Julio Alberto Sánchez Méndez
Expediente 552/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 552/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/07/2017
Partes del expediente
- Julio Alberto Sánchez Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese éste juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
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CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veintidós del mes en curso, se agregó el informe justificado rendido por el secretario de acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, por el que remitió copia certificada del laudo de veinte de junio del año en curso, dictado en el expediente *****, de su índice, promovido por ***** contra el ****** Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar el laudo en el expediente *****. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veintidós del mes en curso, se agregó el informe justificado rendido por el secretario de acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, por el que remitió copia certificada del laudo de veinte de junio del año en curso, dictado en el expediente *****, de su índice, promovido por ***** contra el ****** Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar el laudo en el expediente *****. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la quejosa se duele de la omisión por parte de las autoridades responsables Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas y Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas, residentes en esta ciudad, de dictar laudo dentro del juicio laboral, de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que el veinte de junio del año en curso, dictó laudo en la controversia laboral de origen; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, el Tribunal responsable subsanó la dilación procesal que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, de dictar laudo en el juicio laboral ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. No obsta para decretar el sobreseimiento anterior, que las autoridades responsables Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas y Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas, residentes en esta ciudad, no hayan rendido su informe justificado, toda vez que el acto reclamado consiste en la omisión de dictar laudo en el expediente ****** y la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, por ministerio de ley, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del mismo y remitió copia certificada del laudo emitido en el juicio de origen, tal como se dijo en párrafos que anteceden; motivo por el cual, a nada práctico conduciría estar a la espera de que las autoridades en comento remitan su informe justificado correspondiente, pues la omisión reclamada por el promovente del amparo es atribuible al citado Tribunal del Trabajo. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del diez de julio de dos mil diecisiete. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de junio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por el secretario de acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad. Atento a lo dispuesto en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con los preceptos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que en copia certificada remite la autoridad responsable, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese.
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