Julio Andrés Rodríguez Noguez

Expediente 722/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
722/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
27/09/2019

Partes del expediente

  • Julio Andrés Rodríguez Noguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de trece de septiembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó por medio de lista de estrados de fecha veinte de septiembre de dos mil diecinueve a la parte quejosa JULIO ANDRÉS RODRÍGUEZ NOGUEZ, de la misma forma y fecha a la tercero interesada PAMELA DEL ROSARIO LUNA SOSA, al representante especial de los menores terceros interesados E.A.R.L. y M.I.R.L., por medio de notificación personal de fecha diecisiete de septiembre del año en curso, mientras que al tercero interesado AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, por medio de oficio que se entregó el diecisiete del mismo mes y año, sin que hubiesen realizado manifestación alguna. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia firmada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, para los efectos siguientes (fojas 116 a 117): "...a) Deje insubsistente la resolución de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, en la que decretó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso, como probable responsable de la comisión de los delitos de violencia familiar e incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, previstos y sancionados, el primer injusto por el artículo 228 del Código Penal del Estado de Yucatán; y el segundo en el numeral 220 en relación con el 221, ambos del propio código punitivo. b) Dicte una nueva resolución, en la cual: 1. Respecto al primer injusto, con libertad de jurisdicción, analice si los hechos imputados encuadran o no en diversa hipótesis delictiva, siguiendo los lineamientos que establece la jurisprudencia 3/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 151, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Febrero de 2008 Tomo: XXVII, Febrero de 2008, que dice: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL. Conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la autoridad judicial, a través del auto de formal prisión, clasificar los hechos ante ella consignados y determinar qué delitos configuran, por lo que también está facultada para cambiar la clasificación del delito, esto es, modificar aquel por el que se ejerció la acción penal, y sujetar a proceso al acusado por otro, con base en el cual se normará la instrucción, siempre y cuando no se varíen los hechos de la acusación. Es decir, la Norma Fundamental prohíbe la modificación de la sustancia de los hechos, pero no su apreciación técnica o su denominación legal. Ahora bien, la concesión del amparo contra el auto de formal prisión, por no haberse acreditado el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado, trae consigo la declaratoria de invalidez de dicho auto, por lo que, formalmente, ya no estará sujeto a la etapa procedimental de la instrucción y será indispensable que la autoridad responsable defina su situación jurídica, pudiendo presentarse dos hipótesis: que aquélla reclasifique el delito por el cual se dictó el primer auto de formal prisión y se inicie el juicio por el ilícito cometido, en cumplimiento al artículo 19 mencionado, o bien, que no esté en condiciones de hacerlo porque ello implicaría variar los hechos materia de la consignación, en cuyo caso podrá dictar un auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley. Por tanto, en la sentencia que concede el amparo contra el auto de formal prisión dictado incorrectamente el juzgador puede reservar plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para que, en su caso, reclasifique el delito por el cual se ejerció la acción penal y se continúe la instrucción, pues dicha facultad de reclasificación no se fundamenta en una declaratoria judicial, sino en el indicado precepto constitucional; sin que con ello se agrave la situación del inculpado, porque la autoridad de amparo no vincula a la responsable a dictar un nuevo auto de formal prisión, debidamente fundado y motivado, sino que sólo reconoce la posibilidad de reclasificar el delito." Y, en su caso, establecidos los elementos del delito, proceda a determinar pormenorizadamente si las pruebas los demuestran, para lo cual, en su caso deberá establecer con qué medios de convicción debidamente valorados conforme a la ley, se acreditan cada uno de ellos, exponiendo las razones de su conclusión, así como el alcance y valor probatorio de las constancias que tome en cuenta, estableciendo una adecuada relación entre cada uno de los elementos del delito con las pruebas conducentes, para su demostración, ello a fin de que el hoy quejoso, en su caso, puedan conocer con certeza qué pruebas sirvieron para demostrar cada uno de los elementos del cuerpo del delito y preparar una adecuada defensa. (...). 2. En los propios términos deberá de conducirse en torno al de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar en perjuicio del niño, ya que en la resolución reclamada, analizó de manera generalizada tanto los hechos cometidos en los años dos mil doce como en el dos mil quince; razón por la cual no puede prevalecer. 