Julio César Godínez Camacho
Expediente 330/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 330/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 26/09/2022
Partes del expediente
- Julio César Godínez Camacho
- Kenia Inés Hernández Montalván
- Juez de Tribunal de Enjuciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
se ordena el archivo
- Incidental
se ordena el archivo
- Principal
E...VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 330/2022-II-C; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México, con sede en Toluca, el siete de marzo de dos mil veintidós, turnado a este juzgado en el diez siguiente, Irving Barroeta Vega, Julio César Godínez Camacho e Isaac Gutiérrez Martínez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 2 a 42 del juicio de amparo). En auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós (fojas 62 a 64), se admitió la demanda -previa prevención formulada el once de marzo pasado (fojas 43 a 45), se requirieron los informes justificados, dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez sustanciado el juicio, previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso b, de la Constitución General de la República; 1° fracción primera, 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por reclamarse actos declarativos que carecen de ejecución material y la demanda se presentó en el lugar en que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad. Resulta procedente precisar que la demanda de amparo fue promovida oportunamente, porque el quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, por lo que el plazo de quince días, trascurrió del veintidós de febrero al catorce de marzo de dos mil veintidós, sin considerar los días veintiséis y veintisiete de febrero, cinco, seis, doce y trece marzo, todos del año actual por corresponder a sábados y domingos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto se presentó el siete de marzo de este año, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; por tanto, se colige que el ocurso inicial se presentó dentro del término genérico previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos que se reclaman. En ese tenor, por así desprenderse del estudio integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: ACTO RECLAMADO Las interlocutorias de diecisiete de febrero del año en curso, que resolvieron los recursos de revocación hechos valer por los quejosos, y las cuales confirmaron la determinación emitida en audiencia de doce de febrero anterior, en la que se les realizó un apercibimiento que en caso de no desahogarlo en el término otorgado, se les aplicaría como medio de apremio una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización -dictadas en los autos de la causa de juicio oral 149/2021-. AUTORIDADES RESPONSABLES Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; y, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México. CUARTO. Inexistencia de actos. La autoridad responsable Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México (fojas 87 a 89), al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama. Documentales a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria; por lo que ello, robustece lo determinado en el párrafo que precede. Sin que la parte quejosa desvirtuara tales negativas con los elementos de prueba conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1838, Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad señalada, como responsable, niega el acto que se le imputa, y el quejoso no aduce prueba alguna, debe sobreseerse en el amparo relativo." Asimismo, la tesis de la Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, página 77, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, al ser inexistentes los actos atribuidos a las responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio y, por lo tanto, no es posible entrar al examen de los conceptos de violación planteados por la quejosa, de conformidad con la jurisprudencia número II.3o. J/58 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de rubro "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". No es obstáculo a la conclusión anterior, el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no era posible advertir la inexistencia de los actos reclamados, lo cual sí derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la simple admisión de la demanda de garantías no representa un impedimento para determinar la inexistencia del acto reclamado, si ésta se advierte del análisis de las constancias de autos, pues el suscrito juzgador está obligado a proceder en tales términos, de acuerdo con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. En apoyo a las consideraciones expuestas, resulta aplicable la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 544, en el tomo XIV, Julio de 1994, cuyo rubro enseguida se transcribe: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA." QUINTO. Existencia de acto. La autoridad responsable la autoridad responsable Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México (foja 78), al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama; sin embargo, dicha negativa desvirtuada toda vez que se advierte la existencia del acto reclamado de las constancias que adjuntó dicha responsable, consistentes en: Un disco compacto en formato digital que contiene la audiencia de doce de febrero de dos mil veintidós, celebrada en los autos de la causa de juicio oral 149/2021 (foja 86). Resoluciones interlocutorias emitidas el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, celebrada en los autos de la causa de juicio oral 149/2021 (fojas 106 a119). Escritos de interposición de recursos de revocación contra la determinación emitida en audiencia de doce de febrero de dos mil veintidós, en la causa de juicio oral 149/2021 (fojas 145 a 179) Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 226 visible a foja 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, parte SCJN, materia común, quinta época, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." SEXTO. Improcedencia. De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuando se advierta la actualización de alguna causa de improcedencia, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de pronunciarse de oficio, o bien, cuando así lo argumente alguna de las partes. Para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales se denominan causas de improcedencia. Entonces, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, pues