Julio Castellanos Gómez
Expediente 334/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 19 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 334/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 26/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Julio Castellanos Gómez
- Juez Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación y cuenta que antecede, se advierte que el término concedido a las partes para que desahogaran la vista del informe de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, otorgada en auto de quince de marzo de dos mil veintidós, transcurrió para el Fiscal de la Federación adscrito y la parte quejosa del dieciocho al veintitrés marzo de dos mil veintidós; en tanto que para el tercero interesado Josué Miguel Contreras Saldivar, Director General de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, del doce al catorce de abril del presente año, y para la tercero interesada Guillermina García Aguilar, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa Dieciocho y Encargada de la Mesa Veintitrés/UEIDFF-FIS, del veintiuno al veinticinco de abril de la presente anualidad, con excepción de los días inhábiles que establece el artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que en el caso lo hicieran, con excepción de la parte quejosa quien sí realizó manifestaciones al respecto. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que: 1. Por sentencia de engrose de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en su segundo resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Julio César Castellanos Gómez, para los efectos siguientes: ".SÉPTIMO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo: "El Juez Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, deje sin efecto la orden de aprehensión de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 1/2018 de su índice, en contra de Julio Castellanos Gómez, apoderado de la contribuyente IAMSA INDUSTRIAL DE AVÍOS SERVICIOS Y MAQUINARIA, S.A de C.V., por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable. Seguidamente, emita una nueva determinación conforme los lineamientos plasmados en esta resolución y los derivados del contenido de la misma, al quedar evidenciado que es ilegal, al no cumplir con los lineamientos de los numerales constitucionales analizados, para lo cual tendrá que hacer lo siguiente: Verifique si los delitos fiscales atribuidos a Julio Castellanos Gómez, en su carácter de apoderado de la contribuyente IAMSA Industrial de Avíos Servicios y Maquinaria, sociedad anónima de capital variable, para su penalización es necesario cumplir con el requisito de procedibilidad de la querella, conforme lo establece el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación. Precise de manera correcta los hechos que configuran tanto el delito de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable. Precise de manera correcta, conforme al momento en que ocurrieron los hechos, la legislación fiscal que debe ser aplicable. Precise de manera correcta el segundo elemento del cuerpo del delito de defraudación fiscal. 5. Valore de manera las pruebas con las que acredita los elementos del cuerpo de los delitos, de manera congruente y suficiente, precisando su naturaleza jurídica y eficacia convictiva. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, pero ajustándose a los lineamientos indicados en la presente resolución. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 59/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 74 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Octubre de 1996, Novena Época, con el texto siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESA RESOLUCIONES. Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anularactuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis, las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de sus actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas de que están destinadas." En el entendido, que, a partir de la interacción de los principios de acusación, presunción de inocencia, imparcialidad judicial y defensa adecuada, que configuran el derecho humano a un debido proceso, el Juez debe limitarse a resolver la orden de aprehensión de acuerdo al contenido de la consignación al carecer de facultades para determinar por sí mismo los hechos y la conducta atribuida mediante la revisión de la averiguación previa, sin estas circunstancias no fueron precisadas por el Ministerio Público Federal al ejercer acción penal. Concesión que debe hacerse extensiva a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras, al no controvertirse por vicios propios sino en vía de consecuencia. Apoya lo considerado la jurisprudencia de la Quinta