Julio César Brizuela Ortiz
Expediente 61/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 61/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/11/2019
Partes del expediente
- Julio César Brizuela Ortiz
Actuaciones
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el comunicado de cuenta, procedente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, mediante el cual se acusa recibo del diverso oficio 4996/2019 del índice de este órgano jurisdiccional y de los anexos que al mismo se acompañaron; asimismo, se hace referencia que dicho Juzgado Federal aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 61/2019-II de nuestro índice, promovido por JULIO CÉSAR BRIZUELA ORTIZ, el cual quedó registrado con el número 2652/2019 de su estadística. En consecuencia, al carecer de objeto que continúe en trámite el cuaderno de antecedentes en que se actúa, formado con motivo del envío del aludido juicio de amparo, archívese como asunto concluido; hágase la anotación en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. En consecuencia, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, ante Jorge Salvador Bañales Sánchez, Secretario que autoriza y da fe. JSBS/rpsb
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a siete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por JULIO CÉSAR BRIZUELA ORTIZ, por propio derecho, contra actos del Director General de Administración (DN-10) Dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en Lomas de Sotelo, en la Ciudad de México y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 61/2019-II. Incompetencia Ahora bien, el promovente de amparo, en su escrito inicial de demanda, reclama de las autoridades militares señaladas como responsables: La omisión de proporcionarle el 50% de los haberes a que tiene derecho contraviniendo lo estipulado en el artículo 20 del Reglamento de los Grupos Militares Procesados y Sentenciados, ya que su situación jurídica actual es la de procesado. Bajo esa premisa, este órgano constitucional carece de competencia para resolver el presente juicio de amparo en razón de la materia, respecto del acto reclamado antes precisado por las siguientes consideraciones: Este órgano de control constitucional, fundamenta su competencia en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual dispone: "ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y (ADICIONADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.. Por su parte, los juzgados especializados en materia administrativa, según lo dispuesto en el artículo 52 del ordenamiento invocado, conocerán: "ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y (ADICIONADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Los numerales anteriores ponen de manifiesto que es competencia de los juzgados de Distrito en Materia Administrativa conocer, entre otros, de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 (de los procedimientos de extradición, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales) y III del diverso 51 de la misma ley (de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo). En ese contexto, el acto que se precisó fue emitido como consecuencia del auto de formal prisión dictado al aquí quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de contra la salud, previsto y sancionado en los artículos 194 y 196 ambos del Código Penal Federal; el cual no constituye acto reclamado en el presente juicio; es decir, el acto aquí reclamado no tiene matiz penal, ya que no se encuentra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 19 constitucional. Además, no afecta la libertad personal del quejoso, ni es de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el precepto 22 de la Carta Magna; tampoco se traduce en una resolución dictada en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, ni deriva de un incidente de responsabilidad civil (cuando la acción se funda en la comisión de un delito), ni se equipara a una ley o disposición de observancia general en materia penal; sino que su dictado se funda en normas de naturaleza administrativa que rigen la organización, funcionamiento y control de las actividades de los elementos militares que se encuentran sujetos a proceso o cumpliendo una sentencia, derivadas del Reglamento de los Grupos de Militares Procesados y Sentenciados. Existen medidas implementadas por el Ejecutivo Federal, para tener control de los elementos militares sujetos a una causa penal, que lejos de ir encaminada al seguimiento del proceso, está enfocada a la seguridad de las instituciones, ya que si bien se encuentran en activo en las Fuerzas Armadas Nacionales presentan esa nota característica de estar vinculados a la comisión de un delito, lo cual reduce el nivel de confianza asignado por el Estado, circunstancia que de acuerdo a los códigos de honor, disciplina y del reglamento general de deberes militares que rigen en el personal castrense, amerita que sus actividades sean controladas. Corrobora lo anterior, el contenido del artículo 3 del Reglamento de los Grupos de Militares Procesados y Sentenciados que estatuye: "ARTÍCULO 3o. La Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la Dirección General de Justicia Militar, organizará, dirigirá y supervisará a los grupos de militares procesados y sentenciados por delitos del fuero militar, común o federal. Estos grupos se establecerán en las prisiones militares y, donde no existan éstas, en los cuarteles generales de los mandos territoriales del Ejército". Ciertamente, la vida castrense se regula no sólo por el derecho penal, sino por otras ordenanzas de corte disciplinario, social y de organización, que irrumpen generalmente en la materia administrativa, por lo que el Reglamento de los Grupos de Militares Procesados y Sentenciados, aplicados a los activos atañe a esta última modalidad, dado que es un cuerpo de normas que regula la organización, funcionamiento, disciplina y control de los elementos militares sujetos a un procedimiento penal, ya en instrucción o concluido; lo anterior, en razón de que el objetivo de los reglamentos castrenses es regular la organización, funcionamiento y control de las actividades de los militares involucrados en delitos, y sus consecuencias que se proyectan en el pago de haberes y demás prestaciones, lo que posiblemente acontece en el caso del quejoso que combate en este juicio de amparo. Así lo dispone el precepto 1 del