Julio Alvarado Carranza

Expediente 642/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
642/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
15/06/2016

Partes del expediente

  • Julio Alvarado Carranza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de junio de dos mil dieciséis. De la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de tres de junio de dos mil dieciséis, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado, y en el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes. Por otra parte, vista la cuenta precedente y del estado que guarda este asunto, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Israel Díaz Reyna, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de junio de dos mil dieciséis. Vista la comparecencia del quejoso Julio Alvarado Carranza, por la cual ratifica la firma de su escrito aclaratorio, presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis; por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento formulado en auto de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis (foja 26 y 27), y por desahogada la prevención que se le hiciera en auto de diecisiete de mayo del mismo año (foja 15). Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie el acto reclamado en el presente asunto, consiste esencialmente en las omisiones del Ministerio Público dentro de la carpeta de investigación 160260082416: No abrir de manera inmediata la carpeta de investigación. La omisión de no informarle de sus derechos constitucionales. La omisión de no recabar con apego a derecho su declaración. La omisión de reparación del daño. El no expedirle copias. Establecido lo anterior, el suscrito advierte que respecto del acto materia de estudio en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 150, fracción XIV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 150. En todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido, de manera enunciativa más no limitativa, tienen los derechos siguientes: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." De lo transcrito tenemos que los citados preceptos legales establecen que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues acorde con el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la carta magna, las decisiones del agente del Ministerio Público, entre ellas, la omisión de realizar los actos procesales tendentes a integrar la carpeta de investigación 160260082416, es susceptible de ser impugnada ante el juez de control, quien podrá analizar si dicha situación es legal o en su caso, ordenar la investigación y continuar con la persecución penal. Dicho en otras palabras, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. A su vez, el artículo 150, fracción XIV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, contempla como derechos de la víctima u ofendido, el impugnar ante el Juez de Control las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión condicional del proceso a prueba, cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En esas condiciones, se considera que la parte quejosa debió impugnar las omisiones de que se duele han incurrido las autoridades responsables en la investigación del hecho delictuoso denunciado ante la autoridad judicial correspondiente, en el caso, ante el juez de control. En ese orden, sería la resolución del juez de control que decida en definitiva sobre la omisión atribuida a los agentes del Ministerio Público en la investigación de los hechos delictuosos, la que podría combatirse en el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Ahora bien, este Juzgado de Distrito no soslaya que el presente caso no se ajusta a las hipótesis que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, esto es, no se trata de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, lo que en la especie no acontece, al impugnarse un acto de omisión por parte del agente del Ministerio Público, en demérito de la obligación constitucional que le atañe conforme al artículo 21 de la Carta Magna; por lo que de la misma manera tampoco se ajusta a los supuestos de la fracción XX del referido precepto legal, donde se dispone que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la ley de la materia y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Empero, el propio precepto 61, en su fracción XXIII, establece que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues se reitera, acorde con el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, se establece que las omisiones del agente del Ministerio Público en la investigación de los delitos, son susceptibles de ser impugnadas ante la autoridad judicial, en la que se podrá determinar lo referente a dichas omisiones en la investigación de los delitos, o en su caso, ordenar la investigación y continuar con la persecución penal. La prerrogativa que constitucionalmente se otorga al pasivo del delito, no es opcional, sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley, ello se advierte de la exposición de motivos, que dio origen a la redacción actual del precepto constitucional citado, en que, entre otras cosas se dijo: "El Apartado C del artículo 20 constitucional confiere ahora nuevos derechos a las víctimas u ofendidos de los delitos. Fundamentalmente, una participación más activa en el proceso mediante la introducción de novedosas figuras. En esta reforma se conservan importantes derechos que ya han sido reconocidos con anterioridad." "Se establece una nueva dimensión constitucional de la coadyuvancia para los efectos de que la víctima pueda intervenir directamente en el juicio e interponer los recursos en los términos que establezca la ley. " "Esta figura se incorpora ahora como una nueva garantía constitucional, con el objeto de que exista la posibilidad para las víctimas de defender directamente sus intereses. Ello no significa por supuesto que el Ministerio Público no esté obligado a dar un efectivo servicio de calidad a las víctimas y a representar sus intereses." "Además de lo anteriormente indicado, se amplía el alcance del derecho a impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal para los efectos de que comprenda todas las formas en que ello puede suceder, es decir, cuando se trate del desistimiento y de