Julio Cesar González Hernández

Expediente 425/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
425/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Julio Cesar González Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda, sin que la parte impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días naturales siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado ordenamiento legal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Alfredo García Ríos, secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho con motivo del primer período vacacional del presente año que gozará la titular de este órgano, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, lo que se comunicó por la secretaria técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3097/2023, de esa misma fecha, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a catorce de julio de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial adscrito para notificar personalmente a la parte quejosa el acuerdo de seis de los actuales, por los motivos ahí expuestos; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación, así como las subsecuentes de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. Notifíquese por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa el proveído de seis de julio del año en curso. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a seis de julio de dos mil veintitrés. RADICACIÓNVista la demanda de amparo promovida por Julio Cesar González Hernández, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Papantla de Olarte, Veracruz y otra autoridad, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 425/2023, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, en principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierte es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Son orientadoras las consideraciones sustentadas en la jurisprudencia P./J. 128/2001. En el caso, de oficio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, pues el acto reclamado no lesiona derechos sustantivos ni genera efectos de imposible reparación en detrimento de los quejosos, como se verá a continuación. I. CAUSA DE IMPROCEDENCIA INVOCADA El artículo previamente mencionado, establece, textualmente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; [.]." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Así, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable el criterio, de considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento. Así, en la actualidad la concepción de que el amparo indirecto procede contra una violación formal o adjetiva que afectaba a las partes en grado predominante o superior, resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Al caso, resulta aplicable por sus consideraciones, la siguiente jurisprudencia, derivada de la contradicción de tesis 377/2013, referida en líneas que anteceden: Época: Décima Época Registro: 2006589 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Página: 39 PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. (Lo resaltado es propio) Así como la diversa jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 14/2015, que a la letra dice: "Época: Décima Época Registro: 2011428 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 1/2016 (10a.) Página: 15 CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. (Lo resaltado es propio)" Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. II. ACTO RECLAMADO Establecido lo anterior, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que los disconformes señalan como acto reclamado el consistente en: "a).- DEL C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA CON RESDIENCIA EN PAPANTLA VERACRUZ, se reclama LA OMISION O EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO A LOS MEDIOS PREPARATORIOS DE JUICIO, dentro de los autos del expediente 1349/2015, que se promueve en mi contra, al dejarnos sin defensa, vulnerando en mi perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica contempladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales." En tanto, en el capítulo de antecedentes, precisó: "1.-El día 28 de junio del 2023, me entere por medio de mi hermano C. JARED JUAN GONZALEZ HERNANDEZ, que a él le habían notificado una demanda dentro del Juicio Ordinario Civil número 411/2016-I, que conoce la Autoridad que tiene el carácter de Ordenadora, y que en esa demanda aparecía el nombre del quejoso, en donde supuestamente ya nos habían citado previamente a los medios a preparatorios de juicio que promueve el tercero interesado HECTOR OVANDO LARIOS, dentro de los autos del expediente judicial número 1349/2015, pero que al suscrito quejoso no se me había podido notificar porque no me localizaron en mi domicilio. Por lo tanto, desconozco las actuaciones que integran los medios preparatorios de juicio que cito, reservándome cualquier manifestación al respecto hasta que obren en el presente juicio el informe justificado por parte de las autoridades responsables". De acuerdo con los antecedentes previamente destacados y de la integridad del escrito de demanda se advierte que el impetrante de garantías reclama del Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz, la diligencia de emplazamiento y/o notificación efectuada en los medios preparatorios a juicio 1349/2015, al no haberse efectuado conforme a las formalidades establecidas en la ley para su práctica y por ende, pretende que se deje sin efectos todo lo actuado en dicho expediente. En ese tenor, el presente juicio se torna improcedente en virtud de que el propio promovente manifiesta expresamente en su demanda de garantías que conoció de dichos actos el día veintiocho de junio de dos mil veintitrés, cuando su hermano Jared Juan González Hernández le contó que lo habían emplazado al juicio ordinario civil 411/2016-I del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz, donde él también figura como demandado, ya que en la demanda aparece el nombre del aquí quejoso. En ese contexto, el Más Alto Tribunal del País, determinó que, cuando se reclama el emplazamiento a los medios preparatorios a juicio una vez que éste ya se inició, el amparo indirecto se torna improcedente, pues el impetrante estará en aptitud de hacer valer las excepciones y defensas pertinentes, dentro de dicho juicio. