Julio César Beltrán Reynoso

Expediente 1033/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1033/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
25/10/2021

Partes del expediente

  • Julio César Beltrán Reynoso

Actuaciones

  1. Principal

    En cumplimiento al apercibimiento realizado mediante aviso de veintiocho de octubre de la presente anualidad, se notifica por medio de lista a la parte quejosa la determinación de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, por medio de la cual se desecha de plano la demanda de amparo

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de cuenta, promovida por Julio Cesar Beltrán Reynoso, por propio derecho en contra de los actos y autoridades responsables que enseguida se precisan: ACTO RECLAMADO. 1) La negativa de seguirle proporcionando incapacidades médicas para poder recibir el tratamiento adecuado al diagnóstico de síndrome doloroso lumbar subagudo no sistematizado. AUTORIDADES RESPONSABLES 1) Director del Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 1033/2021-VI y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO En ese sentido, este órgano de control constitucional estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo, en virtud que advierte de oficio que de manera manifiesta e indudable se actualiza la causal de improcedencia contenida en el precepto 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al precepto 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para sustentar la presente determinación, se parte del análisis del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que deba sobreseerse en este juicio, en términos del numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento, en virtud que ese acto u omisión no fue emitido por una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que tiene su origen con motivo de la relación laboral que existe entre la parte quejosa y la autoridad señalada como responsable. Previo a justificar dicha premisa, resulta necesario atender al contenido de los artículos mencionados, que prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo únicamente es procedente en contra de actos de autoridad que vulneren derechos humanos y sus garantías fundamentales. Entendiéndose por autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente del Estado, de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por los que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica de los gobernados, sin requerir acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Por ello, es necesario precisar el concepto de autoridad responsable, entendiendo por tal, aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de sus atribuciones que le confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. Por ello, a fin de establecer si a quienes se les atribuyen los actos u omisiones, tienen el carácter de autoridades para los efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia del acto que se les reclame. Esto es, examinar si la norma legal los faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. En ese sentido se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P.XXVII/97, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, página 118, con número de registro digital 199459, del rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, registro 161133, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Ciertamente, sobre este tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad en relación con los gobernados, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. También puede observarse que no siempre los entes que conforman directamente la administración pública serán autoridad para los efectos del amparo, ya que para determinar la calidad de autoridad responsable es indispensable analizar: 1) Las características particulares de aquél a quien se le imputa el acto reclamado; y, 2) La naturaleza de éste. Bajo tal contexto, no todo acto, aun emitido formalmente por una autoridad, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los titulares de organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, sin generar necesariamente una relación de supra a subordinación. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 394/2016, explicó las connotaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual esbozó los motivos que condujeron al legislador ordinario para modificar el concepto de autoridad en la Ley de Amparo. Así es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que el concepto de acto de autoridad para efecto del juicio de amparo se modificó esencialmente ya que la vulneración de los derechos humanos no sólo proviene del Estado, sino también proviene de la actuación de los particulares en determinadas circunstancias, esto es, cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que define el artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo, cuya potestad o función deriva de una norma general y abstracta. Agregó que el criterio actual del Máximo Tribunal para determinar si se tiene o no el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como el tipo de relación jurídica que existe entre los sujetos en conflicto. Indicó que para que pueda otorgar el carácter de autoridad responsable tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de los otros tipos de relaciones (de coordinación o de supra ordinación) los sujetos se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se actualiza la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, que es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad. Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 41/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES". En ese sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público, cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supra ordinación. La primera corresponde a la entablada entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante; finalmente, las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. Ahora bien, a efecto de dejar establecer si los actos que reclama la quejosa son actos de autoridad, es necesario precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2011, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, con número de registro digital 160995 de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL"; determinó: Que el Instituto Mexicano del Seguro Social contaba con un doble carácter, siendo los siguientes: 1) Como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación 2) Como ente asegurador y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y patrón, o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. Por tanto, desde esa perspectiva, se destaca que son dos extremos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con finalidades diversas, pero al fin y al cabo ligadas; una encaminada hacía los patrones y demás sujetos obligados como una institución fiscal autónoma, que cuenta con el poder de hacer efectivas las obligaciones consignadas en la Ley del Seguro Social; y, otra enfocada hacia los asegurados y sus beneficiarios como institución pública descentralizada, con fin de brindar un seguro nacional. Además, conviene señalar que de los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 5, 6, 7, 11, 12, 56, 57 y 58 de la Ley del Seguro Social, establecen: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: (.) XX.