Julio Aranda Barrón

Expediente 610/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
610/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
03/03/2021

Partes del expediente

  • Julio Aranda Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de marzo de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por el Juez y Secretarios del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, mediante el cual solicita que se le remitan copias certificadas del presente juicio de amparo, en consecuencia y toda vez que no existe impedimento alguno para tal circunstancia, mediante oficio que derive del presente proveído, remítasele las copias que solicita. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, agréguese el oficio de cuenta para su correcta integración. Notifíquese....MESA 0

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito aparentemente presentado por Julio Aranda Barrón, por propio derecho. Ahora bien, toda vez que la firma que calza el escrito de mérito, así como la que obra en el escrito inicial de demanda se advierte que éstas difieren entre sí, circunstancia que es advertida por este órgano jurisdiccional, pues a simple vista no existe identidad entre las mismas; y si bien es cierto que el Juzgador de amparo no es perito en grafoscopía, también lo es que, ante la evidente, notoria e indudable diferencia de esas firmas, se puede concluir que no se requiere de tales conocimientos para advertir esa circunstancia. Tal situación se advierte de la siguiente reproducción: Firma del escrito inicial de demanda Firma del escito de cuenta. En ese sentido y previo a acordar lo que en derecho proceda, con el fin de que este órgano jurisdiccional se cerciore de que el escrito en mención que ahora se provee fue efectivamente presentado por Julio Aranda Barrón, por propio derecho; con fundamento en artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que en el plazo de tres días, computado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca personalmente al local de este órgano jurisdiccional, con identificación oficial válida y vigente, así como una copia fotostática simple de ésta, y reconozca si es suya la firma que calza el escrito de mérito que ahora se provee, manifestando si corresponde a su puño y letra, advertida de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial; lo anterior, previa cita que gestione, siguiendo los lineamientos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre Servicios jurisdiccionales, sistema Agenda OJ, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional, para que el público en general pueda generar una cita para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos a la responsable para que señale correo electrónico para recibir notificaciones: Apercibido que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. ?????????????? Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 3a. 24, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas".1 Asimismo, se hace del conocimiento de la promovente, el contenido del artículo 231, fracción IV, del Código Penal Federal, que prevé: "231. Se impondrá de dos a seis años de prisión, de cien a trescientos días multa y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada anteriormente para ejercer la profesión, a los abogados, a los patronos, o a los litigantes que no sean ostensiblemente patrocinados por abogados, cuando cometan algunos de los delitos siguientes: (.) IV. Simule un acto jurídico o un acto o escrito judicial, o altere elementos de prueba y los presente en juicio, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley". No pasa inadvertido que en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte, se requirió al quejoso para que señalara domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, sin que desahogara tal requerimiento; por tanto, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, y tomando en cuenta que de conformidad con el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID- 19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo último, se deben adoptar medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en 1 Jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, enero-junio de mil novecientos ochenta y nueve, Materia Común, página 385. Registro 207437. general; por consiguiente, con la finalidad de evitar la propagación del mismo, inclusive en pro del derecho a la salud del personal actuante en este juzgado, se determina llevar a cabo la notificación del presente proveído al quejoso mediante correo electrónico atencionjuridicaexpress@gmail.com, debiéndose confirmar la recepción del mismo al teléfono 5621523095; para tal efecto el actuario judicial deberá levantar razón de dicha circunstancia. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Notifíquese...mesa 0