de actualizarse alguna causa sería imposible el examen de la litis planteada. En el caso a estudio, respecto al acto reclamado consistente en las interlocutorias de diecisiete de febrero del año en curso, que resolvieron los recursos de revocación hechos valer por los quejosos, y las cuales confirmaron la determinación emitida en audiencia de doce de febrero anterior, en la que se les realizó un apercibimiento que en caso de no desahogarlo en el término otorgado, se les aplicaría como medio de apremio una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización -dictadas en los autos de la causa de juicio oral 149/2021-, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 5, fracción I, de la ley de la materia, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" En efecto, debe establecerse que los quejosos reclaman las interlocutorias de diecisiete de febrero del año en curso, que resolvieron los recursos de revocación hechos valer por los quejosos, y las cuales confirmaron la determinación emitida en audiencia de doce de febrero anterior, en la que se les realizó un apercibimiento que en caso de no desahogarlo en el término otorgado, se les aplicaría como medio de apremio una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización -dictadas en los autos de la causa de juicio oral 149/2021-. En ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que el acto reclamado no produce una afectación actual, real y directa a los peticionarios de amparo, en razón de que con motivo de la inasistencia de los quejosos en la audiencia que tuvo verificativo el doce de febrero de dos mil veintidós, en los autos de la causa de juicio oral 149/2021, la autoridad responsable los requirió para que en un término de veinticuatro horas legalmente computadas justificaran de manera personal el impedimento que tuvieron para comparecer a la aludida audiencia y en caso de no hacerlo, se les aplicaría como medida de apremio una multa a razón de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Lo anterior es así ya que el apercibimiento de una imposición de una medida de apremio, es considerado un acto futuro de realización incierta, el cual tiene la finalidad de que la persona a la que va dirigido actúe o deje de actuar en determinado sentido, por lo que la actualización de la medida dependerá del actuar del gobernado. En efecto, el apercibimiento de multa que reclaman los agraviados, por sí sólo no produce una afectación actual, real y directa a la esfera jurídica de dichos inconformes, toda vez que sus consecuencias son futuras e inciertas, ya que su imposición está condicionada por los supuesto siguientes : 1) A que los hoy quejosos cumplan o no con el requerimiento que les fue formulado; y, 2) A que la autoridad responsable decida hacer efectivo tal apercibimiento. De ahí que, no se está en presencia de actos inminentes, al no existir la certeza de que se van a ejecutar; en tanto que la imposición de la multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, no constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, sino que está condicionada a que los peticionarios cumplan o no con el requerimiento formulado, así como a que la autoridad responsable decida hacer efectivo tal apercibimiento, por lo que no es inminente; en consecuencia, no existe certeza de su ejecución. Se expone tal aserto, en razón de que, no puede perderse de vista que no necesariamente tendría que hacerse efectivo el apercibimiento decretado, pues puede ocurrir que los promoventes hayan dado cumplimiento, de ahí que, no exista la certeza necesaria de que se les impondrá sanción alguna, pues es claro que el perjuicio a los quejosos ocurrirá, como se precisó, en su caso, cuando se les haga efectivo el apercibimiento en caso de no atender el mandato judicial emitido en cumplimiento con lo requerido, pues como se ha indicado, esa situación bien puede no actualizarse. Por otro lado, el derecho sólo tutela bienes jurídicos reales u objetivos, por lo que procede aceptar que cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir en sus bienes jurídicos no afectan real y objetivamente a éstos, entonces no puede decirse que exista un agravio en términos jurídicos. Es aplicable, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 238544, cuyo rubro y texto dice: "MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ÉSTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARÁCTER DE INMINENTES. El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo." Así, sólo cuando se haga efectiva dicha medida de apremio, es cuando se producirá eventualmente el acto de privación definitivo que otorgue a la parte quejosa la legitimación para acudir al juicio de amparo para impugnarlo, previo a la interposición de los recursos ordinarios de defensa que la legislación aplicable al procedimiento natural establezca para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Materia Común, con número de registro 2010813, la cual establece: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." Así, al haberse actualizado la causa de improcedencia contenida en la fracciones XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 5, fracción I, de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo expuesto por el diverso numeral 63, fracción V, de la citada legislación. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Irving Barroeta Vega, Julio César Godínez Camacho e Isaac Gutiérrez Martínez, contra el acto y autoridades precisadas en los considerandos cuarto y sexto, por los motivos y fundamentos expuestos en el presente fallo. Notifíquese como legalmente corresponda.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse en esta data; sin embargo, se encuentra trascurriendo el termino de tres días concedidos en auto de siete de julio pasado, al Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a fin de que remita copia certificada del escrito de agravios que dio origen al recurso de revocación, cuya resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio. Lo anterior, a fin de que esta juzgadora cuente con las constancias necesarias para resolver el presente sumario constitucional. Por tanto, para dar oportunidad a que se cumpla lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta data, se difiere y en su lugar se señalas las once horas con cincuenta minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós
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