Julio Arturo Méndez Pérez
Expediente 797/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 797/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Julio Arturo Méndez Pérez
Actuaciones
- Principal
".. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que, en la especie, en proveído de cuatro de julio de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, el cual se le notificó de forma personal el siete del mismo mes; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto causa estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como concluido..."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Julio Arturo Méndez Pérez, contra actos del Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y otros. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 797/2022. Desechamiento. En principio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 1º fracción I y 5, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". "Artículo 1. El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" Al efecto, existen las jurisprudencias siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." (Jurisprudencia 2a.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XXXIV, correspondiente al mes de Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." (Jurisprudencia 2a. XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 307, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Los artículos y jurisprudencia transcritos, revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provienen de autoridad, verbigracia las relaciones de coordinación que son las entabladas entre particulares, en los cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Pues bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema determinó que para establecer si se está en presencia de una autoridad, se debe atender a la norma legal y examinar si ésta le faculta o no a tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien, a través de otras autoridades. El concepto de autoridad responsable debe concebirse por exclusión, de los actos de particulares; por ende, es menester instituir las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es necesario considerar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De lo anterior, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Bajo ese orden de ideas, es importante destacar, el contenido del artículo 3, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; De donde se obtiene, que constitucionalmente se erige la autonomía de las universidades públicas, que se traduce en la facultad de autoformación y autogobierno para determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. Por su parte, los numerales 18, 49, 50, 51 y 52 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, contemplan: "Artículo 18.- Son órganos de Gobierno de la Universidad: I.- El Congreso Universitario II.- El Consejo Universitario III.- El Rector IV.- Los Consejos Técnicos de las Facultades, Escuelas e Institutos de Investigación. V.- Los Directores De Las Facultades, Escuelas E Institutos De Investigación. Artículo 49.- Los Consejos Técnicos son la primera autoridad de cada una de las Facultades, Escuelas e Institutos de investigación en materia académica, legislativa, jurisdiccional y electoral en el ámbito de su competencia. Artículo 50.- Los Consejos Técnicos de Facultades y Escuelas se integrarán paritariamente por el Director, que será su Presidente y tendrá sólo voto de calidad en caso de empate, por un consejero profesor y por un consejero alumno por cada grado o área. Los Consejos Técnicos de los institutos de investigación se integrarán por el Director, que será su Presidente y tendrá sólo voto de calidad en caso de empate y por un investigador de cada área. Artículo 52.- Son atribuciones y deberes de los Consejos Técnicos: I.- Elaborar y someter a la aprobación del Consejo Universitario, el curriculum de la Facultad, Escuela o Instituto de investigación respectivos, revisar y actualizar su plan de estudios. II.- Garantizar la libertad de cátedra y la libre expresión de las ideas en el desempeño de la academia. III.- Emitir dictamen provisional sobre revalidación y acreditación de estudios, así como conocer y resolver, en coordinación con la Dirección de Servicios Escolares, controversias en materia de inscripciones. IV.- Convocar a concurso de aposición (sic) abierta a cátedra en los términos de la normatividad aplicable. V.- Elaborar la reglamentación interna de la Facultad, Escuela o Instituto de investigación y someterla a la aprobación del consejo universitario. VI.- Conocer las faltas de carácter académico y disciplinario en que incurran los profesores y alumnos de la Facultad, Escuela o Instituto de investigación respectivo y resolver e imponer sanciones en primera instancia. VII.- Convocar a elecciones de Director de Facultad, Escuela o Institutos de investigación. En caso de omisión convocará el Consejo Universitario. VIII.- Erigirse en Colegio Electoral para la elección de delegados congresistas, consejeros universitarios y técnicos, así como de Director. Conocer y resolver en primera instancia las inconformidades que se le presenten. IX.- Designar y ratificar, en su caso, al Director provisional y designar al sustituto en los términos de ésta ley. X.- Convocar a sesiones extraordinarias por acuerdo de la mitad más uno de sus miembros, cuando el Director no lo haga. XI.- Promover cuanto se refiera al adelanto y mejoramiento académico de la Facultad, Escuela o Instituto de investigación. XII.- Las demás que le sean conferidas por la normatividad interna de la Institución y por el Consejo Universitario Preceptos legales de los que se obtiene que, los Consejos Técnicos, constituyen un órgano de gobierno de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quien en el ámbito de su competencia, fungen como la primera autoridad de cada una de las facultades, escuelas e institutos de investigación en materia académica, legislativa, jurisdiccional y electoral. Luego, dentro de sus facultades legales se encuentra la de convocar a elecciones de Director de Facultad, Escuela o Institutos de investigación. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa como integrante del Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, reclama de dicho Consejo Técnico (como órgano colegiado), de sus integrantes, y del Consejo Universitario de dicha institución educativa, lo siguiente: La solicitud para una sesión de Consejo Técnico. La convocatoria para la sesión de Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca. La sesión de Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, celebrada el veintiocho de junio de dos mil veintidós, en la que se tomó protesta a Mauro Francisco Pérez Carrasco, como director de esa Facultad. Bajo ese contexto, es dable concluir que los actos que se reclaman, no tienen el carácter de acto de autoridad, ya que constituye el ejercicio de la competencia técnica derivada de la autonomía que la Constitución General de la República le confiere, a dicha institución educativa y órganos de gobierno, por lo que atendiendo a la naturaleza jurídica del nombramiento del Director de la citada Facultad, se llega a la conclusión de que las autoridades señaladas como responsables a través de tales actos, no ejercen un poder público que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del quejoso, ya que se trata de una decisión derivada precisamente de la autonomía de que se encuentra investido el Consejo Técnico y Universitario. En ese sentido, es evidente que el acto reclamado, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, y éste resulta notoriamente improcedente. Son aplicables al respecto, las tesis de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA COMISIÓN DE RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO CUANDO NOMBRA AL RECTOR. Si se tiene en cuenta que de la normativa que regula la organización de esa Universidad, se advierte que el mecanismo conforme al cual su Comisión de Rectoría lleva a cabo el nombramiento del rector constituye un procedimiento interno que deriva de la facultad de autogobierno y autonomía de la que goza la mencionada Universidad, es indudable que tal Comisión, a través de dicho acto, no ejerce un poder público que afecte de manera unilateral la esfera jurídica de los gobernados y, por ende, no puede tenérsele como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, máxime que la posición del aspirante al cargo de rector no es la de gobernado para efectos del juicio de garantías, ya que se trata de una decisión derivada precisamente de la autonomía de que se encuentra investida la señalada Universidad." (Novena Época. Registro: 165333. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Febrero de 2010, Tomo XXXI, página 111. Materia(s): Administrativa. Tesis: 1ª. XXX/2010.) "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR. Del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la autonomía de las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. En ese sentido, el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la autonomía universitaria, consistente en el nombramiento del rector de la universidad, por lo que debe sobreseerse en el juicio al no estar sustentado en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados, ni apoyado en una facultad de imperio susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica de éstos." (Novena Época. Registro: 164876. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Marzo de 2010, Tomo XXXI, página 918. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: 1ª./J. 19/2010.) "UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO. SU COMISIÓN DE RECTORÍA NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL NOMBRAR A SU RECTOR. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en diversos precedentes que para estimar que se ha realizado un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, es necesaria la existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que dote al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular y que para emitir esos actos no requiere de acudir a órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, el Pleno de este Alto Tribunal, al interpretar la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Federal, precisó que las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, atendiendo a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se funda en la libertad de enseñanza, sin que ello implique, de manera alguna, su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, restringida a sus fines; de tal manera que la autonomía universitaria, manifestada en su facultad de autogobierno, dota a las universidades de capacidad para, entre otras cosas, tomar decisiones definitivas al interior del cuerpo universitario, con independencia de cualquier órgano interior. En este orden, el examen de los artículos 1o., 2o., 8o., 9o. y 12 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo permite sostener que la Comisión de Rectoría de dicha Universidad es una de sus autoridades administrativas y, por ende, depositaria de su gobierno, por lo cual en ejercicio de la competencia ejecutiva de esa casa de estudios derivada de la autonomía que la Constitución General de la República le confiere, posee la atribución de designar al Rector; luego, el mecanismo conforme al cual la Comisión de Rectoría lleva a cabo el nombramiento de Rector constituye un procedimiento interno que deriva de la facultad de autogobierno y autonomía de la que goza la citada universidad. Por lo tanto, no puede tenerse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo a la señalada Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues atendiendo a la naturaleza jurídica del nombramiento del Rector de la citada Universidad, se llega a la conclusión de que aquella autoridad, a través de tales actos, no ejerce un poder público que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del quejoso, máxime que la posición del aspirante a ese encargo no es la de gobernado para efectos del juicio de garantías, ya que se trata de una decisión derivada precisamente de la autonomía de que se encuentra investido dicho órgano." (Novena Época. Registro: 166045. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Octubre de 2009, Tomo XXX, página 135. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2ª. CXIII/2009.) En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, de plano, se desecha, la demanda de amparo. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que indica y como autorizado en los términos que señala con las amplias facultades del artículo 12 de la ley de amparo a Wilebaldo Gabriel Merino Martínez, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Víctor Manuel López Allende, por no tener registrada su cédula profesional en dicho Sistema. Por otro lado, se tiene al quejoso señalando como medios de contacto el correo electrónico williymerino66@hotmail.com, así como el número telefónico 9512045460. Medios electrónicos De igual manera, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno citado determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos; se autoriza a la parte quejosa el uso de dichos medios electrónicos en los términos descritos con antelación. En el mismo orden de ideas, hágase saber a la parte quejosa que las reproducciones que se obtengan a través de los medios electrónicos mencionados no tendrán validez de documento público, de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de la materia, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Bajo ese contexto, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. Lo provee y firma electrónicamente, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Fidel Gallegos Figueroa, con la Secretaria Leticia Antonio Rosas, quien autoriza y da fe.
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