3. En cuanto al ilícito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar en perjuicio de la niña, declare su legal incompetencia respecto de los hechos acaecidos en el año dos mil quince, decretando la inmediata libertad del quejoso, únicamente por tales hechos, sin perjuicio de que éste pueda ser requerido con posterioridad por las autoridades competentes del sistema penal acusatorio, para la prosecución del procedimiento relativo. 4. Devuelva los autos al ministerio público investigador para que actúe conforme a las facultades inherentes del procedimiento adversarial." Inconforme con dicha sentencia WILLIAM LEONEL CACHÓN ROSALES, representante especial de los menores terceros interesados E.A.R.L. y M.I.R.L., interpuso recurso de revisión (foja 133). Posteriormente, mediante ejecutoria de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la resolución recurrida. Por acuerdo de seis de septiembre de dos mil diecinueve, se recepcionó la ejecutoria mencionada en líneas que anteceden y se requirió a la autoridad responsable sustituta el cumplimiento de la misma. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante oficio 1801, remitió copia certificada de la resolución de nueve de septiembre del año en curso, emitida en el expediente de origen, de la que se aprecia que dejó insubsistente el auto de formal prisión, dictado el dieciséis de mayo del año que antecede, en contra del aquí quejoso, como probable responsable de la comisión de los delitos de violencia familiar e incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Y dictó una nueva, en la que con libertad de jurisdicción, siguiendo los lineamientos de la sentencia ejecutoriada de mérito, decretó auto de formal prisión, en contra del aquí quejoso JULIO ANDRÉS RODRÍGUEZ NOGUEZ, como probable responsable de los delitos de violencia familiar equiparada e incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, querellado y denunciado respectivamente, por PAMELA DEL ROSARIO LUNA SOSA, parte tercero interesada en este juicio, el primero cometido en su agravio y el segundo delito, en agravio del menor de edad E.A.R.L., se declaró incompetente respecto de los hechos acaecidos en el año dos mil quince, única y exclusivamente por lo que respecta al ilícito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar en perjuicio de la menor de edad M.I.R.L., y devolvió los autos al Fiscal General del Estado, para que actúe conforme a las facultades inherentes del procedimiento adversarial. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se encontraba obligada a dejar insubsistente la resolución reclamada y dictar una nueva resolución, siguiendo los lineamientos de la sentencia ejecutoriada dictada en este asunto, lo que así realizó. De ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, anexándoles para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. En virtud de lo anterior, no existe motivo legal alguno para que siga al resguardo de la secretaría de este juzgado, el anexo consistente en legajo de copias certificadas de la causa penal antes 10/2018, ahora 42/2018, remitido por el juez responsable con su informe justificado. En consecuencia, devuélvase el anexo de referencia sin que sea necesario solicitar acuse de recibo del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguense para los efectos legales correspondientes, el primer oficio y anexo de cuenta, de la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda. Apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Finalmente, glósese el diverso oficio de la mencionada juez, con el que acusa recibo de las copias certificadas de la ejecutoria de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, que le fueron remitidas. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguense para los efectos legales correspondientes, el primer oficio y anexo de cuenta, de la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda. Apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Finalmente, glósese el diverso oficio de la mencionada juez, con el que acusa recibo de las copias certificadas de la ejecutoria de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, que le fueron remitidas. Notifíquese personalmente y cúmplase. SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADA Y QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado del presente asunto, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito de cuenta signado por Willian Leonel Cachón Rosales, representante especial de los terceros interesados menores de edad E.A.R.L. y M.I.R.L. Ahora bien, en atención a su contenido y toda vez que en el mismo proporciona los "nombres de usuario" registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo y en el numeral 145 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se otorga autorización al nombrado representante especial y a las personas que menciona, para tengan acceso a la consulta del expediente electrónico únicamente de este juicio de amparo. En consecuencia, proceda la secretaría a efectuar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado José Humberto Enríquez Gamboa, Secretario con quien actúa y da fe.

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