Julio César Barrón Carrasco
Expediente 789/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 789/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 21/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Julio César Barrón Carrasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas para ello interpusieran recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó el amparo en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable, Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, las constancias que remitió al presente juicio de amparo, consistente en un tomo de pruebas del juicio ejecutivo mercantil 97/2017, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica al quejoso por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de veintiséis de diciembre del año dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA LA SENTENCIA DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2018 QUE EN SINTESIS DICE: "...se: R E S U E L V E: Primero. Por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución, la justicia de la unión no ampara ni protege a Julio César Barrón Carrasco, por su propio derecho, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo del propio fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe..."
- Principal
VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 789/2018, promovido por Julio César Barrón Carrasco, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Julio César Barrón Carrasco, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil en la ciudad en Morelia, Michoacán y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, se registró con el número 789/2018, se admitió el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. En proveído de ocho de octubre de dos mil dieciocho se le reconoció el carácter de tercero interesado a Sistema de crédito Automotriz, S.A. de C.V., y finalmente, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado es de naturaleza omisiva y solo se le atribuye a una autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa al Juez Cuarto de Primera Instancia con residencia en esta ciudad y Actuario adscrito a dicho juzgado, consiste en: La falta de llamamiento al juicio ejecutivo mercantil 97/2017, promovido por Sistema de Crédito Automotriz Sociedad Anónima de Capital Variable, frente a Guillermo Silva Corona. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez Cuarto Civil con residencia en esta ciudad y Actuaria adscrita a dicho Juzgado, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 12 y 13). Lo que se corrobora con las constancias que remitió, consistente en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 789/2018 (un tomo de pruebas), de las que se observa, que la parte actora demandó en la vía ejecutiva mercantil y en el ejercicio de la acción cambiaria directa, sobre pago de pesos, al quejoso Julio César Barrón Carrasco, en cuanto deudor principal y a Guillermo Silva Corona, como aval solidario; que el accionante desistió de la demanda promovida en contra del citado peticionario de amparo, y por ende, éste no fue emplazado a juicio. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer una breve relación de los antecedentes del acto reclamado, de los que se obtiene lo siguiente: Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, Sistema de Crédito Automotriz, S.A. de C.V., por conducto de sus endosatarios en procuración, promovieron en la vía ejecutiva mercantil, la acción cambiaria directa sobre pago de pesos, en contra de Julio César Barrón Carrasco, en cuanto deudor principal y de Guillermo Silva Corona, como aval solidario (foja 1-6), misma que le tocó conocer al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de esta ciudad, quien por auto de uno de febrero de dos mil diecisiete, se excusó del conocimiento del asunto, por lo que ordenó su remisión a la Oficialía de Partes a efecto de que lo remitiera a quien correspondiera. Así, el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en esta ciudad, a quien le tocó conocer la demanda de mérito, en auto de siete de febrero la admitió a trámite y ordenó requerir a los demandados realizaran el pago correspondiente, apercibiéndolos que de no hacerlo se les embargarían bienes de su propiedad para garantizar las prestaciones reclamadas y se les emplazara a juicio (15-16 del tomo de pruebas). El veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de Guillermo Silva Corona; quien mediante escrito de diez de marzo de la citada anualidad, dio contestación a la demanda promovida en su contra. En ocurso presentado por la endosataria en procuración de la parte actora, desistió de la demanda, mas no de la acción del deudor principal Julio César Barrón Carrasco, dejando a salvo los derechos, y poder continuar con la prosecución del juicio (foja 87 del tomo de pruebas), lo que se acordó de conformidad el dieciocho de abril de dos mil diecisiete (foja 89). Seguido el juicio por sus faces legales, el doce de septiembre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró procedente la acción y se condenó a Guillermo Silva Corona, al pago de las prestaciones reclamadas y se ordenó a realizar el trance y remate del bien inmueble embargado en autos (foja 118 a 130 del tomo de pruebas). Ahora, el peticionario de amparo esgrime en los conceptos de violación esencialmente que, se vulnera su esfera de derechos, toda vez que no fue emplazado al juicio ejecutivo mercantil 97/2017, promovido por Sistema de Crédito Automotriz Sociedad Anónima de Capital Variable, en su contra y de Guillermo Silva Corona; no obstante que dicho quejoso es el deudor principal del documento base de la acción. Son infundados tales conceptos de violación. Lo anterior es así, toda vez que de los antecedentes del juicio ejecutivo mercantil de donde deriva el acto reclamado se advierte que la parte actora promovió en la vía ejecutiva mercantil la acción cambiaria directa, sobre pago de pesos, en contra del quejoso Julio César Barrón Castro, en cuanto deudor principal y Guillermo Silva Corona, como aval solidario. Sin embargo, la parte actora mediante escrito acordado el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, desistió de la demanda instaurada en contra del peticionario de amparo, de ahí que el juez civil no se encontraba obligado a llamarlo a juicio, en tanto que dicha acción puede ejercitarse indistintamente respecto de cada uno de los obligados, se explica: Los artículos 109, 114, 151 y 154 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito disponen en su orden lo siguiente: "ARTICULO 109.- Mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de la letra de cambio." "ARTICULO 114.- El avalista queda obligado solidariamente con aquel cuya firma ha garantizado, y su obligación es válida, aun cuando la obligación garantizada sea nula por cualquier causa." "ARTICULO 151.- La acción cambiaria es directa o de regreso; directa, cuando se deduce contra el aceptante o sus avalistas; de regreso, cuando se ejercita contra cualquier otro obligado." "ARTICULO 154.- El aceptante, el girador, los endosantes y los avalistas responden solidariamente por las prestaciones a que se refieren los dos artículos anteriores. El último tenedor de la letra puede ejercitar la acción cambiaria contra todos los obligados a la vez, o contra alguno o algunos de ellos, sin perder en ese caso la acción contra los otros, y sin obligación de seguir el orden que guardan sus firmas en la letra. El mismo derecho tendrá todo obligado que haya pagado la letra, en contra de los signatarios anteriores, y del aceptante y sus avalistas." De lo anterior se obtiene, que a través de la figura del aval se garantiza en todo o en parte el pago del importe de un título de crédito, existiendo una obligación solidaria entre el avalista y el suscriptor del título de crédito. El avalista queda obligado solidariamente con aquél cuya firma ha garantizado, y su obligación es válida, aun cuando la obligación garantizada sea nula por cualquier causa; que la acción cambiaria directa se puede deducir con cualquiera de los deudores, aceptante o avalistas; y que estos últimos responden solidariamente del deudor principal. Esto es, la obligación del aval se caracteriza en la unidad de objeto y la pluralidad de vínculos, lo que significa que el deudor (el principal y el solidario) puede ser requerido para pagar por sí, en su totalidad, el monto de lo pactado, a elección del acreedor, sin que el deudor requerido pueda oponer los beneficios de orden y división. En apoyo a lo anterior es de citar la tesis de la Otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 26, del Volumen 193-198, Cuarta Parte, Materia Civil, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 240099, que dice: "AVALISTA, EMPLAZAMIENTO EXCLUSIVO AL, AUN CUANDO SE DEMANDE SIMULTANEAMENTE AL DEUDOR PRINCIPAL. NO LE CAUSA PERJUICIO POR SER DEUDOR SOLIDARIO. El artículo 114 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito establece que "el avalista queda obligado solidariamente con aquél cuya firma ha garantizado...". En tanto que solidaria, la obligación del avalista se caracteriza por la unidad de objeto y la pluralidad de vínculos, lo que significa que cada deudor (el principal y solidario) puede ser requerido para pagar por sí, en su totalidad, el monto de lo pactado, a elección del acreedor, sin que el deudor requerido pueda oponer los beneficios de orden y de división. En consecuencia, si en un juicio ejecutivo mercantil se demanda simultáneamente al deudor principal y a su avalista, y únicamente se emplaza a éste último, ello no le causa perjuicio ni conculca sus garantías constitucionales, por las razones apuntadas." En consecuencia, si en el juicio ejecutivo mercantil de que se trata se siguió y emplazó únicamente al aval solidario Guillermo Silva Corona, es indudable, que ello de ninguna manera causa perjuicio al quejoso, dada la unidad de objeto y pluralidad de vínculos que tiene con el aval, uno u otro, indistintamente, podía ser requerido para pagar por sí, a elección del acreedor, el monto de lo pactado. Es de citar la tesis VII.1º. C. 74 C., consultable en la página 273, del Tomo XIV, Septiembre de 1994, Materia Civil, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, registro 210405, intitulada: "AVAL. NO LE CAUSA PERJUICIO LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL DEUDOR PRINCIPAL, POR EL COMPROMISO SOLIDARIO QUE TIENE EL. Aun cuando en un juicio ejecutivo mercantil se enderece la demanda contra el deudor principal y su aval, porque de acuerdo con el artículo 114 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, éste queda comprometido en forma solidaria con aquél, cuya obligación ha garantizado, la falta de emplazamiento del nombrado en primer término no causa perjuicio al avalista, por caracterizarse su obligación en la unidad de objeto y pluralidad de vínculos, lo que significa que uno u otro, indistintamente, puede ser requerido para pagar por sí, en su totalidad, el monto de lo pactado, a elección del acreedor." En las condiciones apuntadas, ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E: Primero. Por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución, la justicia de la unión no ampara ni protege a Julio César Barrón Carrasco, por su propio derecho, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo del propio fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
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