Época, con registro 917622, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del dos mil, tomo VI, materia común, tesis 88, página 70, de rubro y sumario: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS."" 2. El veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de mérito; en consecuencia, se requirió al Juez Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días. 3. Mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, mediante el cual remitió transcripción de la determinación de cuatro de marzo de dos mil veintidós, pronunciada en el expediente penal 01/2018 de su índice, en el que determinó: ".PRIMERO. En esta fecha en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 334/2021, SE GIRA ORDEN DE APREHENSIÓN en contra de Julio Castellanos Gómez, apoderado de la contribuyente IAMSA INDUSTRIAL DE AVIOS, SERVICIOS y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., como probable responsable en la comisión de los delitos de: a) defraudación fiscal, previsto en el artículo 108, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación y sancionado por la fracción III, del mismo precepto legal; y, b) defraudación fiscal equiparable, previsto por el artículo 109, fracción I y sancionado por el artículo 108, fracción 111, ambos del Código Fiscal de la Federación". Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, en proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, se dio vista y corrió traslado a la partes con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para efecto de que manifestara lo que a su interés conviniere. C O N C L U S I Ó N En las relatadas condiciones, la suscrita estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que el Secretario del Juzgado Décimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, mediante oficio 1012/2022, remitió transcripción de la determinación de cuatro de marzo de dos mil veintidós, pronunciada en el expediente penal 01/2018 de su índice, en el que determinó: ".PRIMERO. En esta fecha en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 334/2021, SE GIRA ORDEN DE APREHENSIÓN en contra de Julio Castellanos Gómez, apoderado de la contribuyente IAMSA INDUSTRIAL DE AVIOS, SERVICIOS y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., como probable responsable en la comisión de los delitos de: a) defraudación fiscal, previsto en el artículo 108, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación y sancionado por la fracción III, del mismo precepto legal; y, b) defraudación fiscal equiparable, previsto por el artículo 109, fracción I y sancionado por el artículo 108, fracción 111, ambos del Código Fiscal de la Federación". Determinación, en la cual la autoridad responsable en cumplimiento al punto 1. de los efectos concesorios de la ejecutoria de amparo, respecto al requisito de procedibilidad expuso que conforme a lo establecido en los artículos 92, 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le correspondía presentar la querella correspondiente, al tratarse de delitos fiscales, lo cual consideró que quedó acreditado con el contenido del oficio 529- DGDF-1500/2015, de uno de octubre de dos mil quince, formulada y firmada por el licenciado Josué Miguel Contreras Saldivar, Director General de Delitos Fiscales, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en el que formuló denuncia de hechos respecto de los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable; asimismo, mediante comparecencia de trece de noviembre de dos mil quince, se acreditó fehacientemente su personalidad con el oficio 100-26, de tres de abril de dos mil catorce, expedido a su favor por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y con la credencial mediante el cual el referido funcionario se identificó, la cual lo acreditó como Director General de Delitos Fiscales, de la Procuraduría Fiscal de la Federación; aunado a que la referida querella fue ratificada mediante comparecencia ante el agente del Ministerio público de la Federación; con lo anterior, el juez responsable estimó que se observaron las disposiciones establecidas en los artículos 114, 118 y 119 del Código Federal de Procedimientos penales, en relación con el numeral 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación. De igual forma, en cumplimiento al punto 2. de la ejecutoria de amparo la autoridad responsable precisó de manera correcta cuales eran los hechos que se adecuan al tipo penal de defraudación fiscal, previsto en el artículo 108, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación y cuáles son cuales configuran el diverso tipoi penal de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción I y sancionado en el artículo 108, fracción III, ambos del Código Fiscal