Julieta Barragan Ortega
Expediente 585/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 585/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Julieta Barragan Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a doce de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que precede, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del proveído en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó incidente alguno. Notifíquese.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a tres de enero de dos mil veintidós. Vistos los escritos electrónicos del representante especial de los menores quejosos; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y en atención al contenido del primero de ellos, téngasele señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Israel Barragán Ramírez, Gabriel Nogales Bautista, Marta Belmontes Hernández, Héctor Hugo Covarrubias Flores, Manuel Alejandro Navarro Alanís, Maribel Galicia Siles, Héctor Marcelo Vásquez y Alfonso Sánchez Luna, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del citado numeral a Jesús Flores Xochicale y María del Rosario Nava Mora, al no contar con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado de mérito. Asimismo, se le autoriza el acceso electrónico al presente asunto, y para tal efecto, se comisiona a la Analista Jurídico SISE, para que realice el trámite correspondiente para que el representante especial del menor quejoso pueda consultar vía internet el expediente electrónico de este juicio de amparo con el usuario: maguerreror; se significa al promovente que a partir del día de hoy se encuentra habilitado para tal efecto. Se tienen por señalado el correo electrónico proporcionado por el promovente, y agréguense como información de contacto para que los actuarios adscritos a este juzgado federal puedan entablar comunicación no procesal, y acordar previamente la realización de las notificaciones personales, con el objeto de asegurar el éxito de la diligencia, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Por otra parte, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el segundo de los escritos de mérito, habida cuenta que mediante proveído de dieciséis de diciembre de la presente anualidad, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, al haber desistido la parte quejosa. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Visto; el escrito del representante especial del menor quejoso mediante el cual acepta el cargo conferido en suplencia del licenciado Miguel Angel Guerrero Reyes, por estar de licencia médica; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes Por otra parte, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8º Constitucional, expídase a su costa copia simple de las constancias a que hace referencia y hágase entrega al promovente o a los autorizados para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorguen en autos para debida constancia. En el entendido que, para poder ingresar de manera física a este órgano jurisdiccional y recoger las copias solicitadas, deberá generar una cita mediante la obtención del Código QR, a través del procedimiento automatizado disponible en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en dicho portal del micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales" de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021. Finalmente, respecto al correo electrónico y número telefónico que proporciona, agréguese como información de contacto para que los actuarios adscritos a este juzgado federal puedan entablar comunicación no procesal, y acordar previamente la realización de las notificaciones personales, con el objeto de asegurar el éxito de la diligencia, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario J Arturo Mojica Sosa, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada Julio Oayama Argumedo, sin embargo, atendiendo a que con fecha dieciséis de los actuales, se sobreseyó el presente asunto fuera de audiencia, por lo tanto, el sobreseimiento aquí decretado lejos de causarle una afectación, le beneficia, por lo que una eventual reposición del procedimiento, no le produciría algún beneficio, sino que le causaría un perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, para lograr su emplazamiento, llegando incluso a obligar a la parte quejosa a erogar gastos frente a un eventual emplazamiento por edictos, en un caso en el que el juicio de amparo es improcedente, al haberse actualizado una causa de improcedencia que obliga a sobreseer en el mismo. En efecto, ante todo debe tenerse en cuenta que el Tribunal Pleno ha determinado en su jurisprudencia P./J. 44/96 que la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave es la falta de emplazamiento o su realización irregular; y que, tratándose del juicio de amparo, nada justifica que se soslaye su intervención en el procedimiento, en tanto que debe garantizársele que pueda ejercer todas las prerrogativas procesales a las que legalmente tengan derecho las partes, en los siguientes términos: "Registro digital: 200086 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 44/96 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Julio de 1996, página 85 Tipo: Jurisprudencia TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO. Tomando en consideración que la falta de emplazamiento o la práctica irregular de dicha formalidad a las partes, en un juicio, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, si el tercero perjudicado es parte en el juicio de amparo conforme a lo dispuesto en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, es inconcuso, que en términos de los artículos 30, 147 y 167 de la propia ley, debe ser legalmente emplazado, y que la omisión a ese respecto, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, tiene como efecto que el tribunal que conoce del amparo directo o de la revisión, mande reponer el procedimiento o, en su caso, revoque la sentencia dictada en el juicio constitucional y ordene la reposición del procedimiento para que se subsane la referida violación procesal. Ello obedece, en primer lugar, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, cuya observancia ha de exigirse con mayor rigor a los tribunales que constituyen órganos de control constitucional, que también han de respetar la secuencia lógico jurídica que impone todo procedimiento y, además, a la necesidad de que el tercero perjudicado, como parte en el juicio de garantías, esté