Julio César de la Cruz Hernández

Expediente 1016/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1016/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
06/11/2019

Partes del expediente

  • Julio César de la Cruz Hernández
  • Samuel Jairo Beristain Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    Al expediente, el oficio de cuenta de la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, donde comunica la admisión del recurso de queja interpuesto por los quejosos, contra el acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve dictado en este expediente. Asimismo, se observa que dicho medio de impugnación se radicó con el número de queja ***. De lo cual se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    Al expediente, el escrito de cuenta de los quejosos, donde interpone recurso de queja y formulan agravios contra el acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, en el cual se desechó la demanda de amparo al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, de la Ley de Amparo . En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Por lo que se ordena remitir el recurso planteado, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al órgano que deba substanciar el citado recurso de queja. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso de mérito) pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo . Por otra parte, desde este acuerdo se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes : ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, puesto que el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve se desechó la demanda origen de este expediente, por advertirse dos causales de improcedencia indudables, pues los quejosos en su demanda de amparo, señalaron como acto reclamado el acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal +++. En tales condiciones, se consideró lo siguiente: ".Ahora, de la amparo se advierte el quejoso señaló como acto reclamado el acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal ++++ Luego, es deber del juzgador de amparo en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, analizar de oficio las causales de improcedencia. Por tanto, se advierte que se encuentran actualizadas las causales de improcedencia previstas en las fracciones XVIII y XXIII del artículo 61, esta última con relación al diverso numeral 107, fracción V (en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo. Es así, pues de inicio resalta la causal de improcedencia relativa a que necesariamente antes de acudir al juicio de amparo, debe agotarse el principio de definitividad y porque el acto reclamado tiene prevista una ruta legal y ordinaria de impugnación, que debe cumplir el quejoso antes de promover el control de legalidad extraordinario. Para demostrarlo, es necesario presentar el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a su parte conducente, prevé: ".El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda". Del precepto anterior, se obtiene que las partes pueden impugnar la determinación del juez de control que acuerde desfavorable la solicitud de la parte vinculada a proceso en el sentido de dar la autorización judicial y el auxilio para llevar a cabo un acto de investigación. Lo mismo ocurrirá en casos similares que son parte del trámite ante un juzgado de control, como lo sería (verbigracia) la resolución que niega la exclusión de pruebas en cualquiera de las etapas del procedimiento penal. Eso es así, porque primeramente deben acudir con un juez de control para reclamar ese tipo de actos, al cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto), mediante la interposición del recurso de revocación mencionado pues es el medio legal de defensa que debe atenderse. Tiene aplicación, por analogía y en atención a los razonamientos que la sustentan, la siguiente tesis aislada del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro siguiente: "PRÓRROGA DEL PLAZO DE CIERRE DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ A SEÑALAR FECHA Y HORA DE AUDIENCIA PARA RESOLVER SOBRE AQUÉLLA, PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En efecto, en el diverso 467 del código nacional adjetivo citado no se advierte que el acto aquí reclamado sea susceptible de impugnación a través del diverso recurso de apelación; por lo que es dable en lo jurídico de recurrirse en revocación, pues este último medio de impugnación procede en cualquier etapa del procedimiento contra resoluciones de trámite que se resuelvan sin sustanciación, como ocurre en la especie. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer valer, para que sea el juez de control quien revise la legalidad de la negativa sobre la autorización y el auxilio para practicar un acto de investigación consistente en la inspección ocular en el lugar de los hechos. Por consiguiente, es válido afirmar que el acto reclamado por el quejoso -negativa para admitir actos de investigación ofrecidos por el imputado- debe llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad. En otras palabras, el quejoso debe agotar primero el medio legal de impugnación ordinario (recurso de revocación), contra el acto reclamado en la demanda; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar la legalidad de dicha exclusión fuera adversa a sus intereses o considerara que se emitió sin observar los derechos fundamentales previstos en la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de amparo que corresponda y en su momento oportuno para hacerlo. Por otra parte, se actualiza en la especie (de igual modo) por lo que hace a la diversa causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V (en sentido contrario) del mismo ordenamiento. Conviene decir que por regla general el fin del cierre de investigacíon complementario tiene como fin la búsqueda de nuevos elementos de convicción, sea de cargo o de descargo, para efectos de formular acusación o solicitar el auto de sobreseimiento de la causa penal. Ello trae como consecuencia, que el acto reclamado que deriva de esa etapa (hipótesis relativa a autorizar y brindar el auxilio judicial para la práctica de un acto de investigación) constituya un acto de naturaleza intraprocesal, susceptible de ser reparado por el propio juzgador natural o, inclusive, por la contraparte de los quejosos en ese procedimiento de origen. Es así, pues tal juzgador podrá retomar diverso acto de investigación de las partes en cuanto a su autorización, y que implique el conocimiento y descripción detallada de la inspección del lugar de los hechos. Es más, cualquiera de las partes (vinculadas a proceso, su defensa, el