Julio César Arriaga Aguilar

Expediente 959/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
959/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
06/09/2022

Partes del expediente

  • Julio César Arriaga Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos y del contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Julio César Arriaga Aguilar, por propio derecho, haya recurrido el auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, por medio el cual se desechó la demanda de amparo que promovió; por lo que se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. ENRIQUE CAMACHO FLORES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.95 30/07/23 18:30:39 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 959/2022 Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción y depuración. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso d), del Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Recepción de incompetencia y nos avocamos al conocimiento. Por recibido el oficio 20153/2022, signado por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, a través del cual remite el expediente original del juicio de amparo indirecto 940/2022, de su índice, formado con motivo de la demanda promovida por Julio César Arriaga Aguilar, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez de Control con residencia en Ecatepec, Estado de México y otras autoridades; asimismo, informa el contenido del acuerdo de quince de agosto de dos mil veintidós, donde determinó carecer de competencia por razón de territorio, para conocer de la misma. Al respecto, este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de dicho asunto. Acúsese recibo. Recepción de la demanda. Se tiene por recibida demanda de amparo presentada por Julio César Arriaga Aguilar, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez de Control con residencia en Ecatepec, Estado de México y otras autoridades. Registro. Fórmese expediente y regístrese en este juzgado con el consecutivo 959/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 959/2022 2 publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 959/2022 3 ??A???????????? a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Ahora, en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, 26 y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Ello es así, porque el promovente reclama de las autoridades señaladas como responsables la orden de aprehensión, así como su ejecución; sin embargo, del contenido de los antecedentes del acto reclamado, se observa que a la fecha de la presentación de la demanda no existe mandamiento de captura contra Julio César Arriaga Aguilar, pues así se deduce de sus propias afirmaciones en las que narra lo siguiente: " (.) 1. El cuatro de junio de dos mil veintidós, por dicho de algunos vecinos de mi señor padre de nombre INOCENCIO ARRIAGA BIZARRO se presentaron en el domicilio ubicado en AVENIDA DEL TANQUE NÚMERO 1, COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, (domicilio donde habita mi señor padre), varios sujetos que decían portar una orden del C. Juez de Control con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México, buscándome por los delitos de "DELINCUENCIA ORGANIZADA" e "INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS", y que la agraviada era mi ex esposa la C. MARÍA DEL ROCIO ZUÑIGA SÁNCHEZ, preguntándole a dichos vecinos de los cuales no tengo el nombre, por el paradero del suscrito, a lo que únicamente ellos le informaron que no vivo ahí y que no podían proporcionar más datos, dichos vecinos observaron que los sujetos que preguntaron por el suscrito; al retirarse dejaron un documento pegado pegado en la puerta del domicilio antes mencionado, pero cuando mi señor padre llegó; el documento ya no estaba, motivo por el cual mi señor padre al enterarse de lo anterior, entablo comunicación telefónica con el suscrito y es por esto que el suscrito tengo conocimiento de tal situación. (.)" [Énfasis añadido] De lo transcrito se observa que, si bien el promovente refiere que diversas personas acudieron al domicilio de su señor padre que decían portar una orden de aprehensión, lo cierto es que en ningún Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 959/2022 4 momento manifiesta en primera que se hayan ostentado como elementos de alguna entidad policíaca y que le hayan mostrado o entregado alguna orden judicial o mandamiento escrito emanados de órgano judicial competente, con la finalidad de iniciar un procedimiento en su contra; y, que en consecuencia, exista la amenaza real e inminente de ser privado de su libertad personal; tan es así que, indica que supuestamente dejaron un documento pegado en la puerta del domicilio ya precisado, el cual cuando su señor padre llega ya no encuentra; sin embargo, es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que dado el sigilo de las órdenes de aprehensión, dicha documentación no puede dejarse al alcance del público en general, pegado en la puerta de un domicilio particular como pretende hacerlo valer. De esta forma, es evidente que la reclamación del peticionario de amparo, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; no obstante, dicha reclamación es insuficiente sin que exista, aunque sea de manera indiciaria, razón o prueba que pretenda demostrar que afecta su esfera jurídica de derechos; ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su ámbito jurídico, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga la promovente de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación solo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal y directa, y no por inducciones, tal y como acontece en el caso concreto. Circunstancia que además se sustenta en el razonamiento que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 2/2022, donde resalta que cuando una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos solo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigada y, además, no se observa ni se desprende la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia) será procedente desechar de plano demanda de amparo. La determinación que aquí se adopta, se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 959/2022 5 ??A???????????? justicia federal a efecto de que se restituya a los solicitantes de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Además, del análisis integral de la demanda de amparo, quien esto analiza advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que al respecto establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." Cabe destacar el contenido del artículo 17 del cuerpo de la ley en cita, que en su primer párrafo establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo." Atendiendo a la estricta literalidad de los preceptos transcritos con anterioridad, se colige que se reputa consentido de manera tácita el acto reclamado, cuando, entre otros supuestos, no se promueva el juicio de garantías dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 17, de la Ley de la Materia. En la inteligencia de que el período temporal de mérito se computará, a saber, de la siguiente manera: a) Desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que se reclama. b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Sostiene lo así expuesto, en lo conducente, la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 353, Tomo 205-216, Séptima Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PRESENTAR LA, CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días, que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 959/2022 6 acuerdo que reclama; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, pues si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que, si el Juez de Distrito, con base en esa manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal proceder es correcto, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa de la fecha en que tuvo conocimiento el acto reclamado." En ese tenor, se advierte que por regla general, el término para interponer la demanda de amparo en contra del acto que se reclama, es el previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, esto es, de quince días contados a partir de que, entre otros supuestos: "Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución." Asimismo, es menester hacer notar que en la especie dadas las particularidades del caso en estudio, ya reseñadas, es claro que el acto reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción a que se refiere el artículo 22 del ordenamiento legal en cita. Por tanto, cierto es que la actualización de la causal de improcedencia en comento, deriva de la propia manifestación del quejoso quien conforme a la transcripción de los antecedentes del acto reclamado señala que tuvo conocimiento del mismo el cuatro de junio de dos mil veintidós. Bajo esta tesitura, si el juicio de amparo se presentó el once de agosto de dos mil veintidós, a través del buzón judicial y posteriormente en esa misma data se registró en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, tal y como se advierte del sello de recepción correspondiente, tenemos que transcurrió en exceso el término de quince días a que se refiere el aludido artículo 17 de la Ley de Amparo, desde el momento que tuvo conocimiento de los actos que por esta vía intenta combatir, por lo que es innegable, que a partir de la fecha señalada en párrafos que preceden, se encontraba en posibilidad de acudir a esta instancia constitucional. Luego, sí como ya se precisó tuvo conocimiento del acto que impugna el cuatro de junio de dos mil veintidós, es evidente que transcurrieron más de quince días para la presentación de la demanda de amparo, por lo que es indudable que ésta se presentó Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 959/2022 7 ??A???????????? de manera extemporánea y, ante tal circunstancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. Es aplicable el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis publicada en la página 202 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Enero de 1994, Materia Común, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a la demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis XX.2o.3 P (10a.), con registro digital 2007769, del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 11, octubre de 2014, tomo III, página 2886, que señala: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE PROMUEVE EN SU CONTRA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN LA DEMANDA EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE LA CONOCIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE CUÁNDO TUVO CONOCIMIENTO DE AQUÉLLA [APLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 161/2013 (10a.)]. En la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, página 1079, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si en la demanda de amparo el quejoso omite señalar la fecha en que conoció el acto reclamado, el Juez debe prevenirlo para que subsane tal deficiencia. Ahora bien, tal criterio es aplicable a la demanda de amparo en que se reclama la orden de aprehensión, porque como dicho acto se encuentra dentro del procedimiento judicial, le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si dicho juicio constitucional se promueve contra esa orden de captura y el quejoso omite señalar la fecha en que la conoció, el Juez de Distrito debe prevenirlo para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste cuándo tuvo conocimiento de aquélla." Se desecha demanda. En las relatadas circunstancias, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 61, fracciones XII y XIV, de la Ley de Amparo, se desecha Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 959/2022 8 de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Julio César Arriaga Aguilar. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, esto es las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto al correo electrónico que refiere para los mismos efectos, dado lo acordado en el párrafo precedente, máxime que el mismo no es un medio de notificación previsto por la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Téngase por autorizadas a las personas que indica para los efectos precisados, hasta en tanto acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que, si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 959/2022 9 ??A???????????? consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/A yuda Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes, por lo que se autoriza a los Actuarios para que prioritariamente realicen las notificaciones a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 959/2022 10 el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.1 Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.

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