Julio Cesar Escobedo Pérez
Expediente 4/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 4/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Julio Cesar Escobedo Pérez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del expediente de amparo 4/2019 del índice de este juzgado e informa que dicho juzgado se avocó al conocimiento del asunto. En virtud de lo anterior, se ordena el archivo del presente asunto, así como del cuaderno de antecedentes derivado del incidente de suspensión, como asuntos totalmente concluidos y conforme al Acuerdo General 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace notar que los mismos son susceptibles de destrucción dentro del término de seis meses contado a partir de esta propia fecha, de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, de dicho acuerdo. Además de conformidad con el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del Acuerdo General en cita, el suscrito considera que el presente asunto NO es de relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.Octavio Rojas Figueroa
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales que remite en apoyo a su informe justificado, consistente en copias certificadas del juicio oral familiar 162/2018 sobre custodia y convivencia familiar, así como un disco compacto. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva y con las documentales referidas fórmense dos tomos de pruebas. Asimismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el disco compacto que remite la autoridad responsable. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto 2013, del rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Octavio Rojas Figueroa
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en lo que disponen los artículos 1°, 5°, 6°, 33, 35, 107, 108, 110, 112 y 116 de la Ley de Amparo en vigor y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Julio César Escobedo Pérez, por propio derecho y en cuanto representante de los menores R.J.E.R. y K.E.R., carácter que se le reconoce en términos del artículo 6º de la Ley de Amparo, dado de que lo acredita con las actas de nacimiento de sus menores hijos, mismas que anexa a su escrito de demanda, contra actos del Juez Tercero de Oralidad en Materia Familiar de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 4/2019. De acuerdo con los artículos 115, 125 y 128 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión de los actos reclamados, toda vez que dicha medida cautelar fue solicitada expresamente por la parte quejosa. Con copia de la demanda de amparo, dése al agente del Ministerio Público Federal la intervención correspondiente, quien deberá asentar el acuse de recepción respectivo, lo anterior con fundamento en los artículos 5°, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las once horas con treinta minutos del doce de febrero de dos mil diecinueve. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir de la manera siguiente: a) En caso de que los actos reclamados resulten inexistentes y por ende innecesaria su justificación, de conformidad con el derecho de pronta y expedita administración de justicia tutelado por el artículo 17 Constitucional, así como por principio de economía procesal, cuyo objetivo es tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, rinda su informe dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que reciba el oficio de notificación respectivo; o bien, b) Si son ciertos los actos reclamados, rinda su informe dentro del plazo de quince días, contado a partir de que reciba el oficio de notificación del presente auto, en el entendido de que en dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que considere pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos, debiendo acompañar en su caso, únicamente copia debidamente certificada de las constancias que avalen la existencia de los mismos y que soporten su emisión. En relación con el inciso a) que antecede, con fundamento en los artículos 117 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza a la autoridad responsable para que rinda su informe por vía fax al número telefónico 01 443 3 21 54 41, sin perjuicio de lo realice enseguida mediante oficio que remita a este juzgado por una sola ocasión, independientemente de que reciba el oficio por el que se les requiere el mismo en dos vías (telegráfica y posteriormente postal), ya que basta con atender la primera comunicación recibida. Asimismo, deberá rendir el informe justificado requerido con copia certificada de las documentales que justifiquen la constitucionalidad de los actos reclamados, tomando en consideración las siguientes directrices: 1. Si algunas de las fojas del expediente de origen se encuentran ilegibles o pierden su continuidad, en virtud de que así se encuentran en el mismo, aclare dicha circunstancia y señale el número de folio que corresponde a cada una de ellas; 2. En el caso de que las constancias sean legibles, pero las reproducciones que se obtengan de éstas no, deberá efectuar su transcripción con la indicación y folio correspondientes al remitirlas a este juzgado; y, 3. Observe que las copias que remita se encuentren debidamente ordenadas, atendiendo a su legibilidad, continuidad, orden cronológico y totalidad, o bien, realice las aclaraciones respectivas si así obran en el expediente a que pertenecen. En el entendido de que en caso de no rendir el informe en el tiempo y forma requeridos, se presumirán ciertos los actos reclamados respectivos, salvo prueba en contrario, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de que remita el expediente original del que derivan los actos reclamados, es su obligación conservar testimonio autorizado íntegro del mismo, ya que en el supuesto de necesitarlo para realizar alguna actuación, este juzgado no podrá devolverlo por ser imprescindible para resolver el juicio de amparo y en su caso el recurso de revisión, por lo que queda bajo su responsabilidad obtener las copias conducentes para su resguardo. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para el efecto de que en su informe haga del conocimiento de este juzgado si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido juicio de amparo indirecto relacionado con los actos reclamados o derivado del expediente de origen, informando el número de juicio y el Juzgado de Distrito a que corresponde, apercibida que en caso de no hacerlo, de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá un multa de manera individual, por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). De conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado o lo haga sin acatar las directrices que fueron trazadas con anterioridad, se hará acreedora a una multa individual por $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben. En términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de cesación de efectos de los actos reclamados o en caso de que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, apercibidas que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de manera individual por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA). Por otra parte, se informa a la autoridad responsable que no es necesario que acusen recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que les sea solicitado expresamente y se les proporcione plazo específico para ello. Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que, en su caso, designe la autoridad responsable y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que lleguen a designar en autos. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón a su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que exhibe la parte quejosa, sin perjuicio de relacionarlas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, interpretados en sentido contrario. Lo anterior, salvo prueba en contrario o que se corrija la denominación de la autoridad responsable relativa, previa vista que en su caso otorgue este juzgado, tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta, así como al principio de economía procesal ya referido en párrafos precedentes. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable, y aquellas que pudieran tener el carácter de autoridades terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Finalmente con la finalidad de salvaguardar el interés superior de los menores R.J.E.R. y K.E.R. con fundamento en el artículo 8° de la Ley de Amparo, se considera necesario designarles un asesor jurídico, que al ser ajeno a la controversia de la cual deriva el acto reclamado, defienda imparcialmente sus intereses en el presente asunto. En consecuencia, de conformidad con el artículo 8° de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en relación con el artículo 4, fracción II, de la Ley Federal de la Defensoría Pública y 29, fracción III, inciso d) de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante atento oficio con copia de la demanda, solicítese al Delegado del Instituto de dicha defensoría, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, designe a un asesor jurídico que pueda fungir dentro del presente juicio como representante especial de los menores o en su caso, manifieste el impedimento legal que tenga para ello; asimismo, para que informe al asesor jurídico designado que dentro del mismo plazo, deberá aceptar y protestar el cargo conferido. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Adela Rodríguez González, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, cuatro de enero de dos mil diecinueve. Como está ordenado en el cuaderno principal, con las copias de la demanda de amparo que anteceden, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 4/2019, promovida por Julio César Escobedo Pérez, por propio derecho y en cuanto representante legal de los menores R.J.E.R. y K.E.R., contra actos del Juez Tercero Oral de Primera Instancia en Materia Familiar del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 140, 141, 142 y 144, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento al en que reciba notificación del presente acuerdo. En el entendido que de no rendir el informe en el tiempo y forma referidos, se presumirá cierto el acto que se le atribuye, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 142 de la ley reglamentaria vigente. De conformidad con el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no rendir su informe previo, se hará acreedora a una multa que asciende a la cantidad de ocho mil cuatro pesos moneda nacional, equivalente a cien unidades de medidas de actualización, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe. Sin perjuicio de lo anterior, se hace saber a la autoridad responsable que el artículo 262 de la Ley de Amparo, establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, que entre otros, al rendir el informe previo o con justificación expresen un hecho falso o niegue la verdad o se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo. En la inteligencia que, los salarios mínimos a que se alude, se entienden actualizados de acuerdo a la Unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De acuerdo a lo que disponen el artículo 138 de la Ley de Amparo se fijan las trece horas con cuarenta minutos del once de enero de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia incidental. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión provisional del acto reclamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 128, 129, 132, 136, 138, 139, 146, 147 y 150 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado se niega la suspensión solicitada. Lo anterior no obstante, que el acto que se reclama tenga que ver con el cambio del régimen de convivencia de los menores con su progenitora, pues en uso de la atribución conferida al juzgador de amparo para que realice un asomo provisional a la constitucionalidad del acto -apariencia del buen derecho- y a efecto de evitar que se genere algún perjuicio en relación con la parte quejosa que en la especie se trata de dos menores de edad, se debe atender preponderantemente al interés superior de los menores, pues de conformidad con el artículo 4° Constitucional, se tiene la obligación de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos (entre los que se encuentran la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral); asimismo, el precepto 1° Constitucional prevé que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia I.5o.C. J/16, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 162562, cuyo rubro y texto son los siguientes: ''INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. Por interés superior del menor se entiende el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social.'' Asimismo, la jurisprudencia I.5o.C. J/14, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 162563, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO. El sistema jurídico mexicano establece diversas prerrogativas de orden personal y social en favor de los menores, lo que se refleja tanto a nivel constitucional como en los tratados internacionales y en las leyes federales y locales, de donde deriva que el interés superior del menor implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas a esa etapa de la vida humana, se realicen de modo que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidos." Por su parte, la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por el Senado de la República Mexicana el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y por lo cual es de observación obligatoria de conformidad con el artículo 1° de la Carta Magna, en el artículo 2 de la convención establece: "Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales." Asimismo, el artículo 6° de la convención en cita, punto 2, prevé: "2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño." Y el artículo 23 de la referida convención, establece en sus tres primeras partes lo siguiente: "1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad. 2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él. 3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible." En ese orden de ideas, el suscrito considera que la apariencia del buen derecho, en el caso concreto no se encuentra acreditada pues si quien esto resuelve advierte que de conceder la suspensión para los fines pretendidos por el quejoso, se trastocaría las decisiones emitidas por el juez familiar. En ese sentido, con fundamento en los artículos 128, fracción II, y 129 fracción VIII, de la Ley de Amparo, el suscrito estima que en la especie, no procede conceder la suspensión solicitada, ya que de otorgar dicha medida cautelar se causaría un perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Así las cosas, tomando como base los anteriores elementos, se advierte que el juez de lo familiar debe preponderantemente establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de convivencia, velando siempre por el bienestar de los menores de edad en cuestión, pues dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas; por lo que, de conceder la medida cautelar para el efecto que pretende la parte quejosa, se contravendrían disposiciones de orden público al ser el desarrollo de los menores una cuestión de interés social, cuya salvaguardia es prioritaria y se establece por encima del derecho de los adultos. En consecuencia, sin prejuzgar respecto de la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados y dado que existe solicitud expresa de la medida cautelar y atento al interés superior del menor, con fundamento en los artículos 128, 129, 131, 138, 139 y 147, de la Ley de Amparo, se niega a la parte quejosa la suspensión provisional. Lo anterior, es así toda vez que este órgano jurisdiccional no cuenta con más elementos para pronunciarse en sentido contrario respecto de la determinación emitida por el juez de origen. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. De acuerdo con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Asimismo, se precisa que el plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I, del artículo 27, de la Ley de Amparo vigente, con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las determinaciones dictadas en el juicio, que en su caso, requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas de los días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o, el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Finalmente, se reserva realizar la entrega del oficio respectivo hasta en tanto la autoridad responsable de que se habla reanude sus labores, fecha en la cual se ordena entregar de manera inmediata dicho comunicado; entre tanto, éste deberá quedar en resguardo del actuario adscrito a este juzgado. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Adela Rodríguez González, secretaria que autoriza y da fe.
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