fiscal, el asesor jurídico de la víctima), en su momento (en la etapa intermedia) podría proponer los medios de prueba que tenga por objeto conocer el lugar de los hechos y sus características, lo cual subsanaría cualquier negativa, a la autorización de este acto de investigación (inspección al lugar de los hechos). De ahí que tal acto es ajeno a la hipótesis para impugnarse a través del amparo indirecto, prevista en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, relativos a los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por ello, el acto que se reclama en la demanda de amparo conlleva efectos cuya afectación se circunscribe al ámbito meramente intraprocesal (derechos adjetivos). Tiene aplicación por analogía, en atención a los razonamientos que las sustentan y por similitud jurídica, las siguientes tesis: Tesis XI. P.14. P de la décima época del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoprimer Circuito, página 1844 de rubro siguiente: "PRUEBAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL RELACIONADA CON SU ADMISIÓN, ACAECIDA EN LA ETAPA INTERMEDIA, POR REGLA GENERAL, CONSTITUYE UN ACTO DE NATURALEZA INTRAPROCESAL SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO, Y NO EL JUICIO BIINSTANCIAL". Tesis aislada XXVII.3º.37P (10ª) libro 45, agosto de 2017, tomo IV del Tercer Tribunal Colegiado del Vigesimoséptimo Circuito de rubro: "MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SU EXCLUSIÓN DENTRO DE LA AUDIENCIA CELEBRADA EN LA ETAPA INTERMEDIA, POR REGLA GENERAL, NO ES UN ACTO DENTRO DE JUICIO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE". Tesis aislada I.9º.P212 P (10ª ) libo 57, agosto de 2018, tomo III del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de rubro: "INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. CONTRA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EL IMPUTADO O SU DEFENSOR COMPAREZCA A TODAS LAS DILIGENCIAS A CELEBRARSE DENTRO DE ESTA ETAPA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO O, EN SU CASO, LEGÍTIMO DEL QUEJOSO". Por tanto, de conformidad con el artículo 113, y las fracciones XVIII y XXIII del artículo 61, esta última con relación al diverso numeral 107, fracción V (en sentido contrario) ambos de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, se procede a desechar la demanda de amparo planteada por el quejoso, ante los argumentos vertidos en la presente determinación." Como justificante de lo anterior, se ordena adjuntar copias certificadas de todas las constancias que obran en el presente expediente para la substanciación del recurso, así como el original y copias del escrito de expresión de agravios signado por los quejosos, por el cual interponen el recurso de queja. Por último, se solicita en forma atenta al tribunal colegiado que por turno conozca del presente asunto, remita el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Agrego al expediente el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el tres de octubre de dos mil diecinueve, en el recurso de queja 111/2019 de su índice, que en sus puntos resolutivos establece: "[.] ÚNICO. Es fundado el presente recurso de queja [.]". Por tanto, ordeno reanudar el procedimiento en el presente juicio y librar el acuse de recibo de estilo. También instruyo hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Bajo este contexto, para continuar el trámite de este juicio, señalo las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Por otro lado, en acatamiento a la ejecutoria dictada por la superioridad, dejo insubsistente los párrafos relativos al pronunciamiento de las pruebas (porque así se determinó en la ejecutoria) del proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve y, en su lugar, dicto lo siguiente: En relación con las pruebas ofrecidas por el quejoso y establecidas en las fracciones I al X, XII y XIV al XVII, debo precisar: de los antecedentes del acto reclamado contenidos en la demanda, advierto que **** es parte en la causa penal de origen. Ello, por ser a quien detuvieron los elementos de la Policía Municipal de la ciudad de Puebla, en posesión del vehículo marca **************, mismo que tiene reporte de robo. Incluso fue puesto a disposición del juez de control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, para llevar a cabo la audiencia inicial correspondiente, por la comisión del hecho con apariencia de delito de detentación de vehículo robado. En ese tenor, como imputado, tiene derecho a ofrecer y que le sean admitidas las pruebas que estime pertinentes; ello en atención a los principios de debido proceso y defensa adecuada previstos en los artículos 14 y 20, apartado B, fracción IV, de la constitución. Por tanto, al haber tenido oportunidad para realizar el ofrecimiento ante la autoridad responsable, deviene improcedente admitirlas en este juicio constitucional; sobre todo porque de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado deberá apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. De ahí que decido desechar dichas pruebas, pues en ningún supuesto de excepción se ubica el quejoso, como lo sería haber tenido impedimento para ofrecerlas ante la responsable. Además, debo precisar que, en su caso, el ofrecimiento de pruebas en este juicio constitucional debe tener correspondencia con la materia del juicio: el aseguramiento del vehículo de motor ya referido. Entonces, si las pruebas ofrecidas por el quejoso van encaminadas a justificar la propiedad que le asiste sobre el vehículo, ninguna relación guardan con la materia del presente juicio. En relación con la prueba de reproducción de contenido de grabación (fracción XI), respecto del disco relativo a la audiencia de once de enero de dos mil diecinueve emitida en la causa penal ******, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la parte quejosa, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Por lo que hace a la prueba pericial en materia de documentoscopia (fracción XIII) en relación a la factura **** de fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciséis, le hago saber que la misma resulta impertinente y carente de idoneidad para demostrar la inconstitucionalidad del aseguramiento del vehículo, pues con esa prueba pretende evidenciar una cuestión ajena a la litis en este juicio, tal como se le hizo saber en proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve cuando se le desechó de plano esa prueba, sin que haya lugar a emitir un nuevo pronunciamiento al respecto. En ese sentido hágase del conocimiento de las partes el contenido de este proveído.

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