médica (acorde a su padecimiento). En consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por su parte, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. De igual manera el artículo 61, fracción en la fracción XXI de la Ley de Amparo; que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Como ya se destacó, del informe justificado rendido por las responsables y de las constancias remitidas, se advierte que ya se proporcionó atención medica al quejoso atendiendo a las particularidades del caso y se le han suministrado los medicamentos conforme a sus padecimientos, de igual forma, fue programado para ser valorado para su seguimiento en medicina general. Consecuentemente, a tales documentales se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, así como en términos de la jurisprudencia publicada con el número 226, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 394182 de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo anterior, evidencia la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por cesación de efectos, lo cual provoca que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la responsable, dado que por una actuación llevada a cabo posteriormente a la presentación de la demanda de amparo, proporcionó al quejoso los medicamentos y el tratamiento acorde al estado clínico que presente y de acuerdo con su expediente médico. Por tanto, se acredita que han cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, implica una desaparición total de sus consecuencias, restituyendo al quejoso en el pleno goce de sus garantías como si se hubiera concedido el amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de 1998, materia común, Novena Época, con número de registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Además, este órgano jurisdiccional de igual manera estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: La fracción mencionada establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". La fracción transcrita consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad, que impone como obligación a la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado. Ahora, de conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad deberán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, preceptos que establecen lo siguiente: "Capítulo III Procedimiento Administrativo Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega.". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: - Las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. - Una vez formulada la petición, surge la obligación de la autoridad de pronunciarse sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. - Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. - La autoridad administrativa del centro penitenciario auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. - Por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la autoridad penitenciaria deberá admitir la petición e iniciar el trámite del procedimiento, o bien, prevenir en caso de ser confusa; esta última determinación deberá notificarse personalmente al promovente. - En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla y en caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. - Una vez admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando la aportada por el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición. - La obligación de allegarse de información, no debe retrasar la resolución de la petición; pues aquella debe de acompañarse de acciones diligentes. - El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. - Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. - Si la petición no fuere resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, caso en el cual el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. - De ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. - La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. - Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. - En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva. - Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. - Cuando los Jueces de Ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos preceptos establecen lo siguiente: "Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I.Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II... Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa.". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: - Los Jueces de Ejecución conocen controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. - Los internos están legitimados para promover ante el Juez de Control o de Ejecución, con el objeto de resolver las controversias sobre las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con éstas, una vez agotada la petición administrativa respectiva. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se estima que el quejoso, previo a promover demanda de amparo, debió acudir ante el Juez de Control o Ejecución, a efecto de controvertir la omisión de brindar atención médica y medicamentos al quejoso, derivado de la ruptura de ligamentos en su rodilla izquierda que reclama. Ello es así, pues quien se inconforma de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción ante la instancia administrativa o jurisdiccional y sólo en el caso de que agotado el tramite la decisión final no le satisfaga y considere que se afecten sus derechos, entonces el juicio de amparo. Sobre el particular se invoca la tesis III.2o.135P (10a), publicada en la página 3318, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, con número de registro 2016370, de contenido siguiente: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad." Así como la diversa XVI.1o.P.17 P (10a), publicada en la página 2095 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, enero de 2018, Tomo IV, con número de registro 2016079, de rubro y texto: "CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LOS HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, DEBE AGOTARSE EL MECANISMO DE PETICIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Cuando se reclaman hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento en un centro de reclusión, emitidos o suscitados en el marco del procedimiento de ejecución penal, previo a acudir al amparo, debe agotarse el mecanismo de "petición administrativa" (y su procedimiento subsecuente), previsto en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en aras de agotar el principio de definitividad; caso contrario, se actualiza la hipótesis de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En este supuesto, si del escrito de demanda se advierte que el quejoso se encuentra sujeto a una medida de internamiento, y el motivo de reclamo no constituye un caso urgente en términos del artículo 115 de la señalada Ley Nacional de Ejecución Penal, es inconcuso que la causa de improcedencia aludida se surte de manera manifiesta e indudable y da lugar a su desechamiento, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que por virtud de la condición del quejoso como interno en un centro de reclusión, le son aplicables los procedimientos y mecanismos de protección previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal; de ahí que resultaría innecesario esperar al resultado de la tramitación del juicio, si de cualquier forma la evaluación posterior del acto, en ese mismo escenario, no conduciría a una conclusión distinta." Así las cosas, al actualizarse las causas de improcedencia prevista por artículo 61, fracciones XXI y XX, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con cinco minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por otro lado, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar la diligencia de notificación, practicada el veinticinco del mes en curso, en la cual se advierte que el quejoso Julio César Guzmán Camacho, manifestó lo siguiente: "Su señoria el Director de este centro solo me llevaron (sic) el dia 19 del mes y año en curso a medicina general pero jamás me llevaron a la especialidad de gastroenterólogo porque el realizo los estudios correspondientes lo cual no le andado (sic) cumplimiento al proporcióname el servicio médico a mi padecimiento." Lo anterior, de conformidad a lo expuesto en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente al quejoso.
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