Julio Artiuro Joo Garduño

Expediente 966/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 33 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
966/2016
Año
2016
Actuaciones
33
Última actuación
31/01/2019

Partes del expediente

  • Eduardo Enrique Clemente Garduño y Otros.
  • Julio Artiuro Joo Garduño
  • Julio Artiuro Joo Garduño y Otros.
  • Eduardo Enrique Clemente Garduño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    II) Toluca, Estado de México; treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta patentiza que la parte quejosa dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformo contra el auto de treinta y uni de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo, evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. 4. El original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero). 5. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero). Sin que resulte necesario glosar los cuadernos incidentales, toda vez que de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es conveniente su transferencia desglosado del cuaderno principal; razón por lo cual deberá continuar su tramitación por cuerda separada al presente cuaderno principal. De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    II. Toluca, Estado de México; ocho de enero de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, a través de la cual la Actuaria de este órgano de control constitucional manifiesta la imposibilidad de notificar a la parte quejosa Julio Arturo Garduño y Eduardo Enrique Clemente Garduño, el proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, por los motivos ahí expuestos. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, al tratarse de la actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos del cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Al caso es aplicable la jurisprudencia visible en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, mayo de 1995, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Atento a lo anterior, se comisiona nuevamente al actuario para que realice la notificación del proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, a efecto de que tenga conocimiento de dicha determinación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    II. SE LISTA AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Toluca, Estado de México; ocho de enero de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, a través de la cual la Actuaria de este órgano de control constitucional manifiesta la imposibilidad de notificar a la parte quejosa Julio Arturo Garduño y Eduardo Enrique Clemente Garduño, el proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, por los motivos ahí expuestos. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, al tratarse de la actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos del cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Al caso es aplicable la jurisprudencia visible en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, mayo de 1995, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Atento a lo anterior, se comisiona nuevamente al actuario para que realice la notificación del proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, a efecto de que tenga conocimiento de dicha determinación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    III) Toluca, Estado de México; treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho (foja 255), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Julio Arturo Joo Garduño y Eduardo Enrique Clemente Garduño y/o Eduardo Enrique Armendariz Gutiérrez a través de su Defensora Pública Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México, en su carácter de autoridad ordenadora. Al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 de Gómez Palacio, en el Estado de Durango, en su carácter de autoridad ejecutora. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Se hace consistir en cuanto a la autoridad ordenadora en la resolución de plazo constitucional dictada en fecha seis de junio de dos mil dieciséis, dictada dentro de la causa Penal 70/2008 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México; el cual fue notificado a la suscrita en fecha seis de junio de dos mil dieciséis, en la cual en sus puntos resolutivos establecieron: ".Primero. A las trece horas con cincuenta minutos del seis de junio de dos mil dieciséis, se dicta auto de formal prisión a Julio Arturo Joo Garduño y Eduardo Enrique Clemente Garduño o Eduardo Enrique Armendáriz Gutiérrez, por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de: Delincuencia Organizada, previsto en el artículo 2, fracción V (hipótesis de Secuestro, previsto en el artículo 259, del Código Penal para el Estado de México), y sancionado en el diverso 4, fracción II, inciso b), del citado numeral, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, como autores materiales, en términos del artículo 13, fracción II del Código Penal Federal. Se decreta auto de formal prisión a Julio Arturo Joo Garduño por en la comisión de los delitos de: Secuestro, previsto y sancionado en el artículo 259, párrafo primero (hipótesis a quien por cualquier medio prive a otro de la libertad, con el fin de obtener rescate), del Código Penal del Estado de México (vigente en la época de los hechos), cometido en agravio de Jan Peter Wilmanns Raese, como coautores materiales, en términos del ordinal 11, fracción I, inciso d) del Código Penal para el Estado de México; Secuestro, previsto y sancionado en el artículo 259, párrafo primero (hipótesis a quien por cualquier medio prive a otro de la libertad, con el fin de obtener rescate), del Código Penal del Estado de México (vigente en la época de los hechos), cometido en agravio de Liliana Sánchez Izquierdo, como coautores materiales, en términos del ordinal 11, fracción I, inciso d) del Código Penal para el Estado de México; y, Secuestro, previsto y sancionado en el artículo 259, párrafo primero (hipótesis a quien por cualquier medio prive a otro de la libertad, con el fin de obtener rescate), fracción V, inciso a), del Código Penal del Estado de México (vigente en la época de los hechos), cometido en agravio de Elizabeth Cruz Cruz, como coautores materiales, en términos del ordinal 11, fracción I, inciso d) del Código Penal para el Estado de México. Se decreta auto de formal prisión al indiciado Eduardo Enrique Clemente Garduño o Eduardo Enrique Armendáriz Gutiérrez en la comisión del delito de: Secuestro, previsto y sancionado en el artículo 259, párrafo primero (hipótesis a quien por cualquier medio prive a otro de la libertad, con el fin de obtener rescate), del Código Penal del Estado de México (vigente en la época de los hechos), cometido en agravio de Liliana Sánchez Izquierdo, como coautores materiales, en términos del ordinal 11, fracción I, inciso d) del Código Penal para el Estado de México". Mediante sentencia terminada de treinta de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 74 a 86), se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Inconforme con lo anterior la parte quejosa promovió recurso de revisión (fojas 93 a 110); cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho el órgano revisor dictó sentencia en el amparo en revisión 86/2017, en la que determinó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a los impetrantes (fojas 152 a 189). En lo relativo a los efectos del amparo, se determinó lo siguiente: "(.) 