Julio Adrian Gutiérrez Cruz

Expediente 245/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
245/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
20/03/2019

Partes del expediente

  • Julio Adrian Gutiérrez Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días hábiles que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el proveído cuatro de marzo de dos mil diecinueve (fojas 64-67), en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a este sumario, la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de cuatro de marzo del año en curso (fojas 64 a la 67), por las consideraciones que allí se expone. En ese sentido, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de La Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista de acuerdos el citado auto, y las subsecuentes determinaciones hasta en tanto señale un domicilio en esta ciudad. NOTIFÍQUESE POR LISTA EL AUTO CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE AL QUEJOSO. -----------------------SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE---------------- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus antecedentes, la notificación practicada al quejoso directo *********** respecto del proveído de dos de marzo de dos mil diecinueve, en la que se advierte que el mismo ratifica la demanda de amparo promovida a su favor por ********** dando así cumplimiento al requerimiento contenido en el citado auto. Por otra parte, glósese a los autos con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, los informes de suspensión de plano rendidos por las autoridades responsables Fiscal General del Estado a través del Subdirector Jurídico, Fiscal del Ministerio Público Investigador en turno adscrito a la Fiscalía de Acto Impacto, Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Acto Impacto, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Secuestro del Estado, Director General de la Policía Especializada a través de la encargada del departamento de amparos de la Dirección Jurídica, Subdirector General de la Policía Especializada a través de la encargada del departamento de amparos de la Dirección Jurídica, Agente de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía de Alto Impacto y Jefe de Grupo de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía de Secuestro del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales dan cumplimiento a lo solicitado en proveído de dos de marzo del año en curso (fojas 7-10). De conformidad con el precepto 9 de la citada ley, se tienen como delegados a los profesionistas que citan las autoridades responsables Fiscal General del Estado a través del Subdirector Jurídico, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Secuestro del Estado, Director General de la Policía Especializada a través de la encargada del departamento de amparos de la Dirección Jurídica, Subdirector General de la Policía Especializada a través de la encargada del departamento de amparos de la Dirección Jurídica y Jefe de Grupo de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía de Secuestro del Estado, residentes en esta ciudad. Asimismo, agréguese a los autos la comunicación del Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Acto Impacto, con domicilio en esta ciudad, mediante la cual remite copia autentificada de la carpeta de investigación ************ De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que en copia autentificada remite el citado Fiscal responsable. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis, que establece : "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la incomunicación. Asimismo, de la razón actuarial suscrita por el actuario judicial adscrito a este juzgado, se advierte que el aquí quejoso *********** se encontraba detenido en los separos de la Fiscalía de Alto Impacto (foja 13); sin embargo del oficio y anexos remitidos por el Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Acto Impacto, con domicilio en esta ciudad, se advierte que dicho quejoso fue puesto en libertad a las diecinueve horas con cincuenta minutos del tres de marzo del año en curso (fojas 55-63). En ese sentido, con motivo de la puesta en libertad del hoy agraviado, se actualiza una causal de improcedencia la cual se atenderá de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, este juzgado procede a desechar de plano la demanda de amparo, al sobrevenir una causa de improcedencia, por los siguientes motivos. Los artículos 61, fracción XVII, y 63, fracción V, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior Del primero de los numerales se desprende, que el juicio de amparo resulta improcedente cuando dentro de un procedimiento judicial o administrativo haya cambio de situación jurídica, debiendo considerarse consumadas las violaciones reclamadas en dicho procedimiento, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Por su parte, el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, establece que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia, es decir, cualquiera de las previstas por el aludido numeral 61 del citado ordenamiento legal. Ahora bien, a las copias autentificadas remitidas por el Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Acto Impacto, residente en esta ciudad, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que con fecha tres de marzo de dos mil diecinueve, fue puesto en libertad el quejoso *********** (fojas 56-63). Como puede apreciarse, si bien en su momento el acto reclamado se hizo consistir en la incomunicación en su contra, lo cierto es que en fecha tres de marzo del año en curso, se le decretó la libertad al quejoso antes mencionado, dentro de los autos de la carpeta de investigación ************ lo cual se acredita con las constancias que en esta fecha se agregan a los autos (fojas 56-63). Luego, debe estimarse que el decreto de libertad ha generado un cambio en la situación jurídica que imperaba al momento de encontrarse detenido a disposición de las autoridades responsables. En esas circunstancias, con el decreto de libertad emitido por el Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Acto Impacto, con residencia en esta ciudad, cualquier violación que hubiera surgido con motivo de la posible incomunicación, reclamada en este juicio de amparo, quedó jurídicamente consumada de modo irreparable, puesto que cesaron los efectos producidos por ésta, en forma tal que no es factible decidir sobre la constitucionalidad de dicha