en posibilidad de ejercer sus derechos procesales. Esto, no solamente como una eficaz defensa de los respectivos intereses de las partes, tanto en el juicio principal como en el incidente de suspensión, en su caso, sino también como una oportunidad para proponer las cuestiones de orden público que pudieran advertirse durante la tramitación correspondiente, cuya legal acreditación determinaría obligadamente el sentido del fallo definitivo que al efecto se pronuncie; para interponer asimismo, los medios de impugnación que contra éste u otras resoluciones procedieran y, de una manera fundamental, para preservar los derechos de quienes puedan verse afectados por el cumplimiento de una sentencia ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo, cuya ejecución es indefectible. Por tanto, la determinación del tribunal de considerar innecesario o intrascendente, llamar a juicio al tercero perjudicado cuyo emplazamiento oportuno fue omitido, porque en la sentencia que resuelve el fondo del asunto, se concede el amparo, bien sea por falta de fundamentación y motivación o por cualquiera otra circunstancia, siempre que el fallo sea protector, viola los principios fundamentales del juicio de amparo." Posteriormente, el propio Pleno ha reconocido que existen supuestos en los que la falta de emplazamiento, o su defectuosa realización en el juicio de amparo, no necesariamente obligan al órgano jurisdiccional que conozca del juicio a ordenar la reposición del procedimiento, pues en los casos en los que esta decisión no le reporte algún beneficio concreto a la parte que no fue oída, sea porque la acción sea improcedente, o por cualquier otro motivo legal que impida el dictado de una resolución que le sea adversa, resultará ocioso repetir el procedimiento para darle intervención desde su inicio, porque en lugar de proporcionarle una solución inmediata en el litigio, se le obligaría a recorrerlo sabiendo de antemano que a ningún fin práctico conduciría su participación, tal como se explica en la tesis P.V/98, cuyo texto es el siguiente: "Registro digital: 196912 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P. V/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 45 Tipo: Aislada TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Criterios que retomó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente tesis: "Registro digital: 2003574 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. XLIII/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 982 Tipo: Aislada FALTA DE EMPLAZAMIENTO. SÓLO EN LOS CASOS EN LOS QUE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA ESCUCHAR A UNA DE LAS PARTES, LEJOS DE IMPLICARLE UN BENEFICIO LE REPRESENTE UNA VINCULACIÓN OCIOSA AL PROCESO, DEBE OPTARSE POR RESOLVER EN FORMA INMEDIATA SOBRE LAS PRETENSIONES FORMULADAS EN SU CONTRA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio contenido en las tesis P./J. 44/96 y P. V/98 (*), en el sentido de que la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave es la falta de emplazamiento o su práctica irregular y que tratándose del juicio de amparo nada justifica que se soslaye la intervención en el procedimiento, en tanto que debe garantizarse que puedan ejercerse todas las prerrogativas procesales a las que legalmente tengan derecho las partes; y que existen supuestos en los que la falta de emplazamiento o su defectuosa realización en el juicio de amparo no necesariamente obligan al órgano jurisdiccional que conozca del juicio a ordenar la reposición del procedimiento, pues en los casos en los que esta decisión no reporte algún beneficio concreto a la parte que no fue oída, bien porque la acción sea improcedente, o por cualquier otro motivo legal que impida el dictado de una resolución adversa, resultará ocioso repetir el procedimiento para darle intervención desde su inicio, porque en lugar de proporcionarle una solución inmediata en el litigio se le obligaría a recorrerlo sabiendo de antemano que a ningún fin práctico conduciría su participación. En consecuencia, sólo en los casos en los que la reposición del procedimiento para escuchar a una de las partes, lejos de implicarle un beneficio le represente una vinculación ociosa al proceso, debe optarse por resolver en forma inmediata sobre las pretensiones formuladas en su contra, a condición de que la sentencia que se dicte favorezca sus intereses, pues en caso contrario el órgano jurisdiccional que conozca del juicio debe vigilar que se cumpla con la formalidad esencial del emplazamiento, a fin de que pueda comparecer a defender sus derechos." Incluso la propia Segunda Sala en su anterior integración había venido sosteniendo ese criterio, como se desprende de las siguientes jurisprudencias: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2013630 Instancia: Segunda Sala Época: Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 6/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 39, Febrero de 2017 Tomo: I Página: 556 Tipo: Jurisprudencia RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal". "Época: Séptima Época Registro: 394487 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 531 Página: 349 TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada" Por tanto, en los casos en los que la reposición del procedimiento para escuchar a una de las partes, lejos de implicarle un beneficio le represente una vinculación ociosa al proceso, debe optarse por resolver en forma inmediata sobre las pretensiones formuladas en su contra, a condición de que la sentencia que se dicte favorezca a sus intereses, pues en caso contrario el órgano jurisdiccional que conozca del juicio debe vigilar que se cumpla con la formalidad esencial del emplazamiento, a fin de que pueda comparecer a defender sus derechos, como acontece en el caso en que deba concederse el amparo. De ahí que, si en el caso, la acción constitucional resultó improcedente, lo que necesariamente obliga a sobreseer en el juicio, resulta ocioso emplazar al tercero interesado Julio Oayama Argumedo, porque es evidente que dicha resolución lejos de perjudicarle, le beneficia. Por lo tanto, se deja sin efectos la orden de emplazar al aludido tercero interesado, así como, notificar personalmente a éste, del proveído de dieciséis de diciembre del año en curso, donde se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario J Arturo Mojica Sosa, que autoriza y da fe.
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