Julieta Soria Quiroz
Expediente 836/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 836/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Julieta Soria Quiroz
Actuaciones
- Principal
....Vistos los autos y la certificación que antecede, de los cuales se aprecia que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran el recurso de revisión contra el auto de diez de agosto del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha quedado firme. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido.... NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.....
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio y anexo de la Magistrada de la Sala Regional del Sureste, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual rinde informe justificado, negando el acto reclamado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, en términos del artículo 119 de la ley citada, se tiene por anunciada la prueba documental que anexa como justificación a su informe, la que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, en relación con el diverso 77 fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija (.)". En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En principio, cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación relacionada del artículo 61, fracción XXI, y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, la parte quejosa reclama esencialmente la omisión de la Sala Regional del Sureste, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de acordar su escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio de origen 2271/18-15-01-6. Ahora, de las documentales remitidas por la autoridad responsable Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con valor probatorio pleno, en los términos de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°; se advierte que: El uno de febrero de dos mil veintidós, la responsable citada, acordó el escrito de presentado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual, admitió a trámite la queja interpuesta por la aquí quejosa, dentro del juicio de origen 2271/18-15-01-6, del índice del Sala Regional del Sureste, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, si la quejosa, señaló como acto reclamado la negativa de la Sala regional, de acordar el escrito de presentado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se ha negado a dictar la resolución que legalmente proceda, es inconcuso que, si bien, existió la omisión de dictar la resolucion correspondiente el procedimiento administrativo, sin embargo, ésta ya no puede surtir efecto legal o material alguno, pues que ya se dictó el acuerdo correspondiente. De manera que, es evidente la modificación del entorno en el cual se actualizó el acto reclamado, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria, lo que derivado del auto de uno de febrero de dos mil veintidós, en la que citada responsable acordó el escrito de presentado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual, admitió a trámite la queja interpuesta por la aquí quejosa, dentro del juicio de origen 2271/18-15-01-6, impide que el acto aquí reclamado y sus efectos trasciendan a la esfera jurídica de la quejosa. Conviene indicar que, con conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, en este juicio no es procedente dar vista para ampliar respecto al acuerdo de uno de febrero de dos mil veintidós, que recayó a la petición presentada por el impetrante el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, por el que la responsable admitió a trámite la queja interpuesta dentro del juicio de nulidad 2271/18-15-01-6; ello, tomando en consideración que dicha determinación no constituye un acto de imposible reparación, ni tampoco constituye la última resolución emitida dentro del procedimiento de ejecución. De ahí que, per se, resulte improcedente el juicio de amparo respecto del acto referido. Por las consideraciones que la informan es aplicable la tesis P. LVII/2004, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". [Tesis P. LVII/2004, página 9, XX, Octubre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época]. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, respecto a dicho acto reclamado, se sobresee en el presente juicio, fuera de audiencia, con fundamento en los artículos 61 fracción XXI, 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque en el segundo de los numerales citados se desprende que el legislador previó la posibilidad de resolver el juicio fuera de audiencia. De ahí que resulta innecesario esperar resolver este juicio en la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que del contenido del informe rendido por la autoridad responsable se advierte la cesación de los efectos del acto reclamado, y permite establecer que el sentido de la sentencia que se dicte en este asunto, sería el mismo; por tanto, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Tiene aplicación, por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. Lo provee y firma electrónicamente, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Fidel Gallegos Figueroa, con el Secretario Mario Alberto Rodríguez Cruz, quien autoriza y da fe.
- Principal
"... Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 836/2022... se admite la demanda de amparo de cuenta, tramítese sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado... Se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para celebrar la audiencia constitucional... Por otra parte, se advierte que le resulta el carácter de tercero interesado al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, mediante oficio, al que se anexe copia simple de la demanda, emplácese al tercero interesado citado... Con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por anunciada la prueba documental que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, las que serán relacionadas en la audiencia constitucional, en donde se proveerá sobre su admisión y desahogo..."
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