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la jurisprudencia 1a./J. 23/96, del rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 200392 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 23/96 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: IV, Septiembre de 1996 Página: 21 Tipo: Jurisprudencia MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO, ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A LOS MISMOS. Siendo los medios preparatorios a juicio, determinadas diligencias que preparan la acción para promover un juicio, generalmente preconstitutivas de pruebas, y que las mismas no forman parte del juicio, ya que como su nombre lo indica preparan, pero no son el mismo, aunque sirvan de apoyo a la acción o excepción que se intente, la falta de emplazamiento a tales medios preparatorios, debe estimarse como un acto ejecutado fuera de juicio, ya que éste debe entenderse como el procedimiento contencioso desde que se inicia en cualquier forma hasta que se dicta sentencia definitiva, y contra esa irregularidad es procedente el amparo indirecto en los términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, habida cuenta que la falta de emplazamiento resulta ser una violación que de resultar fundada deja sin defensa al quejoso ante tales diligencias previas. Sin que sea obstáculo para su procedencia el que la falta de emplazamiento no sea un acto de imposible reparación, pues no se trata de actos realizados dentro del juicio como lo establece la fracción IV del artículo 114 de la ley de la materia, interpretada a contrario sensu." Sin embargo, la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar sin materia la contradicción de tesis 131/2003, en la que interpretó la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia antes transcrita, consideró en lo conducente, lo siguiente: "QUINTO.- La presente contradicción de tesis procede declararla sin materia, en razón a que del propio contenido de la resolución que constituyó la jurisprudencia 23/96, interpretada por los Tribunales Colegiados contendientes, se desprende que resuelve el tema de que se trata.- En efecto, para mayor claridad, conviene transcribir la parte conducente de la aludida resolución, la cual fue tramitada bajo el número C. T. 39/95, a saber: "QUINTO.- Para determinar cuál de las tesis debe prevalecer se hace necesario precisar que son los medios preparatorios a juicio, cual es el significado de la palabra juicio y transcribir el artículo 114 de la Ley de Amparo correspondientes a la procedencia del juicio de amparo indirecto.- Los medios preparatorios han sido definidos por la doctrina como determinadas diligencias casi todas de prueba, que el actor o el demandado necesitan llevar a cabo antes de iniciarse el juicio, para que este proceda legalmente o para afianzar mejor sus derechos. (Diccionario de Derecho Procesal Civil. Eduardo Pallares. Edición 1981).- También han sido definidos como las diligencias de prueba que deben verificarse en actos prejudiciales, a fin de que el acto en su acción, o, el demandado en su excepción, puedan probar los elementos constitutivos de éstas. (Jorge Obregón Heredia, Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Editorial Obregón y Heredia. Edición 1981, pág. 171).- Los Códigos de Procedimientos Civiles tanto para el Distrito Federal, como para el Estado de Jalisco, coinciden en contemplar un título de actos prejudiciales y capítulo relativo a los Medios Preparatorios a juicio en General.- Entre otros medios preparatorios ambos códigos contemplan, el examen de testigos para probar algún elemento de la acción o la excepción; la declaración bajo protesta respecto de la personalidad de quien va a ser demandado, para que declare bajo protesta de decir verdad algún hecho relativo a su personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia; la exhibición de la cosa mueble haya de ser objeto de la acción real que se trata de entablar; examen de testigos cuando estos sean de edad avanzada etc.- El Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia de Joaquín Escriche, dice: Juicio.- La controversia y decisión legítima por una causa ante y por el juez competente; o sea la legítima discusión de un negocio entre actor y reo ante juez competente que la dirige y determina con su decisión o sentencia definitiva.- El vocablo en comento en su acepción amplia incluye todo los estadios procesales, desde la presentación de la demanda hasta la sentencia definitiva y su ejecutoriedad.- El artículo 114 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicios al quejoso; II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia; III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.- Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiere dejado sin defensa al quejoso.- Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; V. Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería; VI. Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en los casos de las fracciones II y III del artículo 1° de esta ley.".- De lo anterior, esta Primera Sala estima que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con algunas precisiones, en atención a las siguientes consideraciones.- El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito ha sostenido en las improcedencias 246/95 y 873/94 que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclama la falta de emplazamiento en los medios preparatorios al juicio en general, en virtud de que no obstante de que no se trata de un acto en el juicio, sino previo a él, lo actuado en tales diligencias preparatorias no causa un agravio de ejecución irreparable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, pues en la sentencia definitiva que se dicte en el proceso que se siga a esas diligencias se podría reparar el perjuicio consiguiente. Sin que en el caso proceda para su procedencia la fracción III del artículo y ordenamiento legal en cita, porque aun cuando sea un acto fuera de juicio, tiene repercusión en el y las consecuencias y efectos de su contenido deberán ser examinadas por el juez al momento de resolver la litis a la cual sirven de apoyo, luego lo actuado en las mismas no es definitivo y no causa indefensión.