Julio César Delgado Román

Expediente 1026/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1026/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
25/06/2021

Partes del expediente

  • Julio César Delgado Román
  • Fiscal General del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1026/2020-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargado del Despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio 2054/2021 de siete de junio de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1026/2020-I, promovido por JULIO CÉSAR DELGADO ROMÁN por derecho propio; y RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por demanda presentada el nueve de noviembre de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibida al día siguiente hábil en este Juzgado, JULIO CÉSAR DELGADO ROMÁN por derecho propio, solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Segundo. Trámite de la demanda. Previo cumplimiento a la prevención efectuada en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, donde se radicó la demanda de amparo con el número 1026/2020-I, por diverso auto de catorce de diciembre de ese mismo año, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. Seguidos los trámites de ley, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. Segundo. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado, en atención a lo anterior así como a la causa de pedir se precisa que lo que el quejoso reclama es lo siguiente: La resolución de ocho de octubre de dos mil veinte, emitida por la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del expediente TJA/4ª/SERA/JRAEM-024/2020 de su índice, en la que, al desechar de plano por improcedente el recurso de reconsideración hecho valer por el quejoso, dejó firme el auto de veintiuno de septiembre del año pasado, donde desechó parcialmente la demanda de nulidad respecto de una autoridad señalada como responsable y negó la autorización para el uso de cámaras fotográficas y cualquier aparato electrónico para reproducir las actuaciones. Tercero. Existencia del acto. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que en fotocopia certificada anexó a su informe justificado relativas al expediente administrativo TJA/4ª/SERA/JRAEM-024/2020 de su índice, en las que obra la resolución combatida de ocho de octubre de dos mil veinte, entre otras actuaciones, las cuales obran en cuaderno de pruebas por separado. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Cuarto. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Apoyado lo anterior, en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en la página 262, del Apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA." En ese sentido, este juzgador advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61 fracción XXIII en relación con el 107 fracción V interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado es intraprocesal y no causa a la parte quejosa un daño de imposible reparación, por lo que el juicio de amparo es improcedente. Al efecto, los referidos artículos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, como excepción, procede el amparo indirecto ante el juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados constitucionalmente, o bien, por los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Sobre la imposible reparación, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó una nueva reflexión plasmada en la jurisprudencia P./J. 37/2014, en la cual se interpretó el artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo, para abandonar el criterio de afectación en grado predominante y fijó el alcance de la expresión de referencia, al establecer que por éstos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin que ahora resulte procedente el amparo contra actos de afectación procesal aunque sea en grado predominante aun cuando ya se haya admitido la demanda, es decir, se ordenó prescindir del criterio de afectación en grado predominante inclusive para expedientes en trámite. Esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender en el fallo. Por tanto, la afectación debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De esta manera concluyó que el legislador estableció dos condiciones para promover amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento: 1) La exigencia de actos que afecten materialmente derechos; y, 2) Que tales derechos afectados revistan la categoría de derechos sustantivos en contraposición a derechos formales o adjetivos en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Tomo I, correspondiente al mes de junio de dos mil catorce, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro: 2006589, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que conforme al artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dentro de juicio, siempre que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, que fueran de tal gravedad que impidiera en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no trascendiera al sentido del fallo, además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Partiendo de ello, razonó que, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. En ese sentido, no se