Julio Cesar Bautista Amaro
Expediente 1033/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1033/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Julio Cesar Bautista Amaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1033/2018-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia engrosada el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el único punto resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 1033/2018-II, promovido por Julio César Bautista Amaro. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por demanda presentada el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada en esa fecha a este Juzgado, Julio César Bautista Amaro, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos de la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se admitió la demanda, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. Luego, por auto de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, se fijaron las once horas con dos minutos del catorce de agosto de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional, que inició en términos del acta de esa fecha; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; lo anterior, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, siendo en el caso el siguiente: 1) Del Director General de la Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Publica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo DGUAI/PA/051/2018-05. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos que se le reclaman al Director General de la Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Publica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, consistente en el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo DGUAI/PA/051/2018-05, pues así lo manifestó al rendir el informe justificado; lo que se corrobora con la copia certificada del procedimiento antes referido, el cual, al reunir las características de un documento público al haber sido expedidas por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, tiene pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Causal de improcedencia infundada. Por ser las causales de improcedencia de estudio oficioso en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar si se actualiza alguna. El Director General de la Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Publica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, argumentando que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad; en específico, que no instó el juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Es infundada la causal de improcedencia que se invoca. El principio de definitividad que impone el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, conlleva que la acción constitucional es procedente si, previamente a su ejercicio, el gobernado agotó el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado, a través del cual éste podría ser modificado, revocado o nulificado; sin embargo, dicho principio admite excepciones, reguladas en la propia Ley de Amparo y en los criterios adoptados por los órganos del Poder Judicial de la Federación. En tal sentido, conviene citar la tesis P./J.11/2018 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece a foja 8 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, libro cincuenta y cinco, junio de dos mil dieciocho, registro 2017117, que literalmente precisa: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso, no es procedente agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa Estatal, en virtud de que el acto reclamado se trata de un acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad, por ello, esa instancia ordinaria judicial administrativa sólo procede conforme a lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conociendo de los juicios promovidos por los miembros de las instituciones de seguridad pública, derivados de su relación administrativa con el Estado y los Ayuntamientos, en contra de las sentencias definitivas mediante las que se imponen correctivos disciplinarios y sanciones impuestas por los Consejos de Honor y Justicia, con excepción de las responsabilidades administrativas graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como en contra de resolución definitiva en materia de responsabilidades administrativas que en el ejercicio de sus funciones dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar los Órganos Internos de Control o sus equivalentes en las dependencias que integran la Administración Pública Estatal y Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales. Lo anterior se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 18, inciso B), fracción II, subinciso f) y 30, fracción B), inciso I, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que señala: "Artículo 18. Son atribuciones y competencias del Pleno: . B) Competencias: I. Fijar la jurisprudencia del Tribunal; II. Resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, por lo que conocerá de: f) Conforme a lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocerá de los juicios promovidos por los miembros de las instituciones de seguridad pública, derivados de su relación administrativa con el Estado y los Ayuntamientos, en contra de las sentencias definitivas mediante las que se imponen correctivos disciplinarios y sanciones impuestas por los Consejos de Honor y Justicia, con excepción de las responsabilidades administrativas graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; "Artículo 30. Los Magistrados de Sala Especializada tendrán además de la que corresponde a los demás Magistrados, competencia para: . B) Conocer: I. Los juicios que se promuevan en contra de cualquier resolución definitiva en materia de responsabilidades administrativas que en el ejercicio de sus funciones dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar los Órganos Internos de Control o sus equivalentes en las dependencias que integran la Administración Pública Estatal y Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales, y ." Cabe invocar el texto de la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), también de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Décima Época, página 1329 de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno procede el juicio de amparo indirecto, por violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto, al constituir un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que conforme al precepto 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlos aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva; motivo por el que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional." Conforme a éste criterio, se puede concluir que el quejoso al no tener la obligación de agotar el juicio contencioso antes de promover la presente vía