- El anterior criterio no resulta acertado, pues como se desprende de las improcedencias falladas por dicho Tribunal del Tercer Circuito, parten del supuesto contenido en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu para arribar a la conclusión de que la falta de emplazamiento a los medios preparatorios al juicio no le depara perjuicio al quejoso en virtud de que en el juicio que se interponga con base en tales probanzas se podría reparar tal perjuicio y que por tanto no son actos cuya ejecución sea irreparable.- Ahora bien, como se dejó precisado en párrafos anteriores, los medios preparatorios a juicio son actos previos a éste, de conformidad con la doctrina y con los propios Códigos de Procedimientos Civiles, tanto del Estado de Jalisco como el del Distrito Federal, de donde derivan los juicios de amparo resueltos en definitiva por los Tribunales Colegiados discrepantes. Por lo que se la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, antes transcrito, que establece que será procedente el juicio de amparo ante el juez de Distrito "...IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación...". Debe estimarse que no resulta aplicable dicha fracción, tratándose de actos previos al juicio, ni interpretada a contrario sensu, en el sentido que lo sostuvo el Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, al interpretar que es improcedente el juicio de amparo indirecto porque se trata de actos reparables por algún medio legal, pues la fracción de la Ley de la Materia antes referida, es clara y precisa, al establecer que procede contra actos en el juicio. De donde resulta que los medios preparatorios a juicio al ser previos a éste anteriores a la demanda no son actos que formen parte, por si mismos, aunque lo resuelto en ellos sirva como prueba en el juicio, y por tanto no encuadran dentro del supuesto jurídico al que alude dicha fracción, interpretada a contrario sensu, para determinar la improcedencia del juicio de amparo por tal razón, como sostiene el Tribunal Colegiado del Tercer Circuito.- En cambio, siendo los medios preparatorios actos prejudiciales que tratan de preconstituir una prueba ante el órgano judicial competente, para que esta sea valorada en la futura acción o excepción que se hará valer, debe estimarse que son actos fuera de juicio y si satisfacen la hipótesis contenida en la fracción III, del artículo 114 de la Ley de Amparo antes referido, pues esta en lo conducente establece que procederá el juicio de amparo ante el Juez de Distrito: "...III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido... Y tratándose de la falta de emplazamiento a medios preparatorios se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, sin posibilidad para hacer valer la defensa que estime pertinente en tales medios, que si bien pudiera hacer valer en el procedimiento que se instaure en su contra, ello no impide que en tales medios preparatorios no se le dé esta posibilidad, y sin que se haga necesario además establecer la gravedad de la falta, pues con relación a la fracción en estudio no se hace distinción a ese respecto, al determinar que procede el juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales fuera de juicio o después de concluido.".- De acuerdo con la transcripción anterior, en especial con su parte última subrayada, los medios preparatorios a juicio son actos fuera de juicio conforme a lo previsto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, impugnables en amparo indirecto, dado que, con la falta de emplazamiento a tales medios se deja en estado de indefensión a la parte afectada, esto es, sin la posibilidad para hacer valer la defensa que estime pertinente en esos medios. Empero, igualmente se señala en dicha resolución, que lo anterior no impide, que en el procedimiento que se instaure en su contra (entendiéndose con ello al juicio propiamente dicho) haga valer el afectado la defensa a que se ha hecho referencia.- En tales condiciones, válidamente puede concluirse, que conforme a la resolución que dio lugar a la jurisprudencia 23/96, emitida por esta Sala, objeto de interpretación de los Tribunales Colegiados contendientes, que a su vez motivó la presente contradicción de tesis, contra las irregularidades o ilegalidad en el emplazamiento a medios preparatorios a juicio es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, siempre que el afectado tenga conocimiento de las mismas hasta antes que dé inicio el procedimiento o juicio que se pretende preparar, conforme a lo dispuesto en la fracción III, del artículo 114 de la Ley de Amparo, y no así cuando dicho procedimiento o juicio haya iniciado, caso en el que deberá hacer valer las defensas y excepciones que procedan para su defensa.- Cabe precisar, que la finalidad de las contradicciones de tesis no es tanto aclarar o explicar las que ya se hubiera resuelto, o bien resolver los problemas de aplicación de las mismas, sino exclusivamente pronunciarse sobre un problema jurídico, en caso de proceder su análisis de fondo".- En suma, del contenido expreso de la tesis de jurisprudencia 23/96 sustentada por esta Sala, se infiere que la falta de emplazamiento a medios preparatorios a juicio es impugnable en amparo indirecto, en la inteligencia de que si ya dio inicio el procedimiento propiamente dicho, estará en aptitud el afectado de plantear las excepciones y defensas que al efecto estime procedentes.