de la Federación. Así también, el juez responsable en cumplimiento al punto 3. de la ejecutoria de amparo, precisó que al caso era aplicable el Código Fiscal de la Federación y con ello se considera la incongruencia precisada en la resolución reclamada. En cumplimiento al punto 4. de la ejecutoria de amparo que se analiza, el juez responsable precisó los elementos del cuerpo del delito de defraudación fiscal y en especial el segundo elemento en los términos siguientes: "Así, lo elementos del cuerpo del delito de Defraudación Fiscal, son los siguientes: La existencia de un sujeto activo, con calidad específica de contribuyente; Con uso de engaños; y, El contribuyente que omita total o parcial el pago de un contribución con perjuicio al Fisco Federal." Por otra parte, en cuanto a la observancia del punto 5. de la ejecutoria de amparo la autoridad responsable a las pruebas con las que considera que se acreditan los elementos del cuerpo de los delitos, de manera congruente y suficiente, precisando su naturaleza jurídica y eficacia jurídica. Al efecto, la autoridad responsable determinó que para tener por demostrado el primer elemento constitutivo del delito de defraudación fiscal, a fin de acreditar la calidad especifica del sujeto activo quedó acreditado con las copias certificada del instrumento notarial 10,702, de diez de diciembre de dos mil siete, pasada ante la fe de Notario Público Catorce, con sede en esa localidad, adminiculada con la copia certificada del folio mercantil electrónico número 11837, de veintiuno de diciembre de dos mil siete; con el acuse y aviso de actualización al registro federal de contribuyentes de diecisiete de marzo de dos mil nueve y el comprobante de inscripción para la firma electrónica avanzada a nombre de la contribuyente. Documentales a las cuales el juez responsable les otorgó valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículo 280 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, los cuales consideró eficaces para acreditar la existencia de un sujeto activo con la calidad de contribuyente que en el caso recae en la persona moral IAMSA INDUSTRIAL DE AVIOS, SERVICIOS Y MAQUINARIA, S. A. DE C. V., a través de su apoderado Julio Castellanos Gómez. En cuanto al segundo elemento del delito de defraudación fiscal, la autoridad responsable expuso que consiste en que quien con uso de engaños, omita parcialmente el pago de una contribución, consideró acreditado tal extremo con la declaración anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única con respecto al ejercicio fiscal dos mil nueve(2009), presentado vía internet por la contribuyente IAMSA INDUSTRIAL DE AVIOS, SERVICIOS Y MAQUINARIA, S.A DE C.V., a través de su apoderado Julio Castellanos Gómez, en la que manifestó ingresos gravados por la cantidad de $765,890.00 (setecientos sesenta y cinco mil ochocientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), siendo que la autoridad fiscalizadora determinó que obtuvo ingresos gravados por $39,140,189.55 (treinta y nueve millones ciento cuarenta mil ciento ochenta y nueve pesos 55/100 moneda nacional), presentando con ello cantidades menores a las realmente obtenidas. Lo anterior, la responsable consideró acreditadas por la querellante en base a las visitas domiciliarias de aportación de datos por terceros de los contribuyentes IDI EMPAQUES, S.A DE C.V., CONSORCIO INDUSTRIAL E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., y UHP PROJECT, S.A DE C.V., de las que se obtuvieron facturas y estados cuenta, así como los estado s de cuenta proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de los que se conoció que la denunciada obtuvo depósitos de los que no aclaró su origen; por ello, se determinó que omitió el pago de dicho impuesto en la cantidad de $6,653,632.22 (seis millones seiscientos cincuenta y tres mil seiscientos treinta y dos pesos 22/100 moneda nacional). De igual forma, consideró robustecido lo anterior con la copia certificada del oficio 700-92-00-00-00-2015-00043, de nueve de enero de dos mil quince, signado por el Administrador Local de Auditoria Fiscal de Coatzacoalcos, en la que remitió la declaración anual respecto del Impuesto Empresarial a Tasa única del ejercicio fiscal dos mil nueve, presentada el siete de octubre de dos mil once. De ahí que, el juez responsable consideró que el elemento engaño a la autoridad fiscalizadora por parte de la contribuyente al momento de presentar sus declaraciones mensuales respecto del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la declaración correspondiente a dicho impuesto, quedó evidenciado con las pruebas obtenidas con base al ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscalizadora, ya que ésta