la reserva. Diversos criterios jurisprudenciales ya preveían esos extremos, los cuales ahora se reconocen expresamente en la Constitución." Como se advierte, se incorporó la posibilidad para los pasivos del delito, de defender directamente sus intereses, esto es, se amplió el alcance del derecho a impugnar no solo las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, sino también de manera relevante su derecho fundamental a impugnar ante el órgano jurisdiccional las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; lo que igualmente se encuentra tutelado en el artículo 150, fracción XIV, del Código de Procedimiento Penales para el Estado de México. Es por ello, que al incorporarse en la Constitución este derecho para la víctima u ofendido, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, inclusive su abuso. En esas condiciones, de lo expuesto se advierte que el quejoso debió agotar el recurso que la propia Constitución consigna a su favor en términos de lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, en relación con el precepto 150, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, y al no haberlo hecho opera en su perjuicio el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima al recurrente de la interposición de los medios de impugnación contemplados para la legislación procesal penal, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso el diverso 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en el artículo 113 de la propia codificación legal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Julio Alvarado Carranza, contra actos de los Agentes del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Toluca "Hechos de Transito y Hospitales", Antonio Rodríguez Sánchez y Nancy García Soto, por notoriamente improcedente. Notifíquese, y personalmente al quejoso en el domicilio que señaló en su escrito de demanda. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Israel Díaz Reyna, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta, mediante la cual el actuario de la adscripción asentó la imposibilidad de notificar los proveídos de diecisiete y veintitrés de mayo del año en curso, toda vez que al constituirse al Centro Médico Adolfo López Mateos, le hicieron saber que Julio Alvarado Carranza, había sido externado de dicho centro el trece del mes y año en curso. Atento a lo anterior, se tiene por hecha tal aseveración para los efectos legales procedentes, en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de la actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. A lo expuesto, resulta aplicable la jurisprudencia visible en el página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1995, Tomo IV, Materia Común cuyos rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se previene a Julio Alvarado Carranza, por el plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción ll, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de presente proveído, comparezca a este Juzgado de Distrito con una identificación oficial vigente y copia simple de la misma, a ratificar la firma de su escrito aclaratorio, pues ésta es discrepante de la visible en el escrito de demanda. O bien señale la imposibilidad que tiene para presentarse a este juzgado a ratificar su firma. Al respecto es aplicable, por haberse interpretado disposición de contenido similar, la jurisprudencia 202, publicada en la página 165 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo lV, Materia Común, cuyo rubro es: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. deben mandarse reconocer las firmas discrepantes y dictar el acuerdo que legalmente corresponda.". Al quejoso se apercibe que para el caso de no cumplir con el requerimiento formulado en párrafos precedentes, se entenderá que no suscribió el escrito de referencia y se tendrá por no presentado el escrito en mención. Asimismo, para el caso de que Julio Alvarado Carranza ratifique la firma del escrito de cuenta, en la diligencia respectiva el promovente deberá manifestar si suscribió o no la demanda de amparo. Lo anterior, en el entendido de que para el caso de conducirse con falsedad ante el personal actuante se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, con el fin de que implemente el procedimiento penal correspondiente. Más aún, e independientemente de que el solicitante del amparo ratifique los escritos en mención, en caso de que la firma que estampe en la actuación correspondiente ostente rasgos distintos a aquéllos, de igual manera, se dará vista a la representación social a efecto de que se implementen las acciones correspondientes en relación al agraviado. En la inteligencia de que para el caso de ser necesario, ante la posible discrepancia de las firmas en comento, éste órgano de control de la constitucionalidad estará en aptitud legal de ordenar el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía respecto de ellas, para así tener la certeza de las aseveraciones que al efecto proporcione el quejoso. Notifíquese y personalmente a Julio Alvarado Carranza, en el domicilio que señaló en su escrito de demanda. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Israel Díaz Reyna, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. De conformidad con lo previsto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2°, agréguese a los autos el escrito por el cual el quejoso Julio Alvarado Carranza, manifiesta la imposibilidad de ratificar la firma de su escrito aclaratorio, pues se encuentra hospitalizado según constancia del ISEM. Atento a lo anterior, comisiónese al actuario judicial adscrito para el efecto de constituirse en el hospital y domicilio que se desprenden de la constancia médica que adjunta el quejoso en el escrito de cuenta, en días y hora inhábiles y localice al quejoso Julio Alvarado Carranza, a efecto de que ratifique la firma de su escrito aclaratorio, además deberá preguntarle si reconoce la firma que estampó en su escrito de demanda, y para lo cual el quejoso deberá presentar al momento de la diligencia una identificación oficial vigente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Israel Díaz Reyna, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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