constitucional, es procedente esta instancia constitucional, puesto que el acto que esencialmente se duele -acuerdo de inicio-, constituye un acto dictado dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio que le ocasiona daños de imposible reparación. Al no existir diversa causa de improcedencia que hagan valer las partes o cuya actualización se advierta oficiosamente, lo procedente es analizar el fondo del asunto a la luz de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, mismos que por cuestión de técnica se analizarán en un orden diverso al en que se proponen. QUINTO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado, consistente en el acuerdo de catorce de mayo de dos mil dieciocho, en el cual se inició el procedimiento administrativo número DGUI/PA/051/2018-05. Debe quedar precisado que no se actualiza alguna de las hipótesis que regula el artículo 79 de la Ley de Amparo, por ello, se examinarán los conceptos de violación del quejoso a la luz del principio de estricto derecho, en observancia a la jurisprudencia localizable en la Décima Época, con registro 2013378, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, en Materia Común, tesis 2a./J. 190/2016 (10a.), del rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL. Para que proceda la aplicación de la suplencia de la queja deficiente a que se refiere la indicada porción normativa, es menester no sólo que el quejoso tenga la calidad de trabajador o empleado sino que, además, se trate de un asunto cuya materia derive de un conflicto laboral, es decir, que tenga incidencia, de manera directa e inmediata, en algún derecho previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar si el origen de la relación de subordinación deriva de una relación regulada por leyes laborales o administrativas, pues basta con que se afecte algún interés fundamental tutelado por el precepto constitucional aludido y que en el amparo intervenga un trabajador o empleado en defensa de aquél para que surja la obligación del órgano de control constitucional de aplicar la institución de mérito a su favor. Por tanto, como el procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones a que se contrae aquel precepto constitucional, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública en estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal (antes 113, párrafo primero), es claro que en los juicios de amparo cuya materia se ciña a algún acto dictado en ese tipo de procedimientos no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo." Esta conclusión se sustenta en el hecho de que el disconforme Julio César Bautista Amaro, reclamó un acto administrativo consistente en el auto de inicio de un "procedimiento administrativo" en su contra y en su calidad de elemento adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, emitido en acuerdo de catorce de mayo de dos mil dieciocho, por la Dirección General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Publica en el Estado de Morelos, como se corrobora con las documentales anexas a su demanda y al informe justificado que remitió la responsable. Esto es, emana de un procedimiento administrativo como causa de una posible responsabilidad que amerite una sanción administrativa (conocido como derecho administrativo sancionador), por la conducta positiva u omisiva desplegada por ese servidor público en el ejercicio de su función; procedimiento, cuyo objetivo principal es verificar si el acto u omisión atribuido al servidor público afecta los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen a la función pública, lo que es totalmente distinto al procedimiento administrativo de separación por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia. Tal divergencia fue explicada en la ejecutoria dictada en sesión de veinte de octubre de dos mil dieciséis, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 228/2014, que en la parte que interesa, se expuso lo siguiente: "La relación entre el Estado y los servidores públicos que se rigen por leyes especiales, es decir, los Ministerios Públicos, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, se regula a través de un régimen jurídico administrativo especializado; la razón de ello atiende a la naturaleza de las funciones específicas -de seguridad pública nacional- que realizan. Se basa en una jerarquía de poder, donde el órgano jerárquicamente superior impone mandatos sobre los órganos inferiores y la relación entre todos ellos es de carácter público, perteneciente al ramo administrativo, pues quien da las órdenes y quien las cumple, no deben perseguir un interés privado propio, sino el interés público. Respecto a este régimen especial, dejando de lado los procedimientos laborales ordinario y burocrático, cabe distinguir dos tipos de procedimientos bajo los cuales se puede llegar a la separación del cargo: a) el procedimiento administrativo de separación por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, el que podría eventualmente llevar a la separación del servicio por imposibilidad para continuar en él; y b) el procedimiento administrativo como causa de responsabilidad que amerite la imposición de una sanción administrativa. En el procedimiento administrativo de separación por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia (caso que analizaron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes), la terminación del servicio con alguna de estas instituciones se decreta por incumplir con los requisitos de permanencia previstos en las leyes respectivas; esto es, el servidor público incumple con los presupuestos legales que garantizan a la sociedad el cumplimiento eficaz de las funciones de seguridad pública; en este procedimiento se regulan aspectos relativos a la relación entre el servidor público y la dependencia en la que labora, así como a los derechos y obligaciones de éstos. En cambio, en el procedimiento administrativo como causa de responsabilidad (conocido como derecho administrativo sancionador), la separación del servicio podría decretarse por considerar que el miembro del servicio incurrió en alguna causa de responsabilidad administrativa, es decir, como consecuencia de un procedimiento disciplinario por la conducta positiva u omisiva desplegada por dicho servidor público en el ejercicio de sus funciones; en este último caso, el objetivo principal es verificar si el acto u omisión atribuido al servidor público afecta los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen a la función pública. Esto es, la separación del servicio por incumplir con los requisitos de ingreso y permanencia es muy distinta a la imposición de una sanción derivada de un procedimiento de responsabilidad administrativa. Por ejemplo, la falta de aprobación del proceso de evaluación de control de confianza, que