desconoce el contenido de la jurisprudencia 2a./J.55/2002 de rubro: "DEMANDA. SU DESECHAMIENTO PARCIAL SIN ULTERIOR RECURSO, ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO." al sustentarse en la afectación exorbitante que, afirmó la Segunda Sala la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, causa el desechamiento parcial de la demanda; sin embargo, dicha concepción ahora resulta incompatible con el nuevo texto legal; de ahí que ésta resulta inaplicable por las consideraciones vertidas en el citado criterio jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como a continuación se verá. Así, un acto es considerado de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la propia Constitución y/o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, tales como son la libertad de trabajo, la vida, la integridad personal, la libertad o la propiedad, entre otros, ya que esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución favorable a sus pretensiones. A partir de las explicaciones que preceden, se concluye que conforme a la actual Ley de Amparo, el juicio biinstancial no procede contra actos dictados en juicio que únicamente afecten de forma directa derechos procesales y, por tanto, el Alto Tribunal determinó que deben estimarse inaplicables aquellos criterios de interpretación que hubieran definido como acto intraprocesal de ejecución irreparable aquel que sólo trascienda de forma negativa a una prerrogativa adjetiva. De lo argumentado hasta el momento, es posible concluir que en contra del acto reclamado consistente en la resolución de ocho de octubre de dos mil veinte, en la que, al desechar de plano por improcedente el recurso de reconsideración, la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dejó firme el auto donde desechó parcialmente la demanda de nulidad y negó la autorización para el uso de cámaras fotográficas y cualquier aparato electrónico para reproducir las actuaciones, dentro del expediente TJA/4ª/SERA/JRAEM-024/2020; no procede el juicio de amparo indirecto; pues, la naturaleza de tal actuación es intraprocesal. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 21/99-PL, el Alto Tribunal decidió que el acuerdo que desecha parcialmente una demanda agraria sin ulterior recurso constituye un acto que sólo infringe un derechos de naturaleza adjetiva, por lo que no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución. No pasa inadvertido que, en aquella época, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J.55/2002 resolvió que el juicio de amparo indirecto sí era procedente en contra de tal acto porque éste causaba una afectación en grado predominante; no obstante, como quedó explicado, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 citada con anterioridad, fue abandonado el criterio de afectación en grado predominante. En ese contexto, en el juicio administrativo TJA/4ª/SERA/JRAEM-024/2020, aún no se dicta la sentencia definitiva, es decir, no se ha resuelto el fondo del asunto; por tanto es evidente que las violaciones procesales que aun en grado predominante o superior pudiera representar el acto reclamado, no es susceptible de impugnación a través del juicio de amparo indirecto. Esto es, será procedente esta vía constitucional hasta que se dicte la resolución definitiva en el fondo de la litis planteada en el juicio contencioso administrativo; lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo, al ser un acto reclamado de carácter intraprocesal y no tener la naturaleza de acto de imposible reparación. En efecto, uno de los supuestos en los que procede el juicio de amparo indirecto, es cuando se trata de actos dictados dentro de juicio que tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, de un acto que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del promovente, ya sea de carácter real, personal o que ponen fin al procedimiento que está en trámite, impidiendo que se emita la resolución definitiva. Por tanto, la resolución de ocho de octubre de dos mil veinte, a través de la cual la Sala responsable confirmó el desechamiento parcial de la demanda de nulidad por una autoridad ejecutora y le niega la autorización para el uso de cámaras fotográficas y cualquier aparato electrónico para reproducir las actuaciones, dictada dentro del juicio contencioso administrativo TJA/4ª/SERA/JRAEM-024/2020, no le causa a la parte quejosa un daño de imposible reparación. Se determina así, ya que como se observa de las constancias allegadas por la responsable al rendir su informe con justificación, en su demanda de nulidad el quejoso señaló como autoridades responsables las siguientes: Como ordenadoras: Fiscal General del Estado de Morelos (Uriel Carmona Gándara); Secretario Ejecutivo de la Fiscalía General del Estado de Morelos (Francisco Hurtado Delgado); Como ejecutoras: Coordinador General de Administración de la Fiscalía General del Estado de Morelos (Homero Fuentes Ayala); Directora de Recursos Humanos de la Coordinación General de Control Administrativo de la Fiscalía General del Estado de Morelos (Adriana Díaz Escarramán). De quienes reclamó: De las autoridades ordenadoras: la orden de destitución, remoción, cese o baja definitiva del cargo que desempeñaba como integrante de la Institución de Procuración de Justicia, de uno de abril de dos mil veinte. De las autoridades ejecutoras: El cumplimiento realizado a dicha orden, el dos de abril de del año pasado, sin que precediera alguna queja o procedimiento disciplinario en su contra. Por su parte, en la resolución aquí reclamada de ocho de octubre de dos mil veinte, donde la Sala responsable desechó el recurso de reconsideración interpuesto contra el auto de dieciocho de septiembre pasado, determinó: ".Sin embargo, en el referido auto, se le desechó la demanda única y exclusivamente por cuanto a ".b) Licenciado Homero Fuentes Ayala, Coordinador General de Administración de la Fiscalía General del Estado de Morelos. (sic), en virtud de que el demandante en su escrito inicial de demanda, así como en su escrito por el cual lo subsana, no señala DIRECTAMENTE DE ELLA actuación u omisión por parte de esa autoridad, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 y 12 fracción II, inciso a) de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; si bien es cierto la parte demandante la menciona dentro de su escrito inicial de demanda en el apartado IX, inciso 4º, cierto es que de la narrativa de sus hechos o antecedentes de la demanda no se advierte intervención de la misma; razón por la cual es que no se tuvo al Coordinador General de Administrador de Administración como autoridad demandada, aunado a que al momento de resolver en definitiva, al resultar condenatoria, este Tribunal puede vincular al cumplimiento de la misma a la autoridad que en virtud de sus funciones deba dar cumplimiento." De lo que se advierte que el desechamiento parcial de la demanda por cuanto hace a la autoridad ejecutora Coordinador General de Administración de la Fiscalía General del Estado de Morelos (Homero Fuentes Ayala) no es un acto de imposible reparación, toda vez que la acción principal de nulidad se encuentra admitida en su totalidad por las autoridades que señaló como ordenadoras; en el caso, las que emitieron la orden de destitución que combate; por lo que, el desechamiento de una autoridad ejecutora no incide en la procedencia o no de la acción principal de nulidad, pues ésta corre la suerte de las ordenadoras. Máxime que, como incluso lo indicó la responsable en la resolución combatida, en caso de obtener un resultado favorable y de advertir plena intervención de la autoridad por la que se desechó su demanda (ejecutora) la Sala responsable puede vincularla al cumplimiento de la sentencia que al efecto se emita. En ese sentido, tampoco le causa un agravio irreparable la negativa a autorizar la reproducción electrónica de constancias con el uso de cámaras fotográficas y cualquier aparato electrónico para reproducir las actuaciones, pues el quejoso al formar parte de la controversia (actor) se encuentra en posibilidad de consultar el expediente y constancias que lo integran en el momento que lo considere pertinente dentro del horario de labores de la Sala responsable, imponiéndose de su contenido íntegro, pues ello no le ha sido negado por la responsable; sin embargo, en caso de que la negativa de reproducción electrónica de constancias trascienda en el fallo definitivo que al efecto se dicte, podrá hacerlo valer como violación procesal al momento de interponer amparo directo contra la sentencia definitiva. En ese contexto, resulta evidente que el acto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales de la parte quejosa porque únicamente se resolvió el recurso de reconsideración que el justiciable interpuso en contra del auto que desechó parcialmente la demanda de nulidad por una autoridad ejecutora y negó el uso de aparatos electrónicos para reproducción de constancias. De ahí que hasta el momento no se tiene la certeza de que el acto reclamado consistente en la resolución de ocho de octubre de dos mil veinte, dictada por la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el expediente relativo al expediente TJA/4ª/SERA/JRAEM-024/2020, sea de trascendencia jurídica al momento de resolver el juicio de nulidad. En efecto, será hasta el dictado de la resolución definitiva en el juicio contencioso administrativo TJA/4ª/SERA/JRAEM-024/2020, que se verá la trascendencia de la violación adjetiva de que se duele la parte quejosa, lo que redunda en que no se esté en presencia de actos de imposible reparación que afecten materialmente derechos sustantivos, dada la falta de repercusión inmediata de la resolución reclamada, sumado a que el dictado de una eventual resolución favorable implica la falta de la irreparabilidad exigida. Además, como se dijo, en caso de que la sentencia que se dicte en el juicio de origen resulte adversa a los intereses de la parte quejosa, estará en posibilidad de combatirla a través del juicio de amparo directo, en el que podrá expresar argumentos contra las violaciones que, a su juicio, se hayan cometido en el procedimiento respectivo, incluyendo las que se estime se cometieron en la resolución que aquí reclama, de conformidad con los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo, ya que prevén la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento que afecten la defensa del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; por el contrario, de resultarle favorable la sentencia, no habría surgido afectación alguna con el dictado de la resolución reclamada. Es aplicable la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, Tomo III, correspondiente al mes de mayo de dos mil catorce, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro: 2006338, del contenido siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)" En consecuencia, la sola resolución que recae al recurso de reconsideración interpuesto dentro del expediente relativo al juicio de nulidad TJA/4ª/SERA/JRAEM-024/2020, no conlleva una ejecución que sea de imposible reparación, en virtud de que aún no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa de forma directa e inmediata. Sirve de apoyo lo anterior la jurisprudencia PC.XVI.A. J/33 A (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con número de registro digital 2023041, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época Libro 85, Abril de 2021, Tomo II, página 1561, de rubro: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA EL DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA, CONFORME A LA JURISPRUDENCIA P./J. 37/2014 (10a.) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 55/2002]." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61 fracción XXIII en relación con el 107 fracción V interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63 fracción V de la ley en cita, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 1026/2021-I, promovido por JULIO CÉSAR DELGADO ROMÁN contra el acto reclamado precisado en el tercer considerando por los motivos y efectos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron, asistido de la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    CUMPLASE

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo se advierte que mediante circular SECNO/10/2021, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Así, atendiendo al contenido del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en el que -con el objeto de dar continuidad y reanudar las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación- se establecen diversas acciones que deben llevar a cabo los órganos jurisdiccionales para la reanudación en el trámite y resolución de todos los asuntos radicados en este juzgado, adoptando las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, VI y VIII del citado acuerdo general, en lo que resulten aplicables, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el quince de marzo de dos mil veintiuno, de acuerdo a la Circular SECNO/10/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura federal. REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, con relación al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales en este juicio de amparo, en el entendido que conforme a la fracción I del artículo 2 del referido acuerdo, dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes. Data que se señala, en razón de la alta carga de trabajo generada con motivo de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales a virtud del fenómeno de salud pública originado por el COVID-19, así como su reanudación en los términos apuntados. Ello en atención a que conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo no se exige la presencia de las partes lo que permite la celebración de la audiencia constitucional y la reanudación del juicio; lo cual incluso favorece la protección de su salud ante la emergencia sanitaria ya indicada. En caso de que alguna de las partes manifieste que requiere estar presente en el desahogo de dicha diligencia como lo establece el mencionado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico, para realizar las gestiones necesarias ante Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Coordinador Técnico Administrativo de la adscripción, para que proporcione los elementos técnicos necesarios para establecer el enlace simultáneo de imágenes y sonidos y sean citadas las partes para su debido desahogo. Bajo apercibimiento que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Asimismo, se les hace saber que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir los pasos que ahí se precisan. RECOMENDACIÓN PARA TRANSITAR HACIA EL ESQUEMA DE JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. NOTIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO En cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que en el caso que en el presente asunto se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, lo que significa que esté totalmente integrado y no exista determinación alguna diversa que dictar, la reanudación de plazos ordenada opera hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional, caso contrario, esto se verifica en términos de lo ordenado en la Circular antes invocada; por lo que notifíquese el presente acuerdo a las partes, atendiendo a lo determinado en el auto admisorio de este asunto. Asimismo, se hace de su conocimiento que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

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