Julio César Anita Pacheco

Expediente 391/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
391/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/05/2023

Partes del expediente

  • Julio César Anita Pacheco

Actuaciones

  1. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte tercero interesado, el acuerdo de dos de mayo de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, dos de mayo de dos mil veintitrés. Vistos el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa..., no realizó manifestaciones en relación con las constancias remitidas por la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia de veintinueve de enero de dos mil veinte, por una parte se sobreseyó en el juicio, y, por otra concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa..., para los siguientes efectos: ".Único. En caso de que no se logre el desahogo de la prueba confesional a cargo de..., fijada para las doce horas del diecinueve de febrero de dos mil veinte, señale una nueva dentro del plazo de diez días siguientes, dictando todas las medidas necesarias para su celebración, haciendo uso de los medios de apremio correspondientes. Esto es, si en la demanda de amparo la quejosa se inconformó de la falta de impartición de justicia en los términos legales, es claro que la consecuencia lógica de no ajustarse al término y plazo establecido, implica una violación al artículo 17 Constitucional en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta, ya que la omisión atribuida a las autoridades responsables es de tracto sucesivo y, por ende, produce una continuidad en el cumplimiento del derecho fundamental en cuestión, que sucede momento a momento y que no será plenamente subsanado mientras persista la actitud omisiva..." 2) En auto de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la sentencia y, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió su cumplimiento a la responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. 3) Así, previos requerimiento, mediante oficio J3-08-20-05-2022, la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, anexó copias certificadas de las últimas actuaciones dentro del juicio de origen, de las que se desprende que en audiencia de nueve de marzo de dos mil veintidós, ante la incomparecencia..., se les hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y se les declaró confesos de las posiciones materia de la confesional. Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, siguiendo los lineamientos y efectos del fallo protector, en audiencia de nueve de marzo de dos mil veintidós, ante la incomparecencia de... se les hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos del juicio de origen y se les declaró confesos de las posiciones materia de la confesional, máxime que mediante oficio J3-03-07-11-2022, la responsable remitió el laudo con firmas autógrafas dictado el treinta de agosto de dos mil veintidós, el laudo correspondiente dentro del expediente número J.3B.3048/2016, de su índice, de ahí que, este órgano jurisdiccional estima que la sentencia ejecutoriada ha sido cumplida sin excesos ni defectos. En ese orden de ideas, una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que las partes se inconformaran en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, del auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos; por tanto, queda firme el citado proveído y, en consecuencia archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 196 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; por lo que únicamente se conservará la demanda, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y, en su caso, las resoluciones recurridas; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: ...Visto el escrito de demanda signado por..., todos de apellidos..., contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, que hizo consistir en: "A. La falta de llamamiento al Juicio Sucesório Intestamentario a bienes de nuestra extinta madre que en vida respondiera al nombre de..., mismo que se ha llevado a cabo ante el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán., y marcado con el número 172/2002, el cual fue radicado y gestionado por el C... ; lo anterior para efectos de deducir nuestros derechos hereditarios. B. La totalidad de las constancias que integran el Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de nuestra extinta madre que en vida respondiera al nombre de... , que se sigue ante el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán., y marcado con el número 172/2002. Desde el auto de inicio hasta el último acuerdo dictado dentro de ese trámite y en especial la sentencia interlocutoria dictada dentro de la primera sección en la que como consta se nos excluyó como herederos a bienes de nuestra extinta madre... C. La falta de la aplicación de los artículos 1031 y 1032 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Michoacán, esto es tomando en consideración de que ninguna de los aquí suscritos fuimos llamados a juicio como presuntos herederos de los bienes de nuestra ahora extinta madre..., trayendo como consecuencia de todo esto que no se tenga por hecha por nuestra parte la denuncia de Intestado y ante la falta evidente de llamamiento a Juicio, los aquí suscritos QUEDAMOS EN TOTAL ESTADO DE INDEFENSION Y DESDE LUEGO EN PLENA VIOLACION A NUESTRAS GARANTIAS DE AUDIENCIA Y DE D. La falta de llamamiento al Juicio antes referido de los aquí suscritos, para efecto de deducir nuestros derechos hereditarios. E. La Sentencia Interlocutoria dictada con fecha 14 de noviembre del año 2003 dos mil tres, en la Primera Sección dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de nuestra extinta madre que indistintamente respondiera a los nombres de, EN EL EXPEDIENTE 172/2002, resolución mediante la cual se nombró como único y universal heredero, ya que fue él, el que le dijo a la tercera aquí suscrita que era único y universal heredero de los bienes de nuestra madre. F. En consecuencia, de lo anterior, la nulidad absoluta de todo lo actuado en el juicio aquí señalado.". En tales condiciones, atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrará el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Por tanto, en esos términos se ordena formar y registrar los expedientes impreso, y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 391/2023. Ahora bien, del análisis integro de la demanda de amparo, se advierte la actualización de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos numerales 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado fue consentído tácitamente por la quejosa, en atención a los motivos y consideraciones que a continuación se establecen. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo. 