Julio Alejandro Aguillón Meza

Expediente 2426/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2426/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/02/2023

Partes del expediente

  • Julio Alejandro Aguillón Meza

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, UNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, remitido vía electrónica por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit, por medio del cual acusa recibo del oficio 25-Vll de cinco de enero del año en curso, e informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por EDUARDO ARTURO GALICIA DE LA CRUZ, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral quejosa CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R.; mismo que quedó registrado con el número 38/2023, de su índice. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes el comunicado de cuenta que suscribe el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, por medio del cual, remite copia certificada de las actuaciones que integran el juicio de amparo indirecto 2318/2022-V promovido por JULIO ALEJANDRO AGUILLÓN MEZA; contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad de Tepic; por tanto, acúsese recibo de estilo a la autoridad oficiante. Luego, tomando en consideración que de la copia certificada del juicio de referencia, se advierte que por auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, el Secretario Encargado del Despacho, por vacaciones del Titular de dicho órgano jurisdiccional estimó procedente, por las razones que en el mismo se indican, la desacumulación de lo relativo al juicio mercantil 206/2019 del índice del Juez Tercero de Primera instancia del Ramo Mercantil, Partido Judicial Tepic; esto es, se continúe con su etapa procesal correspondiente. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo única y exclusivamente por lo que hace a los actos reclamados al Juez Tercero de Primera instancia del Ramo Mercantil, Partido Judicial Tepic, lo relativo al juicio mercantil 206/2019 de su índice. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 2426/2022, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado; o anterior de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, 99 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como en los numerales 3, 4, 13, 21, 22, 25, 31 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; Acuerdos que fueron reformados por su similar que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Con fundamento en el artículo 3°, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, se instruye al oficial de partes de éste juzgado para que digitalice e integre al expediente electrónico de este juicio, todas las promociones y anexos (que se acompañen a las mismas) que se reciban de forma física en éste órgano jurisdiccional. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. De igual forma, con fundamento en el artículo 22 de la disposición normativa indicada, se procederá a la digitalización de las constancias atinentes para la integración cronológica del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado, realizando la certificación correspondiente en el expediente electrónico que dé cuenta de esa circunstancia. Por otra parte, es oportuno señalar, que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación al caso, por su sentido jurídico, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de????? improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". Ahora, este órgano de control constitucional estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con los preceptos 5, fracción I de dicho ordenamiento, que establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo, conforme lo establece el artículo 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5. En términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de la materia, para la procedencia del amparo se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él para solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º mencionado, la parte quejosa está obligada a demostrar que el acto de autoridad le genera una afectación en su esfera jurídica. Así, conforme a dichos normativos, el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien afecte el acto reclamado. Por lo cual, aplicando dichos normativos en sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. En esa temática, para la procedencia del juicio de amparo, el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio, lo que otorga el derecho para acudir a la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. 5 Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa."????????? Se aplica a lo anterior, el criterio de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias.6 En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda se obtiene que el aquí promovente JULIO ALEJANDRO AGUILLÓN MEZA, reclama del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con residencia en esta ciudad, el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 206/2019 de su índice, que fuera practicado a José Luis Ines Ruiz y José Antonio Aguillón Bonilla, en su carácter de demandados en ese asunto. Bajo ese contexto, se advierte que la parte quejosa no fue llamada a juicio, ni debía serlo, ya que la parte demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil de referencia son José Luis Ines Ruiz y José Antonio Aguillón Bonilla; entonces, dado que no era el quejoso JULIO ALEJANDRO AGUILLÓN MEZA a quien debía emplazársele, sino a las personas diversas citadas, es evidente que, en todo caso, serían dichas personas quienes resentirían una afectación en su esfera jurídica, bien porque no se les llamo a juicio, o bien porque se les llamó defectuosamente. De ahí, que para promover el juicio de amparo el acto de autoridad que se reclama tendría que incidir o relacionarse en la esfera jurídica del impetrante de amparo; esto es, debe acreditar que el mismo les genera una afectación real y definitiva, en su esfera de derechos. En el particular, el indebido emplazamiento a que alude, no le causa ningún perjuicio en su esfera jurídica, toda vez que a dicho quejoso no le resulta afectación en su interés jurídico. Ante ello, el ilegal emplazamiento que reclama no trasciende en su esfera jurídica, al encontrarse dirigido a diversas personas; además, del escrito inicial de demanda no se advierte que con su ejecución se afectó algún derecho del impetrante. Por tanto, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5, fracción I de la Ley de Amparo, toda vez que no existe afectación en su esfera jurídica con el actuar de la autoridad de que se trata; por tanto, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se analiza promovida por JULIO ALEJANDRO AGUILLÓN MEZA por los motivos y fundamentos expuestos. Se invoca a lo anterior el criterio siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE 6 Quinta Época; Registro: 807072; Instancia: Tercera Sala; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; LXXXII; Materia(s): Común; Página: 3490. AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso,?????? podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas."7 Así como en lo que interesa, el diverso criterio: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO. Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo."8 Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, por autorizado en términos del párrafo segundo del citado numeral en relación con el párrafo segundo del arábigo 24 de la legislación de referencia, a MARCO ANTONIO OROZCO JIMENEZ, en virtud de que no tiene inscrita cédula alguna en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. De igual manera, respecto a la solicitud que efectúa la quejosa de cuenta en el sentido de que también se le realicen las notificaciones en el correo electrónico que menciona, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que con esta misma fecha se le tiene señalando como domicilio para tal fin, el que se indica en el escrito de demanda. 7 Época: Décima Época Registro: 2007921 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P. /J. 50/2014 (10a.) Página: 60. 8 Registro digital: 16749; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Novena Época; Materias(s): Común, Civil; Tesis: VI.2o.396 K (8a.); Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Abril de 2009, página 1907; Tipo: Aislada. Sin embargo, se le tiene proporcionando dicho medio de comunicación para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. Luego, en aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 14,980 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano