Julio Alfonso Montes Escamilla

Expediente 871/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 16 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
871/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
10/03/2023

Partes del expediente

  • Julio Alfonso Montes Escamilla
  • Agente del Ministerio Público de la Federación

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    En diez de marzo de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con el estado procesal que guarda el presente juicio. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, diez de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintiséis de enero del dos mil veintidós, se remitió al archivo el juicio de amparo en que se actúa; sin embargo, no fue devuelto el tomo de pruebas que la autoridad responsable "JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR, CON SEDE EN TEPIC", remitió en apoyo a su informe justificado; en ese tenor y toda vez que ya no es útil para éste juzgado federal, devuélvanse a su lugar de origen, sin necesidad de solicitar acuse, en razón de que el sello que se estampe en el oficio con que sea devuelto, servirá para acreditar su recibo. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Luz Alejandra Laveaga Astorga, secretaria que autoriza y da fe. Alejandra

  2. Incidental

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo séptimo de expedientes depurables, artículo 21, inciso c), se establece que el original de este incidente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, después de transcurridos tres años, en razón de que se negó la medida cautelar solicitada. Respecto al duplicado del incidente de suspensión con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo, se establece que el duplicado de este incidente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que transcurridos seis meses a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma

  3. Principal

    l Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer el recurso de revisión contra de la sentencia que la que se sobreseyó el juicio de garantías en que se actúa, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso a), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Se requiere a las partes para que de ser el caso acudan dentro del término de noventa días hábiles contando al día siguiente del en que surta la notificación del presente proveído a recuperar los documentos originales que se hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoseles de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno de correspondiente que se lleve en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Notifíquese, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma J