ordenó la práctica de una visita domiciliara a la contribuyente para verificar el cumplimiento a las obligaciones fiscales por el ejercicio comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, como quedó acreditado con el oficio 500-19-2012-8948, signado por el Administrador Local de la Auditoria Fiscal de Coatzacoalcos, relativa a la orden de visita No. GIM2600009/12, de la cual derivó la acta de constancia de hechos I, de catorce de noviembre de dos mil doce; la visita domiciliada en su carácter de terceros a los contribuyentes IDI Empaques, S.A. de C.V. Consorcio Industrial e Ingeniaría, S.A. de C.V., UHP Project, S.A de C.V.; el oficio 500-19-00-04-01-2013-7132, de diecisiete de marzo de dos mil trece, mediante el cual se comunica la documentación y/o expediente proporcionado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el oficio 500-19-00-04-01-2013-10669, de nueve de diciembre de dos mil trece, mediante el cual se dieron a conocer las observaciones determinadas en la revisión. Lo anterior, robustecido con los oficios 214-3/FVO-4630005/2013, de veintitrés de abril de dos mil trece y 214-3/FVO-463252/2013, de veintiséis de abril de dos mil trece. A las anteriores probanzas el juez responsable les otorgó valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículo 281 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, al tratarse de documentos que fueron certificados y recabados por las autoridades fiscales en ejercicio de sus funciones y en virtud de que su apreciación se relaciona con las circunstancias del caso concreto. Es así que la responsable consideró que con los medios de prueba reseñados la contribuyente materializó el elemento de engaño establecido en el tipo penal en estudio, en razón de que declaró montos menores correspondientes a dicho impuesto con uso de engaños, porque al presentar declaraciones mensuales u la declaración anual para efectos del Impuesto Empresarial a Tasa Única, por el ejercicio fiscal 2009, manifestó ingresos gravados por la cantidad de $765,890.00 (setecientos sesenta y cinco mil ochocientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), siendo que realmente obtuvo ingresos gravados por la cantidad de $39,140,189.55 (treinta y nueve millones ciento cuarenta mil ciento ochenta y nueve pesos 55/100 moneda nacional), por lo que la contribuyente omitió el pago a dicho impuesto por la cantidad de $6,653,632.22 (seis millones seiscientos cincuenta y tres mil seiscientos treinta y dos pesos 22/100 moneda nacional). Lo cual, la autoridad responsable consideró que quedó acreditado con los resultados del dictamen técnico contable de veintinueve de abril de dos mil quince, elaborado por Yolanda Badillo Hernández y Silvia García Alemán adscritas al Servicio de Administración Tributaria, así como del dictamen Contable de siete de abril de dos mil dieciséis, emitido por los peritos en materia de contabilidad Angélica García Soberanes y Catalina Sánchez Ángeles adscritas a la Procuraduría General de la República, probanzas a las que el juez responsable les otorgó valor de indicio al consistir en dictámenes contables efectuados por los contadores públicos adscritos a las dependencias antes citadas, la cuales concatenadas y adminiculadas con toda la documentación anteriormente referidas consideró que le proporcionan certidumbre de la violación del bien jurídico protegido por las normas penales en estudio, así como también le brindan elementos contundentes que lo allegaron al conocimiento de que un contribuyente, como persona moral, manifestó respecto del Impuesto Empresarial a Tasa Única, ingresos grabables menores a las que correspondían de acuerdo a su actividad empresarial, la cual resultó ser menor a los realmente obtenidos. En cuanto el tercer elemento del cuerpo del delito de defraudación fiscal consistente el perjuicio al fisco federal el juez responsable consideró que ello quedo satisfecho con el oficio 500-02-03-2015-12614, de treinta de abril de dos mil quince, signado por la administración de análisis técnico fiscal "3", en el que se cuantifica el perjuicio fiscal causado al Fisco Federal, por la contribuyente IAMSA INDUSTRIAL DE AVIOS, SERVICIOS Y MAQUINARIA, S.A. de C.V., por el ejercicio fiscal de 2009, respecto del pago del impuesto sobre la tasa única, con registro federal del contribuyente IIA0712109N7. Cuantificación que se realizó con base en los resultados del dictamen técnico contable de veintinueve de abril de dos mil quince, elaborado por Yolanda Badillo Hernández y Silvia García Alemán, adscritas al Servicio de Administración Tributaria, así como del dictamen Contable de siete de abril de dos mil dieciséis, emitido por los peritos en materia de contabilidad Angélica