da lugar a la ausencia del perfil físico, médico y ético del servidor público, no puede ser considerada como infracción que deba dar lugar a la imposición de una sanción administrativa, por haber incurrido en causa de responsabilidad; en este caso, al no aprobar los exámenes de control de confianza, la terminación del servicio se decreta por incumplir con los requisitos de permanencia previstos en las leyes respectivas, sobre la base de aspectos relativos a la relación entre el servidor público y la dependencia en la que labora; mas no por haber incurrido en una causa de responsabilidad administrativa. Es por tal situación que cuando un miembro de alguna institución de seguridad pública, no cumple con el requisito de aprobar las evaluaciones a las que es sometido, éste podrá ser separado de su cargo, previo desahogo del procedimiento previsto en la ley respectiva, pero ello no constituye responsabilidad alguna para dicho funcionario, toda vez que no se le imputa conducta irregular, esto es, no se le está sancionando por haber cometido alguna infracción a las obligaciones que le impone la ley; sino que es separado de su cargo por no reunir los requisitos de permanencia requeridos en la institución respectiva (de seguridad pública), para prestar el servicio que le es requerido de manera satisfactoria. En conclusión, en el procedimiento administrativo de separación por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia se dirimen temas relativos a la relación que surge entre el Estado como patrón y el servidor público como empleado; y en el procedimiento de responsabilidad administrativa se analiza si la conducta de un servidor público en el ejercicio de sus funciones afectó o no, los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen a la función pública." Partiendo de esa distinción, es evidente que no es aplicable la jurisprudencia visible en la Décima Época, con registro 2014203, que derivó de esa referida contradicción de tesis resuelto por el Pleno del máximo tribunal del país, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, en Materia Común, Tesis P./J. 7/2017 (10a.), que dispone: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA. El precepto referido establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; mandato que debe interpretarse como una ampliación del ámbito de tutela de esta institución en favor de todos los trabajadores, con independencia de la naturaleza de su relación con la parte patronal, lo cual incluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, por ser personas al servicio del Estado. Así, esta interpretación resulta acorde con el núcleo de protección de la figura de la suplencia de la queja deficiente, pues si lo que con ella se pretende es salvaguardar los derechos de la clase trabajadora, posicionándolos en un plano de igualdad material frente al ejercicio de la labor jurisdiccional, es claro que dicha razón se surte igualmente tratándose de los miembros de las instituciones de seguridad pública, pues en este caso también se encuentran en una relación de subordinación donde la parte patronal, en principio, encuentra mayores facilidades para hacer valer sus pretensiones en juicio, máxime cuando, como en el caso, se trata del propio Estado." En sus conceptos de violación, la parte quejosa manifiesta, esencialmente lo siguiente: 1) Que se viola el artículo 1° Constitucional, porque no se le otorgó la protección más amplia de sus derechos, ya que no cumplieron con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, siendo obligación de la responsable, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 2) Que se viola el artículo 14 Constitucional, porque no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento ya que se inició sin las pruebas suficientes, sin especificar cuál es la conducta desplegada o qué se le atribuye. 3) Que el artículo 16 Constitucional, no se respetó porque no se ajustó a los preceptos legales que pretende actualizar, pues en su citatorio le señalaron los artículos 94, 95, 100, fracciones I, IV, VI, XVI, XXVII, XVIII y XXVI, 159, fracciones I, VI, VII, VIII, XXV y XXVIII, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, los que hace material y jurídicamente imposible que una sola conducta se ajuste a esos preceptos legales, sin realizarse a su favor la debida tipicidad que exige todo acto administrativo sancionador, careciendo de la debida fundamentación y motivación. 4) Que se infringe el artículo 20 Constitucional, al violar el principio de presunción de inocencia, ya que se pretende dar por hecho que desplegué conductas sin allegarse a pruebas que acrediten plenamente mi responsabilidad y las que se allegó no son idóneas, pertinentes ni en su conjunto suficientes para demostrar los hechos que se me imputan. Lo anterior con base en las siguientes consideraciones: Que no hay coherencia entre lo que se manifiesta públicamente en las redes sociales (Facebook) y lo que manifiesta el testigo en su queja presentada en la unidad de asuntos internos de veinticuatro de abril del dos mil dieciocho, donde señaló que el quejoso trataba de meter la mano para poder sacar su bolsa y jaloneándola le decía que se la entregara para revisarla, tratándose de dos conductas muy diferentes, imputaciones que no están sustentadas en ninguna prueba. Que no hay videos, fotografías o testigos presenciales que acrediten las imputaciones, además que en ningún momento tuvo contacto físicamente con la femenina de nombre Diana Laura Castañeda Rosiles, no con su acompañante Armando Antonio Pérez Mondragón, siendo ilógico lo que trataba de sacar de su bolso cuando ella manifiesta que no se bajó de la camioneta y tenía los vidrios de las puertas arriba en donde sólo podía escuchar la conversación, así como los seguros puestos y que su esposo al subirse a la camioneta le dice que los policías le habían robado dinero, lo cual no le constan los hechos. No existe denuncia ante el ministerio público del fuero común, lo cual desvirtúa las acusaciones, ya que al tratarse de un delito como es el de robo, debió proceder con la denuncia correspondiente. Que el quejoso no cuenta con resoluciones ministeriales o judiciales de esa conducta, como se acredita de la hoja de servicios en el apartado de sanciones y recomendaciones foliado con los números 67 y 68 del expediente. Que no se tomó en cuenta lo plasmado en la bitácora de reportes registrada en los horarios 01:01 y 01:21 foliado con el número 32 en el expediente citado, donde informaron oportunamente la revisión que se realizaría al vehículo, donde se mostró muy molesto por la revisión argumentando ser influyente, cumpliendo en todo momento con el desempeño correcto de sus funciones, informando en tiempo y forma y cumpliendo con los protocolos de actuación, no siendo justo