- Por tanto, al haberse ocupado y resuelto por esta Sala el tema de la presente contradicción, por ser aplicable al caso concreto, no queda más que reiterar, en esas circunstancias, que lo procedente es declararla sin materia.". De lo anterior, se desprende que la Primera Sala determinó que de la propia ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia antes precisada, se advierte que el amparo indirecto en contra de los medios preparatorios es improcedente cuando ya dio inicio el juicio que originó a aquellos, en la medida en que el quejoso estará en aptitud de hacer valer las excepciones y defensas pertinentes, como en la especie ocurre. De ahí que se declare improcedente la presente demanda. Apoya lo expuesto, la tesis I.11o.C.36 K, del tenor siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 165512 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: I.11o.C.36 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXXI, Enero de 2010 Página: 2147 Tipo: Aislada MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO A LOS MISMOS, SI LA DEMANDA DE AMPARO SE PRESENTA CUANDO YA SE HA INICIADO EL JUICIO PRINCIPAL, DEBIÉNDOSE IMPUGNAR, EN SU CASO, EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme a la jurisprudencia 1a./J. 23/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 21, de rubro: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO, ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A LOS MISMOS.", es procedente el juicio de amparo biinstancial contra la falta de emplazamiento a los medios preparatorios por considerarse como un acto dictado fuera de juicio; sin embargo, tal jurisprudencia se refiere al caso en que el afectado tenga conocimiento del mismo antes de que inicie el juicio principal que se pretende preparar, pero aquélla no resulta aplicable cuando dicho procedimiento o juicio haya iniciado, porque en este supuesto deberá hacer valer las excepciones y defensas que procedan para combatirlo, tal y como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 131/2003-PS, en sesión de dos de junio de dos mil cuatro; en consecuencia, cuando se reclama en el juicio de amparo indirecto la falta o ilegal emplazamiento a los medios preparatorios y el quejoso aduce que tuvo conocimiento de él a virtud del llamamiento al juicio principal iniciado con base en tales medios, ya no tiene aplicación la jurisprudencia en comento, pues el acto reclamado deja de ser un acto dictado fuera de juicio, para convertirse en un acto dentro de juicio, y por ende, para la procedencia del juicio constitucional debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues cuando se allegan dichos medios preparatorios al juicio principal, ya integran el acervo probatorio de la parte actora, debiéndose impugnar a través de las excepciones y defensas correspondientes; procediendo su impugnación en juicio de amparo directo como violación procesal, dado que ese emplazamiento no es de ejecución de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos, ni en grado predominante y superior las defensas del quejoso." III. CONCLUSIÓN Por tanto, los actos que en esta vía se impugnan no son de los considerados de imposible reparación y por ende no constituyen actos reclamables en amparo indirecto, ya que no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales. De ahí que, en la especie, no se dan las condiciones para la procedencia del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, pues no se afectan derechos materiales, sino solo formales, esto es, el derecho que reclama la parte quejosa, no reviste la categoría de derecho sustantivo, por no ser una afectación actual sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio de origen, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En tal virtud, los actos que reclama el promovente en el presente juicio de garantías no lo deja sin defensa, pues como ya quedó apuntado, no constituye una violación de carácter irreparable, pues no se afectan de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en todo caso, las consecuencias del acto reclamado podrían constituir una violación procesal, es decir, aquellas que no tienen sobre las personas una ejecución irreparable, en tanto producen exclusivamente efectos de carácter formal, que desaparecen sin dejar huella en la esfera jurídica del afectado cuando éste logra queden satisfechas sus pretensiones con el dictado de una resolución favorable. Ahora bien, si por el contrario, el promovente no llegase a obtener sentencia favorable, entonces el perjuicio que le origine la resolución reclamada podrá ser reparada como ya se indicó, por medio del amparo directo, tal y como lo prevé la fracción III, inciso a) del artículo 107 de la Carta Magna, en términos de los diversos 170, 171 y 172, fracción XII de la Ley de Amparo, previo agotamiento del recurso ordinario si lo hubiere y fuese necesario su interposición previo al juicio de amparo directo y así obtener lo que aquí se busca. Máxime que, dar trámite a la demanda que se trata vulneraría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional, relacionado con la impartición de justicia pronta, completa y expedita, a más del debido acceso a aquélla, dado que retrasaría el dictado de la resolución que al efecto se vaya a pronunciar en el juicio natural, lo que la suscrita juzgadora considera le depararía mayor perjuicio a los impetrantes y a la litis que lo integra, al no resolver lo conducente en el expediente de mérito. En mérito de lo expuesto, al no resultar de imposible reparación el acto reclamado, es incuestionable que en el particular se actualiza la causal de improcedencia en estudio, que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107 fracción V de la propia ley, este último interpretado a contrario sensu, por lo que, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda, por su manifiesta e indudable improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por los promoventes en su escrito de demanda y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. NOTIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, se indica a los actuarios que conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico, asimismo, que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, por lo cual, éste únicamente contendrá las promociones físicamente recibidas y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. RESERVA DE INFORMACIÓN Este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales y sensibles, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

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