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en el juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" Por otra parte, los plazos para promover el juicio de amparo se encuentran normados por el artículo 17 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." A su vez, la forma en que deben computarse tales plazos se encuentra establecida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, mismo que dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Asimismo, la precisión de los días hábiles e inhábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo se encuentra prevista en el artículo 19 de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." De los preceptos transcritos se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo acorde a la temporalidad general para la interposición de la demanda que es de quince días, contados a partir de los siguientes supuestos: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; o bien, 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, 3. Desde el día siguiente al en que se haya ostentado sabedor de su existencia o de su ejecución. Así, el referido artículo 18 de la ley de la materia, hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y, no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo se hiciera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se aprecia que los quejosos, manifestaron bajo protesta de decir verdad que tuvieron conocimiento del acto reclamado el diecinueve de enero del año en curso. Por tanto, el plazo para la presentación de la demanda de amparo comenzó a correr el veintitrés de ese mismo mes y año. Por lo que, en el caso concreto, se colige que el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para presentar la demanda de amparo contra dicha resolución transcurrió del veintitrés de enero al veinte de febrero de dos mil veintitrés, descontándose los días veintiocho y veintinueve de enero, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de febrero todos de dos mil veintitrés1 , así como los días seis, diez, dieciséis y diecisiete de febrero2 , por ser día inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Ante tales consideraciones, al haberse presentado el escrito de demanda de amparo hasta el treinta de marzo del 1 Por ser sábados y domingos. 2 Días inhábiles, de conformidad con el calendario oficial el Poder Judicial del Estado de Michoacán, consultable en la página oficial: https://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/consejo/calendarios/calendario_2023.pdf año en curso, según se advierte del sello de validez de la oficina de correspondencia común, es inconcuso que ya se encontraba vencido el plazo de quince días precisado en líneas precedentes, el cual feneció el veinte de febrero de dos mil veintitrés; de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que conforme con el artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la interposición del juicio de amparo, en el presente caso, es de quince días, pues el acto reclamado en este asunto no lo constituye una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que el plazo de presentación de la demanda es de treinta días. Tampoco se está ante una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, donde el plazo para presentarse es hasta de ocho años. Menos aún se promovió el presente asunto contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, donde el plazo para promoverla será de siete años. Asimismo, la resolución reclamada no constituye un acto que ataque la libertad personal fuera de procedimiento judicial; ni se advierte que, con la emisión de este, exista en perjuicio de la parte quejosa, peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales. Por ende, no se actualiza ninguna de la hipótesis de excepción establecidas por el citado precepto legal, por lo que nos encontramos en el plazo genérico de quince días, contado a partir del día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado. Situación que revela un transcurso excesivo del término general de quince días previsto en el artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo, lo cual se traduce en un consentimiento tácito de los actos reclamados, es decir, en la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del precepto 61, de ese ordenamiento jurídico. Sirve de apoyo a ello, por las razones que informa la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Tercera Parte, página 80, registro digital 237114, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, PRESENTACION EXTEMPORANEA DE LA. CASOS EN QUE SE PUEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO AUN CUANDO NO ESTE PROBADA LA NOTIFICACION FORMAL DEL ACTO RECLAMADO AL QUEJOSO. Si bien es cierto que sólo se puede sobreseer en el juicio de amparo cuando la causal de improcedencia en que se apoya el sobreseimiento se encuentra plenamente acreditada, también lo es que para que se actualice la prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo no es necesario exigir que esté probada la notificación formal del acto reclamado al quejoso, sino que basta la prueba plena de que éste tuvo conocimiento de su existencia para que, a partir del día siguiente a la fecha de tal conocimiento, se inicie el cómputo de los quince días a que se refiere el artículo 21 del ordenamiento legal en cita." De igual manera, por las razones que informa la Tesis IV.2o.A.29 K, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 2336, registro digital 177026, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN SE INICIA A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO, AUN CUANDO ÉSTE SEA DE TRACTO SUCESIVO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece como regla general para la interposición de la demanda de garantías el plazo de quince días; sin embargo, existen algunas excepciones, previstas en los numerales 22, 217 y 218 del mismo ordenamiento, para casos especiales, como son, asuntos en materia penal, agraria, de inconstitucionalidad de leyes autoaplicativas y cuando se reclama el ilegal emplazamiento, y el quejoso no tiene su residencia en el lugar en el que se verifica el juicio. Asimismo, el propio artículo 21, señala a partir de qué momento debe iniciarse el cómputo correspondiente a los quince días, a saber: a) desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) desde el día siguiente al en que a resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; y, c) desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Por otro lado, del capítulo III, título segundo, de la invocada ley, se advierte que es importante precisar la naturaleza del acto reclamado para poder decidir si existe algún efecto susceptible de suspenderse. Así tratándose del acto reclamado consistente, por ejemplo, en la suspensión de actividades relacionadas con la construcción, debe considerarse que se trata de un acto de tracto sucesivo, toda vez que la autoridad debe actuar constantemente, ejerciendo presión fáctica sobre la empresa quejosa, a efecto de impedir que ésta continúe con las actividades relacionadas con la construcción. Sin embargo, la circunstancia de que ese acto reclamado sea de tracto sucesivo, no implica que la quejosa pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, mientras que permanezca la suspensión de actividades reclamada, puesto que si bien es cierto que conforme al artículo 141 de la Ley de Amparo es factible obtener la suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria, también lo es que para efectos de la presentación de la demanda de amparo, el cómputo debe hacerse a partir de los momentos que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, puesto que es desde que el quejoso tiene conocimiento de los actos reclamados, cuando está en posibilidad de impugnarlos, y si no lo hace, deben considerarse consentidos tácitamente, puesto que así lo dispone el artículo 73 fracción XII, de la referida ley." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia citadas, resulta improcedente la demanda de amparo y por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, como la demanda de amparo es promovida por cuatro quejosos, se le tiene designando como representante común de su parte a Julio César Anita Pacheco, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle Mandarina, número 221, colonia el Porvenir, en esta ciudad. Ahora bien, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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