García Soberanes y Catalina Sánchez Ángeles adscritas a la Procuraduría General de la República; dictámenes a los cuáles el juez responsable, les otorgó valor jurídico de indicio, acode a lo dispuesto por el artículo 285 en relación con el 288 ambos del Código Federal de Procedimientos Penales, las cuales concatenadas y adminiculadas con la documentación que obra en actuaciones y de la que hizo referencia con anterioridad en esa determinación, expuso que le proporcionan la certidumbre de la violación del bien jurídico protegido por las normas penales en estudio, así también le brindan los elementos contundentes y lo allega al conocimiento de que una contribuyente, como persona moral, manifestó respecto del Impuesto Empresarial a Tasa Única a cargo de la cantidad de $765,890.00 (setecientos sesenta y cinco mil ochocientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), siendo que realmente obtuvo ingresos gravados por la cantidad de $39,140,189.55 (treinta y nueve millones ciento cuarenta mil ciento ochenta y nueve pesos 55/100 moneda nacional), por lo que la contribuyente omitió el pago a dicho impuesto por la cantidad de $6,653,632.22 (seis millones seiscientos cincuenta y tres mil seiscientos treinta y dos pesos 22/100 moneda nacional). Por otra parte, el juez responsable precisó que los elementos del cuerpo del delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, sancionada en la fracción III del artículo 108, del mismo ordenamiento legal en los términos siguientes: "De los invocados preceptos legales se colige que los elementos del delito de defraudación fiscal equiparable, en la hipótesis prevista en la fracción I del ordinal 109 de la legislación especial en cita, por el que acusa el representante social adscrito, son: La existencia de alguien obligado a presentar declaración de impuestos; y, Que dicho sujeto activo, consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos." En efecto, el juez responsable consideró que previo al estudio de los elementos del delito en estudio, era pertinente destacar, que el artículo 109 no exige que el sujeto activo tenga una calidad específica; es decir, la comisión de la conducta referida en el citado numeral, no requiere de sujeto activo calificado, pues basta que alguien para que se configure el delito de defraudación fiscal equiparada. Con base en lo anterior, consideró que el primer elemento del delito consistente en la existencia de una persona obligada a presentar declaración de impuestos, se encuentra acreditado conforme a lo establecido en el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, el cual citó. De lo anterior, el juez responsable consideró que el contribuyente resulta ser la persona moral IAMSA INDUSTRIAL DE AVIOS, SERVICIOS Y MAQUINARIA, S.A DE C.V., lo cual quedó acreditada con la copia certificada del folio mercantil electrónico número 11837, de veintiuno de diciembre de dos mil siete, en el que se observa la Inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el estado de Veracruz, a través del cual, allegó diversa documentación relacionada con el contribuyente en cita consistente en el acuse y aviso de actualización al registro federal de contribuyentes de diecisiete de marzo de dos mil nueve a nombre de la contribuyente antes referida con registro federal de contribuyentes IIA0712109N9, y, en el que se señala como domicilio en Avenida Francisco I. Madero, número 301, Colonia Centro, Coatzacoalcos, Veracruz, código postal 96400; y con el comprobante de inscripción para la firma electrónica avanzada a nombre de la citada contribuyente IIA0712109N7; documentales, que tiene carácter de públicos, expedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuáles consideró que conforme a lo establecido en el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, reúne los requisitos del artículo 129 del ordenamiento legal mencionado, aunado a que fueron certificados por un servidor público en ejercicio de sus funciones; además, de que tales constancias se advierten otros signos exteriores que le dan esa calidad, como son el sello de la autoridad hacendaria, así como la firma del servidor público que las certificó lo cual expuso que conforme a lo establecido en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos, dichas documentales hacen prueba plena hacen prueba plena, sin que hayan sido objetadas de falsas. El segundo elemento del tipo penal, el juez responsable consistente lo tuvo por acreditado con la conducta reprochada a la contribuyente consistente en haber presentado su declaración anual normal y haber manifestado ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos dejando de pagar por impuesto sobre la renta la cantidad de $2,151,065.22 (dos