puesta de libertad, sin afectar la nueva situación jurídica en que se encuentra en este momento. Es aplicable a lo anterior la tesis siguiente : "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia siguiente : "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Por consiguiente, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, y con base en el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, ante el cambio de situación jurídica del quejoso SE DESECHA DE PLANO ESTA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus antecedentes, la notificación practicada al quejoso directo *********** respecto del proveído de dos de marzo de dos mil diecinueve, en la que se advierte que el mismo ratifica la demanda de amparo promovida a su favor por ********** dando así cumplimiento al requerimiento contenido en el citado auto. Por otra parte, glósese a los autos con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, los informes de suspensión de plano rendidos por las autoridades responsables Fiscal General del Estado a través del Subdirector Jurídico, Fiscal del Ministerio Público Investigador en turno adscrito a la Fiscalía de Acto Impacto, Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Acto Impacto, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Secuestro del Estado, Director General de la Policía Especializada a través de la encargada del departamento de amparos de la Dirección Jurídica, Subdirector General de la Policía Especializada a través de la encargada del departamento de amparos de la Dirección Jurídica, Agente de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía de Alto Impacto y Jefe de Grupo de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía de Secuestro del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales dan cumplimiento a lo solicitado en proveído de dos de marzo del año en curso (fojas 7-10). De conformidad con el precepto 9 de la citada ley, se tienen como delegados a los profesionistas que citan las autoridades responsables Fiscal General del Estado a través del Subdirector Jurídico, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Secuestro del Estado, Director General de la Policía Especializada a través de la encargada del departamento de amparos de la Dirección Jurídica, Subdirector General de la Policía Especializada a través de la encargada del departamento de amparos de la Dirección Jurídica y Jefe de Grupo de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía de Secuestro del Estado, residentes en esta ciudad. Asimismo, agréguese a los autos la comunicación del Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Acto Impacto, con domicilio en esta ciudad, mediante la cual remite copia autentificada de la carpeta de investigación ************ De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que en copia autentificada remite el citado Fiscal responsable. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis, que establece : "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la incomunicación. Asimismo, de la razón actuarial suscrita por el actuario judicial adscrito a este juzgado, se advierte que el aquí quejoso *********** se encontraba detenido en los separos de la Fiscalía de Alto Impacto (foja 13); sin embargo del oficio y anexos remitidos por el Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Acto Impacto, con domicilio en esta ciudad, se advierte que dicho quejoso fue puesto en libertad a las diecinueve horas con cincuenta minutos del tres de marzo del año en curso (fojas 55-63). En ese sentido, con motivo de la puesta en libertad del hoy agraviado, se actualiza una causal de improcedencia la cual se atenderá de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, este juzgado procede a desechar de plano la demanda de amparo, al sobrevenir una causa de improcedencia, por los siguientes motivos. Los artículos 61, fracción XVII, y 63, fracción V, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior Del primero de los numerales se desprende, que el juicio de amparo resulta improcedente cuando dentro de un procedimiento judicial o administrativo haya cambio de situación jurídica, debiendo considerarse consumadas las violaciones reclamadas en dicho procedimiento, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Por su parte, el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, establece que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia, es decir, cualquiera de las previstas por el aludido numeral 61 del citado ordenamiento legal. Ahora bien, a las copias autentificadas remitidas por el Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Acto Impacto, residente en esta ciudad, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que con fecha tres de marzo de dos mil diecinueve, fue puesto en libertad el quejoso *********** (fojas 56-63). Como puede apreciarse, si bien en su momento el acto reclamado se hizo consistir en la incomunicación en su contra, lo cierto es que en fecha tres de marzo del año en curso, se le decretó la libertad al quejoso antes mencionado, dentro de los autos de la carpeta de investigación ************ lo cual se acredita con las constancias que en esta fecha se agregan a los autos (fojas 56-63). Luego, debe estimarse que el decreto de libertad ha generado un cambio en la situación jurídica que imperaba al momento de encontrarse detenido a disposición de las autoridades responsables. En esas circunstancias, con el decreto de libertad emitido por el Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Acto Impacto, con residencia en esta ciudad, cualquier violación que hubiera surgido con motivo de la posible incomunicación, reclamada en este juicio de amparo, quedó jurídicamente consumada de modo irreparable, puesto que cesaron los efectos producidos por ésta, en forma tal que no es factible decidir sobre la constitucionalidad de dicha puesta de libertad, sin afectar la nueva situación jurídica en que se encuentra en este momento. Es aplicable a lo anterior la tesis siguiente : "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia siguiente : "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Por consiguiente, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, y con base en el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, ante el cambio de situación jurídica del quejoso SE DESECHA DE PLANO ESTA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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