- La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales. XXIX.- Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares." Ley del Seguro Social "Artículo 6. El Seguro Social comprende: I. El régimen obligatorio, y II. El régimen voluntario. "Artículo 7. El Seguro Social cubre las contingencias y proporciona los servicios que se especifican a propósito de cada régimen particular, mediante prestaciones en especie y en dinero, en las formas y condiciones previstas por esta Ley y sus reglamentos (.)" "Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de: I. Riesgos de trabajo; II. Enfermedades y maternidad; III. Invalidez y vida; IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y V. Guarderías y prestaciones sociales. "Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones (.)" "DE LAS PRESTACIONES EN ESPECIE Artículo 56. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie: I. Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica; II. Servicio de hospitalización; III. Aparatos de prótesis y ortopedia, y IV. Rehabilitación." "Artículo 57. Las prestaciones a que se refiere el artículo anterior se concederán de conformidad con las disposiciones previstas en esta Ley y en sus reglamentos." DE LAS PRESTACIONES EN DINERO "Artículo 58. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en dinero: I. Si lo incapacita para trabajar recibirá mientras dure la inhabilitación, el cien por ciento del salario en que estuviese cotizando en el momento de ocurrir el riesgo. El goce de este subsidio se otorgará al asegurado entre tanto no se declare que se encuentra capacitado para trabajar, o bien se declare la incapacidad permanente parcial o total, lo cual deberá realizarse dentro del término de cincuenta y dos semanas que dure la atención médica como consecuencia del accidente, sin perjuicio de que una vez determinada la incapacidad que corresponda, continúe su atención o rehabilitación conforme a lo dispuesto por el artículo 61 de la presente Ley (.)" De dichos preceptos se advierte que las prestaciones otorgadas en la Ley del Seguro Social a los asegurados y a sus beneficiarios derivan del régimen obligatorio, pues tales prestaciones cuya tutela jurisdiccional se condiciona por el legislador al otorgamiento de un recurso administrativo tienen origen en una relación jurídica en la que ni el asegurado o sus beneficiarios, ni el Instituto Mexicano del Seguro Social, acuden investidos de imperio, pues éste último acude como ente asegurador, que como consecuencia del establecimiento de un vínculo laboral entre el asegurado y su patrón, o con base en el convenio celebrado al efecto, deberá otorgar a aquél o a sus beneficiarios, en caso de que acontezca alguna contingencia tutelada por la Ley del Seguro Social, determinadas prestaciones. En ese contexto, no es suficiente que la parte solicitante del amparo aduzca que el acto señalado constituye una violación a sus derechos humanos para que el juicio de amparo sea procedente; sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de un particular, o de una persona oficial con imperio coercitivo, lo que en el caso no acontece. Se sostiene lo anterior, porque en el presente asunto, la parte quejosa manifiesta que la autoridad responsable del Instituto Mexicano del Seguro Social le negó su incapacidad médica de seguir proporcionando incapacidades para poder recibir el tratamiento adecuado al diagnóstico de síndrome doloroso lumbar subagudo no sistematizado, de ahí que la posición de la parte quejosa frente al citado Instituto que señala como responsable, no es la de gobernado sino de beneficiario o asegurado, en términos del artículo 58 de la Ley del Seguro Social, citado en el párrafo precedente. Así, el acto que reclama la parte quejosa de ninguna manera configura el supuesto fundamental para la procedencia del presente juicio de amparo (que lo es precisamente la vulneración a la esfera jurídica de sus derechos humanos por el poder público); pues sólo se afectan derechos que inciden directamente en el ámbito laboral, en tanto que el otorgamiento de una incapacidad médica es una prerrogativa que nace en su carácter de trabajador y le da derecho a ausentarse de su centro de trabajo con goce de sueldo durante todo el tiempo que dure tal licencia médica, de ahí que, se estime, la falta de otorgamiento de tal incapacidad de la que se duele no es un aspecto que deba ser materia del juicio de amparo sino de autoridades ordinarias. En efecto, respecto del acto consistente en la negativa de la responsable de extenderle la incapacidad por la imposibilidad física con la que aduce contar para laborar, y, que en esta vía se impugna, ambas partes, es decir, la quejosa y el Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentran en un plano de igualdad, pues se da en una relación de coordinación entre ambos, dado que, como ya se dijo, el organismo en mención no actuó con facultades de imperio, lo que hace imposible la procedencia del presente juicio, por no resultarle el carácter de responsable a la referida autoridad para los efectos del juicio de amparo, de conformidad con la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. Los precedentes argumentos, tienen sustento en la jurisprudencia VIII.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Agosto de 2010, Novena Época, página 2032, registro digital 164027, que dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN. De los criterios sustentados en las tesis 2a. CCIV/2001, 2a./J. 12/2002 y 2a. XXXVI/99, aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO." y "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.", se pone de manifiesto que la actual integración del Más Alto Tribunal de la Nación considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese contexto, es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: uno, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, otro, como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República, y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo." En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el precepto 61, fracción XX, ibídem, con relación al precepto 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, con sustento en los artículos 111, 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo por los actos reclamados señalados. DOMICILIO Con apoyo en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. CONSULTA DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. PARTE QUEJOSA PROPORCIONA CORREO ELECTRÓNICO Respecto al correo electrónico y el teléfono que proporciona la parte quejosa, se tiene únicamente para establecer contacto, cuando este órgano jurisdiccional lo estime conveniente. Sin que lo anterior se establezca como un medio de notificación en lo que toca al presente asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones encomendadas y se autoriza a los actuarios adscritos para que, en caso de enterarse de un domicilio diverso en donde puedan realizarlas, se constituyan en éste y las lleven a cabo, sin necesidad de nueva determinación judicial que lo ordene, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar y asentar pormenorizadamente la razón correspondiente. GRATUIDAD DEL SERVICIO Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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