Julio Bernardo Azcorra Arceo
Expediente 714/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 714/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Julio Bernardo Azcorra Arceo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, se declara que causa ejecutoria la referida sentencia que sobreseyó en el presente asunto. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En virtud de lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción en un plazo de tres años contado a partir del presente proveído, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del citado precepto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de todos los actos. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 714/2023-VI-B, promovido por ********************, contra el acto que reclama del GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, con residencia en esta ciudad; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado a este Juzgado Segundo de Distrito el nueve de mayo siguiente, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de diez de mayo de dos mil veintitrés, se registró la demanda de que se trata con el número 714/2023-VI-B; se admitió a trámite la misma; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, finalmente, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de demanda. Por acuerdo de nueve de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa, respecto de la nueva autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, se solicitó su correspondiente informe justificado a la responsable en cita, y se hizo de su conocimiento la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Mediante proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal previno a la parte quejosa para que dentro del término de quince días legalmente computados, precisara si era su deseo señalar como autoridad responsable en este juicio, al Encargado del Departamento de Atención Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad; a lo que dio cumplimiento mediante escrito presentado el uno de septiembre siguiente, en el que manifestó expresamente su negativa a ello. En consecuencia, por auto de cuatro de septiembre del año en curso, tal como lo solicitó la parte quejosa, se tuvo por no ampliada la demanda de amparo respecto a dicha autoridad, por lo que se determinó que el presente juicio constitucional se resolvería únicamente respecto de las designadas con carácter de autoridades responsables en el escrito de demanda, así como en el diverso de ampliación y por los actos a ellas reclamados; posteriormente, previos diferimientos, tuvo verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 57 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La omisión de dar contestación al escrito de treinta de enero de dos mil veintitrés, presentado el siete de febrero siguiente, mediante el cual reiteró la solicitud realizada mediante ocurso de veintidós de febrero de dos mil veintidós, presentado el veintiocho de febrero siguiente. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, en primer término, por lo que respecta al GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, con sede en esta ciudad; pues no obstante que al rendir su respectivo informe justificado lo negó, posteriormente realizó manifestaciones que evidencian su certeza. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 211,004, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por su parte, es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, por conducto de su Director Jurídico; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto de autoridad, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En efecto, en primer término, de las constancias remitidas por el GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, con sede en esta ciudad, se desprende que mediante oficio CJ/DC/OC/01150/2023, de dieciocho de mayo del presente año, solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que diera respuesta al escrito presentado por el quejoso, por ser la autoridad facultada y competente para ello, para lo cual le remitió dicho ocurso; sin hacerlo del conocimiento de la parte quejosa. Por su parte, de las diversas constancias remitidas por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, como apoyo a su informe justificado, se advierte que el cuatro de marzo de dos mil veintidós, se dio respuesta al escrito presentado por el quejoso de fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, reiterado mediante diverso escrito de treinta de enero de dos mil veintitrés, que le fuera remitido a sus instalaciones por el Consejero Jurídico del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. En ese sentido, se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que la ultima autoridad responsable, diera la contestación de que se trata el cuatro de marzo de dos mil veintidós, esto es, con antelación a la presentación del escrito de demanda (ocho de mayo del presente año), toda vez, que fue hasta el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, cuando se le notificó al inconforme dicha determinación y se pudo enterar tanto del envío que le hiciera el Gobernador del Estado de su petición así como de la respuesta recaída respecto al fondo de lo que solicitaba. Lo que ocurrió, con posterioridad a la presentación del líbelo de amparo; por lo que, es evidente que la parte quejosa tuvo conocimiento de la resolución en cita hasta esa fecha, y al ser así, es claro que ahora se actualiza la causal de improcedencia de mérito. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, al haberse concretado la causal de improcedencia respecto a dicho acto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio constitucional, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que obste a lo anterior que con lo que respecta a la diversa petición instada por el quejoso consistente en la audiencia requerida ante las autoridades responsables, hasta la presente fecha no se hubiera atendido. En virtud de que mediante proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal previno a la parte quejosa para que precisara si era su deseo señalar como autoridad responsable en este juicio, al Encargado del Departamento de Atención Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad; siendo que el quejoso manifestó expresamente que no ampliaba su demanda de amparo respecto de dicha autoridad, por lo que no es factible darle vista con la respuesta otorgada ante la falta de señalamiento de la autoridad que la produjo. QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos que reclama al GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE YUCATÁN y SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, ambos con residencia en esta ciudad; por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, toda vez que se encuentra pendiente de transcurrir el término de quince días hábiles concedido al quejoso ********************, mediante acuerdo de diez de agosto del presente año, a fin de que manifieste si es su deseo ampliar su demanda en los términos indicados en dicho proveído. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las ***ONCE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, agréguese a estos autos el oficio SSP/DJ/ME-37281/2023, rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, con un anexo, que remite en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de uno de agosto del año en curso. Ahora bien, en virtud de que la autoridad responsable informa que la diversa misiva SSP/DJ/MI-37280/2023 de ocho de agosto del año en curso, que se giró para remitir el escrito presentado por el quejoso, mediante el cual solicita audiencia personal a efecto de exponer problemáticas surgidas con los agentes de la Policía Estatal de Investigación a cargo de dicha autoridad, fue recepcionado por el Encargado del Departamento de Atención Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, el ocho de agosto del presente año. En atención a lo anterior, con apoyo en el numeral 114 de la Ley de Amparo, en relación con el 108 y 111 del propio ordenamiento legal, prevéngase a la parte promovente, para que dentro del término de quince días hábiles siguientes al en que surta efectos la legal notificación que se le realice de este acuerdo, precise si es su deseo señalar como autoridad responsable en este juicio, al Encargado del Departamento de Atención Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad; debiendo invariablemente cumplir con los requisitos previstos en el citado numeral 108 de la ley de la materia. Se apercibe a la parte peticionaria del amparo que, de no cumplir con lo anterior, se tendrá a dicha autoridad por no señalada como responsable en este asunto y se resolverá únicamente respecto de las designadas con ese carácter en el escrito de demanda y por los actos a ellas reclamados. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 93 del Tomo XVIII, diciembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 182,617, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE EL SE ADVIERTA LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASI COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLIE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Notifíquese personalmente y cúmplase
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Julio Alfredo Ake Chavez427/2021
- Julio Alfredo Castillo de Ocampo1145/2020
- Julio Amilcar Avilés Esquivel1049/2021
- Julio Andrés Rodríguez Noguez722/2018
- Julio Antonio Alayón Escalante346/2021
- Julio Antonio Arcos Delgado435/2022
- Julio Bibiano Gómez Uribe1427/2021
- Julio Caceres Sansores2413/2022
- Julio Cerón García771/2019
- Julio Cerón García1761/2022
- Julio César Alfaro Bates417/2018
- Julio César Alfaro Bates803/2016