ni legal que se pretenda sancionar por cumplir con su deber, dejándolo en estado de indefensión, por lo que no debe darse valor probatorio al resto de las pruebas, pues no guarda relación directa ni aporta información suficiente sobre los hechos, violando con ello su presunción de inocencia. El concepto de violación número 1), es inoperante, pues si bien es una obligación de toda autoridad prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones los derechos humanos, acorde a lo que regula el numeral 1° constitucional, así como el de observar ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, también lo es que, el referido principio no conlleva que las autoridades en ejercicio legítimo de sus funciones dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen. Por otra parte, el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, tratándose del que debe ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, aunado a que se pida la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable, se señale también cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido y se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional, por lo que debido a que la parte quejosa se limitó a invocar la aplicación del principio pro persona o del nuevo modelo de control constitucional, como causa de pedir, pero no cumplió con los aludidos parámetros mínimos para la eficacia de esta solicitud, por ello, deviene inoperante su argumento de disentimiento. Por similitud jurídica, es aplicable a la jurisprudencia localizable en la Décima Época, con registro 2010532, de Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, en Materia Común, Tesis IV.2o.A. J/10 (10a.), que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SE LIMITAN A INVOCAR LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA O DEL NUEVO MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, COMO CAUSA DE PEDIR, PERO NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA EFICACIA DE ESTA SOLICITUD. Si bien es cierto que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, generó nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano y, particularmente, para los órganos jurisdiccionales, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, y dio lugar a un nuevo modelo de control constitucional y convencional ex officio, también lo es que, según interpretaron la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas 1a. LXVII/2014 (10a.) y 1a. CCCXXVII/2014 (10a.) y de jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.) y 2a./J. 123/2014 (10a.), por una parte, el referido principio no conlleva que los órganos jurisdiccionales dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen y, por otra, el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, tratándose del oficioso, a que el órgano jurisdiccional advierta la sospecha de disconformidad de la norma aplicable o el acto de autoridad, con los derechos humanos reconocidos y, tratándose del que debe ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, consistentes en que, aunado a que se pida la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable, se señale también cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido y se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional, con lo cual se evita una carga excesiva al ejercicio jurisdiccional y se parte de reconocer que el ordenamiento jurídico nacional y los actos fundados en él gozan de la presunción de constitucionalidad, aun en lo relativo al respeto a los derechos humanos y a las restricciones que constitucionalmente operan en esta materia. Consecuentemente, si en el amparo directo los conceptos de violación, además de no controvertir eficazmente las consideraciones de la sentencia reclamada, se limitan a invocar la aplicación del principio pro persona o del nuevo modelo de control constitucional, como causa de pedir, pero no cumplen con los aludidos parámetros mínimos para la eficacia de esta solicitud, son inoperantes, más aún, ante el imperio de la regla general de estricto derecho, como previsión constitucional encaminada a asegurar, en condiciones ordinarias en el procedimiento de amparo, la imparcialidad del órgano de control y la igualdad de trato hacia las partes, cuando no concurre un motivo que excepcionalmente permita suplir la deficiencia de la queja en los términos establecidos en la Ley de Amparo y tampoco se advierte sospecha de disconformidad constitucional o convencional de una norma aplicada en perjuicio del quejoso; en el entendido de que si lo que se hace valer es la omisión de la responsable de ejercer el control referido, ello no constituye, en sí mismo, una violación pues, en todo caso, el justiciable estuvo en aptitud de efectuar el planteamiento respectivo ante la jurisdicción constitucional, cumpliendo con los parámetros mínimos requeridos, sin que lo hubiese hecho." A fin de dar contestación a los conceptos de violación 2) y 3), conviene tener presente el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la parte quejosa estima violados en su perjuicio. El artículo 14 constitucional, establece: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)". El artículo constitucional transcrito, consagra la garantía de audiencia que se traduce en la posibilidad de defensa de los gobernados frente a los actos que pretendan privarlo de su libertad, propiedad, posesiones y derechos. La garantía de audiencia implica la existencia de un juicio previo, frente a actos privativos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, el cual debe sustanciarse ante tribunales previamente establecidos observando las formalidades esenciales del procedimiento y dictarse apoyado en las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. Por su parte, el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El citado artículo regula, entre otras garantías, la de seguridad jurídica, cuya finalidad es proteger el respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino en conformidad con las reglas establecidas en la ley, para que el particular esté cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley. Resulta necesario reiterar que el artículo 14, párrafo segundo, constitucional prevé el derecho de defensa que debe tener todo gobernado frente a actos que tiendan a privarlo de sus derechos, el cual se integra, a su vez, con cuatro derechos específicos de seguridad jurídica, que son: a) Que en contra de la persona a quien se pretenda privar de alguno de los bienes jurídicos tutelados por la disposición constitucional, se siga un juicio. b) Que el juicio se substancie ante tribunales previamente establecidos. c) Que en el juicio se observen las formalidades esenciales del procedimiento; y, d) Que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes existentes con