  4. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 871/2021-II, promovido por Julio Alfonso Montes Escamilla, por propio derecho. ANTECEDENTES: PRIMERO. DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, en Tepic, Nayarit, admitió las controversias del orden familiar 444/2021, respecto a la pensión alimenticia provisional y en su momento la definitiva que demandó Desury Jacarandas Flores de Dios, en representación de su menor hijo C.A.M.F., contra el quejoso y, entre otras cosas, fijó como pensión alimenticia provisional a cargo del quejoso, la cantidad equivalente al 25% veinticinco por ciento sobre todos sus ingresos. Esto constituye el acto reclamado. SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Dos de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 2 a 6). Admisión con incidente de suspensión: Tres de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 7 a 11). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito: Seis de septiembre de dos mil veintiuno, quien no formuló pedimento (foja 17). Emplazamiento de la parte tercero interesada Desury Jacarandas Flores de Dios: Seis de septiembre de dos mil veintiuno (foja 16). Juicio de Amparo Indirecto 871/2021-II [18] Designación de representante especial del menor identificado con las iniciales C.A.M.F.: 13 Veintidós de noviembre de dos mil veintiuno (foja 42), quien no formulo alegatos. Celebración de audiencia constitucional: Diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza civil, el presente juicio de amparo fue radicado después de la entrada en vigor del Acuerdo General 3/2020, mediante el cual, entre otras cosas, se determinó la transformación del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; a su vez, la autoridad responsable reside en el lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción.14 SEGUNDO. FIJACIÓN DE LITIS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que la autoridad responsable y el acto reclamado son los siguientes:15 13 Es dable señalar que en el presente asunto se encuentra involucrado un menor de edad; por lo que acorde con el principio general de "Protección a la Intimidad", que la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha recogido en el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que afecten a Niñas, Niños y Adolescentes, todos aquellos datos relacionados con la identidad del menor deberá de ser suprimido y únicamente se le identificará con sus iniciales C.A.M.F. 14 Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdos Generales 19/2009, en el que se creó el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales; el 17/2019 en el que se estableció la competencia para conocer de procesos penales federales y de amparo en materia penal y 3/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura, éste último aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual, en su artículo 1, estableció que este órgano jurisdiccional, además de conocer de los asuntos a que se refieren los artículos 52, 53, 53 bis, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mantendrá su competencia para continuar conociendo de los asuntos de amparo en materia penal que se hubiese recibido bajo la anterior denominación de este Juzgado de Distrito. 15 Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Juicio de Amparo Indirecto 871/2021-II [19] Amparo indirecto 871/2021-II Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en Tepic, Nayarit. a) El proveído de cuatro de junio de dos mil veintiuno, emitido dentro de las controversias del orden familiar 444/2021 en donde la tercero interesada Desury Jacarandas Flores de Dios, en representación de su menor hijo C.A.M.F., demandó pensión alimenticia provisional y en su momento la definitiva, al quejoso y, en consecuencia, se fijó como pensión alimenticia provisional la cantidad equivalente al 25% sobre todos sus ingresos. AUTORIDAD RESPONSABLE ACTOS RECLAMADOS CERTEZA FOJA Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en Tepic, Nayarit El citado en el inciso a) Acepta 19 TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, toda vez que al rendir su informe justificado aceptó expresamente la resolución que se le atribuye; por lo que con dicha manifestación expresa se tiene plenamente probada la existencia del acto reclamado. 16 Asimismo, la existencia de dicho acto se corrobora con las documentales que el juez responsable allegó al presente juicio de amparo, consistentes en copia certificada de las controversias del orden familiar 444/2021, las que, al no haber sido objetadas, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o., por tratarse de documentos públicos. CUARTO. PROCEDENCIA. También apoya lo expuesto la jurisprudencia P./J. 49/96 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Materia Común, Página 58, con número de registro 200066, Novena Época, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS. Estos dos conceptos tienen en común que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo ordenamiento, que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador -como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto." 16 Por su aplicación es de invocarse la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número doscientos setenta y ocho, en la página doscientos treinta y uno, tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Juicio de Amparo Indirecto 871/2021-II [20] Previamente al estudio de fondo del asunto procede analizar de oficio las causas de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo17 . En ese tenor, no obstante la certeza del acto reclamado, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo18 , como enseguida se explicará. De la interpretación sistemática de dicho ordinal, se advierte que se refiere a la oportunidad de la presentación de la demanda en el juicio de amparo y al efecto indica que si el medio de control constitucional no se promueve dentro de los plazos previstos, entonces se entenderá que el acto reclamado fue consentido tácitamente y, por ende, da origen a una causal de improcedencia del juicio. En virtud de que la indicada fracción XIV del artículo 61, de la ley de la materia, hace una remisión expresa al capítulo relativo a los plazos judiciales del propio ordenamiento, se impone enseguida transcribirlos para determinar el alcance del primer numeral en mención, lo que se hace de la siguiente forma: "[.] Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. [.]" 17 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.". 18 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. De la anterior trascripción, se aprecia que los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, estatuyen el plazo genérico para la interposición del juicio de amparo, a saber de quince días, además, que dicho plazo se contará: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución reclamada; b) Al en que haya tenido conocimiento; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo o bien de su ejecución. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo19 es improcedente el juicio constitucional, dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, ya que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos. Apoya a lo anterior, el criterio P./J. 115/201020, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. 19"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". 20 Registro digital: 163172, instancia: Pleno, Novena Época, materias(s): común, tesis: P./J. 115/2010, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, tipo: jurisprudencia. 01/07/23 14:04:46 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07.ee Noemi Torres Aviles Juicio de Amparo Indirecto 871/2021-II [22] En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que se actualiza la hipótesis señalada en el inciso a) al día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución reclamada, pues el acuerdo de cuatro de junio de dos mil veintiuno (foja 14 a 18 del tomo de pruebas) se notificó personalmente el nueve de junio del año en curso (foja 23 anexo de pruebas), por lo que de conformidad con el numeral 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit21, surtió efectos el diez posterior (legislación aplicable). Por tanto, es indudable que el término de quince días a que se refiere el transcrito numeral 17 de la Ley de Amparo, comenzó a transcurrir el once de junio y feneció el uno de julio siguiente, descontando de ese cómputo, los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de junio de dos mil veintiuno, que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación22, fueron inhábiles (sábados y domingos), tal como se ilustra en los cuadros siguientes: JUNIO 2021 21 "ARTÍCULO 81.- Los términos procesales que establece este código comenzarán a computarse a partir del día siguiente al que surta efecto la notificación, incluyendo los días de su vencimiento. Las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día siguiente al que hubieren quedado legalmente hechas". 22 "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de En esas condiciones, si el plazo para la interposición de la demanda de amparo transcurrió del once de junio al uno de julio; y, la demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, el dos de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 1 a 6), es evidente que su presentación resulta extemporánea y, por ese motivo, el acto reclamado fue consentido tácitamente. Resultando aplicable a lo anterior la jurisprudencia VI.2º. J/2123 que dice: 23 Registro digital: 204707, instancia: tribunales colegiados de circuito, novena época, materias(s): común, tesis: VI.2o. J/21, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Agosto de 1995, página 291, tipo: jurisprudencia. Juicio de Amparo Indirecto 871/2021-II [24] "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". Sin que sea óbice, el hecho de que el quejoso manifieste que se enteró del acuerdo impugnado hasta el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, pues de autos se advierte diversa cuestión. Lo anterior, sobre la base de que al ser parte en el juicio está obligada, en defensa de su interés, de vigilar su debida prosecución, a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, contra aquellas actuaciones que podrían perjudicarle; para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento al juicio, para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios. Por lo que, como quedó asentado, la notificación legal del acuerdo reclamado se efectuó personalmente el nueve de junio de dos mil veintiuno, la cual se tuvo por hecha el diez posterior y no hasta el momento en que el quejoso se impuso de los autos. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio de amparo en términos de lo dispuesto en el precepto 63, fracción V, en relación con los diversos numerales 61, fracción XIV de la Ley de Amparo vigente. Ahora, al haberse decretado el sobreseimiento en este asunto, existe imposibilidad jurídica para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo.24 QUINTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado en los artículos 68, 110 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente; RESOLUCIÓN: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, promovido por Julio Alfonso Montes Escamilla, respecto del acto y autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto. 24 Resulta aplicable la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página doscientos cincuenta y dos, tomo 2224, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese; y, procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma

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