Julio Cesar Gutierrez Hernández

Expediente 101/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
101/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
27/03/2018

Partes del expediente

  • Julio Cesar Gutierrez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    I) Toluca, Estado de México; veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente evidencia que el quejoso Julio César Gutiérrez Hernández, dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operación Estratégica de la Fiscalía de Asuntos Especiales de Toluca, México, devuélvase un legajo de copias certificadas de la carpeta de investigación NUC:TOL/FAE/FAE/107/021003/18/01, constancia que remitió como complemento a su informe justificado. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El presente cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009) Asimismo, el original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa es susceptible de depuración, en razón de que se concedió la suspensión provisional (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero del citado Acuerdo) y el duplicado del mismo es susceptibles de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Asimismo, es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia), asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    I. VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 101/2018-I, promovido por Julio César Gutiérrez Hernández, contra actos del Juez de Control Especializado en Catos y Órdenes de Aprehensión del Poder Judicial del Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito de demanda recibido el veintinueve de enero de dos mil dieciocho recibida en la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Julio César Gutiérrez Hernández, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Juez de Control Especializado en Catos y Órdenes de Aprehensión del Poder Judicial del Estado de México y otras autoridades, por el acto reclamado consistente en la orden de citación, comparecencia, presentación, aprehensión, arraigo y/o cualquier medida cautelar girada en su contra, así como su ejecución. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS VULNERADOS. Los quejosos estimaron violados en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO El conocimiento de la demanda de amparo correspondió a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; por auto de veintinueve de febrero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, asimismo, se requirió los informes justificados de las autoridades responsables; de igual forma, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se señaló día y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. CUARTO. AUTORIDADES INEXISTENTES La presente determinación no se ocupará de los actos reclamados a las autoridades señaladas como "COMISARIO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO" y el "JEFE REGIONAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO", pues mediante proveídos de uno de febrero pasado, se les dejó de tener como autoridades responsables para el trámite subsecuente del presente juicio de amparo. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 12/2016 que reforma y adiciona el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado es atribuido a autoridades con residencia en donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la orden de citación, comparecencia, presentación, aprehensión, arraigo y/o cualquier medida cautelar girada en su contra, así como su ejecución. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del juicio, incluyendo la intencionalidad de la parte quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Se estima aplicable, la tesis VI/2004, publicada en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, número de registro 181810, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de éste, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, número de registro 212775, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. Ahora bien, las autoridades responsables: Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Agencia Central Uno en Toluca, México. Fiscal General de Justicia del Estado de México, por conducto del Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica Consultiva. Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operación Estratégica de la Fiscalía de Asuntos Especiales de Toluca, México. Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión en Línea Al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado por el quejoso Julio César Gutiérrez Hernández, el cual hacen consistir en la orden de citación, comparecencia, presentación, aprehensión, arraigo y/o cualquier medida cautelar girada en su contra, así como su ejecución. Por tal motivo, si el quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, número de registro 917818, cuyo tenor es el siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis VI.2º.A.4 K, consultable en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, número de registro 187728, cuyos rubro y texto son: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Lo anterior, porque el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, establece la obligación del quejoso de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a la autoridad en cita corresponde al solicitante del amparo. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Materia Común, número de registro 210769, Octava Época, de contenido: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por tanto, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 101/2018-I, promovido por Julio César Gutiérrez Hernández, por el acto, contra las autoridades y por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    I. Toluca, Estado de México; seis de febrero de dos mil dieciocho. Para conocimiento de las partes y a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surtan los efectos legales consiguientes el oficio de cuenta, por el cual el Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión en Línea, rinde su respectivo informe justificado; asimismo, remite un legajo de copias simples extraídas del Sistema de Gestión Judicial Penal de la orden de aprehensión Especializado 000240/2018, número de orden de aprehensión 000006/2018, hágase relación de dichos informes, así como de la documental remitida en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Víctor Manuel Rendon Sosa que autoriza, firma y da fe.

  4. Incidental

    I. VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 101/2018-I, promovido por Julio César Gutiérrez Hernández, contra actos del Juez de Control Especializado en Catos y Órdenes de Aprehensión del Poder Judicial del Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito de demanda recibido en este Juzgado de Distrito el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, el quejoso Julio César Gutiérrez Hernández, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que a continuación se indica: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: A) JUEZ DE CONTROL ESPECIALIZADO EN CATEOS y ÓRDENES DE APREHENSIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. B) FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, por sí o a través de sus subordinados. C) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA CENTRAL UNO DE LA FISCALÍA REGIONAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, por sí o a través de sus subordinados. D) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA DE ASUNTOS ESPECIALES, CENTRO DE OPERACIONES ESTRATÉGICAS, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, por sí o a través de sus subordinados. EJECUTORAS. EN CALIDAD DE EJECUTORAS SEÑALO AL: A).- FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, por sí o a través de sus subordinados. B).- COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, por sí o a través de sus subordinados. C).- JEFE REGIONAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, por sí o a través de sus subordinados..." "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: DE LAS ORDENADORAS: La orden de citación, comparecencia, presentación, aprehensión, arraigo y/o cualquier otra medida cautelar girada en mi contra, sin haberse observado los requisitos para ser libradas conforme al artículo 16 Constitucional. DE LAS EJECUTORAS: El cumplimiento que pretende dar a la orden de citación, comparecencia, presentación, aprehensión, arraigo y/o cualquier medida cautelar girada en mi contra." SEGUNDO. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Por auto de veintinueve de enero de dos mil diecisiete, se formó por duplicado el incidente de suspensión para proveer respecto de los actos combatidos; se solicitó informe previo a las autoridades responsables y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. AUTORIDADES INEXISTENTES. La presente determinación no se ocupará de los actos reclamados a las autoridades señaladas como "COMISARIO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO" y "JEFE REGIONAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO", pues mediante proveído de uno de febrero del año en curso, se les dejó de tener como autoridades responsables para efecto del trámite subsecuente del presente incidente. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, el impetrante de amparo señaló como acto reclamado la orden de citación, comparecencia, presentación, aprehensión, arraigo y/o cualquier medida cautelar girada en su contra, así como su ejecución. SEGUNDO. NEGACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables: Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operación Estratégica de la Fiscalía de Asuntos Especiales de Toluca, Estado de México. Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Agencia Central Uno en Toluca, México. Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica Consultiva, en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de México. Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión en Línea Al rendir sus respectivos informes previos negaron la existencia del acto reclamado por el quejoso. Por su parte, la agraviada no aportó prueba alguna en con21|- trario tendente a desvirtuar tal negativa. En tal virtud, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada por no existir materia sobre qué aplicarla. Por su aplicación al caso se cita la jurisprudencia publicada en la página 227, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, noviembre de 1991, Tomo VIII, octava época, registro 221398, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." RESUELVE ÚNICO. Se niega a Julio César Gutiérrez Hernández, la suspensión definitiva respecto del acto reclamado y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario; Emmanuel Ramírez Gómora, quien da fe.

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