anterioridad al hecho. En ese sentido, las formalidades esenciales del procedimiento son aquellas que resultan necesarias e indispensables para garantizar una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, de tal suerte que su omisión o infracción produzca indefensión al afectado, o lo coloque en una situación que afecte gravemente su defensa. Por su parte, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que a toda persona a la que se le pretenda causar una molestia en su esfera jurídica, por parte de los órganos del estado, se le deberá entregar por escrito el acto debidamente fundado y motivado; encontrándose las autoridades obligadas además a fundar su competencia. Al respecto, cabe precisar que por acto de molestia se debe entender aquella actuación de la autoridad que provoca una mera perturbación en la esfera jurídica del gobernado; y que tal acto no constituye el fin último, ya que la afectación no es de manera definitiva o permanente, sino que es de carácter provisorio o transitorio. El artículo 16 constitucional permite a cualquier autoridad, emitir actos de molestia contra los gobernados, sin embargo, la emisión de ellos debe cumplir con ciertos requisitos, a saber: a) Que provenga de autoridad competente; b) Que se encuentre fundado y motivado, y c) Que conste por escrito. Se considera entonces, que un acto de molestia emitido por autoridad competente se encuentra fundado cuando en él se citan con precisión los preceptos legales aplicables al caso, y para razonar que se encuentra motivado la autoridad debe exponer todas aquellas circunstancias o hechos que estimó al momento de emitir el acto reclamado, siendo necesario, además, que los hechos aducidos por la autoridad encuadren en la hipótesis normativa citada, si por el contrario, la autoridad no cumple con dicho requisito, daría cabida entonces a declarar la inconstitucionalidad del acto. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, Tomo XIV, Noviembre de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 57/2001, de rubro siguiente: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO." Cabe agregar que el principio de tipicidad es aplicable a las infracciones y sanciones administrativas. Dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una "lex certa" que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En principio, con base en las explicaciones que anteceden, se determina que el acuerdo del inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades que se reclama en este juicio de amparo, no se rige por el derecho de audiencia previa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que, en todo caso, está sujeto al cumplimiento de los requisitos del diverso artículo 16 constitucional, referentes a que el acto respectivo debe constar por escrito, ser emitido por la autoridad competente, y estar debidamente fundado y motivado, puesto que atento a la naturaleza jurídica del acto reclamado, el propio momento procesal en que se emite y los efectos que produce, no pudiera catalogarse como un acto privativo, ya que no priva o restringe de manera definitiva al gobernable de derecho alguno, sino que por el contrario sería a partir de este que se garantiza y tutela el debido proceso en su vertiente de defensa adecuada y garantía de audiencia, de manera previa al acto que en definitiva se emite en el procedimiento administrativo de que se trata. De ahí que no pueda sostenerse que se le dejó en estado de indefensión al quejoso, al tratarse de un acto de molestia y no de un acto privativo, el que se hizo sabedor por medio de un citatorio en el que se le emplazó al procedimiento administrativo, logrando tener pleno conocimiento de los hechos o conductas que se le atribuyen y que motivaron el procedimiento de origen, al estar insertado en ese documento el acuerdo de inicio de mérito, quedando en esos términos fijada la imputación de la autoridad, por lo que desde ese momento se respetó su garantía de defensa y debido proceso; motivo por el cual no es dable estimar como violatorio del artículo 14 Constitucional, contrario a lo alegado. Siguiendo con este orden de ideas, en lo tocante al tema de la debida fundamentación y motivación, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas consideradas infractoras o merecedoras de sanción debe gozar de tal claridad y univocidad que la autoridad pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, del estudio del acto reclamado es evidente que la autoridad responsable sí motivó adecuadamente su actuar, al exponer las razones lógico-jurídicas que le llevaron a iniciar el procedimiento administrativo contra la parte quejosa, pues consideró que existían pruebas suficientes para el estado procesal de que se trata, que acreditaron que la conducta de Julio César Bautista Amaro, fue contraria a los principios de actuación, obligaciones y deberes que contempla la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, ello derivado de la conducta desplegada el veintidós de abril de dos mil dieciocho, debido a que se le atribuyó el mal desempeño del servicio que le fue asignado, ya que no sujetó el orden público, ni respetó las garantías individuales y derechos humanos reconocidos por la Constitución, al no observar un trato respetuoso para las personas de nombre Armando Antonio Pérez Mondragón y Diana Laura Castañeda Rosiles, provocando con ello una posible deficiencia en su servicio público, exteriorizando una conducta que no sólo desacredita su persona, sino también la imagen de la institución a la cual estaba adscrito. También, se advierte que la autoridad responsable sí fundamentó correctamente se actuación en los artículos 94, 95, 100, fracciones I, IV, VI, XVI, XXVII, XVIII y XXVI, 159, fracciones I, VI, VII, VIII, XXV y XXVIII, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, sin que obste que el quejoso afirme que la conducta que se le atribuye no puede estar prevista en todos los artículos citados en el acuerdo de inicio de procedimiento de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, ya que será al momento de dictar resolución definitiva y una vez analizadas las pruebas que integran el expediente, que se determine la conducta que en específico y de manera concreta realizó el quejoso, para lo cual, la autoridad indicará qué obligación y deber no fueron atendidos como integrantes de la Institución de Seguridad Pública; de ahí que, contrario a lo alegado, era suficiente la invocación normativa vertida por la responsable, ya que tales preceptos regulan diversos principios y obligaciones que se estimaron infringidos y suficientes para dar inicio a esta instancia administrativa. Sin embargo, en oposición a lo alegado se apreció que se le inició procedimiento por el hecho considerado como infracción consistente en el mal desempeño