Reglamento de los Grupos de Militares Procesados y Sentenciados, que reza: "ARTÍCULO 1º. El presente reglamento tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y control de las actividades de los generales, jefes, oficiales y tropa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y sus equivalentes en la Armada, que se encuentren sujetos a proceso o cumpliendo sentencia, por algún delito del fuero militar, común o federal. Asimismo establece la forma de pago de haberes y demás percepciones a que tengan derecho, de conformidad con las disposiciones legales aplicables". A mayor abundamiento, el diverso 10 señala: "ARTÍCULO 10. Los jefes de los grupos de procesados y sentenciados tendrán las obligaciones y atribuciones siguientes: I. Visitar a los procesados y sentenciados en las prisiones y, en su caso, a los encamados en hospitales, para recibir las quejas y solicitudes que los mismos expongan; II. Informar a la Dirección General de Justicia Militar acerca de las quejas y solicitudes de los grupos para que las atienda en el ámbito de sus facultades; III. Revisar los documentos relacionados con el personal de los grupos; IV. Realizar movimientos de alta y baja del grupo; cuando el jefe del grupo sea el director de una prisión militar, sólo podrá realizar el movimiento de alta por orden del mando territorial del que dependa; V. Remitir en los primeros cinco días de cada mes a la Dirección General de Justicia Militar, un informe detallado de actividades, así como un estado general de alta y baja de los militares procesados y sentenciados; VI. Autorizar las nóminas, recibos y documentos necesarios para el pago de haberes a que tenga derecho el personal de procesados y sentenciados, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables y disposiciones que emita la Secretaría de la Defensa Nacional; VII. Supervisar el pago de los haberes del personal de los grupos; VIII. Dar parte a quien corresponda, de las novedades ocurridas en los grupos; IX. Impartir instrucción militar y adiestramiento a los jefes, oficiales e individuos de tropa en el Ejército y Fuerza Aérea y sus equivalentes en la Armada, de acuerdo con el programa autorizado; X. Vigilar que se cumplan las disposiciones contenidas en este reglamento, y XI. Las demás disposiciones que gire la Secretaría de la Defensa Nacional". En ese sentido, la retención de sus haberes y demás emolumentos, son actos netamente administrativos dictados por autoridades distintas a la judicial y, por ende, su conocimiento atañe a un Juez de Distrito en Materia Administrativa, por ser dicho órgano de control constitucional el que conforme a lo establecido en el artículo 52, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tiene competencia para conocer de los actos motivo del presente considerando. Además no se debe perder de vista que la relación que existe entre un militar y la administración pública es precisamente de naturaleza administrativa, al encontrarse dentro de los supuestos previstos en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de nuestro Pacto Federal y, por ende, se rige por normas administrativas. En torno al tema, resulta aplicable por similitud jurídica, y en lo conducente, la tesis P/J.24/95, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, visible en la página 43, tomo II, septiembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza como sigue: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII Apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el juez de Distrito." Sin que sea óbice a lo anterior que en el caso el quejoso señala como responsable a un Juez Militar, ya que el acto que se reclama es como ya se explicó en párrafos precedentes, netamente administrativo; pues un Juez Militar únicamente se limita a hacer del conocimiento el auto de formal prisión a las autoridades administrativas, sin ordenarles actuación alguna. Por lo que, con fundamento en los artículos 50, 51, fracción I y 52, fracción III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, se declara incompetente, por razón de materia, para conocer del acto reclamado precisado en este considerando. En consecuencia, atento a lo dispuesto en el ordinal 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase la demanda de amparo promovida por JULIO CÉSAR BRIZUELA ORTIZ, por propio derecho, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito en turno, a quien se estima competente para conocer de la controversia planteada; solicitándole a ese órgano jurisdiccional, el acuse de recibo correspondiente y que informe si acepta la competencia declinada, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio del quejoso Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Notificación al quejoso Por tanto, a efecto de realizar la notificación condigna, envíese oficio de excarcelación al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Cuatro "Noroeste", con sede en esta localidad, para que ordene el traslado del interno JULIO CÉSAR BRIZUELA ORTIZ, a la reja de prácticas de diligencias de este órgano jurisdiccional, a las nueve horas del ocho de noviembre del presente año, con fotografía que obre en su Sistema de Administración de Información Penitenciaria que permita su identificación, evitando así se presente en dicha área a diversa persona; lo anterior, con las seguridades debidas y bajo su más estricta responsabilidad. Apercibido que de no cumplir con lo ordenado o de no informar el impedimento legal que tuviera para ello, se hará acreedor a una multa por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, conforme al Decreto por el que se declara reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; debe mencionarse que conforme a los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año dos mil diecinueve, la unidad de Medida y Actualización equivale a ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos 49/100 moneda nacional ($84.49); por lo que de la operación aritmética respectiva se determina que el monto de la multa con la que se le apercibe asciende a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos 70/100 moneda nacional), el cual resulta de multiplicar el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) por treinta veces. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, ante Jorge Salvador Bañales Sánchez, Secretario que autoriza y da fe. JSBS/rpsb
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