1. Deje insubsistente el acto reclamado. 2. Respecto de las declaraciones ministeriales de los coinculpados Humberto Sánchez Cruz, Efraín Sánchez Cruz y Marco Antonio Medel Rosales, motive el por qué les concedió valor probatorio aun cuando al rendir su declaración preparatoria se retractaron. 3. Dicte uno nuevo en el que motive de manera suficiente la valoración de las pruebas respecto del cuerpo del delito de delincuencia organizada y precise los indicios que cada una de ellas arroja en el proceso racional de valoración de la prueba. 4. Realice la clasificación del delito de privación ilegal de libertad, en su modalidad de secuestro, de acuerdo a los elementos que prevé el tipo penal, esto es, deberá prescindir de considerar la violencia física y moral como elemento del delito básico. 5. Respecto de la agravante, tendrá que considerar únicamente en el desglose del cuerpo del delito que se perpetro con privación de la vida y no en cada uno de ellos. 6. Deberá motivar de manera suficiente con qué pruebas, las que deberá valorar y expresar qué indicios extrajo de cada una de ellas, se acredita cada uno de los elementos del delito privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. 7. En el apartado de responsabilidad penal, también deberá analizar de manera fundada y motivada las pruebas, expresar su alcance demostrativo y los indicios que cada una arroja para acreditar las probables responsabilidades de los quejosos. 8. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda. (.)." Así, mediante oficio 12772, (foja 203), suscrito por el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, informó que dejó insubsistente la resolución de plazo constitucional de seis de junio de dos mil dieciséis, dictada por su homólogo del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en virtud de la separación de juicios dentro de la causa penal de origen 70/2008, por lo que dicho juzgador adquirió el carácter de autoridad sustituta. De igual forma la responsable remitió el diverso 13491 (fojas 214), al cual adjuntó la resolución dictada el doce de diciembre de dos mil dieciocho. Quien esto determina considera que la ejecutoria de amparo se encuentra debidamente en atención a las consideraciones siguientes. En principio, porque mediante oficio 12772, (foja 203), suscrito por el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, informó que dejó insubsistente la resolución de plazo constitucional de seis de junio de dos mil dieciséis, dictada por su homólogo del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Asimismo, el juez responsable el doce de diciembre de dos mil dieciocho, dictó en la causa penal 8/2018-VII, auto de formal prisión contra Julio Arturo Joo Garduño y Eduardo Enrique Clemente Garduño o Eduardo Enrique Armendáriz Gutiérrez, por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de: Delincuencia Organizada, previsto en el artículo 2, fracción V y sancionado en el diverso 4, fracción II, inciso b), del citado numeral, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, como autores materiales, en términos del artículo 13, fracción II del Código Penal Federal. Secuestro, previsto y sancionado en el artículo 259, párrafo primero del Código Penal del Estado de México (vigente en la época de los hechos, marzo de dos mil siete), cometido en agravio de L.S.I. Asimismo, se dictó auto de formal prisión en contra de Julio Arturo Joo Garduño, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de: Secuestro, previsto y sancionado en el artículo 259, párrafo primero del Código Penal del Estado de México (vigente en la época de los hechos, marzo de dos mil siete), cometido en agravio de J.P.W.R. Secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 259, párrafos primero y segundo, fracción V, inciso a) (hipótesis cuando con motivo del secuestro se cause la muerte del secuestrado) del Código Penal del Estado de México (vigente en la época de los hechos, marzo de dos mil siete), cometido en agravio de E.C.C. Ahora, respecto de las declaraciones ministeriales de los coinculpados Humberto Sánchez Cruz, Efraín Sánchez Cruz y Marco Antonio Medel Rosales, expuso las razones por las cuales les concedió valor probatorio, aun cuando al rendir su declaración preparatoria se retractaron, al sostener que su retractación no merecía valor convictivo atendiendo al principio de inmediatez procesal, que rige al sistema de valoración de la prueba, en donde las primeras declaraciones por su cercanía con los hechos presumen espontaneidad y mayor veracidad respecto de las posteriores, pues entre ellas ya obra el tiempo suficiente para su reflexión y el aleccionamiento, aunado a que sus nuevas declaraciones hasta ese momento procesal no se ven justificadas ni corroboradas en autos. Asimismo, en la determinación de plazo constitucional de doce de diciembre de dos mil dieciocho, el juez del proceso precisó con que pruebas y expresó que indicios extrajo de cada una de ellas, para tener por acreditado cada uno de los elementos del cuerpo del delito de delincuencia organizada y del diverso de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, es decir, precisó los indicios que cada una de ellas arrojaba en el proceso de valoración de la prueba. De igual forma, realizó la clasificación del delito de privación ilegal de libertad, en su modalidad de secuestro, de acuerdo con los elementos que prevé el tipo penal y de acuerdo con los lineamientos apuntados en la ejecutoria de mérito prescindió de considerar la violencia física y moral como elemento del delito básico. Respecto de la agravante, consideró únicamente en el desglose del cuerpo del delito que se perpetro con privación de la vida y no en cada uno de ellos. Y, en el apartado de responsabilidad penal, analizó de manera fundada y motivada los medios de convicción existentes en autos y expuso de manera detallada su alcance demostrativo y los indicios que cada una arroja para acreditar la probable responsabilidad de cada uno de los quejosos. Lo expuesto permite arribar a la conclusión de que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. Robustece lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Bajo esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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