del servicio que le fue asignado, ya que no sujetó el orden público, ni respeto las garantías individuales y derechos humanos reconocidos por la Constitución, al no observar un trato respetuoso paras las personas de nombre Armando Antonio Pérez Mondragón y Diana Laura Castañeda Rosiles, provocando con ello una posible deficiencia en el servicio público, exteriorizando una conducta que no solo desacredita su persona, sino también la imagen de la institución a la cual estaba adscrito, que como se dijo encuadra en los preceptos legales que invocó la responsable. En este tenor, estaba facultada la autoridad responsable para iniciar el procedimiento administrativo contra el quejoso, en el que en respeto a su derecho de defensa al notificarle formalmente de su inicio y los motivos por los cuales se aperturaba; sede administrativa en la cual se determinará si la actuación del servidor público, como integrante de la institución policial, cumplió con los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, de conformidad con el artículo 21 constitucional; asimismo, con las obligaciones que establece el artículo 100 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, o bien, desahogadas las etapas de ese procedimiento, se determinará si existe una causa justificada de remoción. Por otra parte, resulta infundado el concepto de violación sintetizado con el inciso 4), al alegar una violación al principio de presunción de inocencia, bajo el argumento de que las pruebas que fueron recabadas en la etapa de investigación administrativa DGUI/PA/051/2018-05, no eran idóneas, pertinentes ni suficientes para determinar el inicio del procedimiento incoado en su contra, mucho menos con motivo de la queja de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, correspondiente a Armando Antonio Pérez Mondragón y Diana Laura Castañeda Rosiles. En cuanto a la afectación del principio de presunción de inocencia, contrario a lo que afirma el accionante, no se viola éste, dado que el acto reclamado no contiene una sanción y mucho menos en forma definitiva, ya que a partir de las pruebas que se tomaron en consideración para su dictado, por el contrario permite que este se privilegie al hacerle del conocimiento los motivos, razones y medios de convicción en que se sustentará el procedimiento sancionador, buscando que éste cuente con los medios procesales a su alcance para ejercer su derecho de defensa. Además, el alcance probatorio y valor legal que se otorgue a los elementos de prueba debe definirse al resolverse el fondo del asunto, para estar en posibilidad de verificar si en su caso el fincamiento de responsabilidad se realizó a partir de pruebas insuficientes, siendo suficiente adversamente a lo alegado, el material recabado en la etapa de investigación y apreciado por parte de la responsable para el inicio de procedimiento de responsabilidad combatido, sin que sea factible valorar la eficacia o certeza de los testimonios que se invocan, pues ello no constituye un parámetro de actuación en el juicio de amparo, debido a que la valoración de los elementos de convicción es una facultad exclusiva de la autoridad responsable que no pueden ejercitar los jueces de Distrito, ya que se incurriría en una sustitución de las atribuciones de la autoridad administrativa en la apreciación de los elementos de convicción. En la parte conducente, orienta lo anterior la jurisprudencia de la Novena Época, con registro 165883, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, en Materia Constitucional y Penal, Tesis 1a./J. 74/2009, que dispone: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CUANDO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO SE COMBATE LA FALTA DE DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE CIRCUNSCRIBIRSE A LA VALORACIÓN DEL JUICIO DE PRUEBA LLEVADO A CABO POR EL JUZGADOR NATURAL. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto vigente antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) establece que el auto de formal prisión debe contener: el delito que se imputa al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la valoración de los elementos de convicción es una facultad exclusiva del juez de la causa que no pueden ejercitar los jueces de distrito, salvo que se comprueben alteraciones que afecten la actividad intelectual que aquél debe llevar a cabo para otorgar valor determinado a las pruebas; sin embargo, si bien es cierto que el juez de distrito no puede sustituirse al juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, también lo es que ello no implica que no pueda revisar el juicio de valoración de la prueba desarrollado por la autoridad responsable, en tanto que el juicio de garantías se circunscribe a analizar la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado, no del medio de prueba en sí. Por tanto, se concluye que cuando a través del juicio de amparo se combate la falta de debida fundamentación y motivación en la valoración de las pruebas relacionadas con los requisitos de fondo del auto de formal prisión -cuerpo del delito y presunta responsabilidad-, el órgano de control constitucional debe circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el juzgador y resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho auto. Sin que lo anterior signifique que el tribunal constitucional sustituye al juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, ya que en el caso aludido, aquél únicamente analiza la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad responsable para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal." En el entendido que al verificar el juicio de valoración efectuado por la responsable al material probatorio que sustentó la determinación combatida, permiten al suscrito arribar al convencimiento que se valoraron de manera acertada legal y constitucionalmente, conforme al rigor probatorio que se requiere para la emisión de un acto de molestia, esto es con un estándar menor al necesario para el dictado de un acto definitivo, de conformidad con lo dispositivos 14 y 16 Constitucionales. En efecto, debe destacarse que en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo, si se señalaron las pruebas en que se sustentó el inicio del procedimiento, y que le permitieron determinar presuntivamente que si se encontraba acreditada la conducta que motivó su solicitud. Asimismo, se observa que la autoridad fundó y motivó ésta, y se remitió el expediente correspondiente, en el que obraban las pruebas que sirvieron de sustento para su dictado; lo que conlleva la obligación de verificar que ésas sean legales e idóneas, pues sólo así se cumplirán las obligaciones constitucionales de fundar y motivar sus actuaciones, así como de garantizar una adecuada defensa a los incoados, al permitirle ofrecer