Julio César Aguirre Maldonado

Expediente 1320/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1320/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Julio César Aguirre Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    ...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, no ha informado los trámites que está realizando a fin de cumplir cabalmente con la ejecutoria dictada en este juicio; en consecuencia, requiérase a la autoridad en comento para que dentro del término de tres días, a que refiere el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente a aquél en que reciba el oficio respectivo, informe esa circunstancia, a fin de no hacerse acreedor a la multa a que se hace referencia en el auto de veinticinco de enero del presente año, con independencia de la responsabilidad penal. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    ...Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en exhorto del tres de diciembre de dos mil diecinueve, para que señalara domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, sin que lo hiciera; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y por tanto, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de la Materia, se ordena practicarle los subsecuentes por medio lista, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para ese efecto. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  3. Principal

    ....Agréguese el oficio número 7252/2019-K, remitido vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto número 1249/2018 (735/2018-E), del índice de este órgano jurisdiccional, por lo que se le solicitó que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, notificara a la parte quejosa el acuerdo de tres de diciembre de dos mil diecinueve; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, sin que en el caso, como señala la autoridad exhortante, resulte necesario acusar recibo de la citada comunicación oficial, en virtud de que con la constancia de envío en el sistema, se tiene como tal. Ahora bien, atento al contenido de la notificación que fue practicada por el Actuario adscrito al Juzgado Federal exhortado, el diez de diciembre del año en curso, a Víctor Hugo Mendoza Villaseñor, autorizado del quejoso, se le tiene manifestando que se reserva el derecho de señalar domicilio en esta ciudad. Notifíquese.

  4. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la demanda de amparo promovida por Julio César Aguirre Maldonado, quien se ostenta defensor particular de José Valencia Mendoza, contra actos del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora. Regístrese el expediente en el libro de gobierno bajo el número 1320/2019-V. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la misma resulta notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Del artículo transcrito se desprende que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso, juicio o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición de la parte interesada y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, es determinante al establecer que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. En el caso, la parte quejosa reclama lo siguiente: El auto de fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, dentro de la causa penal 00185/2017, mediante el cual se difiere la audiencia de continuación de juicio señalada para las diez horas con treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil diecinueve, y en su lugar se fijaron las diez horas con treinta minutos del veinte de febrero de dos mil veinte. Lo anterior, pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada, porque la determinación impugnada, es recurrible a través del recurso de revocación, previsto en los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así, en razón a que los artículos 465 y 466 del citado Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda". "Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta". De lo anterior es evidente que el acuerdo que se reclama del Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, emitido dentro de la causa penal 00185/2017, que se hace consistir en el auto de fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se difiere la audiencia de continuación de juicio señalada para las diez horas con treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil diecinueve, y en su lugar se fijaron las diez horas con treinta minutos del veinte de febrero de dos mil veinte, se ubica dentro del supuesto de procedencia para que la parte quejosa lo impugnara de acuerdo con lo estipulado en los diversos artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por las razones antes expuestas. Lo anterior es así, porque el auto que constituye el acto reclamado es una resolución de mero trámite, contra la cual procede el recurso de revocación, en términos del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues como ya se dijo, a través de ese proveído únicamente se difirió la continuación de la audiencia de juicio en la causa penal 185/2017, cuya nueva fecha, la parte quejosa, la considera muy lejana, por lo que sí existía la obligación de agotar ese medio de impugnación previo a la promoción del juicio de amparo indirecto. Por lo que al no haberlo hecho así, es de considerarse que en el particular se actualiza la causal de improcedencia de referencia; ya que a través del citado recurso bien pudo obtener la revocación del auto impugnado; de donde se sigue, que si el inconforme no agotó el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, por ende, en términos del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, la presente demanda de garantías deviene improcedente. Sirven de apoyo las tesis de jurisprudencia números VI. 2o.J/52, y 986, publicadas en las páginas 401 y 678, de los Tomos VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990 y, Tomo VI, Octava y Séptima Épocas, del Semanario Judicial de la Federación y del Apéndice 1995, que a continuación por su orden se transcriben: "RECURSOS ORDINARIOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN INPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". No es obstáculo para lo anterior, el hecho de que el acto reclamado derive de una causa penal, pues tal acto no está relacionado con la libertad personal del ahora quejoso, dado que este último si bien se encuentra privado de su libertad, lo cierto es que tal cuestión deriva del auto de vinculación a proceso que se le emitió, en tanto que el acto impugnado en esta instancia constitucional, sólo se trata de un acuerdo en el cual se difirió la audiencia de juicio oral, para una fecha que el ahora inconforme considera muy lejana, de ahí que, como ya se dijo, no es optativo para aquél agotar el recurso de revocación que la ley le concede para impugnar dicho acto; máxime que el mismo no se ubica dentro de las excepciones al principio de definitividad, contempladas por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo que interesa, la tesis aislada VI.2o.50 P, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 475, Tomo III, Febrero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "RECURSOS ORDINARIOS EN MATERIA PENAL, OBLIGACION DE AGOTARLOS CUANDO NO ATACAN LA LIBERTAD PERSONAL DE LA AGRAVIADA. Si la resolución reclamada fue dictada en un proceso penal, por virtud de la cual se requirió a la hoy quejosa que restituyera provisionalmente el inmueble en controversia a la ofendida, y ésta no ataca la libertad personal de la agraviada, debió combatirla a través del recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, requisito indispensable que debió agotar la recurrente previamente a interponer la tramitación del juicio de garantías, por lo cual sí debió hacer valer ante el juez de la causa los medios ordinarios de defensa que la ley otorga, por lo que en esas condiciones se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otro lado, dígase a la parte quejosa que no ha lugar a tenerla señalando como domicilio para recibir notificaciones personales, el ubicado en la calle Paseo de la Cima esquina con calle Jardín, local 1, Lomas del Valle Norte en Uruapan, Michoacán, en razón a que el mismo no se encuentra dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, sin embargo, a fin de no dejarla en estado de indefensión, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en turno en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda se constituya en el domicilio antes mencionado y notifique el presente proveído a la parte quejosa, a quien además deberá requerir a efecto de que, dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado de este auto, o bien en el momento de la notificación respectiva, señale domicilio en esta ciudad de Morelia, Michoacán, donde oír y recibir notificaciones personales, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, para lo cual, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de la citada diligencia, de conformidad con el artículo 21 de la ley de la materia. Asimismo, téngase a la parte quejosa, autorizando para recibir notificaciones a Víctor Hugo Mendoza Villaseñor, quien podrá imponerse de los autos, pero no gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, no se encontró dato inherente a su cédula profesional profesional y el presente asunto es materia penal. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Desde este momento se autoriza el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, dígasele que de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a dichas personas a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Notifíquese.

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