Julio César Alarcón Herrera
Expediente 1654/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1654/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Julio César Alarcón Herrera
Actuaciones
- Principal
mesa 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que en el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de los actuales, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. En otro orden, con fundamento en los artículos 107 a 191 de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que: verifique si existen diligencias pendientes de realizar en el presente expediente y de ser así, las realice o proceda a dar cuenta de ello para que se acuerde lo que corresponda; asimismo, si el expediente se encuentra suspenso o sin actuación, proceda a requerir la información que sea necesaria para verificar el estado de autos; igualmente, si hay recursos pendientes de enviar, los integre debidamente y los remita inmediatamente a la superioridad; en caso de existir constancias pendientes de agregar en este expediente, se agreguen como correspondan; si debe regularizarse el procedimiento, proceda a dar cuenta de ello, si es necesario realizar actuaciones proceda a efectuarlas o a dar cuenta de ello; de igual forma, si el expediente se encuentra en ejecución de sentencia o concluido, de cuenta, de ser necesario, o realice la actuación que en derecho corresponda, con el objeto de que el expediente se encauce hacia el destino legal que proceda. Así, de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por ********************; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase a la Jueza Tercera Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, Centro, Tabasco, un tomo de pruebas relativo al expediente *********, de su índice, el cual se manejó por cuerda separada. Notifíquese.
- Principal
MESA 10 VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1654/2022-10, promovido por ************, contra el acto que reclama de la Juez Tercero Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el veintiocho posterior, Julio César Alarcón Herrera solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO señala como fecha para audiencia de escucha de adolescente la señalada en nueve horas con treinta minutos del día nueve de enero del años dos mil veintitrés recaído en los autos del expediente número 693/2022, acuerdo de fecha uno de septiembre del año dos veintidós relativo al Juicio Ordinario Civil de Preferencia de Guardia y Custodia (.)" (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez Tercero Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1654/2022-10; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; dada la naturaleza de reclamo, no se reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por no así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente 693/2022 del índice del Juzgado Familiar responsable, por medio del cual señaló las nueve horas del nueve de enero de dos mil veintitrés para que tenga verificativo la junta de padres. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez Tercero Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, al rendir el informe con justificación, aceptó la existencia del reclamo materia de la presente controversia. [Foja 19] Es aplicable al respecto la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Afirmación que guarda sustento con la copia certificada de la copia certificada del expediente 693/2022, del registro del Juzgado responsable donde se dictó el proveído que constituye la génesis de la presente controversia, constancias relacionadas en el apartado de pruebas de la audiencia constitucional. Documental a la cual se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, así como conforme a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO"; por lo que así deberá tenerse para los efectos legales procedentes. En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, en relación al acto reclamado identificado con el considerando segundo de esta sentencia, de las constancias que la Juez responsable acompañó a su informe se advierte que, mediante auto de doce de octubre de dos mil veintidós dictado en el expediente 693/2022 [Foja 53 del Tomo I] se advierte que, dejó sin efectos las nueve horas del nueve de enero de dos mil veintitrés para que tuviese verificativo la diligencia de junta de padres, por lo que señaló en su lugar las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Diligencia que, como se desprende del tomo de pruebas, en efecto tuvo verificativo conforme a lo ordenado por la Juez responsable, donde las partes convinieron respecto del fondo de la controversia natural, esto es, la guardia y custodia de sus menores hijos, motivo por el cual se tuvo el asunto por totalmente concluido y se ordenó el archivo correspondiente. [Foja 69 a 73 del Tomo I] En mérito de lo anterior, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, esto es -veintiséis de septiembre de dos mil veintidós-, indudablemente existía la conducta dilatoria de parte de la autoridad responsable ya que efectivamente había señalado una fecha lejana para la celebración de la junta de padres, dentro del procedimiento familiar de origen; sin embargo, en la fecha en que órgano de amparo resuelve este sumario constitucional, los efectos de dicho acto reclamado ha cesado, en consideración a lo antes plasmado. En las relatadas circunstancias, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITEENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, mediante el cual remite copia certificada del auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral 94/2014 de su índice, del cual se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo, dejó sin efecto la resolución de nueve de julio de dos mil veintiuno, y turnó los autos al dictaminador correspondiente para la elaboración de una nueva resolución, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes, y se tiene a la citada autoridad en vías de cumplimiento al fallo protector. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, para que dé cumplimiento total al fallo protector concedido a la parte quejosa. Debiendo remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Penales Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Notifíquese.
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