pruebas con las que desvirtúe la imputación en su contra. Bajo esa óptica, del estudio del acuerdo de inicio procedimiento, se puede determinar que la autoridad responsable no se limitó al contenido de la queja de Armando Antonio Pérez Mondragon y Diana Laura Castañeda Rosiles, pues también consideró las siguientes pruebas: ? Publicación de la Red Social denominada Facebook de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho (foja 01 anexo I). ? Comparecencia de fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho a cargo de Armando Pérez Mondragón en su carácter de quejoso (foja 07 a 10 anexo I). ? Comparecencia de fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho a cargo de Diana Laura Castañeda Rosiles, en su carácter de testigo (foja 15 a 17 anexo I) ; ? Oficio UE/0565/2018 de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, suscrito por el Subinspector Lauro Quiroz Amador, Director General de Unidades Especiales de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, donde remite copias certificadas de la fatiga de servicios (diurna y nocturna) correspondiente al veintiuno de abril de dos mil dieciocho (foja 18 anexo I). ? Oficio DGCCCCCC/0918/2018 de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, suscrito por Yai Bee Cerecer López, Director General del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Computo, mediante el cual remite copias certificadas de la bitácora de escucha de radio, correspondiente al día veintiuno de abril de dos mil dieciocho, asimismo envía copias certificadas del reporte de eventos del sistema GPS de la unidad con número económico 00574, en el rango de tiempo establecido (foja 27 a 50). ? Oficio CEAISP/DRSP/0851/IV/2018 de treinta de abril de dos mil dieciocho, suscrito por el Noel Guido Delgado, Director de Registros de Seguridad Pública, mediante el cual remite copias certificadas de cuatro hojas de servicio y cuatro constancias de consulta del CUIP de Julio César Bautista Amaro y otros (fojas 58 a 72). ? Oficio UE/0621/2018 de dos de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el Subinspector Lauro Quiroz Amador, Director General de Unidades Especiales de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, mediante el cual remite copias certificadas de correctivos disciplinarios (boleta de arresto) que se han impuesto a los elementos (fojas 80 a 105). ? Oficio DGCCCCCC/1016/2018, de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por Yei Bee Cerecer Lopez, Director General del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo, mediante el cual informa que esa comisión de Seguridad Publica no dispone de Cámaras de Seguridad en la Dirección antes mencionada. ? Oficio UE/0632/2018, de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por Lauro Quiroz Amador, Director General de Unidades Especiales de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, mediante el cual remite tarjeta informativa realizada a Julio César Bautista Amaro y otros (foja 107 a 109). ? Contestación al oficio DGUAI/1084/2018-04, en el cual Rosa Isela Estrada Mejía, Directora de Recursos Humanos, envía perfil socioeconómico, así como domicilio particular de Julio César Bautista Amaro y otros (fojas 74 a 76); asimismo se anexan cuatro hojas de servicio y cuatro constancias de consulta de CUIP. Las citadas pruebas, investigaciones y declaraciones, valoradas en su conjunto de manera acertada, fueron con las que la autoridad responsable determinó iniciar el procedimiento administrativo contra el quejoso, por lo que es inconcuso que no sólo consideró las declaraciones de Armando Antonio Pérez Mondragón y Diana Laura Castañeda Rosiles, sino diversos elementos de convicción recabados en la etapa de investigación, para que pudiera dar pauta al inicio del procedimiento administrativo en el que se dirima la infracción administrativa que se le atribuye, respetando el debido proceso; juicio de valor que de manera opuesta a lo alegado, se aprecia apegado a la legalidad y consecuentemente constitucionalidad, acorde al rigor probatorio necesario para el dictado de un acto de molestia, pues en ningún momento partió de los datos obtenidos de dichas probanzas para fincar una sanción definitiva en contra del quejoso, sino que por el contrario a la luz de los elementos que de estos obtuvo, resolvió en aras de tutelar y respetar los derechos de terceros y principalmente los del investigado, aquí quejoso, al permitirle de manera legal conocer los hechos imputados. Por tal razón, las supuestas inconsistencias que se alegan por el quejoso fijadas en el resto de su concepto de violación identificado con el numeral 4), son infundados, dado que a través de esos tópicos, se pretende nulificar o restar eficacia probatorio a los elementos de prueba considerados para dictar el inicio de procedimiento disciplinario, cuestión que sólo atañe al fallo definitivo que se emita por parte de la autoridad responsable, estando en aptitud legal el servidor público quejoso, de ofrecer sus pruebas, objetar las recabadas, y alegar lo que en derecho de defensa corresponda, sin que pueda determinarse plenamente en el auto inicial su eficacia probatoria, en los términos que propone el disconforme. En las relatadas condiciones, al ser inoperantes e infundados los conceptos de violación, y no advertirse que se configure alguna hipótesis por la que deba operar la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado por el quejoso. Por lo expuesto, fundado y fundado; se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Julio César Bautista Amaro, respecto del acto y autoridad precisado en la parte considerativa de esta esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe, hoy cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este Juzgado Federal.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos de los artículos 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad oficiante los que designa. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la responsable, se ordena formar el anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. En relación con la presuncional e instrumental de actuaciones que ofrece la responsable, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las mismas, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DOS MINUTOS DEL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada en sesión celebrada el once de junio del dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2716/2018, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe. CARMEN
