Julián Urzua Pérez
Expediente 917/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 917/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/09/2021
Partes del expediente
- Julián Urzua Pérez
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término legal concedido, no se inconformó en contra del proveído de catorce de agosto de dos mil veinte, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), 86 de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo CAUSA ESTADO para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. En acatamiento al Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, dado que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo. Asimismo, en atención al artículo 20 del citado acuerdo general, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez transcurridos seis meses, procédase a su destrucción. En tanto que, conforme al Artículo 18 dicho acuerdo general, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de tres años, toda vez que se negó la medida cautelar solicitada, por tanto, agréguese al presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que las partes, dentro del término legal concedido, no se inconformaron con la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma causa ejecutoria para todos sus efectos legales procedentes. Lo anterior, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, y ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso a) de la fracción I del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, por lo que una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que tanto la suspensión provisional como definitiva se concedió, con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Finalmente, toda vez que resultan innecesarias las constancias que adjuntaron a su respectivo informe justificado la Jueza Tercero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta Ciudad (tomos I y II de pruebas), el Juez Segundo Especializado en Materia Mercantil, con sede en Zapopan, Jalisco (tomo III de pruebas), el Juez Segundo Especializado en Materia Mercantil, con sede en Zapopan, Jalisco (tomo de pruebas IV), devuélvanse para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo presentada por JULIAN URZÚA PÉREZ, por su propio derecho, en la que solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Santa María del Oro, Nayarit. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 917/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. El primero de los numerales establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Ahora bien, por regla general, los actos dentro del juicio son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. Por excepción, sólo serán impugnables en amparo indirecto, aquellos actos dictados dentro del juicio cuya ejecución sea irreparable, en términos del citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede:.(.) .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El dispositivo transcrito es preciso -para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación- al señalar que dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Con tal precisión, el legislador secundario proporcionó seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de naturaleza irreparable, pues mediante esa fórmula legal estableció que esos actos -para ser calificados como irreparables- necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una afectación de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; esto es, que recaigan sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior se deduce de las dos condiciones que el citado legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento; la primera, atinente a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que implica situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", lo que de suyo implica deben ser antagónicos a los de naturaleza formal o adjetiva -procesales-, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del juicio cuando se emite sentencia definitiva, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Atento a lo anterior, es claro que las violaciones procesales no causan una afectación irreparable, dada su naturaleza adjetiva y tampoco enmarcan un derecho sustantivo, ya que al tratarse de simples infracciones del procedimiento, sus efectos pueden ser subsanados con la obtención de una sentencia favorable; de ahí que su impugnación pueda esperar hasta el amparo directo, siempre que sean controvertidas previamente a través del recurso ordinario procedente, a menos que se esté en un caso de excepción de este requisito. Por virtud de lo anterior, se concluye que el acto reclamado, que se hace consistir en la resolución interlocutoria de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Santa María del Oro, Nayarit, en los autos del expediente 20/2021 de su índice, en la que declaró improcedente el recurso de revocación promovido por la parte aquí quejosa contra la determinación de quince de junio del año en curso, en la que la responsable se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes dentro de la excepción de conexidad de la causa en el referido expediente, constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en términos de los artículos 171 y 172, ambos de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan materialmente y de forma inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, establecidos en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales de los que México es parte. Es así, porque los efectos lógicos que derivan de ese acto, son precisamente que se continúe con la tramitación del referido sumario; sin embargo, ello no implica que por tal circunstancia se transgredan de manera inmediata derechos sustantivos, sino que -en todo caso- esa afectación surgiría por virtud de lo que al efecto pudiera decretar el juez de la causa al pronunciar la sentencia definitiva. De ahí, que no se pueda pretender que por virtud del acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Santa María del Oro, Nayarit, en los autos del expediente 20/2021 de su índice, en la que declaró improcedente el recurso de revocación promovido por la parte aquí quejosa contra la determinación de quince de junio del año en curso, en la que la responsable se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes dentro de la excepción de conexidad de la causa en el referido expediente, habrá afectaciones irreparables sobre sus derechos sustantivos, y que por ello deba admitirse su amparo indirecto. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente a la explicación de los actos de ejecución irreparable, la jurisprudencia 37/2014 (10a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 377/2013, de datos y contenido siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2006589 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Página: 39 PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J 4/5001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laborar desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se trata de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede firmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ".aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirime los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En consecuencia, al actualizarse de manera evidente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la ley de la materia, procede desechar la presente demanda de amparo, promovida por JULIAN URZÚA PÉREZ, por su propio derecho. No se soslaya la circunstancia que al calce de la demanda de amparo se haya asentado "firma a su ruego y en su nombre HERIBERTO URZUA FUENTES"; sin embargo, de la misma se advierte que ésta fue firmada por el quejoso, toda vez que junto a su nombre obra la firma autógrafa de éste. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; por autorizada en términos amplios de la primera parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a MARÍA GUADALUPE COYAC AGUILAR, y en términos del párrafo segundo del referido precepto legal, a las restantes personas que menciona, toda vez que no tienen registrada cédula alguna en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que las faculte para ejercer la profesión de Abogados o Licenciados en Derecho. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal lleven a cabo las notificaciones a las partes en el juicio para que surtan los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguense a sus autos para que surtan sus efectos legales procedentes, los oficios de cuenta remitidos vía electrónica por ROBERTO LÓPEZ OROZCO apoderado legal de Ramón López Orozco albacea definitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de la quejosa María Gerania Orozco Cedano y RICARDO HERNÁN DE LA PEÑA ARGUELLES, en su carácter de autorizado de la parte quejosa en el presente juicio, y en atención a lo que solicitan, en el sentido de que se les tenga señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Juárez número 85, Colonia Centro, Xalisco, Nayarit; dígaseles que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que el domicilio de referencia se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado; por lo que las notificaciones que deriven del presente juicio se les seguirán haciendo por medio de lista, no obstante sean de carácter personal, sin perjuicio de que con posterioridad señalen domicilio en esta ciudad. Asimismo, sin que sea el caso tenerles señalando los correos electrónicos esmita.lc@gmail.com y blancastelaor@gmail.com, a efecto de que se realicen las notificaciones vía electrónica; toda vez que no hicieron del conocimiento a este órgano jurisdiccional su firma electrónica conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, toda vez que la notificación vía internet es uno de los servicios que se presta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx; por tanto, solo las personas que cuenten con dicha firma podrán ser notificados por esa vía. Por otra parte, téngaseles desahogando la vista dada por auto de cuatro de agosto del año en curso, haciendo para ello las manifestaciones vertidas en sus ocursos, expresando su inconformidad respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable Capitán Regional del Puerto, con residencia en San Blas, Nayarit. Luego, y dada la imposibilidad jurídica y material que manifestó la autoridad responsable Capitán Regional del Puerto, con residencia en San Blas, Nayarit para dar cumplimiento al fallo protector en lo tocante a la insubsistencia del desmantelamiento de la embarcación BLANCA ESTHELA III, tal como lo expuso en el oficio 0691/2021, recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el tres de agosto del presente año; es por lo que, con fundamento en los artículos 66, 67 y 205 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de cumplimiento sustituto del fallo protector dictado en este juicio, con la finalidad de que se dé por cumplida la ejecutoria de amparo. En consecuencia, dese vista a las partes por el término de tres días contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten a lo que su interés legal convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Se cita al respecto la tesis P. IV/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 557, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I, Décima Época, bajo la voz: "CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Para la procedencia del cumplimiento sustituto de la sentencias de amparo, ya sea a petición de cualquiera de las partes o de oficio (caso en el que no existe conformidad de la parte quejosa para que la sentencia de amparo se cumpla de forma diversa a lo que establece), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no dispone de mayores requisitos que el consistente en que la autoridad responsable manifieste la imposibilidad o inconveniencia de cumplir la sentencia de amparo en sus términos o porque se afecte a la sociedad en mayor grado que los beneficios que pudiera obtener o porque sea imposible el cumplimiento en sus términos o desproporcionalmente gravoso. Ahora bien, con la reforma constitucional en materia de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y que entró en vigor el cuatro de octubre de ese año, el supuesto relativo a la afectación social frente al beneficio del quejoso sufrió los siguientes tres cambios importantes: a) se suprimió el calificativo "gravemente" respecto de la afectación social, lo que supone la flexibilización de esta figura, dado que aquélla podría ser de una entidad menor; b) se excluyó a los terceros como sujetos cuya afectación podría generar el que una sentencia de amparo se cumpla de manera sustituta, de modo que sólo será la sociedad la que se proteja a través de esta figura; y, c) se eliminó el vocablo "económico", que modulaba el beneficio del quejoso, frente al cual se contrasta la afectación social, y esto sólo supone que el beneficio del quejoso no deberá tasarse única o preponderantemente en términos económicos, pues sin duda este criterio deberá seguir considerándose, ya que sería imposible que, de entre los beneficios que obtiene un quejoso con el cumplimiento de la sentencia de amparo, no se encuentre el económico. Se prevé, además, la posibilidad de que se decrete el cumplimiento sustituto cuando las circunstancias del caso impliquen que sea imposible (material o jurídicamente) cumplir con la sentencia de amparo, supuesto que si bien no se encontraba en la Constitución, ya se reconocía en la jurisprudencia. De este modo, el único supuesto introducido con motivo de esa reforma, al tenor del cual se puede decretar el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, es el referente a que resulte desproporcionalmente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. Sobre este último aspecto, resulta importante precisar que, para determinar si se actualiza la condición referente a la "desproporcionalidad gravosa", deberá justificarse si retrotraer las condiciones que prevalecían antes de la violación implica un costo desproporcionalmente mayor que cumplir con la sentencia de amparo de manera sustituta. Es importante recalcar que esta condición no se actualizará si se aduce un gasto sólo mayor, ya que se requiere que el gasto que implica cumplir con la sentencia de amparo en sus términos sea mucho mayor que el que implica hacerlo de manera sustituta. Éste es un mandato de optimización para que en el caso del cumplimiento de las sentencias de amparo se aplique un criterio racional a partir del cual se maximice el beneficio individual (derivado de la concesión del amparo) sin sacrificar el beneficio social (representado por el recurso público destinado al cumplimiento de la sentencia de amparo). En este sentido, se autorizará el cumplimiento sustituto del fallo protector cuando el acatamiento en sus términos no cumpla con la condición óptima y, por ende, implique que el quejoso obtenga un beneficio y al mismo tiempo ello se traduzca en un decremento considerable para el Estado." NOTIFÍQUESE.
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