Julio Cesar Camacho Manzano
Expediente 1070/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1070/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Julio Cesar Camacho Manzano
Actuaciones
- Principal
Se agrega al expediente el oficio de la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales de la ciudad de Puebla, por el cual rinde el informe justificado que le corresponde. Asimismo, señala que ya fue atendida la petición del quejoso la cual dio pauta a la promoción del presente sumario. Por tanto, con las constancias recibidas y las manifestaciones expuestas en el informe de mérito procedo a analizar el estado procesal del juicio. De entrada observo que el quejoso señaló como acto reclamado el siguiente: ? La omisión de dar respuesta a la solicitud de copias certificadas del acuerdo que da por cumplida en todas sus partes la sentencia dictada en la carpeta +++; solicitud realizada a través del escrito presentado el nueve de octubre del año en curso. Pero las constancias recibidas, relativas a la carpeta de ejecución +++, reflejan que por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil dieciocho se acordó lo conducente a la petición de copias formulada por el quejoso mediante ocurso presentado el nueve de octubre de dos mil dieciocho, pues en el punto sexto de dicho acuerdo el juez responsable autorizó la expedición de las copias certificadas solicitadas. Además, tal determinación se hizo del conocimiento del promovente del amparo mediante notificación personal realizada el catorce de noviembre del año que transcurre. Bajo este contexto, es válido afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la omisión de la autoridad responsable se desvaneció cuando acordó la petición expuesta por el quejoso en escrito presentado el nueve de octubre de dos mil dieciocho, además de haberle hecho del conocimiento esa determinación. Así, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Entonces, resulta inviable continuar la tramitación de este juicio, pues la demanda de protección de derechos pretendía que se obligara a la autoridad responsable, a emitir un acuerdo respecto de la solicitud realizada por el quejoso, lo cual ya sucedió como se ha puntualizado. Sirve de apoyo al caso, la tesis jurisprudencial 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, de manera manifiesta e indudable, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de protección, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior se orienta en la tesis jurisprudencial 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional, que hubieran sido las DIEZ HORAS CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Luego, ordeno informar a las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido en su totalidad. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) realizar las anotaciones correspondientes al sobreseimiento decretado fuera de audiencia.
- Principal
Se recibe la demanda de protección de derechos que suscribe +, por propio derecho, contra actos del Jueza de Ejecución de Sentencias Penales del Distrito Judicial de Puebla + y otra autoridad. En consecuencia se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Ahora conforme lo establece el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que debe examinarse ante todo, el escrito de demanda y si se encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano. De la lectura integral de la demanda de protección de derechos se advierte que señala como autoridad responsable ejecutora al Secretario de Acuerdos Non adscrito al Juzgado de Ejecución de Sentencias Penales del Distrito Judicial de Puebla, sin embargo respecto de tal autoridad es improcedente el juicio de amparo en razón de que el funcionario de referencia carece de responsabilidad en la tramitación de la carpeta + pues en todo caso, la omisión de dar respuesta a su escrito de petición de copias debe ser atribuible al juez de origen pues de acuerdo a lo establecido por el artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, pues a éste le recae el carácter de autoridad responsable al ordenar, ejecutar, o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria o en su caso omita realizar el acto que crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En tales condiciones en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIII en relación con el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo se desecha la demanda por notoria improcedencia respecto al acto que se le reclama al Secretario de Acuerdos Non adscrito al Juzgado de Ejecución de Sentencias Penales del Distrito Judicial de Puebla. Debido a que respecto de la autoridad judicial la demanda cumple los requisitos legales establecidos, se admite a trámite con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Sin que se aperture incidente de suspensión, pues el quejoso no lo solicitó además, el acto reclamado para nada es de aquellos que de ejecutarse se haría imposible su reparación. Se ordena notificar en forma personal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y copia de la demanda de protección de derechos. A fin de materializar el cumplimiento de lo anterior se ordena al actuario correspondiente que deje constancia legal en el expediente. Una vez que resulte cierto el acto reclamado, habrá de proveerse el emplazamiento de quien tenga el carácter de tercero interesado si procede en términos del artículo 5 fracción III, de la Ley de Amparo vigente. Por otro lado, se requiere a la autoridad responsable su informe con justificación el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de que haya quedado legalmente hecha la notificación de conformidad con el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo. Se hace notar a la autoridad responsable que el informe deberá reunir los requisitos del artículo 117, cuarto párrafo de la ley en comento, por lo que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad del acto reclamado. También deberá remitir a este juzgado copia certificada completa legible y ordenada de las actuaciones que sean necesarias para apoyar el informe de contestación, el cual podrá rendir a través de los medios legales establecidos. Se apercibe a la responsable que de omitir la rendición del informe justificado o de presentarlo sin acompañar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización a razón de su valor diario de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, se requiere a la autoridad responsable que manifieste si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señale ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Para lograr el cumplimiento de lo anterior se le apercibe con la imposición de una multa por el importe de treinta Unidades de Medida y Actualización a razón de su valor diario como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior y con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a la autoridad responsable ordenadora para que en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione el nombre y domicilio de las personas que en su caso pudieran tener el carácter de terceros interesados así como remita las constancias necesarias relativas de donde se desprende tal información. Se apercibe a la autoridad responsable ordenadora que si omite cumplir lo ordenado en el presente párrafo en el plazo señalado, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización a razón de su valor diario conforme a los artículos 260 fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo. Dicho plazo se concede al considerar un hecho notorio el consistente en la carga de trabajo de la autoridad responsable ordenadora, pese a que el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles contempla un plazo de tres días, así como el hecho de que el incumplimiento del presente requerimiento le generaría consecuencias de trascendencia relevante, tanto en lo económico, como en su caso, de naturaleza penal, por resistirse a dar cumplimiento a lo ordenado por este juzgado federal; lo anterior, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 262, fracción V, de la Ley de Amparo. También se hace saber a la autoridad responsable que de negarse a recibir la notificación, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28 fracción I párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Además, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización a razón de su valor diario, como lo ordena el artículo 245 de la citada legislación, en los términos siguientes a la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá multa de cien a mil días. Para lograr el eficaz cumplimiento de lo anterior se instruye a la secretaria encargada de la tramitación del presente asunto la emisión completa y correcta de todos los oficios y traslados ordenados en este acuerdo, para lo cual deberá firmar el espacio correspondiente a su cargo que se encuentra al final de la minuta que se deje para constancia y en caso de que posteriormente se solicite una reimpresión de los mismos, se deberá asentar una razón de ello, con la inserción del cargo y nombre del personal de este juzgado que lo solicite. De la misma forma, se ordena a los demás funcionarios públicos que tengan encomendada la revisión, tramitación y captura de este expediente que deberán verificar y cuidar los traslados y oficios de referencia y firmar el espacio relativo a su cargo, pues ello apoyará para que el presente sumario se mantenga en buen estado y los traslados lleguen en forma íntegra a los actuarios que deban notificarlos. Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de la autoridad responsable, se le apercibe que en caso de que las autoridades que designó como responsables no existan con la denominación referida o en la residencia indicada, se tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con éstas. Por otra parte, de conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. En términos de la jurisprudencia 2ª./J.176/2012 de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, registro 2002576, de rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS se hace saber a la responsable, con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial y las restantes se le notificaran por medio de lista. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. Para lograr el cumplimiento de lo anterior se les apercibe con la imposición de una multa por el importe de treinta unidades de medida y actualización a razón de su valor diario como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo. Además se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo; queda autorizado + en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por así expresarlo el quejoso y estar registrados en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, se hace saber al quejoso que si a su interés conviene, desde este momento se le autoriza la toma de fotografías, a éste o la persona autorizada en la demanda de amparo, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo se le hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA . En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes FESE y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes FESE procédase en su momento a la digitalización del presente asunto escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
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