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1033/2018-II y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito de demanda Julio Cesar Bautista Amaro, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la autoridad responsable Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, de quien reclama el acuerdo del inicio de procedimiento de remoción emitido en el expediente número DGUAI/PA/051/2018-05, incoado en su contra. II.- CERTEZA DEL ACTO. El Director General de la Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Pública, en representación de la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, manifestó ser cierto el acto reclamado, pero únicamente en relación al inicio del procedimiento administrativo y no de remoción. III.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En autos de los presentes cuadernillos incidentales relativos al juicio de amparo 1033/2018-II, se desprende que únicamente la parte quejosa ofreció prueba documental consistente en copias simple del auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho emitido por la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. IV.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Es cierto el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo de la presente resolución en los términos ahí indicados, por tanto, se procede a proveer lo siguiente: Debe precisarse que el quejoso solicitó la suspensión del acto reclamado para el siguiente efecto: Sentado lo anterior, este Juzgado Federal resuelve la suspensión solicitada única y exclusivamente respecto de las consecuencias del acto que se reclama. Encuentra apoyo lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 111/2003, de la Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, de la Novena Época, con registro 182529, página 98, del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS." Ahora bien, tomando en cuenta que la parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado que se hace consistir en el acuerdo del inicio de procedimiento en el expediente número DGUAI/PA/051/2018-05, incoado en su contra y, se destaca que las consecuencias de dicho acto son susceptibles de suspenderse, en razón de que: Al escrito de demanda, el quejoso adjuntó copia simple del acuerdo de catorce de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente DGUAI/PA/051/2018-05, del que entre otras cosas se advierte que el promovente de amparo se encuentra adscrito a la Jefatura de la Unidad de Operaciones Especiales perteneciente a la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Por tanto, con lo anterior acredita indiciariamente que labora como elemento policial para la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Lo anterior adminiculado con la manifestación bajo protesta de decir verdad efectuada por el quejoso en el escrito de demanda, en cuanto a que ostenta el cargo de elemento policial adscrito a la Jefatura de la Unidad de Operaciones Especiales perteneciente a la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Ahora bien, por su parte el artículo 147 de la Ley de la Materia, señala que el órgano jurisdiccional de amparo deberá fijar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio, asimismo, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta en tanto se resuelva la litis constitucional. También, ha de precisarse que de lo dispuesto por los artículos 128 y 150 de la Ley de Amparo, se advierte que de ser procedente la suspensión del acto reclamado, ésta ha de concederse de modo tal que no impida la continuación del procedimiento. Igualmente, no pasa inadvertido a este Juzgador Federal que el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como requisito para conceder la suspensión de los actos reclamados que no se contravengan disposiciones de orden público, destacando sobre el particular que la continuación del procedimiento es de orden público y, por ende, su suspensión lo contraviene, lo que se funda en el artículo 150, primer párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que, conforme a este precepto, debe resolverse sobre la procedencia de la suspensión respecto de los efectos de los actos reclamados. Cabe precisar que en el ámbito del juicio de amparo, la suspensión es la determinación judicial por la que se ordena detener temporalmente la realización del acto reclamado mientras se resuelve la cuestión constitucional planteada; por tanto, sólo tiene por objeto paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por desarrollar la autoridad responsable. Por tanto, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que: La autoridad responsable se abstenga de separar del cargo que actualmente desempeña el promovente de amparo, así como de suspender los derechos de seguridad social y los emolumentos que le corresponden, siempre y cuando, a la fecha de la emisión de la presente resolución el promovente no haya sido dado de baja en virtud de la conclusión del procedimiento administrativo incoado en su contra. Asimismo, la presente resolución no veda la facultad de la autoridad responsable, para continuar con el procedimiento DGUAI/PA/051/2018-05, incoado en contra del quejoso, siempre y cuando, se abstenga de dictar resolución definitiva en el mismo. La anterior determinación surte efectos, hasta en tanto cause ejecutoria el juicio de amparo de donde deriva la presente cuerda incidental, pues sólo en tales condiciones se estará en aptitud de conservar la materia del juicio de garantías sin afectar el interés de la colectividad en que los juicios se prosigan hasta su resolución. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 76/2012 (10a.) del rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO." SALVEDADES Se precisa que la presente medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado emana del cumplimiento de una sentencia de amparo o si fue emitida por diversas autoridades de la señalada como responsable. Tampoco surtirá efecto en caso de que el procedimiento de separación ya se encuentre resuelto ya que se contravendrían disposiciones de orden público, por la prohibición de reincorporarlo al servicio, prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, la presente determinación no tiene como efecto constituir derecho alguno en favor del quejoso, en cuanto a que permanezca en el cargo que actualmente ocupa por un periodo mayor al del nombramiento que se le haya otorgado como elemento policial adscrito a la Unidad de Operaciones Especiales de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. FIJACIÓN DE GARANTÍA. Sin que haya lugar a fijar garantía, toda vez que con la concesión de la suspensión no se ocasionan daños y perjuicios en contra de persona alguna, al no existir tercero interesado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Julio Cesar Bautista Amaro, respecto del acto reclamado y la autoridad responsable precisada y, por las razones expuestas en el punto cuarto de la presente resolución interlocutoria. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
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