millones ciento cincuenta y un mil sesenta y cinco pesos 22/100 moneda nacional), al haber manifestado ingresos acumulables por $24,965,500.00 (veinticuatro millones novecientos sesenta y cinco mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), siendo que la autoridad fiscalizadora determinó que obtuvo ingresos acumulables por la suma de $38,415,450.42 (treinta y ocho millones cuatrocientos quince mil quinientos pesos 42/100 moneda nacional), presentando con ello cantidades menores a las realmente obtenidas. Lo anterior, lo consideró acreditado con la copia certificada del oficio 214-3/FVO-463005/2013, de veintitrés de abril de dos mil trece, mediante el cual se adjuntaron los estados de las cuentas bancarias 4042467472 del Banco HSBC, S.A., 0159979735 del Banco BBVA Bancomer, S.A., 7669025309 del Banco Nacional de México, S.A., así como el similar con número 214-3/FVO-463252/2013, de veintiséis de abril de dos mil doce, con el que se remitieron los estado de cuenta bancaria 92001044667, cuentas que fueron aperturadas a nombre de la empresa IAMSA INDUSTRIAL DE AVIOS, SERVICIOS Y MAQUINARIA, S.A. de C.V., de la que se obtuvo que la contribuyente en cita realizó operaciones comerciales por las que obtuvo mayores ingresos acumulados a los señalados por ésta en su declaración anual de impuesto sobre la renta. El anterior medio de prueba, el juez responsable lo adminiculó con la copia certificada del oficio 500-192012-8949, de trece de noviembre de dos mil doce, signado por el Administrador Local de Auditoria Fiscal de Coatzacoalcos, Veracruz, relativo a la orden de visita No. GIM2600009/12, de la cual derivó el acta de constancia de hechos de doce de noviembre de dos mil doce; la visita domiciliada en su carácter de terceros a los contribuyentes IDE Empaques, S.A. de C.V. Consorcio Industrial e Ingeniería, S.A. de C.V., UHP Project, S.A de C.V.; el oficio 500-19-00-04-01-2013-7132, de diecisiete de mayo de dos mil trece, mediante el cual se comunica la documentación y/o expediente proporcionado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el oficio 500-19-00-04-01-2013-10669, de nueve de diciembre de dos mil trece, mediante el cual se dieron a conocer las observaciones determinadas en la revisión. Así, el juez responsable, con los anteriores medios de prueba consideró que se acreditan los depósitos efectuados en las cuentas bancarias de la empresa contribuyente, las cuales corresponden al ejercicio fiscal del año dos mil nueve, así no al no señalar el origen de los mismos o que se obtuvieron por conceptos que no son ingresos acumulables por las disposiciones fiscales, o que aun y cuando procedieran de éstos, ya hubieran sido objeto de retención o pago de impuestos acumulables, con apego a lo establecido en el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación el cual transcribió. Asimismo, el juez continúo exponiendo que quedó acreditado que la contribuyente declaró ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, al haber presentado su declaración anual de manera incorrecta y al haber manifestado como ingresos acumulados la cantidad de $24,965,500.00 (veinticuatro millones novecientos sesenta y cinco mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional); y no referirse adecuadamente los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal 2009; razón por lo que la autoridad revisora procedió a determinar su utilidad fiscal en términos del artículo 63, del Código Fiscal de la Federación, quien determinó que al contribuyente obtuvo un ingreso acumulable de $38,415,450.42 (treinta y ocho millones cuatrocientos quince mil quinientos pesos 42/100 moneda nacional), por lo que, en consecuencia, omitió realizar el pago del impuesto sobre la renta por la cantidad de $2,151,065.22 (dos millones ciento cincuenta y un mil sesenta y cinco pesos 22/100 moneda nacional), los cuales estaba obligada a declarar correctamente a la autoridad hacendaria, autoridad de buena fe, que da por cierto lo manifestado por la contribuyente en sus declaraciones fiscales, en razón de que son los mismos contribuyentes los que auto determinan sus ingresos y a través de las declaraciones fiscales enteran al fisco federal las cantidades que en base a su autodeterminación habrán de pagar por concepto de impuesto sobre la renta. Lo anterior, resultó coincidente con el dictamen contable de siete de abril de dos mil dieciséis, emitido por las contadoras Angélica García Soberanes y Catalina Sánchez Ángeles, peritos de la Procuraduría General de la República en la que concluyeron el impuesto sobre la renta no pagado al fisco federal por IAMSA INDUSTRIAL DE AVIOS, SERVICIOS Y MAQUINARIAS, S.A. de C.V. por el ejercicio fiscal de 2009, asciende a la