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Por recibido el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, a través del cual acusa recibo del envío del expediente original 610/2020 del índice de este órgano e informa que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por Julio Aranda Barrón; de lo anterior se toma debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Clasificación de cuaderno de antecedentes. Ahora bien, dado que el presente cuaderno de antecedentes, se encuentra dentro de la hipótesis del artículo 20, fracción I, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual a la letra dice: Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: I. Expedientes Auxiliares: a) Cuadernos de antecedentes; b) Expedientes varios; c) Comunicaciones oficiales (exhortos, despachos, requisitorias); y d) Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones. II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y, b) Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que no se haya establecido jurisprudencia; En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes auxiliares que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General" En tal virtud, este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado acuerdo, dese cumplimiento y procédase a su destrucción. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de octubre de dos mil veinte. Desahogo de prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ******************** por propio derecho, por medio del cual desahoga en tiempo y forma la prevención realizada en auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte. Ahora, al realizar un análisis integral del escrito de demanda de amparo así como de su escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa sustancialmente señala como actos reclamados, los siguientes: 1) La negativa verbal por parte de las autoridades responsables de permitirle la prestación de sus servicios como policía segundo en el municipio de Tecámac, Estado de México, y como consecuencia de recibir un salario; 2) La negativa de recibir el escrito de petición dirigido a la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal del Municipio de Tecámac, Estado de México; 3) La omisión de iniciar procedimiento que justifique la suspensión o cesación como policía segundo; y, 3) La omisión de notificarle el inicio o término de algún procedimiento iniciado en su contra. Con relación a lo anterior, cabe señalar que la Ley de Amparo en su artículo 37 fija las reglas relativas a la competencia por razón de territorio que deben ser atendidas indudablemente en un juicio de amparo indirecto, ya que la infracción a dicho presupuesto de validez del proceso por los órganos jurisdiccionales al momento de resolver dicho juicio sin tener competencia por razón de territorio, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de garantías en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve el juicio sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas; siendo indispensable que antes de adentrarse a resolver cuestiones de fondo, primero se establezca si se finca la competencia para conocer del asunto en el juzgado de distrito que conoce del mismo. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis del citado numeral se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que a saber son: a) La primera regla, se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto que es de aquellos que después de su emisión por su índole requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; b) La segunda regla constituye un matiz, ya que, sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de distrito, a que se ha hecho alusión, en el párrafo anterior, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que hayan prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y, c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la última regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución. En este caso, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclame (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de este ámbito territorial de jurisdicción del juez federal, para que este sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. Ahora, como ha quedado precisado en líneas precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; hipótesis que en el caso que se analiza se surte; de ahí deriva la incompetencia de esta autoridad jurisdiccional, dado que la ejecución del primer acto reclamado tuvo lugar fuera del territorio en donde se ejerce jurisdicción. En este entendido, si el acto reclamado lo constituye la negativa verbal por parte de las autoridades responsables de permitirle la prestación de sus servicios como policía segundo en el municipio de Tecámac, Estado de México, y como consecuencia de recibir un salario, y dicha actuación tuvo lugar en el centro de trabajo que tiene como domicilio en Plaza Principal sin número, colonia Tecámac de Felipe Villa Nueva, Tecámac, Estado de México, es evidente que surte la competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, de conformidad con el punto Cuarto, fracción II, párrafo tercero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, en el que se enumeran los municipios en los cuales ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en dicho lugar. Ello, porque tal como se dijo, el acto primario por medio del cual se enteró el quejoso de su situación se dio a partir de la negativa de dejarlo entrar a laborar en su fuente de trabajo ubicado en el municipio de Tecámac, sin que se pierda de vista que también reclama actuaciones de carácter omisivo, las cuales carecen de ejecución; sin embargo, en el caso se obtiene que la ejecución en cuanto a la negación de incorporarse a las tareas diarias como policía segundo ya ha tenido ejecución misma que fuera en un territorio que escapa de la jurisdicción de este órgano de amparo. En esa tesitura, toda vez que la ejecución material del acto que por esta vía impugna la peticionaria de amparo, tiene ejecución en Municipio de Tecámac, pues tal es el supuesto que contempla el párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta evidente que le corresponde resolver el presente asunto a un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en ciudad Nezahualcóyotl, en turno, por ser el juez competente del lugar o jurisdicción territorial en donde tiene ejecución el acto reclamado. Es aplicable al caso por analogía, la tesis visible en la página 90, tomo 205-2016, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la federación, Séptima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: COMPETENCIA. ARTICULO 36, PRIMER PARRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Con la reforma al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo por decreto de 30 de diciembre de 1983, vigente a partir del 16 de marzo de 1984, se establece que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; que si éste ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente, y que, cuando la resolución reclamada no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que la hubiera emitido. El texto vigente del mencionado precepto legal no concibe ya la hipótesis de la resolución que con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse, por lo que aun en ese caso resulta aplicable el párrafo primero del numeral en comento. En ese sentido, dado que conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, y punto Cuarto, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, este juzgado es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ******************** por razón de territorio, se remite la misma al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, en turno, a quien se considera legalmente competente para conocer del asunto, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada, de igual forma. Fórmese el cuaderno de antecedentes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Burguete García, Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, asistido de la secretaria Ingrid Maleny Meraz Marrufo. DOY FE.MGC.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · 7,808 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano