Julio Alberto Moo Baeza
Expediente 305/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 305/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Julio Alberto Moo Baeza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, y toda vez que en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se señaló como hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional las once horas con cuarenta minutos del seis de mayo de dos mil veintidós y en atención a que el citado día es considerado no laborable, de conformidad con lo acordado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria celebrada el treinta de marzo de dos mil veintidós, hecho del conocimiento mediante la circular 5/2022 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en consecuencia, se regulariza el presente asunto y se comunica a las partes que la nueva hora y fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio lo son las trece horas con cincuenta minutos del treinta de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado y copia certificada que le adjunta al mismo, rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad responsable en este asunto, mismo que se ordena agregar a este expediente. Ahora bien, atento al estado procesal que guarda este expediente se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesados los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama en esencia de la autoridad responsable, la omisión de radicar la demanda, presentada el siete de diciembre de dos mil veintiuno, de señalar fecha y hora para la audiencia de término, y la omisión de emplazar a la parte demandada. Sin embargo, de las constancias que la autoridad responsable en este asunto, remitió en apoyo a su informe justificado a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable, manifiesta que mediante auto trece de diciembre de dos mil veintiuno, se realizó el acuerdo de radicación de la demanda, señalando el día ocho de febrero del año veintidós, para que se lleve a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, misma que se difirió para el día tres de agosto de dos mil veintidós, notificándose a las partes de lo anterior, el día once de los corrientes incluyendo el emplazamiento a la parte demandada, como consta de las constancias que la autoridad responsable adjunto a su informe de cuenta. Esto último, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo que lo fue el tres de febrero de dos mil veintidós; por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las quince horas del tres de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, de los cuales se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable rinda su respectivo informe justificado, por tanto, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las quince horas del tres de mayo de dos mil veintidós. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede se tiene por recibido el oficio RAN/YUC/SR/DJ/0975/2022 remitido por la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con el que informa que se encuentra realizando las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo; asimismo, solicitan que este órgano jurisdiccional haga del conocimiento de la parte quejosa que fijaron las doce horas del veinticinco de marzo de dos mil veintidós, a fin de que se haga la entrega a la parte quejosa del título de propiedad correspondiente. En consecuencia, considerando que la comparecencia de la parte quejosa ante el mencionado Registro Agrario, resulta indispensable para que se dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos; por tanto, hágase lo anterior de su conocimiento, con el fin de que se presente ante la autoridad oficiante en la fecha mencionada en el párrafo que antecede, apercibiéndola que de no hacer lo anterior, se podrá declarar la imposibilidad jurídica de cumplir con la ejecutoria dictada en este asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
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