cantidad de $2,151,065.22 (dos millones ciento cincuenta y un mil sesenta y cinco pesos 22/100 moneda nacional), dictamen al cual el juez responsable le otorgó valor probatorio al ser coincidente con su conclusión y porque los peritos expusieron de manera clara y precisa la metodología que siguieron para arribar a su respectiva opinión; además, de las reglas y procedimientos que a su técnica les sugirió y explicaron la forma en que arribaron a la respectiva conclusión, así como el cuadro probatorio utilizado para ello. A tales elementos de prueba, el juez responsable le consideró que generan una serie de indicios que concatenados entre sí integran la prueba circunstancial con valor probatorio acorde a lo establecido en los artículos 280, 281, 284, 285, 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Pénales, los cuales son suficientes para acreditar todos y cada uno de los elementos del delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación. Por otra parte, la autoridad responsable señaló los medios de prueba con los cuales consideró acreditada la probable responsabilidad del ahora quejoso en la comisión de los delitos que se le imputan, los cuales consideró aptos y suficientes para concluir que probablemente éste los cometió, por lo que determinó librar orden de aprehensión en su contra. Lo anterior, constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. No siendo obstáculo para arribar a la anterior conclusión, lo alegado por la parte quejosa quien al desahogar la vista que le fue otorgada mediante auto de quince de marzo de dos mil veintidós, manifestó que el fallo protector no se encuentra cumplido; por lo que, en acatamiento a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INCONFORMIDAD. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL DE CIRCUITO, EN SU CASO, AL RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, NO TOMEN EN CUENTA LO ALEGADO POR EL QUEJOSO AL DESAHOGAR LA VISTA, LE CAUSA UN AGRAVIO QUE DEBE REPARARSE EN AQUÉLLA.", resulta conveniente necesario exponer lo siguiente. Esencialmente, la apoderada legal de la parte quejosa sostiene que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, pues a su juicio, no existen lo elementos materiales que acrediten el cuerpo de los delitos que le atribuyen, siendo que la autoridad responsable reiteran emitir orden de captura en su contra sin haberlo citado a declarar respecto a los hechos que se le incriminan; asimismo, considera que no existen elementos suficientes y contundentes para presumir su probable responsabilidad en la comisión de los ilícitos; por lo que considera que persisten los vicios incurridos en la resolución reclamada. Asimismo, refiere que en la resolución que se analiza el juez responsable no valoró adecuadamente todo el material probatorio aportado en autos de la causa penal 1/2018 de su índice, la cual fue iniciada a su espaldas lo cual viola sus derechos procesales, así como sus garantías y derechos humanos. En relación con lo anterior, debe decírsele a la parte quejosa que sus alegatos son inoperantes para demostrar que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento al fallo protector, pues tal y como ha quedó señalado en párrafos que preceden, los efectos concesorios del amparo sólo constriñeron a la responsable a dejar sin efecto la orden de aprehensión de quince de mayo de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 1/2018 de su índice, emitida en su contra por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable. Seguidamente, emitiera una nueva determinación conforme los lineamientos plasmados en la ejecutoria de amparo y los derivados del contenido de la misma, al quedar evidenciado que era ilegal, al no cumplir con los lineamientos de los numerales constitucionales analizados, para lo cual debía: Verificar si los delitos fiscales atribuidos al quejoso, para su penalización era o no necesario cumplir con el requisito de procedibilidad de la querella, conforme lo establece el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación. Precisar de manera correcta los hechos que configuran tanto el delito de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable. Precisar de manera correcta, conforme al momento en que ocurrieron los hechos, la legislación fiscal que debe ser aplicable. Precisar de manera correcta el segundo elemento del cuerpo del delito de defraudación fiscal. Valorar las pruebas con las que acredita los elementos del cuerpo de los delitos, de manera congruente y suficiente, precisando su naturaleza jurídica y eficacia convictiva. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción dictara una nueva resolución, la cual podría ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, pero ajustándose a los lineamientos indicados en la presente resolución. De ahí que no sea técnico para este juzgador federal ocuparse en el análisis del cumplimiento de la ejecutoria de amparo de aspectos que no fueron materia del mismo. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INCONFORMIDAD. SI SE DECLARA INFUNDADA POR DETERMINARSE QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO FUE ATENDIDA EN SUS TÉRMINOS, ELLO NO IMPLICA PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLA. Cuando la protección constitucional se otorga para efectos y el tribunal que conoce del juicio, con base en el informe de la responsable, determina que la ejecutoria ha sido atendida en sus términos, procede declarar infundada la inconformidad, sin que ello implique pronunciamiento sobre la legalidad de las consideraciones que sustentan la sentencia emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al no ser la vía conducente para ello." Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. De igual forma, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que mediante acuerdo de quince de marzo de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a las partes con el contenido del oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, mediante el cual remitió transcripción de la determinación de cuatro del citado mes y año, pronunciada en el expediente penal 01/2018 de su índice, en el que determinó: ".PRIMERO. En esta fecha en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 334/2021, SE GIRA ORDEN DE APREHENSIÓN en contra de Julio Castellanos Gómez, apoderado de la contribuyente IAMSA INDUSTRIAL DE AVIOS, SERVICIOS y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., como probable responsable en la comisión de los delitos de: a) defraudación fiscal, previsto en el artículo 108, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación y sancionado por la fracción III, del mismo precepto legal; y, b) defraudación fiscal equiparable, previsto por el artículo 109, fracción I y sancionado por el artículo 108, fracción 111, ambos del Código Fiscal de la Federación". Sin que en el caso se ordenara notificar por oficio a la parte tercero interesada Guillermina García Aguilar, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa Dieciocho y Encargada de la Mesa Veintitrés/UEIDFF-FIS y Josué Miguel Contreras Saldivar, Director General de Delitos Fiscales, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, ambos con residencia en la Ciudad de México; en consecuencia, gírese oficio por vía estafeta y correo certificado con inserción del auto de quince de marzo pasado, adjuntándole copia de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, para los efectos citados en el referido acuerdo. Notifíquese.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por el quejoso Julio Castellanos Gómez, mediante el cual hace diversas manifestaciones en relación al cumplimiento que pretende dar la autoridad responsable Juez Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, las cuales serán valoradas al momento de realizarse el pronunciamiento del cumplimiento al fallo protector, acorde a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, mediante el cual remite transcripción de la determinación de cuatro de marzo de dos mil veintidós, pronunciada en el expediente penal 01/2018 de su índice, sin proveer sobre su contenido en virtud de lo acordado el quince de marzo del presente año. Notifíquese.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, mediante el cual remite transcripción de la determinación de cuatro de marzo de dos mil veintidós, pronunciada en el expediente penal 01/2018 de su índice, en el que determinó: ".PRIMERO. En esta fecha en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 334/2021, SE GIRA ORDEN DE APREHENSIÓN en contra de Julio Castellanos Gómez, apoderado de la contribuyente IAMSA INDUSTRIAL DE AVIOS, SERVICIOS y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., como probable responsable en la comisión de los delitos de: a) defraudación fiscal, previsto en el artículo 108, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación y sancionado por la fracción III, del mismo precepto legal; y, b) defraudación fiscal equiparable, previsto por el artículo 109, fracción I y sancionado por el artículo 108, fracción 111, ambos del Código Fiscal de la Federación". Con lo cual pretende dar cumplimiento al fallo protector concedido a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación a la constancia que se recibió en el presente auto; y una vez que transcurra el mismo, esta Juzgadora efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
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